Y España no se ha parado.

Ni ríos de huelguistas inundando las calles de los pueblos y ciudades de España, ni mareas democráticas, ni gaitas… La huelga general del 29 de marzo ha tenido la respuesta que todos hemos podido ver en nuestro entorno y en los medios de comunicación, no la que nos quieran o pretendan hacernos ver los líderes sindicales. No sólo se trata de la percepción que cada cual ha tenido sobre el impacto y alcance de la huelga general, sino de la valoración de los datos objetivos que sirven para apreciar con cierto rigor el éxito o fracaso de la una convocatoria de este tipo.

España no se ha parado. El país ha seguido funcionando con más o menos normalidad salvo excepciones perfectamente localizadas en tramos horarios, en zonas geográficas y en sectores productivos. El paro no ha sido general ni uniforme a lo largo del día, variando según la mayor o menor presencia de los piquetes coactivos que han venido circulando por el país. Es evidente que sin la presencia de los piquetes coactivos la incidencia de la huelga general habría sido aún menor que la que los datos objetivos nos indican. Tanto el transporte público, como el comercio, los centros sanitarios, las administraciones públicas, los sectores agrícolas y ganaderos, la hostelería, los servicios profesionales o, en menor medida, los centros educativos han venido funcionando con normalidad en la inmensa mayoría del país. Parece que sólo en los sectores industriales la incidencia de la huelga ha sido mayor. En todo caso, a estas horas, todos los datos apuntan que la incidencia de esta jornada de huelga ha sido inferior a la producida en la huelga general de 2010.

La convocatoria de una huelga general fracasa cuando no consigue paralizar un país ni consigue mover las posiciones del adversario, en este caso el Gobierno de la Nación. Y en esta huelga general los sindicatos no han conseguido ni paralizar el país ni doblegar la postura del Gobierno en torno a la reforma laboral. Por tanto, no es aventurado afirmar que la huelga general ha fracasado. Y el fracaso de la huelga no se debe tanto a las razones que la han motivado, el rechazo al contenido de la reforma laboral, sino, con toda seguridad, a otros factores diferentes. Es muy posible que a una gran parte de los ciudadanos no nos guste esta reforma laboral pero nos gustan menos las alternativas a la misma o, mejor dicho, la ausencia de alternativas. A ello hay que añadir el rechazo a los convocantes cuya actitud servil durante los últimos años, su pasividad frente a las políticas destructoras de empleo, su complicidad frente al despilfarro y la corrupción o su carácter de “apéndices del Estado, en palabras de Julio Anguita, aleja a muchos ciudadanos de la posibilidad de secundar sus llamamientos a la huelga.

Del mismo modo que muy pocos secundarían una manifestación convocada, por ejemplo, por Julián Muñoz en contra de la corrupción, muchos no queremos secundar los llamamientos de unos sindicatos como éstos. Su pasado reciente les resta credibilidad y legitimidad. Y del mismo modo que no secundar un llamamiento de Julián Muñoz contra la corrupción no significa estar a favor de la misma, no secundar un llamamiento de estos sindicatos contra la reforma laboral no significa estar de acuerdo con todo el contenido de la misma. Socialistas y comunistas han perdido las últimas elecciones generales y de ello no hace tanto tiempo, por lo que no debe sorprender que el sindicato socialista y el comunista tampoco hayan ganado esta jornada para su causa. Y si a ello se suma el rechazo a la desconfianza que estos tienen en las libertades de los ciudadanos representada por el uso de los piquetes coactivos, se explica mejor el fracaso de esta huelga.

Santiago de Munck Loyola

29 M Huelga general.

Guste o no, se apoye o no la huelga general, lo cierto es que hoy, 29 de marzo, es un día de “fiesta democrática” o debería serlo para todos los que creemos y defendemos el libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en nuestra vigente Constitución. El derecho a la huelga que hoy sentimos como algo natural, fuera de discusión y en muchas ocasiones insuficientemente valorado fue conquistado y constitucionalmente protegido tras largas y duras luchas.

