La hipoteca valenciana de Rajoy y cía.

El afloramiento de parte de la escandalosa trama de corrupción organizada en torno al Partido Popular de la Comunidad Valenciana no podía haberse producido en peor momento para las aspiraciones de los populares de seguir en el Gobierno mediante acuerdos con otras formaciones políticas. Son muchos años seguidos de corrupción política y económica como para que al final no terminase por explotar la olla en la cara de los dirigentes nacionales del Partido Popular. A la trama Gürtel, hay que sumar ahora el asunto de Aquamed y el del Sr. Rus y su cuadrilla. Y no se trata sólo de que algunos desaprensivos utilizasen el poder para llenarse los bolsillos a costa de los contribuyentes, sino que, además, lo utilizaban para financiar al propio partido que los había encumbrado, sin el aval de los militantes, a esos puestos de poder. Muchos lo sabían y callaban. Muchísimos lo sospechaban, y salvo denuncias aisladas, también callaban. Y es que cuando un partido prescinde de la voluntad de sus afiliados a la hora de seleccionar a sus cargos públicos, cuando una maquinaria partidista endogámica y pesetera se nutre y nutre en parte a las instituciones públicas de amigotes, familiares, chulos, golfos, indocumentados, advenedizos, medradores e incompetentes pasa lo que pasa. No es un secreto que muchos han usado los cargos públicos para su beneficio personal y también para el beneficio político de la cúpula del Partido Popular. De lo primero estamos viendo estos días un pequeño botón de muestra. De lo segundo, se pudo ver y comprobar cómo se usaron los presupuestos de la Generalidad Valenciana para presionar a Alcaldes y Concejales populares para que avalasen la candidatura de Rajoy en 2008.

Señalan algunos medios de comunicación que en Génova están sorprendidos y escandalizados por las noticias que están apareciendo estos días sobre la corrupción en el PPCV. Pues será porque quieren o será una simple y obligada pose porque lo cierto es que mientras el PPCV era poderoso y aportaba avales y votos ignoraron, hasta la vulneración de sus propios estatutos, las denuncias y las firmas que algunos militantes de la Provincia de Alicante les hicimos llegar. Es más, la Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, ni siquiera se dignó a contestar a los escritos en los que se denunciaba la falta de democracia interna del PP alicantino, la mala imagen del mismo y la necesidad de una profunda regeneración. Y cuando un pequeño grupo de militantes iniciamos un modesto movimiento en pro de la regeneración, cuando pedimos el examen de las cuentas electorales alicantinas del 2007 y 2011 y fuimos fulminantemente expulsados del PP, tras un expediente instruido por un diputado imputado por corrupción, ni siquiera tuvo la decencia de contestar a nuestro recurso el Comité Nacional de Garantías del Partido Popular del Sr. Rajoy. En Génova, desde el Presidente Nacional, pasando por la Secretaria General hasta la última secretaría, sabían o debían saber, porque denuncias no les faltaban, que algo olía a podrido en el PPCV y en el PP de Alicante. Así que ahora mejor que no se hagan los sorprendidos, que los demás no somos tontos. No tocaron al PPCV porque tenían una deuda política con él.

Los populares presumen de que a lo largo de la pasada legislatura aprobaron decenas de iniciativas para combatir la corrupción. Pero olvidaron lo básico: empezar por limpiar su propia casa. Como señalaba hace poco un periódico basta recordar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno fue defendida en el Congreso  por Pedro Gómez de la Serna, que ahora tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por cobrar comisiones ilegales presuntamente a empresas españolas para hacer negocios en el extranjero. Este señor dijo entonces desde la tribuna del Congreso: "con las 70 medidas que este Gobierno ha puesto en marcha habrá mucha menos corrupción en España de la que hubo después de que ustedes dejaran el Gobierno. No se trata señorías del y tú más, no se trata de ver qué partido ha padecido y ha sufrido más bochorno por hechos relacionados con la corrupción, pero sí se trata de ver quién cuando llega a las responsabilidades del Gobierno ha hecho más por combatirla. Y en ese tema, señores del Partido Socialista, lo digo con toda humildad, no nos llegan ustedes ni a la suela del zapato". Y se quedó tan fresco.

