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viernes, 29 de marzo de 2013

Las cuentas del PP de la ciudad de Alicante.



Durante las últimas semanas se han venido sucediendo noticias relacionadas con la financiación o la contabilidad del Partido Popular, de sus sedes locales o de las últimas campañas electorales. De una parte, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha ordenado varias diligencias para desentrañar las cuentas de la campaña electoral de las autonómicas de 2007. El magistrado ha solicitado a nueve empresas, radicadas en Valencia, Castellón y Alicante, información detallada sobre la contratación de vallas publicitarias del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo de 2007. Hay también, al parecer, dificultades para conocer los gastos electorales populares en las municipales de la ciudad de Alicante. De otra, parece que está bastante extendida en sedes del PP de Alicante la costumbre de llevar un sistema de "contabilidades paralelas" a nombre de particulares o de asociaciones y no la contabilidad oficial del Partido. Una anómala práctica a la que, tras hacerse público por los medios de comunicación, ha decidido poner fin la Dirección Provincial Alicantina quien lo venía consintiendo desde hace tiempo, incumpliendo los Estatutos Nacionales del Partido Popular (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/03/29/pp-regulara-finanzas-juntas-locales-atajar-descontrol-dinero/1358435.html).

Esta forma de proceder, conocida y consentida al parecer por la Dirección Provincial, resulta más que sorprendente para cualquiera que haya tenido responsabilidades en el Partido Popular en otras zonas de España. La ausencia de una contabilidad oficial del Partido en una localidad, la inexistencia de cuentas bancarias a nombre del propio partido, el manejo de fondos a través de asociaciones paralelas y la opacidad contable para los propios militantes no sólo vulnera los Estatutos del propio partido, sino que además constituye una práctica absolutamente fraudulenta que debería saldarse con la exigencia y depuración de responsabilidades, tanto de los autores como de los consentidores o encubridores. Un servidor que durante catorce años presidió una junta local en un municipio madrileño nunca conoció semejantes prácticas. El partido local contaba con una cuenta bancaria abierta con la presentación previa del apoderamineto de la gerencia regional (el equivalente a la provincial en Alicante). Los militantes eran informados anualmente de los ingresos y gastos de la sede local y aprobaban en asamblea el presupuesto anual. Periódicamente, el tesorero local se reunía con el gerente regional que fiscalizaba los libros y las cuentas de la Junta local. Un funcionamiento que nada tiene que ver con la práctica vivida en la Junta Local de Alicante durante los últimos diez años. 

Aquí no se da cuenta a los militantes de los gastos e ingresos de la Junta local, eso sí, desde la provincial se pide un euro por afiliado sin explicar nada a los interesados. ¿Será ésta una de las razones para acabar con la Junta Local de Alicante y sustituirla por Distritos? ¿No será multiplicar por diez el descontrol económico existente? Resulta lógico que estando tan ocupados en la provincial en perseguir a los militantes que pedimos transparencia, honradez y participación en el Partido no hayan tenido tiempo ni para cumplir ni para hacer cumplir los propios Estatutos del Partido, ni para poner en limpio las cuentas de las juntas locales de Alicante.

No necesitan inventarse nada, ni improvisar supuestas medidas de control para contentar a la prensa. Todo ya está inventado y previsto. El Artículo 54.2 de dichos estatutos señala que los recursos del Partido estarán constituidos por las cuotas de todos los afiliados y por las aportaciones voluntarias de éstos; por las contribuciones económicas de los cargos públicos en el porcentaje que se determine por el Comité Ejecutivo Nacional; por las subvenciones oficiales que las Administraciones Públicas aporten al Partido y a todos los Grupos Institucionales; por los rendimientos de su propio patrimonio, por el producto generado por las actividades que se organicen y por las donaciones, herencias o legados que reciba.
Y el Artículo 55 de los mismos Estatutos señala por su parte que 1.- Los ejercicios económicos de todas las organizaciones territoriales tendrán la duración del año natural y se cerrarán a 31 de diciembre con el visto bueno del Presidente, autorización del Secretario e intervención del responsable correspondiente de finanzas.
2.- El Presupuesto anual de cada organización territorial deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo de ésta dentro de los cuarenta y cinco primeros días hábiles del nuevo ejercicio. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la convocatoria de elecciones se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos comicios.
3.- Anualmente se someterán las cuentas del Partido a una auditoría externa.

¿Se han cumplido estas disposiciones en todas las Juntas locales de la Provincia? ¿Y en la Junta Local de Alicante? Si es así, nada que objetar. Y si no se han cumplido los Estatutos ¿se abrirán expedientes disciplinarios a los responsables o éstos sólo se reservan a los llamados críticos? Dado que en diez años de pagar puntualmente la cuota de afiliado un servidor nunca ha sido informado, a pesar del derecho que le asiste a ello según los propios Estatutos del partido Popular, sobre el estado de gastos e ingresos de su Junta Local, la de Alicante, ni de los presupuestos de la misma aprobados conforme a la norma antes citada, es por lo que el pasado 15 de marzo solicitó por escrito al Presidente local, D. Julio de España, la información económica pertinente. Y, a pesar de haber pasado quince días desde entonces, mutismo total, silencio absoluto, nada de nada. Luego dicen que les molesta tener que enterarse de estas cosas por la prensa. ¿Y cómo creen que nos sentimos los militantes cuando nos enteramos por la prensa de sus decisiones? ¿Cómo creen que nos sentimos cuando comprobamos, día a día, que se pasan por el arco del triunfo los Estatutos del Partido y que nos niegan a los afiliados los derechos de información y de participación? Pues nada, ahora le reitero en público, a ver si lo lee, la misma petición: copia de los presupuestos anuales, balances y acceso a la documentación económica de mi Junta local porque quiero saber cómo se ha gestionado mi dinero y porque me preocupan tantas noticias negativas sobre las cuentas de mi partido. ¿Hay algo de malo en ello?

Santiago de Munck Loyola

martes, 26 de marzo de 2013

El fin no justifica los medios.



Siempre me he manifestado desde estas páginas muy crítico con la actuación de la clase política en torno a la dación en pago de la vivienda, a su actitud ante a las entidades financieras y al drama de de los desahucios, Nuestra clase política ha reaccionado tarde y mal ante una situación que afecta gravemente a miles de ciudadanos españoles y no ha sabido ni prevenir, ni corregir a tiempo los graves problemas sociales que su propia ineptitud e insensibilidad ha venido generando durante los últimos años. Dicho esto no queda más remedio que denunciar también determinados comportamientos totalitarios promovidos por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y su representante mediática Dª Ada Colau.