Y conviene recordarlo y valorarlo con independencia de que se esté a favor o en contra de los motivos de esta convocatoria de huelga general, de la oportunidad de la misma o, incluso, de los propios convocantes. Lo importante y verdaderamente trascendente es que cualquier ciudadano pueda decidir libremente y sin miedo a la más mínima represalia ejercer su derecho a no acudir a su puesto de trabajo. Se trata de una decisión individual que merece no sólo el máximo respeto, sino, también, la máxima protección posible de los poderes públicos.

Y del mismo modo el derecho a no secundar la huelga pertenece a la esfera de los derechos y libertades individuales amparado por las leyes. Cada ciudadano tiene o debería tener el mismo derecho a poder acudir a su puesto de trabajo, si esa es su decisión, sin ser objeto de ninguna coacción o represalia por hacerlo. El respeto y la protección del libre ejercicio de los derechos individuales deben estar por encima de cualquier tipo de consideración. Sin embargo, en muchas ocasiones, ambos derechos, el de hacer huelga y el de no hacerla, no son respetados ni protegidos con la debida fuerza. Es una realidad fácilmente constatable cada vez que se produce una huelga: empresarios que amenazan, coaccionan o toman represalias con los huelguistas y sindicalistas que hacen exactamente lo mismo con aquellos que en uso de su libertad deciden no secundar el llamamiento a la huelga.

En toda convocatoria de huelga se producen conflictos en torno a los llamados “servicios mínimos” y se desatan polémicas en torno a la necesidad o no de regular el derecho constitucional a la huelga. Las Administraciones Públicas han venido siempre demostrando una propensión a agrandar y extender los servicios mínimos y los sindicatos a incumplirlos cuando los consideran abusivos. Las patronales por su parte se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena y enseguida invocan la necesidad de una Ley reguladora que, en realidad, no es otra cosa que la pretensión de encorsetar el derecho a la huelga. Y después de una ley vendría un reglamento y con ello más restricciones.

Camionera quemado vivo en 2008 en Alicante.
Los piquetes incendiaron su camión mientras él dormía dentro.

Los servicios mínimos deberían limitarse a los servicios básicos y esenciales y, hoy por hoy, no parece necesaria una regulación de la Ley de huelga, pero ambas posibilidades pasan por una tutela efectiva del derecho al trabajo y una actitud respetuosa de los sindicatos a la libertad individual de quienes no desean secundar su llamamiento. De ahí que, si se admite la innecesariedad de una legislación sobre la huelga y la delimitación restrictiva de los servicios mínimos, debería admitirse la eliminación de los llamados piquetes “informativos”, sobre todo en una huelga general. Hoy todo el mundo sabe que ha sido convocada una huelga general y los motivos por lo que se ha convocado, por tanto ningún ciudadano tiene la más mínima necesidad de que un piquete “informativo” se lo cuente y menos aún en el tono en que se suele contar. Todos sabemos que estos piquetes son simplemente coactivos, no informativos, y que constituyen un instrumento sindical imprescindible para contribuir al éxito de una movilización. Y la razón no es otra que la desconfianza de los sindicatos en el uso que cada ciudadano pueda hacer de su libertad, de hacer o no huelga. Los piquetes son un instrumento arcaico para cercenar el derecho a la libertad de elección, al derecho a poder trabajar y, por tanto, constituyen un factor antidemocrático que desequilibra el binomio de facultades que configuran el derecho a la huelga. Su uso es un ataque sistemático a las libertades y ello pone en riesgo el conjunto de las mismas.

En todo caso, hoy, lo importante es que los ciudadanos, si queremos, podemos hacer huelga sin temor alguno y eso es motivo suficiente de celebración. Y ojala quienes decidamos no hacerla, también podamos celebrar nuestro derecho.

Santiago de Munck Loyola