Todos somos conscientes de que el
problema territorial exige un pacto de Estado y una reforma de la Constitución.
Sin embargo no existe el más mínimo consenso entre las principales fuerzas
políticas sobre la dirección que ha de tomar dicha reforma constitucional y es
evidente que no existe más que una alternativa con dos opciones contrapuestas:
o se profundiza en la descentralización, que es tanto como persistir en la
causa de los problemas territoriales actuales, o se opta por reforzar las
competencias del Estado, lo que temporalmente puede soliviantar a los
nacionalistas/independentistas. Buena parte de la izquierda se inclina por la
primera opción resumida en más autonomía o federalismo, suponiendo erróneamente
que con ella se contentarán los nacionalistas/independentistas. Nada más
alejado de la realidad, su hipotética aceptación sólo tendría un carácter
temporal e instrumental para disponer de más medios públicos para acabar
precisamente con la unidad de España. En el espectro político de la derecha la
opción del refuerzo de las competencias del Estado cuenta con dos variantes: la
de quienes directamente pretenden acabar con el Estado de las autonomías y la
de quienes prefieren reformarlo de modo que el Estado vuelva a asumir
determinadas competencias para garantizar una igualdad básica entre todos los
españoles.
Sea como fuere, lo cierto es que
mientras no se establezca un consenso básico sobre la orientación que ha de
tomar la reforma del modelo territorial es imposible que a corto o medio plazo
pueda producirse una reforma de la Constitución y del propio estado de las
autonomías. Sin embargo, es posible reconducirlo, racionalizarlo y hacerlo más
solidario y eficiente sin tener que esperar a que la actual clase política
acuerde su reforma constitucional. Hoy, una gran parte de los ciudadanos está
insatisfecha con el funcionamiento de las autonomías porque son caras,
ineficientes en muchos aspectos, complican la vida económica y social de los
ciudadanos y duplican innecesariamente servicios públicos. Son la clase
política y la partitocracia los más interesados en su mantenimiento en sus
actuales términos, no los ciudadanos. Lo que en un principio se vendió como una
descentralización administrativa se ha convertido en una descentralización
política y en una fragmentación de la soberanía nacional que lejos de
cohesionar a la sociedad española la ha dividido.
Necesitamos un estado moderno,
eficiente, capaz de garantizar los mismos servicios públicos para todos los
españoles con independencia del territorio en el que residan porque los
derechos no son de los territorios, son de las personas. Necesitamos un estado
que no levante barreras internas al mercado ni a las personas y que, al mismo
tiempo, avance hacia la armonización de derechos y obligaciones con nuestros
socios europeos. Y, desgraciadamente, las autonomías, en manos de políticos
mediocres, han avanzado en la dirección contraria levantando toda clase de
muros que obstaculizan el funcionamiento del mercado interior y la cohesión y
movilidad social. El centro del debate no puede seguir siendo más o menos
competencias o descentralización para las autonomías, sino que en la sociedad
de las comunicaciones y de la informática debería centrarse en la búsqueda y el
establecimiento de mayores cuotas de decisión de los ciudadanos sin el filtro
de una clase política cuyos intereses parecen alejarse cada día más de los
intereses del pueblo al que pretenden representar, aunque el desarrollo de esta
idea no es ahora el objeto de estos artículos.
En este contexto y mientras siga
vigente el actual modelo territorial, una provincia como Alicante no puede
seguir sometida por inercia o por sentimentalismo a un estatus autonómico que
claramente le perjudica. El balance de la pertenencia de Alicante a la
Comunidad Valenciana, tras 36 años de autonomía, es francamente negativo. Las
cifras y los datos están ahí para comprobarlo. Hoy la provincia de Alicante es
más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años. Y este dato
solo tiene una interpretación: la Comunidad Valenciana, como ente político y
administrativo territorial, ha fracasado porque no ha logrado la convergencia
económica y social de sus territorios, de las tres provincias que la integran,
sino que ha ensanchado la brecha entre Alicante, que ahora es más pobre, y las
otras dos provincias. Se trata de un problema que es imprescindible reconocer
como tal y, en consecuencia, proponer soluciones al mismo. Es muy curioso, pero
cuando la izquierda está en la oposición alza la voz denunciando que nuestra
provincia está discriminada por la Generalidad Valenciana y cuando es la
derecha la que se encuentra en la oposición denuncia exactamente lo mismo. 36
años de fracaso autonómico en nuestra provincia han sido más que suficientes
como para que nuestra clase política provincial hubiera puesto ya sobre la mesa
algo más que lamentos y denuncias, para que hubiera aportado soluciones. Pero
no ha sido así. Los disfrazados de alicantinistas en la oposición en cuanto
tocan poder en Valencia se olvidan de su tierra y de su gente. Y cuando llegan
a Madrid no digamos.
Santiago de Munck Loyola