La corrupción no es un fenómeno exclusivo de gente del PP, ni ADN ni gaitas. Y, si no, que se lo digan a los socialistas y a los sindicatos de los ERES, a los convergentes catalanes y sus pujoles o a los nacionalistas vascos con el caso “De Miguel”. Pero es evidente que cúpula del PP no ha sabido ni querido reaccionar a tiempo en los casos que afectan al partido y que no ha dado ni un solo paso para democratizar internamente al partido y, con ello, legitimar el acceso y el control por las bases de sus militantes a los cargos públicos. Por negligencia y por omisión la cúpula del Partido Popular está tocada por estos casos de corrupción. Y deberá rendir cuenta por ello y, consecuentemente, por poner a España en una difícil situación de gobernabilidad.

Santiago de Munck Loyola

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El Partido Popular una vez más en la picota.

Una vez más, y no será la última, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está siendo el centro de todas las miradas por un nuevo caso de corrupción de enormes proporciones.

Una vez más, y no será la última, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está abochornando a sus decenas de miles de honrados militantes y a los cientos de miles de votantes que lo respaldan en las urnas.

Una vez más, y no será la última, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que expulsó de sus filas a decenas de afiliados honrados y críticos con todo lo que se veía venir y con los que aún no se ha disculpado, se limitará a cubrir el expediente, a hacer un poco de teatro, a entonar el “y tú más” y a no abordar el verdadero problema de fondo, la causa que origina tantos casos de corrupción que no es otra que la ausencia de una auténtica democracia interna.

Hoy, el antaño todopoderoso Alfonso Rus, ex presidente del PP valenciano, ex presidente de la Diputación de Valencia y ex alcalde de Játiva ha sido detenido por la Guardia Civil, junto con otras 23 personas, en el marco de la operación “Taula” que investiga una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana y que, al parecer, ha perpetrado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Se investiga también la posible financiación irregular (una vez más) del PP valenciano. De momento hay 24 detenidos entre los que se encuentran también Emilio Llopis, que era jefe de gabinete de Rus en la Diputación de Valencia, María del Carmen García Fuster, actual secretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Juan José Medina ex alcalde popular de Moncada y ex vicepresidente de la Diputación, María José Alcón, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, antigua asesora de Rita Barberá y  casada con Alfonso Grau, el ex vicealcalde de Valencia que está siendo juzgando por el caso Nóos. Como puede apreciarse además, el nepotismo como seña de identidad del PPCV está más que presente en este caso.

Una vez más, y no será la última, los ciudadanos con ideas centristas, de derechas, regeneradores y defensores de la libertad, la ejemplaridad y el progreso saben y son conscientes de que con este Partido Popular no se puede ir ni a la vuelta de la esquina. Un partido que ha traicionado reiteradamente sus compromisos electorales, que ha renegado de sus principios políticos, que ha olvidado a sus afiliados y votantes no merece ni tan siquiera el menguante espacio electoral que muchos electores le han regalado en las últimas elecciones generales. Tan sólo el miedo al triunfo de esta alucinada izquierda “plurinacional” que con tanto ahínco han venido cultivando poderosos medios informativos empresariales sostiene el amplio voto que aún recibe el Partido Popular. ¡Triste realidad y funesto destino el de un partido que fía su triunfo electoral no a la ilusión de sus votantes sino al miedo más primitivo!

No son pocos los dirigentes políticos, algunos todavía en las filas populares, los que claman ya por una refundación del Partido Popular, por una recomposición del centro derecha español que cierre una negra etapa y ponga en marcha un nuevo proyecto nacional integrador, moderno, abierto y renovador capaz de hacer frente a los enormes desafíos que España, como nación y como sociedad occidental, tiene planteados en estos momentos. Dar ese paso sí que sería una auténtica muestra de patriotismo, lo demás pura palabrería.

Santiago de Munck Loyola

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Tres Diputaciones, tres marrones, un mismo PP.

¿Qué tendrán algunas Diputaciones para generar tanta porquería? ¿Qué tendrán para atraer a tanto desaprensivo? De todo, pero quizás las preguntas adecuadas serían ¿qué tiene el PP para que produzca tanto pirata de la política? ¿Qué tiene el PPCV para que en su seno prosperen y sean elevados a los puestos de más alta responsabilidad señores como Joaquin Ripoll, Carlos Fabra o Alfonso Rus?