Hace unos meses la Sra. Colau ya anunció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que su organización iba a hacer que sus Señorías se enterasen bien de lo que su organización pretendía, de sus objetivos, y que, para ello, les iban a “informar” detalladamente. ¡Y vaya que se están enterando! A nadie se le escapaba que ese anuncio no era otra cosa que la señal de partida de una campaña, no de información sino de coacción para intentar determinar el voto de los representantes de los ciudadanos en las instituciones. Y esta campaña informativa se ha convertido, como era de esperar, en la coacción sistemática y el acoso personal y familiar que están sufriendo los representantes del Partido Popular por parte de grupos de la Plataforma. Ahora bien, el desarrollo de esta campaña coactiva lo que plantea, en primer lugar, es el interrogante sobre su oportunidad. ¿Por qué ahora y no hace unos meses o unos años? ¿Simple casualidad? El 22 de febrero de 2011, con un Gobierno Socialista, el Pleno del Congreso rechazó por amplia mayoría la propuesta de IU e ICV para que las hipotecas pudieran ser saldadas mediante la entrega de la vivienda al banco ( http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/02/22/congreso-rechaza-saldar-hipoteca-entregando-piso/1098025.html ) y no queda más remedio que preguntarse dónde estaba la Sra. Colau y sus partidarios y por qué no iniciaron entonces una campaña de acoso y coacción sobre todos los diputados, incluidos los socialistas, que se opusieron a la dación en pago. ¿Movilizarse contra un gobierno “progresista”? Pues fue que no. En marzo del mismo año, el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero volvió a oponerse a la dación en pago (http://youtu.be/1jS637PH82Q) y en repetidas ocasiones manifestó que la aprobación de la misma en los términos defendidos por sus promotores pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero. ¿Y dónde estaba entonces la Sra. Colau y sus partidarios? ¿Se movilizaron para “informar” en los domicilios de los dirigentes socialistas? ¿Los acosaron con la misma violencia verbal con que acosan hoy a los diputados del PP? Evidentemente no.

En segundo lugar, cabe también preguntarse sobre la validez y la naturaleza democrática de estas “campañas informativas” promovidas por la Sra. Colau. Es evidente que la finalidad de estas campañas no es la de informar. Por más que lo repita la Sra. Colau es una burda mentira. Los diputados están sobradamente informados. El objetivo es señalarlos, criminalizarlos y coaccionarlos para que modifiquen su intención de voto en torno a las propuestas de la Plataforma, propuestas que, incluidas hace poco más de un año en el programa electoral de algunos partidos, no alcanzaron en las urnas el voto mayoritario de los ciudadanos españoles. Admitir la validez de estos métodos coactivos sería admitir que cualquier otra causa pudiera ser promovida y defendida con métodos idénticos para conseguir que los parlamentarios se dobleguen por miedo a las pretensiones de sus promotores. Por muy noble que pueda ser un determinado fin no se puede alcanzar a través de cualquier medio. Es un principio elemental que define la esencia de la democracia.

Hay quien defiende estas actitudes coactivas argumentando que no pasa nada, que la gente tiene que desahogarse, que los afectados sufren más violencia institucional y financiera que los diputados, etc. Pero son argumentos falaces. La violencia estructural, como ellos la definen, no se combate con otro tipo de violencia, ni la soberanía popular puede expresarse a través de otros medios distintos a los constitucionalmente señalados. No entran en el fondo del asunto que no es otro que el de admitir o no el uso de cualquier medio, incluido el uso de la coacción y de la violencia moral, para la consecución de un determinado fin. Admitirlo es abrir una peligrosa puerta para la ruptura de la convivencia y del estado de derecho. Y quien no quiera verlo así, creo, sinceramente, que se equivoca.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 24 de marzo de 2013

Alicante: paradigma de la discriminación pública.



Un somero examen de los datos y cifras socio económicos pone en cuestión, muchas veces, la eficiencia de las administraciones públicas y la propia capacidad de gestión de muchos políticos. Y éso es lo que ocurre especialmente cuando echamos un vistazo a la situación de nuestra provincia.

En primer lugar, contrasta poderosamente el empuje, la capacidad y la creatividad de la sociedad alicantina con los resultados de la gestión pública. Alicante es la cuarta provincia de España no sólo por su población, superior incluso a la de varias Comunidades Autónoma, sino que es, además, la cuarta por Producto Interior Bruto. Y ello a pesar de que las inversiones públicas, tanto del estado, como de la Generalitat Valenciana, en la Provincia han sido claramente insuficientes y discriminatorias con respecto a las realizadas en otros territorios, es decir, que Alicante está en el cuarto puesto a pesar de la falta de impulso de las Administraciones Públicas o lo que es lo mismo soportando una pesada losa pública.

Durante mucho tiempo, se ha venido denunciando por parte de una parte de la clase política la discriminación que suponía la escasa inversión anual de los Gobiernos de Zapatero. Según los datos del estudio recientemente publicado de INECA, las inversiones anuales del Estado han venido estando muy por debajo de la media nacional y esta anómala situación, paradójicamente, no se ha corregido en el ejercicio 2013, con el Gobierno del Partido Popular. La inversión del Estado por habitante en la provincia de Alicante en 2013 está un 40% por debajo de la media nacional. Por cada alicantino el Estado invertirá 132,53 euros, lo que supone 90,31 euros menos que la media nacional. Siendo la cuarta provincia en número de habitantes y en PIB, Alicante pasa a la posición 44 si se atiende al número de censados y a la posición 14 si se atiende al PIB. Para que nos hagamos una idea, desde 2008 a 2013, la Provincia de Alicante ha percibido del Estado 1.662 millones de euros menos de lo que debería haber recibido atendiendo a su población.

Y si analizamos las inversiones de la Generalitat Valenciana, de las que no se puede culpar a los gobiernos de Zapatero, nos encontramos con que representando Alicante el 40% de la población de la Comunidad Valenciana en los últimos cinco años sólo ha recibido el 29 % de las inversiones de la Generalitat, es decir, 210 millones de euros menos de lo que le correspondería por su peso poblacional. Señala el estudio de Ineca que entre 2008 y 2012 la Generalitat Valenciana gastó en infraestructuras 802,85 euros por cada castellonense censado; en Valencia la suma equivale a 502,19 euros por persona; mientras que en Alicante la cifra desciende a tan sólo 376,66 euros.

Se trate del Gobierno central o del autonómico, gobierne el PP o el PSOE, se reproduce exactamente la misma tendencia, el mismo criterio de discriminación hacia los alicantinos. No valen excusas, las cifras cantan y las responsabilidades son tan evidentes que es difícil encontrar justificaciones a las mismas.

Pero hay más cifras que ponen en cuestión la justicia y la solidaridad de nuestro actual sistema político en relación al trato que reciben los alicantinos. Un pensionista alicantino recibe de media 741,57 euros mensuales mientras que la media nacional es de 849,60 al mes y la regional es de 781,30 euros. Y en la provincia hay con 293.743 pensionistas. El año pasado los magistrados de la provincia de Alicante recibieron 5.645 procedimientos por desahucios, de los que ordenaron un total de 5.373. A nivel nacional, los magistrados ordenaron 101.304 desalojos a lo largo del año pasado. Los datos colocan a la provincia de Alicante como la tercera de España en lanzamientos de viviendas registradas en los juzgados por lo que también salimos peor parados en la media.

