Menos para Mas.

Lo bueno de los escrutinios de cualquier proceso electoral es su capacidad de poner de acuerdo, por una vez, a todos los partidos políticos que participan en el mismo. Bueno, maticemos, a casi todos. A la hora de hacer balance parece que todos han ganado las elecciones, todos están casi satisfechos y algunos, incluso, eufóricos aunque la realidad sea bien distinta.

Buen ejemplo de ello han sido las últimas elecciones autonómicas de Cataluña. Y es que el que no se consuela es porque no quiere. Y el que bate todas las marcas es el Sr. Arturo Más. ¡Qué lince! Venga a adelantar elecciones y, con ello, a liquidar a su propio partido político, Convergencia Democrática de Cataluña. Por si no fuera poco tener las sedes del partido embargadas encima menos diputados autonómicos. En 2010 tenían los convergentes 62 escaños, en 2012 bajaron a 50 y ahora tras el 27-S se han quedado en 29 escaños. Un fenómeno Arturito. Si se aplicase con el mismo esmero a rebajar la deuda pública catalana otro gallo cantaría.

Otros que parece que andan muy contentos son los de Esquerra Republicana a pesar de que han pasado de tener 21 diputados obtenidos en el 2012 a quedarse en 18 escaños. Para aclararnos, en 2012 la suma de diputados de ERC y Convergencia era de 71 y tras el 27-S es de 47. Todo un logro. Así que a los 29 escaños de CDC y a los 18 de ERC hay que sumar los 13 de independientes y 2 de dos minipartidos para completar los 62 que ha obtenido la candidatura independentista de Juntos por el Sí. Es lo que se dice hacer un pan como unas ostias.

No importa. Echan las campanas al vuelo porque sumando los 10 de la CUP, independentistas, llegan a los 72 escaños y parecen olvidar que en 2012 la suma de Convergencia, ERC y la CUP era de 74 escaños. Si eso no significa que hay ahora menos diputados independentistas que hace tres años que venga Dios y lo vea.

Los socialistas también andan más contentos que unas castañuelas. Pensaban, y así lo decían las encuestas, que se iban a pegar un batacazo por la irrupción de los podemitas y, al final, solo han perdido cuatro escaños, pasando de 20 a 16. Exitazo. Ya se ven en la Moncloa pactando, si hace falta, hasta con el diablo, con o sin coleta.

¿Y los podemitas? Parece que el Sr. Pablo Iglesias no anda muy satisfecho. Han obtenido 11 escaños pero lo cierto es que pese a haber fagocitado a la versión catalana de Izquierda Unida, los podemitas no han sido capaces de alcanzar los 13 escaños que aquellos obtuvieron en 2012. La digestión ha debido ser demasiado pesada para tan escaso cuerpo político.

Por su lado, los populares son, dígase lo que se diga, otros de los grandes perdedores de la jornada electoral. Pasan de 19 a 11 escaños. Con todo, las encuestas les habían otorgado un pronóstico de 4 o 5 escaños. Algún motivo de consuelo les queda a algunos.

Y si hay alguien que sí ha triunfado el 27-S es Ciudadanos, un partido de centro izquierda que ha sabido atraer el voto del centro derecha español en Cataluña. Se ha erigido como referente de unidad para muchos ciudadanos que no han querido revalidar su confianza en un Partido Popular cada vez más enrocado en sus posiciones.

Tras tanto ruido, pocas nueces. Poco ha cambiado en el panorama político catalán (respecto al eje independencia – no independencia) en relación a las elecciones autonómicas de hace tres años. Hay 2 diputados independentistas menos y el independentismo no alcanza el 50 % de los votantes. ¡Qué casualidad, le falta el 3%!

Lo que sí ha cambiado es la distribución del voto en el centro derecha catalán al producirse un importante trasvase de votos populares hacia un partido de centro izquierda como es Ciudadanos. Y ello puede ser especialmente significativo de cara a las próximas elecciones generales.

Santiago de Munck Loyola

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La vuelta.