A la vista está que algo muy serio falla en la estructura de un partido cuando coloca a presidir las tres Diputaciones de la Comunidad Valenciana a “políticos” que han terminado siendo protagonistas de titulares periodísticos y no precisamente por sus excelencias en la gestión de estas administraciones públicas. El PPCV ha conseguido que las tres Diputaciones de nuestra Comunidad, Castellón, Alicante y Valencia, se hayan convertido en motivo de escándalo y vergüenza para todos los ciudadanos, para los sufridos contribuyentes cuyos impuestos se han convertido en botín de los “elegidos” del PP. Estos abnegados trabajadores de lo público no tenían suficiente con disfrutar y abusar de coches oficiales de alta gama (un abuso insoportable), de chófer las 24 horas del día, de retribuciones más que generosas habida cuenta su preparación para el cargo, de tarjetas visa para convites y regalos y de todo el boato asociado a las instituciones que presidían o presiden, sino que, además, al amparo de la misma todo indica que se han buscado unos “extras” para mitigar su duro sacrificio en pro de la ciudadanía.

Las Diputaciones en España son administraciones locales sin elección directa de sus gestores, Presidentes y Diputados provinciales no son elegidos por los ciudadanos en las urnas ni se someten, por tanto, al escrutinio de las mismas cada cuatro años. Los Presidentes y Diputados provinciales son designados por los partidos políticos entre los concejales electos en la provincia. Por tanto, la composición de la Diputaciones obedece exclusivamente al reparto de cuotas de poder en el interior de los partidos políticos y no al interés general, ni a las preferencias directas de los votantes. Constituye evidentemente una anomalía el hecho de que unas administraciones públicas que mueven miles de millones de euros cada año escapen al control democrático de los votantes. Siendo así, es evidente que el espectacular resultado de las tres diputaciones de nuestra Comunidad obedece exclusivamente al juego interno de poderes en el seno del PPCV. ¡Vaya intereses!

Y si al déficit de legitimidad democrática de las Diputaciones sumamos la ausencia de democracia interna en algunos partidos políticos, como el PPCV, logramos el cóctel perfecto para que se produzcan los escándalos como los que estamos conociendo. Cuando los afiliados de un partido no tienen nada o muy poco que decir a la hora de designar a sus candidatos tampoco pueden controlarlos. Cuando el principal mérito para ser candidato o para ser designado en puestos de responsabilidad política no es el apoyo de las bases del partido, ni la preparación intelectual, ni la trayectoria profesional, sino el amiguismo, el nepotismo o el tráfico de influencias es normal que terminen aterrizando en los puestos de responsabilidad un gran número de incompetentes o de aprovechados, de gente sin formación o sin escrúpulos.

Seguramente muy pocos afiliados del PP de Alicante habría elegido a la actual candidata a la Alcaldía para ese puesto y menos siendo prima del Secretario Provincial del partido y seguramente ninguno habría elegido como número tres de esa candidatura municipal a un señor de Teulada, el Sr. Ciscar, que ni vive ni trabaja en la ciudad, que se ha caracterizado en su gestión autonómica por discriminar presupuestariamente a la provincia y a la ciudad de Alicante, y cuyo objetivo declarado no es servir a los vecinos de la ciudad, sino servirse de ellos para marcharse, precisamente, a intentar presidir la Diputación provincial, ese oscuro objeto de deseo, ese “marrón” en el balance político del PPCV.

Santiago de Munck Loyola

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Elecciones europeas: un varapalo especial en el Levante.

El varapalo que los resultados electorales han supuesto para la clase política española y, en especial, para los dirigentes de los dos grandes partidos políticos empieza a tener consecuencias. Los primeros en reaccionar y en asumir las responsabilidades por los resultados electorales han sido los socialistas cuyo líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha convocado un congreso extraordinario de su partido y ha adelantado el proceso de primarias. Lo ha hecho incluso reconociendo, por primera vez y en contra del discurso que ha venido manteniendo, que el fracaso socialista como alternativa es consecuencia en gran parte de los daños producidos a muchos españoles durante la etapa de gobierno de su partido. Y esta actitud es, sin lugar a dudas, un buen comienzo para intentar reconstruir una alternativa política sólida y creíble de cara al futuro.