Nos cae ahora, si no se remedia, le decisión del Gobierno de elevar hasta los 400 hm3 la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía recortando entre 40 hm3 y 50 hm3 el caudal anual disponible para trasvasar a Alicante y Murcia, poniendo en serio peligro la continuidad del riego tan esencial para la agricultura de la Provincia. Si escasa y cara es el agua para nuestra agricultura, tampoco encontramos compensación en el agua para consumo doméstico que es una de las más caras de España y la más cara si atendemos al tramo de contadores de 15mm y consumo de 10m3 mensual.

Y si queremos seguir analizando otras cifras nos encontraremos con resultados similares y conclusiones parecidas. Alicante es lo que es gracias a su población, a su sociedad más que gracias a la clase política. Y Alicante podría ser mucho más si no fuera por quienes nos representan y nos gobiernan. Pero, sobre todo, se quedan en el aire algunas preguntas, con estos datos ¿a qué c… se dedican nuestros representantes provinciales? ¿Cómo se puede lograr que Alicante alcance el peso que le corresponde ante la Generalitat o ante el Estado? ¿La Provincia más dinámica, más abierta y cosmopolita de la Comunidad Valenciana puede seguir así indefinidamente?

Santiago de Munck Loyola

viernes, 22 de marzo de 2013

¿Moción de censura con un acosador? Mal. ¿Moción de censura con los representantes de ETA? Bien.



Ha sido sorprendente el ruido mediático organizado por la moción de censura del pasado 8 de marzo en Ponferrada. Es cierto que la fecha elegida no era la más oportuna, pero también parece que el asunto no era tan grave, sobre todo si se compara con otras actuaciones similares recientemente llevadas a cabo por los socialistas. Claro que para mayor desgracia de los dirigentes socialistas la triunfante moción de censura de Ponferrada gracias al voto del grupo municipal liderado por un acosador sexual, elegido concejal por sus vecinos no obstante sus antecedentes, coincidía con el Día de la Mujer y con los habituales tópicos y simplezas de la número dos socialista, la inefable y morosa Sra. Valenciano. Después de afirmar que “la derecha española nunca ha movido un dedo por el conjunto de las mujeres” y que la derecha española supone “una losa” para la igualdad y para las mujeres, la Sra. Valenciano y su partido regalaban a todos los españoles y, en especial, a las mujeres la guinda de Ponferrada. 

Y para rematar la faena, el número tres del PSOE, el otrora desmemoriado Sr. Óscar López, se justificaba y asumía la responsabilidad del citado regalo afirmando “que le había cegado el deseo de apartar de la política al acosador”, parte del pacto de dicha moción de censura. Claro que con tan poca memoria y peor vista cualquiera se hubiese cegado por tan altruista objetivo. ¡Hay que tener cara dura!

Sin embargo, el cúmulo de torpezas socialista ha servido para el rechinar de dientes y el rasgado de vestiduras de algunos que, sin embargo, no han tenido inconveniente moral alguno durante años en servirse de los votos del acosador y de otros que de siempre guardan un sepulcral silencio mientras en sus filas ostenta un importante cargo orgánico un maltratador como Jesús Eguiguren o mientras su partido apoya repetidamente a los testaferros de ETA. El 12 de abril de 1992, su esposa Assunta Zubiarrain le denunció por malos tratos y a raíz de ello, el entonces vicepresidente del Parlamento vasco, fue condenado a 17 días de arresto menor. El dirigente socialista golpeó a su mujer con las manos, un paraguas y un zapato y ésta terminó cayendo por unas escaleras mientras discutían, al parecer, sobre presuntas infidelidades matrimoniales del Sr. Eguiguren. Jesús Eguiguren, produjo a su esposa hematomas y contusiones en las zonas parietal y occipital del cuero cabelludo, en los hombros, brazos, codos, manos, glúteo y muslos, lesiones que tardaron en curar un total de 20 días y que no dejaron secuelas. Puede que fuera su experiencia en el campo de la violencia la razón por la cual el Sr. Zapatero encargó a este valiente tipo negociar con los violentos asesinos de ETA. Semejante “machada”, por cierto, no ha provocado nunca la riada de improperios por la supuesta indignación entre las, también presuntas, mujeres progresistas, como la que recientemente causó unas desafortunadas declaraciones del actor y diputado Toni Cantó. Con lo que se muestra claramente dos cosas: que buena parte de la izquierda española, otorgadora de credenciales de pureza democrática, utiliza de forma innoble cualquier asunto sensible como el machismo o la violencia doméstica y que siempre aplica la Ley del Embudo.

Aún con ser inoportuno y grave el episodio de la moción de censura en Ponferrada es, con mucho, menos importante que otros episodios políticos protagonizados por los socialistas vascos o navarros. En esta última Comunidad Autónoma, los socialistas no han tenido el más mínimo escrúpulo moral y político en sumar sus votos a los de Bildu para arrebatar la alcaldía de  Egüés a UPN y situar a la cabeza del consistorio a Alfonso Etxeberria de NaBai. Y, sin ir muy lejos, tampoco han tenido los socialistas ningún problema de conciencia en facilitar a Bildu la gobernabilidad del Ayuntamiento de San Sebastián en minoría prestando sus votos para que saliesen adelante los presupuestos de 2013.

Si valerse del voto de un acosador para hacerse con la alcaldía de Ponferrada ha puesto el grito en el cielo de las representantes socialistas, no parece muy coherente aprobar con su permanente y cómplice silencio mociones de censura de la mano de los herederos o representantes de los asesinos de ETA o la gobernabilidad de los mismos en algunas instituciones. Ofenden con ello, y mucho, no sólo a la memoria de las víctimas de ETA, entre las que se encuentran muchos socialistas, sino a la sensibilidad democrática de los ciudadanos españoles decentes. ¡Hay que ser hipócritas!

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 20 de marzo de 2013

Más sobre Esperanza Popular.



