Los últimos acontecimientos
ocurridos en Cataluña parece que vienen a certificar que ni nuestra
Constitución de 1978 ni nuestra clase política son capaces de responder a las
necesidades del conjunto de los ciudadanos españoles. La crisis del sistema
político es ya endémica y lo ocurrido en Cataluña el 1 de octubre es sólo una prueba
más de esa circunstancia, pero no es la única, ni la primera. Lo ocurrido el 1
de octubre tiene su origen inmediato en no haber aplicado el Artículo 155 de la
Constitución y había sobrados motivos para ello. En días se producirá la
declaración unilateral de independencia y ya dará lo mismo el Artículo 155 y
sólo quedará el Artículo 8.1 “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército
de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la
soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional” al que aferrarse. El Gobierno de España tenía y
tiene la obligación legal de actuar antes de que se vuelva a perpetrar otro
delito. No hay otro camino: aplicación del Artículo 155 y convocatoria de
elecciones autonómicas y generales simultáneas porque la campaña ya está hecha
y aquí ya se ha retratado todo el mundo.
Padecemos una crisis territorial y una
profunda crisis institucional que ya afloró con ocasión del 15 M. La Constitución
de 1978 fue el resultado de la voluntad mayoritaria de encontrar un punto de
encuentro en el que la convivencia entre todos, izquierda y derecha,
centralistas y autonomistas, fuera posible.
Es evidente que la Constitución
dejó importantes flecos sin resolver e importantes carencias que con el paso de
los años se han agravado. Al amparo de la misma y de las leyes emanadas de la
misma (Estatutos de Autonomía, Ley electoral, ley de partidos políticos, etc.)
se ha desarrollado toda una clase política que depende económicamente de los
partidos y de sus intereses y de las cuotas de poder territoriales que ha
impedido que el sistema político construido a partir de la Constitución contara
con los elementos necesarios para establecer contrapesos a los distintos
poderes y con los mecanismos legales imprescindibles para le propia
regeneración del sistema.
El resultado es una clase
política que, incapaz de ganarse la vida en el ámbito de la sociedad civil,
ocupa el poder a todos los niveles no por méritos técnicos o intelectuales,
sino por su sumisión a los intereses partidistas, a las estructuras políticas.
Nunca la mediocridad había alcanzado tan altas cotas de poder. Otros, han hecho
del conflicto territorial y del victimismo su modus vivendi. Los reyezuelos de
las Taifas. Ni a unos ni a otros les interesa llegar a la raíz del problema
porque supondría acabar con su propio medio de vida y viven mejor instalados en
el conflicto.
El Estado de las Autonomías ha
demostrado su incapacidad para asegurar la igualdad entre todos los españoles y
su imposible sostenibilidad económica y financiera. Hay que recordar que desde
el frustrado intento de armonizar el proceso autonómico a principio de los 80
con la LOAPA no se ha hecho ningún esfuerzo por racionalizar las autonomías y
por ponerlas al servicio del ciudadano en lugar de al servicio de la clase
política. Nuestros impuestos se destinan a sostener un sistema político caro e
ineficiente y nuestros políticos anteponen su sostenimiento al aseguramiento,
por ejemplo, de nuestras futuras pensiones. Es una realidad fácilmente
constatable. En España se fabrican más leyes y reglamentos anualmente que en
cualquier otro lugar del mundo porque, al final, la soberanía nacional, la
soberanía del pueblo está fragmentada en 17 trozos.
El no acometer a tiempo las
carencias y defectos de la Constitución nos ha traído hasta aquí. Muchos
apuestan ahora como solución para el conflicto secesionista por el diálogo. Y
se equivocan. A los secesionistas no les interesa dialogar porque su objetivo
no es encontrar un modelo de encaje constitucional, su objetivo es la
independencia y punto. No es posible además dialogar con los golpistas, con los
delincuentes porque hacer supone no sólo quebrar los fundamentos del estado de
derecho sino abrir la puerta a la insumisión ciudadana en cualquier otro
ámbito. Sería tanto como consagrar el derecho exclusivo de la clase política a
violentar la legalidad sin consecuencias penales.
Ya no vale que a partir de
negociaciones y acuerdos entre los partidos alcancen un consenso temporal para
confeccionar un parche constitucional y después preguntarnos a todos los
ciudadanos si damos un sí, un no o nos abstenemos. No, no vale. Otro apaño de
esta clase política para mantener sus privilegios, para prolongar la agonía de
un sistema político y constitucional en estado terminal por culpa de sus
intereses de casta no es de recibo.
Yo quiero un referéndum, un
referéndum nacional antes de que los partidos, la casta, toquen la Constitución
y que nos pregunten previamente si queremos un Estado, unitario, autonómico o
federal, si queremos una monarquía o una república, si queremos la igualdad
real de derechos y obligaciones para todos los españoles o preferimos el
mantenimiento de privilegios según el territorio de que se trate, si queremos
una Justicia verdaderamente independiente o si preferimos con el sistema actual
y si queremos mecanismos de regeneración democrática o que todo siga igual. No
hay otro camino que preguntar a todos los españoles sobre estos asuntos básicos
si queremos evitar un nuevo pasteleo cocinado a espaldas del pueblo para que
después nos lo presenten como un trágala. Yo quiero un referéndum nacional
porque no hay otro camino para que esta gran Nación que es España siga
siéndolo. Ya va siendo hora de que esta clase política incapaz, mediocre,
cobarde o traidora quite sus sucias manos del presente y del futuro de España.
Fdo. Santiago de Munck Loyola
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