No resulta fácil retomar la actividad de este Blog tras el descanso veraniego. No ha sido un verano política e informativamente típico. Todo lo contrario. Ha sido tal la avalancha informativa que resulta difícil destacar algo. Haciendo memoria hemos presenciado el aterrizaje en los Ayuntamientos y Gobiernos regionales de los temidos “podemitas” y sus socios en forma de tripartitos, cuatripartitos y toda clase de fórmulas antipeperas. Y se han hecho visibles los peores rasgos políticos de estos patés gubernamentales: sus fobias a muchas tradiciones y su odio a los símbolos constitucionales, su incalificable nepotismo evidenciado a la hora de colocar en los Ayuntamientos a maridos, sobrinos y toda clase de parentelas, su doble discurso sobre la casta en la que se han integrado a las mil maravillas y, sobre todo, su falta de programa y de propuestas razonables sustituida con toda clase de peregrinas ocurrencias (mamás limpiando los coles, patrullas de chivatos para la limpieza viaria, etc.).

Hemos presenciado también una inusual actividad política debida sobre todo por tres hechos que van a marcar el final de este convulso 2015. De una parte, el Gobierno del Partido Popular no quiere despedirse sin dejar aprobados los próximos Presupuestos Generales del Estado, sin aprobar la infumable reforma de la Ley del aborto que constituye un auténtico insulto a los votantes populares y un flagrante incumplimiento, como tantos otros, de su programa electoral y, por último, la reforma exprés del Tribunal Constitucional para “poder” hacer cumplir sus sentencias. Que las sentencias, incluidas las del Tribunal Constitucional, están para cumplirse es indudable; que ya existen mecanismos legales para hacerlo es posible; que reforzar esos mecanismos solo perjudica a quienes no las cumplen o no tienen intención de cumplirlas es indiscutible; que la el Partido Popular ha promovido la reforma del Constitucional tarde y mal es cierto y que, ante el desafío independentista, al PSOE y al resto de la oposición les falta patriotismo y grandeza de miras es incuestionable.

De otra parte, la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas para el próximo 27 de septiembre está convulsionando a toda la sociedad por el carácter plebiscitario que los independentistas están promoviendo y por los planes de declaración unilateral de independencia hechos públicos. Tiene lo suyo que este proceso independentista esté liderado por el partido del 3%, un partido tan corrupto que tiene hasta sus sedes embargadas. No cabe ninguna duda de que el conjunto de los españoles tenemos por delante un grave problema de difícil solución si no se respetan las leyes. Sea cual fuere el resultado electoral, el 28 de septiembre tendremos ante nosotros una sociedad catalana más fracturada y enfrentada que nunca y no será tarea fácil ni rápida curar la fractura. Se trata de un problema generacional que empezó a crecer día a día y ante la pasividad general cuando el Estado decidió dejar en manos de los independentistas algo tan básico y elemental como la educación. Durante 30 años se ha cultivado el victimismo, el odio a lo español, se ha falseado la historia y se sigue falseando la actualidad con la inefable colaboración de unos medios de comunicación públicos que censuran al discrepante como recientemente acaban de hacer con el Sr. Borrell a propósito de su libro "Las cuentas y los cuentos de la independencia". Unos y otros, sobre todo otros, hablan unas veces de federalismo y otras de reconocer constitucionalmente la “singularidad” de Cataluña como soluciones al reto del independentismo, el golpismo en cámara lenta del Sr. Mas y compañía. Claro que ni concretan esa supuesta fórmula federal, ni desarrollan esa simpleza del reconocimiento de la “singularidad” catalana. Porque, vamos a ver, la sociedad catalana es singular lo reconozca o no la Constitución, es una realidad sociológica que no necesita tal reconocimiento, pero es que, además, la singularidad catalana es tan real y tan evidente como pueda serlo, por citar una, la singularidad alicantina y a nadie son sentido común se le ocurre exigir tal reconocimiento constitucional para resolver los graves problemas de discriminación que Alicante sufre por parte del Estado central y del periférico, la Generalidad Valenciana.