Hay que ver la manía o costumbre que tienen algunos de adjudicar a los demás intenciones o fines que los interesados nunca han manifestado. La imaginación es libre y soñar también, pero de ahí a convertir las ensoñaciones en noticia hay un gran abismo. Una vez más, el pasado 15 de marzo, el diario ABC publicó una noticia, bajo el titular “Los críticos del PP de Alicante se alían con el exalcalde de Alcoy”, que poco se compadece con la realidad. La información empieza como sigue: Santiago de Munck, militante del PP alicantino e impulsor de la corriente «Esperanza Popular» -crítica con el presidente provincial de los populares alicantinos, José Císcar, y con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo-, trata de extender su oposición interna a la estructura del partido más allá de la capital alicantina. Para ello, el pasado miércoles mantuvo un encuentro en Alcoy con varios exmilitantes del PP identificados con el expresidente provincial Joaquín Ripoll”. Puedo asegurar que ni soy impulsor de la “corriente” Esperanza Popular, ni trato de extender ninguna oposición interna a la estructura del partido más allá de la capital alicantina. Si el redactor de la noticia se hubiese tomado la molestia de preguntarle a un servidor al que le atribuye alegremente intenciones disparatadas podría haber hecho en su escrito honor a la verdad y no una loa a la imaginación política.

Si lo hubiese hecho sabría que Santiago de Munck es un antiguo militante del Partido Popular y antes de Alianza Popular y que es impulsor, no de una corriente, sino de un Foro que se llama Esperanza Popular. El Foro Esperanza Popular nació como un lugar de encuentro “virtual” en Internet para que los “populares” que creen en la democracia interna y en la regeneración democrática pudieran intercambiar ideas y propuestas, ante la ausencia de canales de participación en el Partido Popular de la ciudad de Alicante. Ahora, el Foro Esperanza Popular cuenta, además, con un espacio físico, con un lugar de encuentro real en la Plaza Gabriel Miró 14 de Alicante. Pero no es ninguna corriente dentro del partido puesto que está abierto a la participación de los vecinos de Alicante, sean o no afiliados del PP, y se está configurando como una asociación para el estudio y debate de los problemas políticos, económicos y sociales que afectan a los ciudadanos de Alicante.

Podría saber, si hubiese preguntado, que ni Santiago de Munck, ni los compañeros que participan en el Foro Esperanza Popular, hacen una oposición crítica ni a José Ciscar, ni a Sonia Castedo y, por supuesto, no tienen la intención de extender una inexistente “oposición interna a la estructura del partido” más allá de Alicante. Lo que hemos hecho algunos y a título personal hasta ahora es manifestar nuestra discrepancia sobre alguna decisión concreta adoptada por la Dirección Provincial del PP alicantino o sobre alguna actitud de la primera edil de la ciudad de Alicante. Criticar e impugnar, por ejemplo, por los cauces reglamentarios internos la decisión adoptada de espaldas a los militantes de Alicante de sustituir la Junta local de Alicante por Juntas de Distrito, vulnerando los Estatutos del Partido, es absolutamente legítimo y acataremos lo que resuelvan los órganos superiores del partido y los tribunales de justicia en su caso. Pero no es, en modo alguno, “realizar una oposición interna a la estructura del partido”. Criticar comportamientos políticos poco ejemplares como reuniones para “apuntalar” las elecciones internas entre la Dirección Provincial y concejales imputados es absolutamente legítimo y no constituye tampoco expresión alguna de “una oposición interna a la estructura del partido”. Como tampoco constituye expresión de “una oposición interna a la estructura del partido” el hecho de que algunos manifestemos lo que es una obviedad que la permanencia de imputados en los grupos populares municipales o autonómicos daña a la imagen del Partido Popular. No existiendo ninguna corriente de oposición interna a la estructura del partido, difícilmente se puede pretender exportarla.

Parece que la actitud de algunos dirigentes expresada en el “conmigo o contra mí”, en la máxima política imperante de acatar y obedecer sin rechistar, se traslada con mucha facilidad a ciertos medios de comunicación. El pasado 13 de marzo, se celebró en Alcoy una reunión entre miembros del Foro Esperanza Popular, miembros del Foro Movimientos de Bases del PPCV y antiguos militantes del PP para intercambiar puntos de vista y para analizar la situación política en nuestra Comunidad, y nada más. Querer convertir una simple reunión en una especie de conspiración contra el aparato del PP es pura fantasía. El Foro Esperanza Popular es lo que es y no lo que otros quieren que sea, ni lo que algunos “venden” a los medios de comunicación, algunos de los cuales andan muy ávidos de comprar cualquier mercancía aunque está completamente averiada.

Por último, parece imprescindible hacer una importante aclaración. Según el Diario ABC el motivo para iniciar un expediente disciplinario contra un servidor y el ex concejal Antonio Sobrino, con el fin de expulsarnos del PP, estaría “en sus descalificaciones de las decisiones que adoptan los órganos de dirección del partido o el menosprecio a afiliados del PP (en este caso, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo)”. Pues bien, criticar e impugnar una decisión concreta (la supresión manu militari de la Junta Local de Alicante) no es una descalificación, como no lo es cualquier recurso que un ciudadano interponga ante cualquier resolución administrativa o judicial. Y, del mismo modo, manifestar que Sonia Castedo, a la que nunca hemos criticado en su ámbito personal, debería dimitir o abandonar el Grupo Popular por estar imputada por varios delitos tampoco es menospreciarla. Quien no quiera verlo así es por puro interés. Quien quiera basarse en descalificaciones o menosprecios inexistentes para continuar con sus pretensiones sancionadoras es que sólo sabe ser fiel a íntimas convicciones totalitarias y antidemocráticas que, por cierto, no deberían tener cabida en el Partido Popular.

Santiago de Munck Loyola

martes, 19 de marzo de 2013

El Papa Francisco.



Cuando ya ha transcurrido una semana desde la elección del Papa Francisco se van calmando las agitadas aguas informativas y la cascada de elogios y críticas que inundó las redes sociales. La elección del Cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, de 77 años, ha sido una sorpresa que ha dejado en evidencia los vaticinios de los expertos vaticanólogos. Lo cierto es que no ha acertado ninguno. El rápido resultado del Cónclave ha sorprendido a propios y a extraños y supone el inicio de un nuevo período en la vida de la Iglesia Católica en el que muchos depositan grandes esperanzas de cambio y renovación.

El Papa Francisco es el primer Papa americano de la historia de la Iglesia. Proviene de un continente (el fin del mundo, como él mismo dijo) en el que viven casi la mitad de los católicos existentes en el mundo, herencia de la colonización española y portuguesa fundamentalmente. Desde el primer momento, parece que el Papa Francisco quiere señalar un camino distinto al de los últimos años. Ya la elección de su nombre, en recuerdo a San Francisco de Asís, el santo de los pobres, es una clara referencia de sus prioridades como lo es también su llamamiento inicial a una Iglesia pobre y para los pobres. Sus gestos de humildad, de sencillez, de cercanía y de bondad no son simples escenificaciones del momento, sino que a la luz de su trayectoria se corresponden perfectamente con lo que ha sido hasta hora su forma de vivir y su pastoral. Sus inicios en la sede de Pedro son más propios de un Párroco, de un Obispo consagrado a su diócesis que de un Papa a la antigua usanza, lo que contrasta bastante con la imagen más fría y distante que se percibía de su predecesor, el Papa Benedicto XVI. Me recuerda bastante al Papa Juan Pablo I por su sencillez, su talante y sus primeras preocupaciones sociales expresadas públicamente.

