Si hay un bien de incalculable
valor que poseemos los ciudadanos españoles, ése es precisamente el idioma
español. Es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan
como lengua materna tras el chino mandarín, la hablan 572 millones de personas y
puede ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de hablantes
tras el chino y el inglés. El español es la tercera lengua más usada en la
comunicación internacional después del inglés y del francés, siendo la tercera lengua
más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación
y también la tercera lengua con más usuarios de Internet, tras el chino y el
inglés.
Sin embargo, en España no sólo no cuidamos debidamente este tesoro
especialmente maltratado en muchos medios de comunicación, sino que además en
muchas Comunidades Autónomas determinados políticos han convertido al español
en una pieza de caza a abatir.
A lo largo de las últimas
décadas, los independentistas, los enemigos de la nación española, han ido
construyendo un relato falso de la historia y presentan día a día una visión
igualmente distorsionada del presente para inculcar en el imaginario colectivo la
singularidad comunitaria, el victimismo y, consecuentemente, la necesidad de la
independencia. Han sido décadas en las que, de una parte, el control de la
educación, cedido por el Estado, ha sido determinante para moldear a las nuevas
generaciones y, de otra, el control de los medios de comunicación regados con
ingentes recursos públicos ha servido para difundir un mensaje permanente al
servicio de su causa.
Y en este contexto el uso del
idioma ha sido clave para construir un relato sectario y una nueva realidad
acomodada a los objetivos políticos separatistas. La progresión en la
existencia de unos más que discutibles conflictos lingüísticos ha sido
perfectamente diseñada siguiendo una lógica y progresiva estrategia de
reivindicación, confrontación y, finalmente, de exclusión del español como
lengua común de todos los ciudadanos. Mientras
que el uso de los idiomas como instrumento de confrontación ha sido perfectamente
instrumentalizado por los separatistas, las demás fuerzas políticas y la
mayoría de la población han ido cediendo posiciones en aras de una malentendida
corrección política e incluso de supuesto progresismo. Lo que ocurre en España
en torno al español es inconcebible en ninguno de los países de nuestro
entorno. Nadie en su sano juicio admitiría que en Francia, en Italia, en
Portugal o en Alemania no se pueda estudiar en la lengua materna, que el
estado, a través de las autonomías, imponga en los estudios el uso vehicular un
idioma regional. Si le cuentas a un británico que hay territorios españoles en
los que un médico no puede pertenecer a la sanidad pública si no habla catalán
no saldrá de su asombro. Paso a paso, territorio a territorio, los separatistas
avanzan. Primero Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, luego las Baleares y
ahora le toca a la Comunidad Valenciana.
Por todo ello, hoy más que nunca
es necesario proteger el español y es necesario hacerlo no sólo frente a los
separatistas que pretenden arrinconarlo, sino también frente a quienes por
dejadez o por sumisión se pliegan a los dictados de los primeros. Y esa defensa
pasa no sólo por exigir el derecho a elegirlo como lengua vehicular en
cualquier parte de España o por impugnar las imposiciones legales que priman
las lenguas regionales en el acceso a la función pública, sino también por
combatir hasta los más pequeños detalles como puede ser la rotulación de las
vías públicas e, incluso, el correcto uso del español por parte de los medios
de comunicación. Nos hemos llegado a acostumbrar a que en el uso del español se
incluyan palabras en catalán o valenciano no sólo en lo referente a los
topónimos, sino también en la denominación de las instituciones. Los políticos
podrán legislar que el nombre oficial de Guipúzcoa es ahora Gipuzkoa o el de
Lérida Lleida, pero cuando uno se expresa en español seguirán siendo Guipúzcoa
y Lérida. Del mismo modo, el Síndic de Greuges es el Síndico de Agravios, el
Conseller es el Consejero y la Generalitat, la Generalidad. Y no puede servir
de excusa el que las denominaciones oficiales sean en valenciano. Igual de
ridículo debería ser que un periódico titule que la “Queen Isabel sale de
London” a que titule que “La Consellera de Sanidad de la Generalitat desoye al
Síndic de Greuges”. Es hora de levantar la cabeza, de abandonar complejos y de
reivindicar el valor de nuestra lengua común.
Santiago de Munck Loyola