Y el último hecho que cerrará políticamente este año pero que ha estado diariamente presente durante este verano es la convocatoria de las próximas elecciones generales. Todos calentando motores. El Gobierno aflojando la soga presupuestaria para arañar votos, como debe ser aunque si hubiese sido más decente con sus votantes no tendría tan malas expectativas. Y la oposición descalificando al gobierno por todas estas medidas como si un gobierno solo debiera aprobar medidas que le resten votos. Ridículo.

Y en medio de esta vorágine informativa política ha irrumpido con fuerza el drama de los refugiados musulmanes provenientes principalmente de Siria. No se trata de algo nuevo, no. Hace años que vienen muriendo centenares de personas ahogadas en el Mediterráneo, hombres, mujeres y niños. Pero pocos les han hecho caso. No sólo es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Ahora el drama llama a la puerta de la Europa rica y políticos y medios de comunicación se han volcado para sacudir las conciencias de unos europeos cada vez más escépticos acerca de la honestidad, compromiso y eficacia de sus instituciones comunitarias. Pero éste, el drama de los refugiados, merece una reflexión a parte.

Santiago de Munck Loyola

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PSOE y PSC, una relación imposible.

La votación en el Congreso, el pasado 26 de febrero, sobre la resolución a favor de la consulta independentista en Cataluña evidenció lo que muchos ya sospechaban desde hace tiempo que el PSOE ha dejado de ser un partido de ámbito nacional, de toda España, y, por tanto, ha dejado de constituir por si mismo una alternativa de gobierno. La ruptura del Grupo Socialista provocada por el alineamiento de los socialistas catalanes en el bando de los independentistas no es una buena noticia para la salud de nuestra democracia, todo lo contrario, se trata de un elemento más de preocupación y de estabilidad institucional que debería ser resuelto de la mejor manera y lo antes posible.

Pese a todos los intentos de edulcorar la posición de los socialistas catalanes manifestando que no están a favor de la independencia de Cataluña, sino sólo a favor de que se realice una consulta popular en Cataluña, y de que son partidarios de una España federal, lo cierto es que sus posiciones y sus actos coinciden milimétricamente con las estrategias rupturistas de los independentistas para quienes cualquier vulneración de la legalidad es válida siempre que se encamine hacia sus propósitos que no son otros que la independencia. Hoy, esta afirmación se ve confirmada por el hecho de que el Presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, ha decidido llevar a votación al Parlamento catalán, y a petición precisamente del Partido Socialista de Cataluña, la misma resolución a favor “del derecho a decidir” (es decir, de violentar la Constitución Española) que fue votada y rechazada por el Congreso de los Diputados la semana pasada y que evidenció la voladura intencionada del grupo socialista. Más claro el agua: los socialistas catalanes coinciden plenamente con las estrategias independentistas de Artur Mas y sus socios.

Es evidente que para los independentistas catalanes resulta indiferente lo que resuelva el Congreso de los Diputados porque, desde su perspectiva, no lo reconocen como depositario de la soberanía del pueblo. Parten de la existencia real, aunque aún no formal, de un sujeto político distinto y propio, de una nación diferente que excluye la existencia de cualquier otro sujeto político concurrente. Niegan por tanto la existencia del pueblo español como sujeto político soberano, tal y como se reconoce en el Artículo 1.2 de la Constitución Española, y consiguientemente de su representación institucional a través de las Cortes Generales, Congreso y Senado. Reclaman para si exactamente lo que niegan a los demás y lo hacen con el sentido propio de los movimientos excluyentes y totalizadores. Hay cierta involución conceptual en torno al alcance  del concepto de soberanía. Mientras las constituciones más modernas han ido sustituyendo el concepto de “soberanía nacional” por el de “soberanía popular o del pueblo”, los independentistas se aferran al concepto de nación y, por tanto, al de “soberanía nacional” estableciendo unos conveniente límites para sus intereses al mismo. El llamado “derecho a decidir” viene a ser un eufemismo para sortear el concepto de soberanía popular, la soberanía del pueblo español, establecido en Constitución de 1978 y del que emanan paradójicamente las actuales instituciones catalanas. Cabe preguntarse ¿quién tiene derecho a decidir? Y, sobre todo, ¿quién está legitimado para señalar quienes sí y quienes no tienen derecho a decidir? ¿Dónde se establece el nivel? ¿Tiene derecho a decidir el pueblo español? ¿El pueblo catalán? O una vez rota la delimitación constitucional ¿tendría derecho a decidir cualquier entidad local o provincial? ¿Tiene derecho una parte del pueblo soberano a excluir a otra parte del mismo en la toma de decisiones?