Este Papa, al igual que los anteriores, no resulta indiferente a quienes se declaran ateos y abiertamente enemigos de la Iglesia. Es sorprendente comprobar cuánto se agitan y cómo se pronuncian sobre lo que los Católicos hacen o dejan de hacer. Y, en esta ocasión, no han perdido el tiempo en las redes sociales llevando sus críticas al nivel de calumnias y de disparates. Ya se despacharon a gusto calificando a Benedicto XVI de nazi obviando el hecho de que el régimen nazi obligó al ingreso en las juventudes hitlerianas a todos los seminaristas del país en 1939, cuando Joseph Ratzinger contaba con solo 12 años de edad. Ahora, a las pocas horas de la elección del Papa Francisco, los de siempre, se apresuraron a inundar las redes sociales con toda clase de supuestas informaciones sobre el recién elegido Papa vinculándole directamente con la criminal dictadura argentina o atribuyéndole frases falsas, tal como se ha demostrado, sobre la condición femenina. He llegado a ver en Factbook fotos de un prelado junto al dictador Videla diciendo que era el actual Papa y cuando alguien se atrevía a escribir que no se parecía a él y que por edad no podía tratarse de la misma persona, los difusores de tales patrañas se apresuraban a decir que daba lo mismo, que bien podía haber sido él. Resulta sorprendente la falta de rigor intelectual, la ausencia de principios éticos y el abuso de la crítica zafia y facilona con la que los enemigos de la Iglesia se prodigan en las redes. Una cosa es la crítica y otra muy distinta es la mentira pura y dura. Es evidente que este Papa tiene un pensamiento conservador en muchos aspectos, sobre todo los morales, que bien podrían servir de crítica para quienes postulan unos planteamientos distintos, más progresistas. Crítica que, por otra parte, estarían más legitimados para ejercer quienes por pertenecer a la propia Iglesia se podrían ver más afectados por la aplicación de dicho pensamiento que aquellos a quienes, declarándose ateos o anticlericales, lo que diga o piense un Papa ni les va, ni les viene. Pero no, no es así, esta izquierda totalitaria y totalizadora va por el mundo impartiendo carnets de ciudadanía, diciendo a los católicos lo que tienen o no que hacer, lo que deben o no pensar y lo que es bueno o malo. Lo hacen siempre en el terreno político, en el económico, en el social y hasta en el religioso.

Si algo enseña la vida es que cuanto más se excitan estos materialistas dogmáticos es que mejor lo está haciendo la Iglesia y, sinceramente, la primera impresión que uno se lleva tras esta semana es que los electores han acertado con el Papa Francisco. Ojala sea así. Tiene por delante un difícil camino, una dura tarea para la que contará, sin duda, con las oraciones de todos los creyentes.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 15 de marzo de 2013

Sobre los desahucios.



Ayer, día 14 de marzo, se celebró en el local del Foro Esperanza Popular una Mesa Redonda sobre “Los desahucios y las reformas legislativas”. Estaban invitados a participar tanto la Plataforma Stop Desahucios de Alicante como la Cruz Roja de Alicante pero, por diferentes razones, no quisieron exponer en público su posición sobre este auténtico drama social. Coincidió esta Mesa Redonda con la publicación de la Sentencia del Tribunal Europeo que cuestiona la compatibilidad de la legislación hipotecaria española con la europea y que ha abierto, en un primer momento, demasiadas esperanzas, tal y como señaló alguno de los ponentes.

La Mesa Redonda se inició con la intervención de D. José Joaquín Belda Gonzálvez, Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Perito tasador judicial, Asesor hipotecario, Técnico Urbanista y Ex agente y delegado de la Sociedad Publica de Alquiler del Ministerio de fomento, quien hizo un análisis sobre las responsabilidades de la banca, las sociedades inmobiliarias y la clase política en el estallido social que vivimos en torno a la vivienda. Destacó la interesada falta de flexibilidad de los bancos a la hora de abordar los problemas de impagos de sus clientes así como la incongruencia que supone el rescate bancario frente a la desprotección del ciudadano. Subrayó la necesidad de apostar por la adopción de diferentes soluciones simultáneas como el reforzamiento de la ley concursal para los particulares, la ampliación de las recientes reformas para que alcancen a más ciudadanos, el desarrollo de una auténtica política de vivienda social que permita superar los intereses ocultos de sociedades inmobiliarias al servicio de las instituciones financieras o la reforma de la vigente Ley hipotecaria. Por último, denunció la ineficacia de la clase política para reaccionar en tiempo y forma ante una situación que ha terminado por estallarle en las manos.

A continuación, intervino D. Carlos Pérez Pomares, Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández, Socio de Cuatrecasas y director de Cuatrecasas Alicante hasta 2012 y abogado en ejercicio, quien empezó por señalar que estamos viviendo en número de desalojos más alto de la historia hipotecaria española. Destacó que la legislación hipotecaria española con más de 100 años de existencia a sus espaldas ha venido funcionando razonablemente bien y que ha siso y es considerada en muchos países como un modelo por lo que muchos de sus elementos están siendo importados en legislaciones extranjeras. Subrayó que de hecho nuestra legislación es la que ha permitido que la mayoría de la gente sea propietaria de su vivienda y que, a diferencia de otros países, más del 90 % de las viviendas pertenezcan a ciudadanos particulares y no a sociedades. Uno de los principales efectos de la crisis es la pérdida de empleo y, por tanto, de la capacidad del prestatario de cumplir con sus obligaciones frente al banco quien finalmente termina por quedarse con la garantía del préstamo, la casa, dejando además al ciudadano sin vivienda y con una enorme deuda. Subrayó que hasta hoy las diferentes soluciones aportadas por los políticos son débiles, que existe además una enorme dificultad por nuestro sistema legal para generar beneficios al consumidor con efectos retroactivos, que una Ley de Dación en pago es muy difícil y compleja para ser desarrollada y que habría que reformar la legislación hipotecaria permitiendo la convivencia de otras fórmulas como las anglosajonas.

Por último, intervino D. Emilio José Crespo Martínez, ex directivo de la CAM, quien aportó su vivencia y su visión del profesional de la banca que tiene que enfrentarse a diario a situaciones dramáticas con personas de su entorno. Subrayó que uno de los principales problemas con los que se enfrenta el sistema es el de la política del banco de España que exige a los bancos unas elevadísimas dotaciones lo que, al final, encarece de forma desorbitada los procedimientos hipotecarios y, con ello, las deudas finales de los prestatarios. Destacó que considerando que la mayor parte de los procedimientos de ejecución se centran en deudas no superiores a los 50.000 euros una política monetaria más flexible sobre las dotaciones implicaría una importante reducción de los costes beneficiando con ello a los deudores. Señaló que constituye un absurdo que se traduce en un enorme sobrecoste para el deudor el hecho de que las ejecuciones hipotecarias se alarguen durante cuatro o cinco años. Todos estos sobrecostes se repercuten en el usuario y en el precio del dinero.

