La larga crisis económica que estamos viviendo afecta por igual a todas las administraciones públicas que han visto disminuidos sensiblemente sus ingresos, teniendo que mantener una extensa red de servicios de carácter público. Y esta crisis se hace especialmente evidente y perceptible en las corporaciones locales cuyos ingresos corrientes, sustentados en gran parte en el sector inmobiliario, han caído de forma espectacular. Su proximidad a los ciudadanos y su íntima conexión con el tejido económico inmediato del que se proveen hacen especialmente visibles los efectos de esa drástica reducción de los ingresos y, por tanto, de las negativas consecuencias de sus dificultades de tesorería y de liquidez. La salida inmediata de todas las administraciones públicas, incluidas las municipales, ha sido aumentar su endeudamiento.
Las Corporaciones Locales han venido aumentando su endeudamiento por encima de límites razonables, al igual que las demás Administraciones Públicas. Bien es cierto que la deuda de las Corporaciones Locales, fundamentalmente los Ayuntamientos, es relativamente pequeña si se compara con las deudas autonómicas o estatal. La media por habitantes es de 910 euros en el caso de las Corporaciones Locales, de 2.600 en el caso de las Comunidades Autónomas y de 12.500 euros en el caso del Estado. Sin embargo, con ser mucho más reducida es paradójicamente la más llamativa, la más perceptible por el conjunto de los ciudadanos, sobre todo, en los miles de municipios pequeños y medianos de España.
¿La razón? La proximidad, la cercanía de la administración al administrado. En los municipios pequeños y medianos, las dificultades de tesorería se perciben claramente en el entorno inmediato: retrasos en los pagos a proveedores, muchos de ellos del propio municipio, dificultades con las nóminas, reducciones de jornadas y salarios a empleados que en su mayoría residen en el propio municipio, eliminación o reducción de servicios, subidas de tasas e impuestos, etc. Por tanto, los efectos de la crisis son percibidos de forma directa y rápida por los ciudadanos quienes, en la mayoría de los casos, señalan como responsables a los gestores municipales de la situación. Y todo el mundo es consciente de lo que eso significa cuando las fechas de las elecciones municipales se aproximan.
Un informe reciente de la FEMP señalaba que un tercio de la deuda de los Ayuntamientos se debe principalmente a la prestación de servicios ajenos a las competencias municipales y a la ausencia de transferencias específicas para su desempeño. Es muy probable que se trate de bastante más que un tercio. Durante las últimas décadas, los Ayuntamientos han ido aumentando el catálogo de la prestación de servicios mucho más allá de las competencias que la Ley les otorga y sin dotarse de los mecanismos específicos de financiación para su sostenimiento. Los ingresos corrientes abultados por los provenientes de las tasas e impuestos urbanísticos servían para pagar todo o casi todo en un ejercicio de irresponsabilidad colectiva sin límites. Ahora, en plena sequía urbanística, la solución financiera propuesta por la mayoría pasa por pedir más dinero al Estado y a las Comunidades Autónomas a través de una reforma del sistema de financiación de los Ayuntamientos. Es como si el dinero y los recursos fuesen ilimitados. Y no es así. La solución pasa por un cambio radical de mentalidad. Hay que gastar menos y hay que gastar mejor. Y hay que hacerlo adaptándose a las circunstancias. No hay otra solución.
El deseo de todo regidor municipal de ofrecer a sus vecinos toda clase de servicios y prestaciones públicas choca con una realidad brutal: no hay dinero para todo. Y si se quiere hacer sólo queda incrementar los ingresos a través de la subida generalizada de tasas, precios públicos e impuestos, algo inaceptable para políticos y contribuyentes. Por tanto, hay que replantearse la situación y no queda más remedio que ajustar los gastos a los ingresos disponibles, salvo que se quiera hacer inviable el sistema. El café gratis para todos hoy no es una opción válida.