Parece claro que el acuerdo es prácticamente imposible si de lo que se trata es de romper unilateralmente las reglas de juego y de imponer unas nuevas reglas sin el consenso entre todos los participantes. Y parece aún más claro que los socialistas catalanes han apostado por “el derecho a decidir”, es decir, por la voladura de la soberanía del pueblo español en contra de las tesis y presupuestos ideológicos del PSOE. Por ello, parece difícil que la recomposición de los acuerdos que mantenías unidos a ambos partidos llegue a buen puerto. Son dos posturas irreconciliables por mucho que traten de “vender” otra cosa. Si el PSOE renueva algún tipo de acuerdo de colaboración con el PSC sin que éste renuncie a las tesis independentistas, el primero habrá dejado de ser de forma definitiva un partido de ámbito nacional o estatal como les gusta decir a ellos. Y ése es un lujo que España no se puede permitir.

Santiago de Munck Loyola

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Cataluña: ir por lana y salir trasquilado.

Si una cosa ha dejado muy clara Artur Mas es su propia incompetencia como político. De una parte, ha demostrado su incompetencia para gobernar su autonomía en una situación económica desastrosa heredada del tripartito hasta el punto de adelantar dos años el fin de su mandato. Y, de otra, ha demostrado largamente su incompetencia como estratega a la vista de los pésimos resultados electorales que ha alcanzado. Trató de encubrir su incapacidad para lidiar con la crisis sacando a pasear el estandarte independentista y convocó elecciones autonómicas solicitando de los votantes una “mayoría excepcional”, es decir absoluta, para poner en marcha su proyecto secesionista y lo hizo en términos plebiscitarios.

Los resultados de esta doble incompetencia, como gestor y estratega, son evidentes:

1º Artur Mas ha conseguido que su partido pierda 12 escaños en el Parlamento catalán, de 62 a 50. Es decir, el logro de este “brillante” estratega ha sido perder un 20 % de representación parlamentaria.

2º Con su envite independentista, Artur Mas ha logrado que la representación parlamentaria de los partidos independentistas se reduzca en dos escaños pasando de 74 escaños a 72.

3º Ha conseguido radicalizar la posición del electorado independentista al propiciar un importante incremento de los radicales de ERC que pasan de 10 a 21 escaños y la aparición de la CUP con tres escaños, lo que contribuirá a dificultar la gobernabilidad y la estabilidad de la región.

4º Artur Mas ha logrado igualmente proyectar una imagen internacional negativa tanto para Cataluña como para el resto de España, transmitiendo una sensación de inestabilidad política sin precedentes lo que, sin ninguna duda, supone una pérdida de confianza de las instituciones internacionales y de los inversores extranjeros.

5º Ha hecho que el debate electoral sobre los graves problemas económicos y sociales que aquejan a Cataluña quede relegado a un segundo plano en beneficio del debate secesionista y en perjuicio del contraste electoral de diferentes opciones para resolver los graves problemas que diariamente afectan a los ciudadanos.

6º Ha dejado a Cataluña sin la aprobación de un Presupuesto para el próximo año cuya elaboración por el nuevo Gobierno que haya de constituirse tras estas elecciones se demorará muchos meses, precisamente cuando es más necesario que nunca comparecer ante las instituciones europeas con unas cuentas públicas rigurosas que avalen la recepción de fondos y ayudas para intentar salir de la crisis.

