El
próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del Partido Popular de la
Provincia de Alicante convocado bajo el lema “comprometidos con la Provincia de
Alicante”. Una vez más y como viene siendo habitual bajo la Presidencia Local
de D. Julio de España los afiliados de la Ciudad de Alicante no han recibido ni
una sola comunicación sobre la celebración de este cónclave Provincial. Las
únicas noticias que los militantes populares sobre este Congreso provienen de
los medios de comunicación. Los populares de la ciudad de Alicante ni han
recibido una carta anunciándoles la celebración del Congreso, ni recordándoles
su derecho a ser compromisarios para participar en el mismo. Es así como
algunos entienden la participación de la militancia en un partido que no sólo
debería proclamar su adhesión a los principios democráticos, sino que debería
ejercerlos de abajo a arriba en su estructura interna.
Un
servidor parece que va a participar gracias a que recibió la documentación precisa para
ejercer sus derechos de afiliado de otra sede local y a que, esta vez, no ha
sido preciso realizar una asamblea local.
El
Congreso provincial servirá, tal y como determinan los Estatutos del PP, para
elegir al Presidente Provincial que será, sin duda alguna, el candidato oficial
José Císcar. Con ser ello relevante no es lo único que se va a hacer en el
Congreso. Tanta importancia como la elección del Presidente y de la nueva
dirección Provincial tienen las dos ponencias que se van a debatir y a aprobar:
una ponencia política y una ponencia con el Reglamento del Partido provincial.
Sobre
el contenido de estas ponencias hay que destacar una evidente contradicción
entre ambas. De una parte, la ponencia política subraya en muchas ocasiones la
voluntad del Partido Popular de Alicante de potenciar la participación de los
ciudadanos en la vida política poniendo al servicio de este objetivo todos los
cauces tecnológicos existentes. De otra parte, el proyecto de Reglamento, los
estatutos provinciales, realizan una interpretación restrictiva de los
Estatutos nacionales y de los Regionales de modo que la participación de los
militantes populares en la vida interna del partido queda reducida a la mínima
expresión. Hay una evidente contradicción entre el espíritu de la ponencia
política y la ponencia de Reglamento que se salda con una retórica
políticamente correcta hacia el conjunto de los alicantinos y una realidad
estatutaria absolutamente cerrada a la participación interna. Así, no se deja
ningún margen de actuación para que los militantes puedan ni tan siquiera
opinar internamente sobre las candidaturas del partido en su ámbito territorial,
ni para que los cargos electos rindan cuenta ante la militancia o para que ésta
pueda trasladar a los mismos opiniones o sugerencias. Si no prosperan las
enmiendas encaminadas a fomentar la participación interna y la
corresponsabilidad de la militancia no se avanzará lo más mínimo en la
consolidación y crecimiento de un proyecto político firmemente arraigado en la
sociedad sino que se seguirá profundizando en un modelo de partido de cuadros,
en una simple maquinaria electoral fuerte y eficaz, de momento.
En
cuanto a la ponencia política hay tres aspectos muy importantes que se han
omitido. Se trata del papel del voluntariado social en la crisis y las
relaciones del PP con el mismo, el tratamiento de los residuos y su impacto
provincial y el impacto de la vigente Ley de Costas en los bienes y derechos de
miles de ciudadanos alicantinos afectados por su aplicación. Destaca
especialmente este tercer “olvido” por tres circunstancias concretas: la
anunciada revisión de la vigente Ley de Costas anunciada por el Ministro Arias Cañete,
el tono reivindicativo frente a otras necesidades de la Provincia como son el
AVE o los trasvases mientras se silencia esta reivindicación y las constantes y
bien fundamentadas menciones a la política turística y al desarrollo de esta
industria clave para la Provincia en la que tiene una especial incidencia a
niveles europeos los “desaguisados” que la actual ley de Costas ha generado en
la Provincia afectando a muchos residentes comunitarios. No se entiende que con
244 km .
de costa en la Provincia no se haga mención al asunto.
Por
ello, sería deseable que la Ponencia política incluyera el compromiso del
Partido popular de Alicante también con los miles de afectados por la Ley de
Costas que han visto como una norma aplicada con efectos retroactivos ha
transformado su derecho de propiedad en una simple concesión administrativa con
plazo de caducidad. Se trata de una reivindicación justa que debería ser
asumida por el Partido Popular de Alicante para ser defendida en el Congreso de
los Diputados buscando una solución justa con los propietarios expoliados y
equilibrada con la defensa del medio ambiente.
Fdo. Santiago de Munck Loyola