Al amparo de la Ley y con la vista siempre puesta en las urnas, los Ayuntamientos han aumentado sus prestaciones de forma progresiva sin un sustento sólido para su financiación regular. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local los Ayuntamientos tienen unas competencias obligatorias, unas prestaciones públicas que desarrollar, en función de su población. Un municipio, según el Artículo 25. 1. de esta Ley para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Según el art. 27 de la misma Ley pueden también desarrollar otras competencias delegadas por otras administraciones y según el art. 28 realizar otras actividades complementarias a las de otras administraciones. Pero hay un mínimo obligatorio de competencias establecido en el art. 26. Si se toma como ejemplo un municipio de 7.000 habitantes nos encontramos con que el art. 26 señala que las competencias mínimas de ese Ayuntamiento son: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas, parques públicos, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. Y no hay más. Fuera de estas competencias obligatorias, cualquier otra actividad o competencia que desarrolle tiene carácter voluntario o, en su caso, delegado teniendo, por tanto, que estar dotada de la correspondiente transferencia de recursos. Es evidente que gran parte de las competencias desarrolladas por los municipios de tamaño similar son voluntarias y que, por tanto, su financiación depende igualmente de la capacidad económica de la Corporación. Sin embargo, la irresponsabilidad de los gobiernos locales está ampliamente consolidada. Se asumen competencias voluntarias, se prestan nuevos servicios sin una base sólida de financiación y nadie pone freno a este disparate.
En la prestación de competencias voluntarias, de servicios no obligatorios ni delegados, deben regir, al menos, dos criterios fundamentales si no se quiere acabar con Ayuntamientos inviables:
- El principio de subsidiariedad. Una Administración no debe asumir una competencia o una prestación de servicios que ya esté siendo desarrollado satisfactoriamente por otra administración o por la propia iniciativa privada. Con ello se evitaría una innecesaria duplicidad de servicios, con su correspondiente coste, y una competencia desleal hacia los propios contribuyentes. ¿Qué hacen las Policías Locales asumiendo funciones que no les corresponden? ¿Qué pinta un Ayuntamiento proporcionando clases de tenis o de inglés cuando hay entidades privadas que lo hacen satisfactoriamente? No vale argumentar que así se garantiza el acceso a todo el mundo a esas actividades, pues se garantiza igual y a menor precio mediante otras fórmulas como las subvenciones o cheques escolares.
- El principio de progresividad fiscal. Es una práctica generalizada en la mayoría de los Ayuntamientos establecer precios públicos sin cumplir los requisitos legales para ello y prescindir de la capacidad contributiva del usuario. No es que sólo se cobren servicios municipales sin cubrir los costes de los mismos, sin memorias económicas, sin controles de eficiencia ni criterios económicos algunos, sino que, además, se hace sin tener en cuenta la capacidad económica del usuario. Café para todos y, si se apura, gratis es la fórmula habitual. Con unos recursos económicos limitados no tener en cuenta la capacidad contributiva de los usuarios resulta de todo punto profundamente injusto. Con ello, se acaban antes los recursos y no es posible atender verdaderas necesidades de muchos ciudadanos. Cobrar a todos los usuarios de una escuela infantil, por ejemplo, el mismo precio con independencia de su situación familiar y su capacidad económica es profundamente inmoral e injusto. Cobrar por debajo de coste clases de tenis a alguien que acude a tomarlas cómodamente en su coche de alta gama, lo mismo. Por ello, en tiempos de crisis, más que nunca es preciso aplicar criterios de progresividad fiscal.
Por último, hay que señalar que la ejecución del Plan E, como del Plan Confianza de la Comunidad Valenciana, lejos de mejorar la situación económica de los Ayuntamientos la van a empeorar. La puesta en funcionamiento de todas las nuevas infraestructuras va a requerir un enorme esfuerzo de los Ayuntamientos en el incremento del gasto corriente: más personal y nuevos gastos de mantenimiento. Ese no es el camino adecuado para reflotar los Ayuntamientos.
Santiago de Munck Loyola