Éstos son algunos de los resultados obtenidos por la cobarde apuesta soberanista del Sr. Mas. En definitiva, no gobernar, no tomar decisiones solventes para solucionar los graves problemas de los ciudadanos a cambio de una aventura que se ha saldado con un estrepitoso fracaso electoral. Los sueños y los deseos no han podido con la dura realidad de la que intentaba evadirse el Sr. Mas. También ha conseguido poner sobre el tapete el espinoso asunto de la corrupción política, ésa que, de creer a la subvencionada prensa catalanista, no existe en el llamado “paraíso catalán”. Parece incomprensible que distintos informes policiales elaborados hace ya dos años en los que se alude a supuestas cuentas bancarias de dirigentes nacionalistas en paraísos fiscales no hayan salido a la luz hasta ahora. Es cierto que su filtración en estos momento ha respondido seguramente a intereses electorales, pero no lo es menos que resulta cuando menos curioso, sobre todo en un país como el nuestro en el que se filtran continuamente diligencias judiciales declaradas secretas, que hayan permanecido ocultos durante tanto tiempo. ¿A qué se debe este sigilo? ¿A que cuando se investiga a determinados políticos por supuestas irregularidades fiscales existe un mayor celo y sigilo que cuando se trata de ciudadanos normales? ¿No comunica la policía sus sospechas a los inspectores fiscales cuando se trata de políticos? ¿Hacienda no actúa con el mismo celo que con cualquier ciudadano cuando el sospechoso es un político? Se trata en todo caso de un grave asunto que no puede quedar en el anecdotario de una campaña electoral. Hacen falta luz y taquígrafos para que los ciudadanos sepamos la verdad. Tenemos derecho a conocer si se ha tratado de una simple sucia maniobra electoral o si, en realidad, existe una auténtica olla podrida, escondida durante tiempo por cierta prensa y determinados políticos, de la que se nutren partidos y dirigentes catalanes.

Como en todo proceso electoral, siempre hay consuelo para todos. Los socialistas aparentan cierto alivio por no haber perdido tantos escaños como pronosticaban las encuestas. Perder casi un 30 % de su representación parlamentaria y cosechar el peor resultado electoral de su historia es todo un éxito para algunos pensando que podía haber sido mayor la pérdida. Los populares catalanes satisfechos también porque, a pesar del desgaste producido por las duras medidas presupuestarias del Gobierno de la Nación,  han aumentado en un escaño su representación aunque ello signifique que no hayan alcanzado aún el porcentaje que en 1995 alcanzó Alejo Vidal Cuadras, el 13,1 %. Hay un dato curioso: en las generales del 2011, el PP obtuvo el 20,7 % de los votos en Cataluña (Ciudadanos no presentó candidaturas). Ahora, el PP ha obtenido el 12,99 % y Ciudadanos el 7,6 % de los votos. La suma de ambos porcentajes es casi idéntica al obtenido por el PP en solitario en las generales. En medio de tanta autocomplacencia popular no estaría de más que alguna cabeza pensante analizase este dato y realizase algún tipo de autocrítica para corregir o modular internamente determinados criterios porque hay un hecho evidente: más de un tercio del electorado popular en Cataluña no vota al PP en las autonómicas y prefiere hacerlo a un partido que no tiene complejo alguno respecto a su españolidad y a la crítica al actual sistema autonómico.

Ahora se abre un período mucho más difícil y posiblemente convulso que el terminado el pasado domingo. Ahora podremos comprobar cuales son las nuevas prioridades de la clase política catalana, si dan prioridad a la resolución de los graves problemas sociales y económicos de los ciudadanos o, por el contrario, la prioridad es otorgada a las metas secesionistas e identitarias. Es decir, si los políticos están con la gente o con su justificación existencial.

Santiago de Munck Loyola

Las personas importan, no las banderas.

La historia está repleta de ejemplos de gobernantes que, ante su propia necesidad de supervivencia, han sabido dirigir la atención de sus conciudadanos hacia metas o enemigos imaginarios desviando así la atención de la realidad más próxima y que más les podría perjudicar. Hoy casi todos estamos pendientes del capote independentista que el Sr. Mas está agitando con cierta soltura y nos fijamos en las estrafalarias afirmaciones de su entorno: que si los aviones españoles les amenazan, que si Cervantes y Cristóbal Colón eran catalanes, que si Cataluña perdió 600 años de “autogobierno”… No importa la majadería que suelten, todos entramos al trapo.