Tras las intervenciones de los ponentes se abrió un interesante debate entre los asistentes que sirvió para clarificar y matizar muchas cuestiones que se fueron suscitando a lo largo de la sesión.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 10 de marzo de 2013

Motivos para regenerar.



José Blanco, ex Ministro de Fomento, imputado por tráfico de influencias y sigue en su escaño. 38.000 millones de euros públicos inyectados a la banca en 2012 y ésta inicia más de 50.000 procedimientos de desahucio en el mismo año. Los diputados madrileños Bartlomé González e Isabel Redondo se dedican a jugar con sus iPad mientras se habla del paro en la Asamblea, el diputado autonómico valenciano Luis Díaz Alperi se hace la manicura en el Pleno mientras su compañera de escaño Milagrosa Martínez aprovecha para estudiar francés. Los ciudadanos deberán  tomar como referencia los últimos 25 años cotizados para obtener la cuantía de la pensión por jubilación, mientras que diputados y senadores pueden cobrar la pensión máxima con 11 años. Los sindicatos se rasgan las vestiduras por la reforma laboral y después se afanan en aplicarla en los despidos de sus propios empleados. Patrimonio Nacional se gastó más de 2 millones de euros en acondicionar la finca La Angorrilla en la que se alojó la entrañable amiga del Rey y éste nos habla de la necesidad de ejemplaridad sin inmutarse. La Alcaldesa de Novelda es procesada y ni dimite ni su Partido le pide públicamente que lo haga. Los españoles pagamos en cuatro viajes oficiales del Rey los gastos de su acompañante, la entrañable amiga de La Angorrilla. El PSOE, el día de la mujer, se hace con la Alcaldía de Ponferrada gracias a una moción de censura negociada con un acosador sexual. El ex Presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, en la cárcel. El Vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, acusado de pagar en negro a sus empleados, se jacta de deber dinero a la Seguridad Social y a Hacienda. 

IU de Madrid debe más de 1 millón de euros a hacienda al destinar a otros fines las retenciones a cuenta del IRPF de sus trabajadores. La Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tras ser imputada por cuatro delitos es homenajeada por la Dirección provincial del PP. El Secretario de Estado de la Seguridad Social falsea su curriculum afirmando ser médico sin serlo, en su ficha del Congreso no aparece la "Declaración de Actividades" ni tampoco "Declaración de Bienes y Rentas" a pesar de las 5 legislaturas que lleva de congresista y no dimite. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano es embargada por no cumplir sus obligaciones tributarias tanto por la Agencia Tributaria, como por la Diputación de Alicante y tampoco dimite. Carmen Vela hace campaña a favor de Rubalcaba y dos meses después es nombrada por Rajoy Secretaria de Estado de Investigación para desprecio de votantes y afiliados del PP. La Generalidad Catalana recorta en Sanidad mientras se gasta 33 millones de euros al año en embajadas ilegales. Desaparecen en 2008 más de 100 kgs. de cocaína de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y todavía no se sabe quienes son los culpables. Más de 1.400 millones de euros desaparecen en los EREs fraudulentos andaluces y no dimite ningún alto cargo andaluz. Jesús Sepúlveda fue contratado en Génova después de tener que dimitir de Alcalde y no se sabe aún quién y por qué le contrató. La  Fundación Ideas pagó 150.000 euros provenientes de subvenciones públicas  a Traducciones Políglota, la empresa de la hermana de Elena Valenciano, Paloma, por unos trabajos que nadie ha especificado en qué consistieron. Mientras falta dinero para el subsidio del paro, se siguen pagando sueldos con dinero público de 900.000 euros al año en Red Eléctrica, de 500.000 euros en bancos rescatados o de 150.000 euros en empresas públicas. Los partidos políticos recibieron en 2012 más de 64 millones de euros para sus gastos de funcionamiento. Urdangarín vendió humo a las administraciones públicas por varios millones de euros y los políticos que lo compraron siguen tan tranquilos. Bárcenas sigue chuleando al PP y éste no responde coordinadamente y con contundencia. La corrupción preocupa cada día más a los españoles según el CIS y el PSOE se abstiene en las resoluciones para combatirla aprobadas en el Congreso por el resto de los grupos parlamentarios. España está plagada de obras públicas millonarias y sin ningún uso y ningún político ha respondido por este despilfarro. Algunas televisiones privadas pagan a delincuentes para entrevistarlos. 

La pensión mínima de jubilación para un trabajador de 65 años es de  8.383,20 euros al año, mientras que Zapatero, tras arruinar al país, simultaneará una pensión vitalicia de 75.000 euros anuales con otros 80.000 euros al año como Consejero de Estado. Los Clubs de fútbol adeudan a Hacienda más de 750 millones de euros y a la seguridad social otros 11 millones. La familia del ex presidente Pujol se benefició durante años de las influencias del padre pero no se debe denunciar porque se podría interpretar como un ataque a Cataluña. El ex ministro socialista Julián García Valverde se va a llevar 335 millones de euros en comisiones por el Ave a La Meca gracias a las gestiones del ex ministro Blanco. Los españoles seguimos pagando la electricidad más cara de Europa. Un escaño por Soria cuesta 47.000 votos mientras que por Madrid 188.000 votos. Desde 2006 España dona a ONU mujeres 178 millones de euros y termina colocando a la ex Ministra Bibiana Aido con un sueldo de 6400 euros mensuales. Ana Mato se gasta 17.000 euros en un informe titulado “gobernando con amor”. El salto de Falete al agua rompe records de audiencia televisiva. Los madrileños sufrieron en 2012 una media de 10 manifestaciones diarias. El Tribunal de Cuentas tarda más de cinco años en fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Con más de 800.000 catalanes en paro, la prioridad de Mas es la independencia… El PSOE en San Sebastián vota a favor de galardonar a uno de los fundadores de ETA. Podría seguir escribiendo páginas y más páginas. ¿Todavía hay alguien que piense que España no necesita una regeneración?

Santiago de Munck Loyola

jueves, 7 de marzo de 2013

Regeneración democrática.



