Estos días se están cruzando dos
noticias, dos datos íntimamente ligados que reflejan claramente la dramática
situación por la que atraviesa nuestra sociedad: el aumento del paro y el
incremento de los desahucios, causa y consecuencia, cara y cruz de esta crisis.
Al respecto y en torno a las diferentes reacciones que ambos datos provocan,
merece la pena hacer algunas reflexiones.
El aumento del paro no da tregua
alguna. Mes tras mes los datos siguen siendo malos, ya se analicen los de la
EPA o los del paro registrado. Intentar vislumbrar signos esperanzadores en las
ligeras variaciones que dichos datos puedan ofrecer no desvirtúa lo esencial,
la persistencia de un auténtico drama social, la extensión de la pobreza, el
mantenimiento de una tendencia destructora de las vidas de millones de
españoles que han de afrontar el futuro en condiciones cada vez más penosas. En
la Provincia de Alicante el paro ha subido un 1,51% durante el mes de octubre,
3.359 desempleados más lo que supone 225.796 personas sin empleo en la
Provincia de Alicante. Son casi 44.000 los hogares alicantinos en los que no se
percibe ningún ingreso, ningún subsidio o ayuda. La pobreza se sigue
extendiendo inexorablemente. Y si utilizamos como dato de referencia la EPA las
cifras aumentan notablemente. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias y los
desahucios siguen creciendo de forma alarmante. Es verdad que un buque
transatlántico, como la economía española, no se detiene, ni varía su rumbo de
forma automática, sino que necesita un largo espacio para invertir el rumbo,
pero no parece que las diferentes medidas adoptadas durante el último año hayan
variado la inercia heredada, entre otras cosas, probablemente porque no están
siendo todo lo correctas que debían haber sido. Una cosa está clara, las
medidas hasta ahora tomadas no se corresponden con buena parte del programa y
la filosofía política del PP. Más impuestos, supone menos consumo, más paro,
más gasto social, más déficit y mayor deuda pública a acumular al inmenso
agujero negro dejado por el PSOE.
Una de las consecuencias más
dramáticas del creciente y prologado paro es la pérdida de la vivienda. Y en la
inmensa mayoría de los casos no se trata sólo de que se pierda la vivienda,
sino de que, además, el deudor permanece como tal durante años impidiéndole
cualquier expectativa razonable para rehacer su vida. No está de más recordar
que en el año 2011, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se opusieron en el
Congreso a tramitar una proposición de ley para que la deuda hipotecaria de las
familias que no pudiesen hacer frente a sus obligaciones económicas con el
banco pudieran ser saldada con la entrega de la vivienda, con la dación en
pago. El nuevo Gobierno aprobó hace unos meses un código de buenas prácticas
bancarias que sólo ha servido para paliar la situación de unas 800 familias
mientras que han seguido su curso decenas de miles de procedimientos de
ejecución bancaria. Este año, más de 150.000 familias habrán perdido su hogar
y, además, seguirán endeudadas con el banco que se queda con su casa. Hace
pocos días, un ciudadano se suicidó tras recibir la notificación del desahucio
lo que ha servido desgraciadamente para poner el asunto en la agenda de los
políticos.
Hoy, el PSOE, que el año pasado se
opuso a la dación en pago “porque podría
desestabilizar el sistema financiero”, ha anunciado a bombo y platillo una
ofensiva publicitaria en toda España para presentar la iniciativa que ha
planteado el Congreso para frenar los desahucios. La portavoz socialista de
Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha resaltado que la
proposición de ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la
Insolvencia pretende "cambiar la
ley", porque "trata de
mirar a las personas, se trata de un rescate de ciudadanos". Bonita
frase, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Y, como ahí no puede quedar la
cosa, los socialistas, fieles a sus costumbres, se van a dedicar a presentar
mociones en los Plenos de los Ayuntamientos que no tienen competencia alguna en
la materia para utilizarlos, sin ningún tipo de escrúpulos, como simples cajas
de resonancia política.
Por su parte, también hoy, la
Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal ha subrayado que "hay que diferenciar" entre
los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido
ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga
por que los primeros den "un
tratamiento distinto" a estas ejecuciones ya que "el dinero que les viene es público" y que hay "muchas cosas que se pueden hacer, no
solo la dación en pago" para "limitar
la sangría y el drama social" de los desahucios, y ha abogado por "trabajar en buscar vías que puedan
flexibilizar esta situación". Pues bien, si hay que diferenciar entre
los bancos que han recibido dinero público en el tema de los desahucios ¿por
qué no extender esta “diferenciación” a otros ámbitos como el de las
retribuciones de sus directivos? La realidad, al día de hoy, es que bancos
sostenidos con dinero público, de los contribuyentes, están ejecutando las hipotecas
de esos contribuyentes como cualquier banco y que sus directivos llegan a
cobrar hasta 750.000 € anuales de ese dinero público. ¿Es moralmente aceptable?
Claro que la dación en pago no es el único instrumento legal que puede ponerse
en marcha, pero el tiempo sigue pasando y, hasta ahora, es la única propuesta
socialmente aceptada encima de la mesa y ya está tardando el Gobierno en
plantear soluciones rápidas y eficaces a este drama.
Se mire por donde se mire, los
casi 500 desahucios diarios que se están produciendo en nuestro país son una
drama colectivo y una inmoralidad absoluta, por muy legal que sean, que exigen
una respuesta inmediata del conjunto de la clase política que no está, una vez
más, a la altura de los retos de nuestra sociedad.
Santiago de Munck Loyola