Es cierto que hay muchos catalanes, inducidos o convencidos, que sienten que la independencia es su sueño, pero también es cierto que la independencia o no de Cataluña no es el principal problema que ensombrece la vida de millones de catalanes. El Sr. Mas y su partido heredaron una administración arruinada por el tripartito pero ha sido incapaz de poner remedio a dicha herencia y los problemas no han hecho otra cosa que crecer.

Los datos están ahí y no se trata de frías estadísticas sino que detrás de cada número hay personas sufriendo, auténticos dramas familiares que no van a encontrar remedio con el simple debate sobre la independencia. Durante el tercer trimestre de 2012 el paro ha subido en Cataluña en 18.000 personas más, alcanzando un total de 840.000 desempleados, es decir, el 22,56%. Simultáneamente, en el conjunto de España, el paro ha subido en 85.000 personas, un 1,5% más que el trimestre anterior, hasta situarse el número total de desempleados en 5.778.100,  el 25,02%. Mientras discutimos sobre la independencia, Cataluña es una de las comunidades en las que mayores incrementos de parados se han dado en el último año, un 13,26 % más que en el tercer trimestre del año pasado.

En este contexto político, económico y social, en Cataluña el 57% de los ciudadanos lo tienen crudo para llegar a fin de mes, el 39% de las familias no pueden permitirse ni una semana de vacaciones al año y el 12,7% no puede siquiera poner la calefacción. Mientras se inflaman los sentimientos independentistas y se emplea mucho dinero en ello, el número de las familias que viven de alquiler se ha disparado en cinco años (del 14% al 24%). Mientras el Sr. Mas prometía hoy que en una Cataluña independiente bajaría los impuestos resulta que hoy uno de cada tres catalanes está bajo el umbral de la pobreza, más de 2.200.000 pobres. Claro que habrá quién rápidamente argumentará que eso es porque Cataluña entrega al Estado mucho más de lo que recibe y no le importará lo más mínimo que según los últimos datos oficiales es la Comunidad de Madrid la que más dinero ingresa a las arcas del estado, recibiendo a cambio mucho menos que las demás o que Cataluña, por ejemplo.

Muchos economistas han rebatido una y otra vez el manido argumento de la balanza fiscal desfavorable para Cataluña, pero les da igual. Lo de la solidaridad, principio básico en todo estado moderno y rector de la construcción europea, no cuenta para ellos, para los que siendo incapaces de resolver los problemas de la sanidad, la educación, las pensiones o la simple convivencia, buscan en la independencia la tapadera de su ineptitud. Pues gracias a esa solidaridad tan denostada por los independentistas es por la que en Cataluña o en el País Vasco se pueden seguir pagando las pensiones desde el año 2010. Son los excedentes de cotización a la Seguridad Social de Canarias, Madrid y Baleares los que pagan en este momento el déficit que arrojan las pensiones en Cataluña y el País Vasco entre otras regiones de España. Según estos datos, durante 2010, la aportación total de Cataluña a la Seguridad Social fue de18.422 millones de euros, pero sus pensiones costaron 18.842 millones. El desfase se acentuó en 2011, el último ejercicio cerrado, cuando los ingresos por cotizaciones de Cataluña ascendieron a 18.373 millones y los gastos en pensiones fueron de 19.541 millones.

Pueden seguir agitando el referéndum o la bandera de la independencia pero lo cierto es que mientras tanto los recortes sanitarios han disparado un 42,1% las listas de espera el último año en Cataluña, debido al primer ajuste presupuestario de la historia en este ámbito con un recorte del 10% en sanidad. Y son los ciudadanos, no los políticos, quienes lo pagan. Los políticos siguen en su mundo virtual, dedicando millones de euros a la promoción del independentismo, a sus pseudo embajadas donde sus familiares y amigos están al abrigo del desempleo y de los recortes, alejados del umbral de la pobreza que cada día se hace más grande para el resto.

Ahora más que nunca es cuando se puede medir la talla de cada uno y qué prioridades son las que rigen sus actos. ¿Las personas o las banderas? Cuando el barco hace agua en medio de una tremenda tormenta, pretender salvarse abandonándolo en un bote salvavidas en lugar de contribuir a cerrar las vías de agua y de achicar arrimando el hombro, es posiblemente un tremendo error. Un error que dice muy poco de quienes lo intentan.