La última encuesta del CIS viene a ratificar los planteamientos y preocupaciones que compartimos, al igual que la mayoría de los ciudadanos, los miembros del Foro Esperanza Popular y, sobre todo, el convencimiento de que hay que impulsar muchos cambios en la vida política para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En esta última encuesta la corrupción y el fraude se convierten en la segunda preocupación de los ciudadanos con un 40 % y la clase política en el cuarto problema con casi un 30 %. Y lamentablemente la inmensa mayoría de los casos de corrupción tienen su origen en comportamientos irregulares de una parte de la clase política. El distanciamiento de los ciudadanos hacia la clase política, hacia los partidos políticos y hacia las instituciones democráticas es cada vez mayor y resulta sorprendente la falta de reacción de los dirigentes de los partidos políticos, la falta de autocrítica ante esta situación y la ausencia de propuestas para corregir un panorama que, de mantenerse, supondrá el desmantelamiento del actual sistema.

Frente a la pasividad de unas élites cómodamente instaladas en sus privilegios y el rupturismo de los antisistemas y sus jaleadores, sólo hay una opción sensata, equilibrada y razonable y ésa no es otra que la que representa el reformismo, la regeneración democrática del sistema político. Mucho se ha escrito y hablado sobre la “regeneración de la democracia” y las interpretaciones sobre esta idea son siempre variadas y hasta en ocasiones contradictorias. Lo cierto es que ante una situación concreta, en este momento de grave crisis económica, política y social, el sistema político vigente, sus agentes y sus instituciones no cuentan con el aprobado de una buena parte de los ciudadanos. Y ello es así fundamentalmente porque de una parte no obtenemos las respuestas y soluciones que esperamos de nuestras instituciones y de otra es cada vez mayor la distancia entre el mundo oficial y el mundo real, el mundo de los políticos y el de los ciudadanos. Cuando el sistema no es capaz de satisfacer las necesidades más básicas de una gran parte de la población y cuando es en gran medida culpable de muchos de los problemas económicos y sociales del país es evidente que algo falla, que algo no funciona y que es preciso cambiarlo.

http://www.diarioinformacion.com/elda/2013/03/07/direccion-provincial-pp-lleva-genova-edil-imputada-caso-alumbrado/1350875.html

Regenerar la democracia es podar todas las ramas que se han secado, que no dan frutos o están enfermas para que vuelvan a brotar sanas y con más fuerza. Es poner guías que impidan crecimientos anómalos de algunas ramas y es abonar, regar y cuidar constantemente el árbol para evitar tener que acudir periódicamente a tratamientos de choque o para evitar simplemente su muerte. No se puede regenerar la democracia sin regenerar primero a sus agentes políticos, a los propios jardineros, es decir, a los partidos políticos. Hablar de separación de poderes en el estado, de racionalización de la estructura política del mismo, de responsabilidad política y penal, en su caso, de los gobernantes, de mejorar los niveles de representatividad de las instituciones democráticas, de devolver el protagonismo que le pertenece a la sociedad civil o de la independencia política frente a los mercados y grupos de presión es imprescindible en todo programa regenerador, pero es un brindis al sol si la regeneración no empieza por los propios partidos políticos, teóricos cauces de la participación ciudadana, que son los agentes políticos naturales en toda democracia.

La regeneración democrática para ser creíble debe empezar por quienes deberían llevar a cabo la regeneración del sistema político, por los partidos políticos y por la clase política. La democracia interna real, no sólo nominal, la participación permanente de los afiliados y simpatizantes, las listas abiertas, la limitación de mandatos, las incompatibilidades, la financiación transparente, la profesionalidad, la ejemplaridad y honradez de los cargos públicos son exigencias básicas para avanzar en un proceso de regeneración democrática realmente eficaz.

En las actuales circunstancias en las que a los militantes de a pie se nos amenaza con expulsiones simplemente por reivindicar estos valores y por ejercer la libertad de expresión y de crítica públicamente, ante la ausencia de canales internos, por diferentes decisiones arbitrarias consuela saber que no estamos solos, que cada vez hay más gente que comparte nuestras preocupaciones y objetivos, que hay gente que no vive de la política pero que vive la política con pasión, generosidad y altura de miras, y que está también dispuesta, sin miedos ni complejos, a seguir reivindicando la vigencia de unos valores que no son meros enunciados, sino exigencias de conducta personal que deben plasmarse en la acción política diaria. Y esa constatación se produjo en la primera reunión que ayer mantuvimos algunos miembros del Foro Esperanza Popular de Alicante con miembros del Foro Movimiento de Bases del PPCV. Ayer pudimos confirmar que no estamos solos y que vamos en la buena dirección.

Santiago de Munck Loyola


martes, 5 de marzo de 2013

PSOE y PSC, una relación imposible.



La votación en el Congreso, el pasado 26 de febrero, sobre la resolución a favor de la consulta independentista en Cataluña evidenció lo que muchos ya sospechaban desde hace tiempo que el PSOE ha dejado de ser un partido de ámbito nacional, de toda España, y, por tanto, ha dejado de constituir por si mismo una alternativa de gobierno. La ruptura del Grupo Socialista provocada por el alineamiento de los socialistas catalanes en el bando de los independentistas no es una buena noticia para la salud de nuestra democracia, todo lo contrario, se trata de un elemento más de preocupación y de estabilidad institucional que debería ser resuelto de la mejor manera y lo antes posible.

Pese a todos los intentos de edulcorar la posición de los socialistas catalanes manifestando que no están a favor de la independencia de Cataluña, sino sólo a favor de que se realice una consulta popular en Cataluña, y de que son partidarios de una España federal, lo cierto es que sus posiciones y sus actos coinciden milimétricamente con las estrategias rupturistas de los independentistas para quienes cualquier vulneración de la legalidad es válida siempre que se encamine hacia sus propósitos que no son otros que la independencia. Hoy, esta afirmación se ve confirmada por el hecho de que el Presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, ha decidido llevar a votación al Parlamento catalán, y a petición precisamente del Partido Socialista de Cataluña, la misma resolución a favor “del derecho a decidir” (es decir, de violentar la Constitución Española) que fue votada y rechazada por el Congreso de los Diputados la semana pasada y que evidenció la voladura intencionada del grupo socialista. Más claro el agua: los socialistas catalanes coinciden plenamente con las estrategias independentistas de Artur Mas y sus socios.

Es evidente que para los independentistas catalanes resulta indiferente lo que resuelva el Congreso de los Diputados porque, desde su perspectiva, no lo reconocen como depositario de la soberanía del pueblo. Parten de la existencia real, aunque aún no formal, de un sujeto político distinto y propio, de una nación diferente que excluye la existencia de cualquier otro sujeto político concurrente. Niegan por tanto la existencia del pueblo español como sujeto político soberano, tal y como se reconoce en el Artículo 1.2 de la Constitución Española, y consiguientemente de su representación institucional a través de las Cortes Generales, Congreso y Senado. Reclaman para si exactamente lo que niegan a los demás y lo hacen con el sentido propio de los movimientos excluyentes y totalizadores. Hay cierta involución conceptual en torno al alcance  del concepto de soberanía. Mientras las constituciones más modernas han ido sustituyendo el concepto de “soberanía nacional” por el de “soberanía popular o del pueblo”, los independentistas se aferran al concepto de nación y, por tanto, al de “soberanía nacional” estableciendo unos conveniente límites para sus intereses al mismo. El llamado “derecho a decidir” viene a ser un eufemismo para sortear el concepto de soberanía popular, la soberanía del pueblo español, establecido en Constitución de 1978 y del que emanan paradójicamente las actuales instituciones catalanas. Cabe preguntarse ¿quién tiene derecho a decidir? Y, sobre todo, ¿quién está legitimado para señalar quienes sí y quienes no tienen derecho a decidir? ¿Dónde se establece el nivel? ¿Tiene derecho a decidir el pueblo español? ¿El pueblo catalán? O una vez rota la delimitación constitucional ¿tendría derecho a decidir cualquier entidad local o provincial? ¿Tiene derecho una parte del pueblo soberano a excluir a otra parte del mismo en la toma de decisiones?

