Hay algunos personajes a los que les molesta profundamente que haya contado por aquí hechos ocurridos hace años que pudieran evidenciar irregularidades en la gestión municipal de la izquierda ripense. Y en lugar de demostrar que mis apreciaciones son erróneas acuden al insulto y a la descalificación. ¡Que se le va a hacer! Está claro que si no pueden demostrar mi error y tienen que acudir al insulto es que no ando descaminado. Ladran luego cabalgamos.
No hay gestión política exenta de errores o irregularidades y pretender que la gestión de la izquierda de Rivas a lo largo de los años ha sido impecable es de una simpleza absoluta o, lo que es peor, un claro ejercicio de cinismo. A lo largo de los casi 20 años que la izquierda ha gobernado Rivas-Vaciamadrid ha habido muchos casos de irregularidades, todas denunciadas en la propia institución municipal o en la prensa. Algunos de estos casos los he relatado en estas páginas. Si bien es cierto que se puede oponer que se trata de asuntos lejanos que ya no interesan, también es cierto que el tiempo solo extingue las responsabilidades penales, pero no las morales ni las políticas.
Tampoco es preciso bucear en el pasado más o menos lejano para detectar asuntos que parecen, cuando menos, sospechosos o extraños. Con la Ley en la mano y bajo un discurso supuestamente progresista se desarrollan en muchas ocasiones acciones políticas y administrativas en apariencia inocuas pero que, en realidad, no lo son y que solo pueden ser perceptibles prestando mucha atención y vigilando atentamente la acción de gobierno.
Un caso reciente llama la atención y plantea no pocas incógnitas. En el Parque Regional de la confluencia de los Ríos Manzanares y Jarama había varias propiedades de extensión considerable en suelo especialmente protegido pertenecientes a seis propietarios distintos entre los cuales estaban, por ejemplo, Emiliano Revilla o la familia Huarte. Una empresa con muy escasa actividad desde su constitución en 2001 denominada DEPECOS SL se dirigió en 2008 a estos propietarios y les ofreció comprar sus suelos cuyo valor, dado el grado de protección de los mismos, era muy bajo. Esta oferta de compra sólo se materializaría si todos los propietarios sin excepción accedían a la venta o llegaban a acuerdos de representación con dicha empresa. El representante de la misma indicó a los propietarios que contaba con el apoyo del Ayuntamiento de Rivas quien, considerando el valor medioambiental de los suelos, iba a expropiarlos posteriormente. 
Los propietarios se entrevistaron con el Alcalde de Rivas quien les ratificó el interés del Ayuntamiento para adquirir los suelos y así protegerlos mejor y les señaló que solo habría expropiación si había un solo propietario. Por tanto no les expropiaría directamente. Cerrados los acuerdos con esta mercantil, el Ayuntamiento inició el procedimiento expropiatorio, el 17 de abril de 2008 el Pleno aprobó la posibilidad de pago en terrenos ya que no había dinero y el 23 de enero de 2009, el Ayuntamiento y los propietarios firmaron la avenencia entregándose suelos procedentes de las cesiones obligatorias por un importe equivalente al doble de lo que DEPECOS SL había pagado a los propietarios. En febrero de 2010 DEPECOS SL vendió el 40% de una de estas parcelas a una cooperativa por un importe de 1.137.163,15.- €. Se trata pues de una operación inmobiliaria de gran magnitud que plantea muchos interrogantes.
¿Por qué se expropian unos suelos sin causa jurídica suficiente? ¿El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional del Sureste y la propia Ley autonómica son tan deficientes como para que sea imprescindible que el Ayuntamiento se haga con la propiedad de esos suelos protegidos y pierda tantos millones de euros del patrimonio municipal? ¿Qué usos va a dar el Ayuntamiento a esos suelos y en qué plazos? ¿Por qué el Ayuntamiento no expropia directamente a los propietarios ahorrándose la mitad del precio pagado? ¿Por qué el Ayuntamiento organiza la expropiación con un intermediario? ¿Por qué no usa los mecanismos legales previstos en la Ley reguladora del Parque para adquirir el suelo? ¿Se ha ofrecido a la Comunidad de Madrid el derecho de tanteo legalmente previsto? ¿Se ha sometido esta operación urbanística a debate y a información pública? Si el Ayuntamiento no disponía de dinero para pagar la expropiación ¿por qué no procedió a subastar previamente los suelos vendiéndolos al mejor postor? ¿Porque se trataba de una ocurrencia de última hora no presupuestada? ¿O para evitar así la libre concurrencia propia de una subasta y poder entregar los suelos directamente a DEPECOS SL? ¿O porque era la única vía para que llegasen a un destinatario final concreto evitando una adjudicación de suelos en libre concurrencia?
Son muchas las cuestiones que pueden plantearse en torno a esta peculiar forma de usar el patrimonio de todos los vecinos. Lo que jurídicamente puede parecer, a primera vista, correcto encierra muchas sospechas de que políticamente y éticamente no lo es tanto. Es evidente que esta gestión es absolutamente deficiente y pone de manifiesto, una vez más, el despilfarro de bienes públicos bajo el pretexto de nobles fines medio ambientales y la devoción de los dirigentes locales de IU al denostado ladrillo. Sencillamente, esta operación huele mal, muy mal.Santiago de Munck Loyola