Santiago de Munck Loyola

¿Quién le pondrá el cascabel al estado de las Autonomías?

Buena la ha liado el Presidente de la Generalidad catalana, el Sr. Mas, con su apuesta independentista, que no “soberanista” (no existe en el Diccionario de la RAE) por mucho que con esa denominación la intenten dulcificar periodistas y políticos ignorantes. No es la primera ni la segunda vez que un dirigente catalán apuesta por un Estado catalán. Ya lo hizo el 14 de abril de 1931 Francesc Macià quien se dirigió a la multitud proclamando en nombre del pueblo de Cataluña, "L'Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem intergrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques”. Ya lo hizo de nuevo el 6 de octubre de 1934 Lluís Companys quien proclamó el "l'Estat Català de la República Federal Espanyola", proclamación que se saldó con 46 muertos y 3.000 encarcelados.

Es la vieja estrategia de siempre: ante la incapacidad propia para solucionar los problemas se inventa un enemigo exterior al que culpar de todos los males. El Sr. Mas y sus conmilitones, incapaces de adoptar las medidas necesarias para resolver el grave problema económico y social derivado del inmenso agujero heredado del tripartito, han encontrado al culpable: el resto de los españoles que les expoliamos fiscalmente y los hundimos en la miseria. No es nuevo. Llevan años hablando de una supuesta balanza fiscal siempre desfavorable para Cataluña, llevan años calentando el ambiente, fomentando un sentimiento antiespañol que les servía para exigir cada vez más financiación. Poco importa que reputados economistas demuestren la falacia de esa supuesta balanza fiscal desfavorable para los catalanes: una mentira mil veces repetida termina por convertirse en una verdad para quien no quiere analizar otras perspectivas. Argumentan que como contribuyen a la caja común con más dinero que el resto de los españoles tienen, no sólo derecho a recibir más, sino a separarse para gestionarlo ellos solos. Declaraba hoy en un diario nacional el ex Presidente de las Cortes, Sr. Bono, que cuando pagar más impuestos implica exigir más nos encontramos ante una metástasis en el estado. De aceptarse esta tesis independentista y trasladándola del ámbito de los territorios al de las clases sociales, habría que deducir que quienes más impuestos pagan, más deben recibir del estado. Y éso es algo que choca frontalmente con la solidaridad y la redistribución de la riqueza, características esenciales de todo estado social y democrático de derecho.

Y en este contexto ¿dónde está el límite? ¿Quién decide cual es el ámbito de decisión? ¿Quién es el pueblo soberano? ¿El pueblo español? ¿El pueblo catalán? ¿El pueblo barcelonés? Nos dicen que tras una manifestación de un millón de personas pidiendo la independencia es el pueblo catalán el que ha hablado. ¿Y los seis millones de catalanes que no se han manifestado? ¿No cuentan?

Hoy, no son pocos los ciudadanos y los analistas políticos y económicos que coinciden en que nuestro estado autonómico es en su formulación actual absolutamente inviable. La crisis económica lo ha puesto de manifiesto de una forma desgarradora. Hasta no hace mucho hemos venido cerrando los ojos ante una realidad evidente: el estado autonómico estaba rompiendo la igualdad de derechos y de oportunidades de los ciudadanos. El estado autonómico ha ido levantando poco a poco muchas barreras entre los españoles: en educación, en sanidad, en el mercado, en el derecho de propiedad, etc. Barreras que imperceptiblemente iban dificultando hasta la movilidad de los ciudadanos. Lo que en la transición se nos vendió como un acercamiento de la toma de decisiones hacia los administrados se ha ido convirtiendo en un complejo laberinto legislativo, en un complicado entramado de instituciones más al servicio de la clase política que de los intereses de los ciudadanos. Empezamos a verlo gracias a la crisis y otros, desde fuera, también lo ven. En un reciente artículo, Stefanie Claudia Müller, corresponsal alemana en Madrid y economista, escribía: España … “no puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.”