Parece claro que el acuerdo es prácticamente imposible si de lo que se trata es de romper unilateralmente las reglas de juego y de imponer unas nuevas reglas sin el consenso entre todos los participantes. Y parece aún más claro que los socialistas catalanes han apostado por “el derecho a decidir”, es decir, por la voladura de la soberanía del pueblo español en contra de las tesis y presupuestos ideológicos del PSOE. Por ello, parece difícil que la recomposición de los acuerdos que mantenías unidos a ambos partidos llegue a buen puerto. Son dos posturas irreconciliables por mucho que traten de “vender” otra cosa. Si el PSOE renueva algún tipo de acuerdo de colaboración con el PSC sin que éste renuncie a las tesis independentistas, el primero habrá dejado de ser de forma definitiva un partido de ámbito nacional o estatal como les gusta decir a ellos. Y ése es un lujo que España no se puede permitir.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 3 de marzo de 2013

Bárcenas interno, externo o mediopensionista.



Desconcertados, confusos, desconfiados y asombrados es como nos encontramos la mayoría de los votantes populares ante el asunto Bárcenas y, sobre todo, ante las explicaciones que sobre el mismo vienen ofreciendo los diferentes portavoces del Partido Popular. No tengo la menor duda de que Mariano Rajoy, al igual que la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Popular son personas honradas, como tampoco tengo ninguna duda de que hay posibles irregularidades en torno al Sr. Bárcenas, a su papel en el Partido Popular, a la financiación del mismo y a la forma con que se está gestionando la crisis desatada por el ex tesorero del PP.

El asunto Bárcenas no se podía gestionar peor de lo que se está haciendo y prueba de ello es que la respuesta de los populares no está convenciendo ni a los propios militantes del partido. Da la sensación de que aquí cada dirigente va por libre, de que no saben muy bien a qué se enfrentan y de que, sobre todo, no existe una respuesta coordinada sobre el asunto. Cada semana aparece una sorpresa y siempre hay algo que matizar, puntualizar o corregir sobre la respuesta ofrecida en la anterior sorpresa. Primero nos dicen que el Sr. Bárcenas dejó de trabajar para el partido popular a raíz de su imputación en el caso Gürtel. Después resulta que estaba cobrando 250.000 € anuales, el sueldo más alto pagado por el PP. Más tarde que no era un sueldo, sino una indemnización pactada. Posteriormente resulta que seguía contratado y fue despedido el 31 de enero de 2013. Hace pocas horas Pons insistía en una entrevista en ABC Punto Radio que la relación laboral con el ex tesorero terminó en 2010, lo que evidentemente no cuadra con que siguiera dado de alta hasta el 31 de enero de este año. Si seguía contratado, entonces no podía estar cobrando una indemnización. Y si se le estaba pagando de forma fraccionada una indemnización pactada tampoco podía seguir estando de alta y cotizando a la Seguridad Social, salvo que se tratase de un fraude a la misma.

Con Bárcenas pasa lo mismo que pasó con Sepúlveda: primero que no se le podía despedir porque era “funcionario” de la casa, según el Sr. Floriano, después porque sería un despido improcedente y, al día siguiente, a la calle que ya sí se podía despedirle. Así no hay quien se crea nada. No es posible que lo que hoy es blanco, mañana sea negro y pasado gris. Al día de hoy, no se sabe si Bárcenas estaba contratado, despedido o era mediopensionista popular. Las contradicciones, las constantes rectificaciones no contribuyen a poner luz sobre un asunto tan turbio, todo lo contrario, no hacen más que acrecentar las sospechas de que aquí hay algo o muy “gordo” o pésimamente gestionado.

Hay cosas absolutamente incomprensibles e inaceptables que exigen una explicación pública como lo es saber por qué se contrata como asesor a un ex alcalde que tiene que dimitir por estar imputado en el caso Gürtel o al Sr. Bárcenas tras dejar su escaño en el Senado tras ser imputado también. ¿Quién decidió contratarlos? ¿Quién decidió que había que pagar o indemnizar al Sr. Bárcenas con 250.000 € salidos en su mayoría de los contribuyentes? ¿Quién considera ético tomar estas decisiones? La verdad, uno empieza a pensar que los códigos éticos o los manuales de buenas prácticas deben estar en blanco porque sino no se entiende esta forma de proceder que, a la postre, sólo sirve para manchar el buen nombre de los miles de afiliados del Partido Popular que no tienen nada que ver, ni aprueban, estas prácticas.

Al margen del enriquecimiento personal de algunos, las informaciones periodísticas sustentadas en informes policiales, parecen señalar que los mismos se han llevado a cabo al amparo de operaciones irregulares en torno a la financiación del propio Partido Popular. Hay que ponerlo todo en cuarentena hasta que los procedimientos judiciales en curso lo aclaren, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, también nos sorprende a los votantes que algunas de estas informaciones sólo tengan el silencio por respuesta. Por ejemplo, el informe de la UDEF de 2008 que analiza la contabilidad de Orange Market en relación a las campañas de 2007 y 2008 en la Comunidad Valenciana, sacado a la luz nuevamente estos días, es más que preocupante y exige una aclaración cuando menos.

La opinión pública necesita saber exactamente qué ha pasado y quiénes son los responsables del asunto Bárcenas y de la financiación del Partido Popular en todos sus niveles. Y los militantes, a los que nos intentan sacar los colores con ello, también. Queremos y tenemos derecho a saber, a que se den explicaciones veraces y concretas, a que se exijan y se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar y, sobre todo, a que se acaben con unos modos y prácticas políticas indeseables. Queremos claridad y contundencia. Y no nos puede consolar lo que pase en otros partidos, que también pasa, queremos poder seguir sintiéndonos orgullosos de nuestro partido y no podemos seguir confiando en que mañana no aparezca ningún nuevo sobresalto, ninguna sorpresa que nos vuelva a hacer agachar la cabeza. No nos lo merecemos.

Santiago de Munck Loyola