Una de las consecuencias de los
resultados de las últimas elecciones europeas ha sido el encendido de alarmas
en el Partido Popular ante la previsible pérdida de numerosas alcaldías en las
elecciones municipales que habrán de celebrarse en mayo del 2015.
Lamentablemente estas alarmas no han activado un proceso interno de autocrítica
para analizar las causas de la pérdida de apoyo electoral sufrida y corregir
los errores cometidos. Lo que han activado las alarmas es la búsqueda de
mecanismos legales para garantizar poder conservar las alcaldías en riesgo de
pérdida a pesar de la sangría de votos. ¿Tanto miedo provoca a los populares la
irrupción de Podemos o el declive del bipartidismo? ¿Tan poca confianza tienen
en sus propias políticas?
En el Partido Popular han
encontrado la solución para poder seguir gobernando los ayuntamientos a pesar
de obtener menos votos: reformar las reglas de juego, reformar la ley para que
resulte automáticamente elegido Alcalde el candidato más votado siempre que
supere el 40 % de los votos. Esto de cambiar las reglas de juego en medio de un
partido es propio de trileros y tramposos, pero ésta es, al parecer, el tipo de
regeneración que algunos dirigentes populares quieren vendernos a los ciudadanos
para “fortalecer” la democracia. La experiencia demuestra, una y otra vez, que
las reformas legislativas hechas deprisa y corriendo, respondiendo a fenómenos
coyunturales y sin contar con un amplio consenso suelen ser contraproducentes y
esta lleva todo el camino de serlo. Y no se trata de una simple reforma de la Ley electoral, sino que se
trata de todo un cambio que afecta directamente a la Ley de Bases de Régimen Local
y a procedimientos relativos a la distribución de competencias en las corporaciones
o a la figura de la moción de censura, por ejemplo.
Los defensores de esta idea, la
elección directa de los alcaldes en estos supuestos, lo hacen alegando que así
se facilitaría que gobernase la lista más votada. Dicen que no es democrático
que pueda ser elegido alcalde alguien que se ha quedado en segundo o tercer
lugar merced a los pactos postelectorales. Sin embargo, estos argumentos que a
primera vista podrían parecer lógicos no se ajustan a la realidad.
Hay que empezar por aclarar que
en España los ciudadanos no elegimos directamente ni al Presidente del
Gobierno, ni a los Presidente autonómicos ni a los Alcaldes. Los ciudadanos
elegimos a representantes, diputados y concejales, para que sean ellos los que
elijan en su ámbito, Congreso, Parlamentos Autonómicos o Plenos Municipales, al
Presidente del Gobierno, a los Regionales o a los Alcaldes. Se trata de un
sistema fundamentalmente parlamentarista recogido en la propia Constitución. Es
el Parlamento, el Congreso en concreto, el que elige al Presidente del Gobierno
y este principio parlamentarista es el que se ha implantado de arriba abajo
hasta llegar a los Ayuntamientos. Si nadie cuestiona este principio y, por
tanto, no se cuestiona la legitimidad democrática de un Presidente de Gobierno
elegido merced a las alianzas parlamentarias que sean precisas ¿a qué viene
cuestionar ahora, a pocos meses de la celebración de unas elecciones
municipales, la legitimidad y la calidad democrática de los alcaldes elegidos
por los concejales?
Para los defensores de esta
reforma unilateral y arbitraria del sistema de elección de los alcaldes es poco
democrático que no pueda gobernar la lista, que no el candidato, más votada.
Entonces ¿es más democrático que alguien con un 40 % de los votos pueda
gobernar aplicando políticas no votadas y contrarias a la mayoría social?
Es cierto que nuestros sistemas
de representación adolecen de muchos defectos y que es preciso realizar
reformas para mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones. Tenemos
una Constitución que hasta ahora ha funcionado razonablemente bien y que es
perfeccionable. Pero esta Constitución contiene principios y reglas de
participación que inspiran el conjunto del sistema político. Abordar
apresuradamente, de forma partidista y sin visión de estado algo tan importante
como la reforma de las reglas de juego y de participación ciudadana de unas
instituciones tan importantes y cercanas a los ciudadanos como son los
Ayuntamientos no es admisible. Debemos mejorar la calidad de nuestra
representación de modo que el voto de un ciudadano de Soria valga lo mismo que
el voto de un ciudadano de Madrid, por ejemplo, algo que ahora no existe.
Debemos mejorar la capacidad de elección de los ciudadanos que se ven obligados
a votar listas cerradas impuestas por los partidos sin procesos previos de
democracia interna. Debemos mejorar la vinculación y la responsabilidad de los
cargos electos ante los electores de modo que votar no sea otorgar un cheque en
blanco por cuatro años. Debemos buscar nuevas fórmulas que permitan al
ciudadano intervenir directamente a través de las nuevas tecnologías en los
procesos de toma de decisiones. En fin, que hay muchas tareas pendientes por
delante para mejorar la calidad democrática de nuestro sistema político sin
necesidad de acudir a reformas improvisadas y sin consenso que solo buscan un
satisfacer un interés egoísta coyuntural.
Santiago de Munck Loyola