Muy diferente es, sin embargo, la actitud del otro gran castigado por los resultados electorales, el Partido Popular. Da la sensación de que el hecho de haber ganado es más que suficiente para intentar minimizar la realidad de una victoria que ha supuesto la pérdida de 8 escaños sobre 24 y la fuga de 2.500.000 votos. Salvo alguna llamada a la reflexión interna, como si fuese tan difícil entender por qué se ha producido este fuerte castigo, y salvo alguna autocrítica más seria como la de la Presidenta popular madrileña, Esperanza Aguirre, que ha estado una vez más absolutamente certera en su análisis y en sus propuestas para enderezar la situación, lo cierto es que poco más se ha podido escuchar de interés de los dirigentes populares. Es más, algunos de ellos parecen empeñados en no querer enterarse de lo que pasa y de culpar el empedrado. Es el caso, nada menos, de la propia Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, que su supuesta llamada a la reflexión ante lo que es mucho más que un simple toque de atención de los votantes se limitaba a hacer autocrítica sobre la “forma de comunicar” del partido a los ciudadanos las actuaciones del Gobierno. Es decir, que a su juicio, el principal problema del PP es que no comunica bien con el ciudadano y que por eso éste no entiende bien lo que hace el gobierno. ¡Acabáramos! La culpa, en el fondo, es del votante que no termina de sintonizar. Pues bien, se equivoca una vez más la Sra. De Cospedal y todos los demás dirigentes populares que no son capaces de asumir y expresar públicamente lo que es una realidad incontestable: buena parte de los votantes populares se han quedado en casa precisamente porque entienden bien, perfectamente bien, lo que está haciendo el Partido Popular en el gobierno. Se han quedado en casa o han elegido otras opciones políticas porque entienden que el PP no sólo no está cumpliendo el programa electoral, que hasta hace muy poco era “vendido” como un contrato entre el candidato y el votante, sino que, además, está traicionando los propios principios que siempre han inspirado al Partido Popular. Así de claro y de sencillo.

Y la misma falta de reacción y de autocrítica que se aprecia en el PP nacional se observa en la Comunidad Valenciana, en el PPCV, donde el varapalo ha sido aún mayor. La desafección ciudadana y en especial la del votante popular que algunos, por cierto, veníamos anunciando hace tiempo como consecuencia de la escandalosa tolerancia de los dirigentes del PPCV ante los innumerables casos de corrupción que le salpican se ha puesto de manifiesto con especial fuerza en nuestra tierra. Así, mientras el PP ha perdido una media del 16 % de sus votos en toda España, en la Comunidad Valenciana esa pérdida de votos se ha elevado hasta el 23 %. Este castigo electoral no es casual. Su origen está en la política de un PPCV escasamente democrático, controlado por rancias camarillas, en el que el afiliado no cuenta para nada y en el que la democracia interna no existe lo que ha producido, como era de esperar, una delirante política que ha arruinado a la Comunidad Valenciana y un cúmulo de casos de corrupción a los que nadie ha sido capaz de poner freno. 

Cerca de 500.000 ciudadanos de la Comunidad Valenciana han decidido no volver a depositar en estas elecciones su confianza en este PPCV y no vale achacarlo exclusivamente al desgaste provocado por las medidas del Gobierno de Rajoy porque la pérdida de votos es casi un tercio más a la media nacional. La fuga de estos 500.000 votantes es mérito también y ganado a pulso por Alberto Fabra, un líder artificial y sin palabra, por Serafín Castellano, por Javier Moliner, por Alfonso Rus, la personificación de la sutileza política y el pluriempleo, por José Ciscar y su acólito, JJ Zaplana, el dúo protector de imputados, y por la larga ristra, hasta 127, de cargos públicos populares imputados en diferentes casos de corrupción. Esos son los responsables del varapalo electoral levantino y, con seguridad, ninguno de ellos tendrá la decencia de dimitir. 

Lo más sorprendente es la capacidad de resignación y de lealtad hacia unas nobles siglas secuestradas por semejante tropa que no se merecen los 507.000 votos recibidos. Sin autocrítica, sin reacción positiva, sin regeneración política terminarán esfumándose estos votos también. Han dejado el campo del centro derecha alicantino, que es lo que nos toca más de cerca, hecho unos zorros y todavía no se ha estructurado una nueva opción política, a la vista de los resultados del pasado domingo, capaz de resucitar la confianza ciudadana en unos principios e ideales que siguen siendo sociológicamente mayoritarios en la provincia. Pero pronto van a cambiar las cosas.

Santiago de Munck Loyola

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Sobre imputados y procesados.

Hace pocos días, Alfonso Rus, Presidente Provincial del PP de valencia, a propósito de la sesión de control en Las Cortes Valenciana que se convirtió casi en un monográfico sobre el diputado Rafael Blasco,  defendió, por un lado, la presunción de inocencia del parlamentario imputado en el “caso Cooperación” y, por otro, dejó caer que no era libre en el PP para decir lo que piensa al respecto. Así, manifestó que discrepa de los planteamientos del Presidente Regional con su doctrina sobre los imputados y dejo que “Creo en la presunción de inocencia y hasta que el juez no diga lo contrario creo que las personas son inocentes”.

