No
ha sido la semana anterior la mejor semana, desde un punto de vista
informativo, para la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Hace poco más de
cuatro días, los medios de información se hicieron eco de la decisión del Juez
instructor del caso Brugal de enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia
de Valencia pidiendo la imputación de la Alcaldesa, Sonia Castedo, y de su
antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados en las Cortes valencianas. El juez
ve en Castedo y Alperi indicios de los supuestos delitos de revelación de
información privilegiada, de tráfico de influencias y de cohecho.
Hoy,
el Diario El Mundo, denuncia que la Alcaldesa de Alicante cobra un extra de 584
€ mensuales por liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad
Nuclear a la que no asiste. Según este periódico, dicha Comisión es inoperante
y tan sólo se ha reunido tres veces desde que se inició la actual legislatura.
Se subraya, además, que al único acto que podría haber justificado la
percepción de esta dieta, la visita a la central de Cofrentes el pasado mes de
junio, la Alcaldesa no asistió. Claro que lo que omite este Diario es que la
situación de Castedo no es excepcional, es algo bastante extendido entre los
miembros de las Cortes. No estaría de más, en estos tiempos de austeridad para
los ciudadanos de a pie, que se publicasen los nombres y cantidades percibidas
por los diputados autonómicos que muestran igual entrega y dedicación a su
tarea sin dejar de percibir sus retribuciones. Pero Sonia Castedo no es la
única responsable de su situación. Es materialmente imposible que se pueda
desempeñar simultáneamente la Alcaldía de una ciudad como Alicante, puesto que
exige una entrega y dedicación plenas, con un escaño en el Parlamento Regional.
Es imposible desempeñar los dos puestos a la vez. Y la culpa de que no pueda
realizar bien los dos trabajos la tiene la dirección del Partido Popular que se
pasa “por el arco del triunfo” las incompatibilidades reales. Los militantes del
Partido Popular están completamente al margen de la elaboración de todas las
listas electorales. Jamás se recaba su opinión. Los puestos se reparten entre
conocidos y amiguetes, familias y sensibilidades, sin que los afiliados puedan
opinar lo más mínimo. Esta es una realidad incontestable, basta con repasar los
Estatutos del PP, y éstos son los resultados.
El pasado mes de abril, el Presidente
Alberto Fabra manifestó que era necesario "aparcar" a las personas
imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la
confianza" de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que
tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la
responsabilidad". Poco después justificó dos dimisiones de cargos
autonómicos imputados en la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con
el Instituto Nóos argumentando que "los ciudadanos están exigiendo
ejemplaridad". Fabra añadió que "en estos momentos no podemos hacer
otra cosa que seguir generando la confianza en el ciudadano, que está exigiendo
ejemplaridad".
Estas palabras del Presidente Fabra
responden a una exigencia ciudadana cada vez más extendida, fiel reflejo de
esta creciente percepción de que los políticos, la clase política, constituyen
un problema para el conjunto de los ciudadanos. Hasta el día de hoy, la
Alcaldesa de Alicante es, no se olvide, inocente de cualquier delito y lo
seguirá siendo hasta el día en que una sentencia firme declare lo contrario.
Pero es tan inocente como cualquier otro de los imputados que han dimitido de
sus puestos o han sido obligados a dimitir. Y no pueden existir dos varas de
medir en el mismo Partido, ni se pueden usar dos criterios contrapuestos en
función del escalón administrativo y político de que se trate.
No se trata ahora de la culpabilidad
o no de la Alcaldesa que sólo corresponde a la Justicia dilucidarla. Se trata
de que su situación procesal y sus actuaciones dañan a la imagen del Partido
Popular y se convierten en titulares permanentes. Hace daño a la imagen del PP
que el juez instructor la acuse de haber cometido varios delitos basándose en
las pruebas existentes en el sumario; daña a la imagen del PP que en tiempos de
crisis presida un consistorio con 55 cargos de confianza; daña a la imagen del
PP que se ufane de colocar a amigos y conocidos en las contratas municipales;
daña a la imagen del PP simultanear dos cargos públicos y no tener tiempo para
desempeñarlos adecuadamente; daña a la imagen del PP muchos comportamientos y
actitudes que sin ser ilegales son poco presentables. Sonia Castedo debería
plantearse seriamente su dimisión e igual que ella, el Sr. Blasco. En nada
beneficia a la imagen del PP el hecho que el “tercer” grupo parlamentario más
numeroso de las Cortes Valencianas sea precisamente el de los imputados del PP.
Nada impide que renuncie a la
Alcaldía, permanezca como concejala sin responsabilidades mientras dura el
proceso judicial y que retorne a la Alcaldía cuando se demuestre su inocencia.
Es un duro sacrificio, pero seguramente es lo mejor que puede ofrecer a su
Partido para compensar la mala imagen y el daño que su situación está causando.
Santiago de Munck Loyola