Por su parte, hoy lunes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha señalado que es "fundamental" una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el consenso de todos los partidos, para establecer que ninguna persona con "indicios" de haber cometido "delitos pueda estar presente en ninguna institución". Según Fabra esta reforma debe garantizar que "esa necesaria tranquilidad pueda estar presente en la sociedad" ya que ha constatado "la desafección" que produce entre la ciudadanía con respecto a los políticos los casos de corrupción. Ha insistido en que manteniendo el derecho a la presunción de inocencia trata de establecer "una línea roja" en que la que "los imputados no tengan responsabilidades" en el partido. Y ha insistido en que "el tema de las imputaciones y de los procesados" debe abordarse "a nivel nacional".

Se mire por donde se mire, lo cierto es que pocas herencias más envenenadas habrá que la recibida por el Presidente Fabra. De una parte, una administración autonómica sumamente endeudada a la que la crisis ha cogido con los “deberes” sin hacer o mal hechos. De otra, un partido fracturado por viejas rencillas personalistas, aún hoy soterradas, y un pavoroso panorama de escándalos de corrupción repartidos entre distintas administraciones y empresas públicas que culminan en un grupo parlamentario con nueve miembros imputados y algunos incluso procesados. Es cierto que el Presidente Fabra está intentando abordar de forma directa ambos frentes, el de la administración regional y el del partido, pero no es menos cierto que estos esfuerzos no están encontrando el suficiente eco y el reconocimiento público por parte de la mayoría de los electores, tal y como señalan las encuestas.

No es un tema fácil de abordar el de los políticos imputados o procesados en casos de corrupción. Simplificar en exceso las soluciones supondría con seguridad un error y una injusticia. Ambos líderes, Rus y Fabra, abordan el problema principalmente desde una perspectiva jurídica. De una parte. Es indudable, de acuerdo con nuestro estado de derecho, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y, en sentido estricto, no le falta razón al Presidente Rus cuando afirma que hasta que no exista una sentencia firme es preciso sostener la presunción de inocencia. Pero, la aplicación de este principio equivaldría a sostener que hasta que no se agote el último recurso procesal no se podría exigir la renuncia, no ya de un imputado o procesado, sino de un condenado en primera instancia. Cabría objetar que incluso el delincuente sorprendido in fraganti es inocente hasta que no haya sentencia firme, aunque se le haya encontrado junto al cadáver y con el cuchillo en la mano.

De otra parte, el Presidente Fabra aboga por una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, consensuada entre todos los partidos, para delimitar el momento en que el imputado o procesado en un caso de corrupción debería abandonar sus responsabilidades institucionales. Nuevamente, se trata de una consideración de índole jurídica cuya resolución no se vislumbra, hoy por hoy, muy cercana y, menos aún, con un amplio respaldo parlamentario.

Sin embargo, no se trata de ofrecer hoy una respuesta jurídica porque lo que hay delante es un problema esencialmente político, no jurídico. La desafección que los ciudadanos muestran ante la clase política a causa de los casos de corrupción es un problema de carácter esencialmente político, no jurídico, y por ello requiere, en primer lugar, respuestas políticas. Y respuesta política es la que el Presidente Fabra ha venido sosteniendo, aunque de forma insuficiente, a este problema político al plantear el trazado de una “línea roja” en virtud de la cual un imputado no puede ostentar responsabilidades orgánicas dentro del Partido Popular. Sin embargo, esta respuesta política, que en si misma ya es positiva, parece insuficiente a la hora de “visualizar” ante los ciudadanos la persecución de conductas reprochables. No hace falta ninguna reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal para reforzar esa línea roja y ganar credibilidad. Se puede hacer excluyendo del los Grupos Populares municipales o de las Cortes a aquellos cargos públicos que estén imputados o procesados. No es fácil, pero hoy en día parece los más ejemplarizante que con las normas existentes en la mano se puede hacer. Si alguien por su situación procesal no es digno de ocupar un cargo orgánico del PP tampoco debería permanecer en un Grupo Municipal del PP. Eso sería lo coherente. Y hay que destacar que se hace un flaco favor a la política del Presidente Fabra hechos como condicionar la democracia interna del propio partido, es decir, los derechos de miles de militantes, a la situación judicial de personas concretas como ocurre en la ciudad de Alicante. Eso es dinamitar las líneas rojas.

Santiago de Munck Loyola

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