No parece pues que los problemas sociales y económicos que pesan sobre el conjunto de los ciudadanos puedan resolverse con más autonomía o con la independencia en el caso de Cataluña. No podemos sostener el actual estado autonómico y eso lo ve y lo sabe cualquiera. Es inviable económicamente y terminará por serlo social y políticamente si no se aborda su reforma inmediata. Es evidente que los últimos interesados en reformar la configuración del estado son los miembros de la clase política, los partidos políticos que han encontrado en el actual estado autonómico un inmenso coto en el que instalar y extender sus inmensas maquinarias burocráticas y en el que realizar su insaciable afán ocupador. Nos proponen ahora fórmulas federales cuando es evidente que a los nacionalistas no les interesan porque supondrían una igualdad entre territorios inasumible para ellos. Nos hablan de los derechos de los territorios y olvidan los derechos de las personas. Nos levantan barreras territoriales cada vez más costosas mientras que Europa transita por el camino contrario. Y mientras, los ciudadanos seguimos pagando los delirios de grandeza de tanto iluminado y de tanto cobarde.

Santiago de Munck Loyola

La Diada, los sindicatos y los socialistas.

Es un hecho incuestionable que las interpretaciones y las lecturas que se hacen sobre las numerosas manifestaciones que se desarrollan en nuestra Nación dan para mucho. Siempre resulta llamativa la disparidad sobre las cifras de los asistentes a una manifestación. Como es lógico cada uno barre para su casa. Los convocantes no tienen ningún empacho en inflar el número de asistentes, aunque sea a costa de dinamitar las leyes físicas más elementales. De hacer caso a sus cifras habría que admitir que en España es físicamente posible que en un metro cuadrado puedan manifestarse sin problema alguno hasta 10 personas. En el otro extremo suele situarse el Gobierno de turno que siempre trata de rebajar, si así sirve a sus intereses políticos, el número de participantes en una convocatoria. ¿Y la prensa? Pues, como es lógico, también arrima el ascua a su sardina en función de su color político y de su sintonía con el gobernante de turno.

Hace pocos días, coincidiendo con la Diada de Cataluña, se celebró una manifestación independista en Barcelona. Fue, sin lugar a dudas, una manifestación impresionante. Cientos de miles de personas, entre 600.000 según la Delegación del Gobierno y 1.500.000 según los organizadores, se dieron cita para reclamar la independencia de esta región española. Niños, jóvenes, mayores de toda condición social se dieron cita en una convocatoria estimulada y apadrinada por el Gobierno autonómico. Cientos de autocares de todas las esquinas de Cataluña se dieron cita la capital y el resultado fue una enorme manifestación. No es un hecho menor, todo lo contrario. Es un signo inequívoco que no puede ser pasado por alto por las fuerzas políticas y que, a pesar de que seguramente hoy lo prioritario deba ser buscar soluciones para los millones de ciudadanos exhaustos por la crisis, debe ser anotado en la agenda de prioridades políticas de nuestra clase política.

Dicho lo anterior, seguramente habrá que poner también el debate y el análisis de lo ocurrido en sus justos términos. En primer lugar, porque si realmente se ha manifestado por la independencia de Cataluña un millón de catalanes lo cierto es que otros seis millones se han quedado en casa. Una abrumadora mayoría de catalanes no se ha sumado a este acto independentista celebrado en un día y en un clima festivo. Tras la manifestación, transportado quizás por una euforia propagandística, el Diputado de Esquerra Republicana Alfredo Bosch se despachaba así en el Congreso de los Diputados: "Yo les pido que… reaccionen a tiempo, que no se retrasen, que lean en los labios del pueblo lo que el pueblo sabio y libre les está exigiendo por igual aquí y en Barcelona… Si el pueblo pide independencia, díganlo, no es tan difícil, no hace falta buscar el enésimo eufemismo. De hecho es muy fácil y se quedarán muy descansados. In-de-pen-den-ci-a. No es difícil, pruébenlo. Les gustará. In-de-pen-den-ci-a. Lo dijeron millones de personas, lo pueden decir ustedes, no es difícil de pronunciar". Hombre, puestos así, Sr. Diputado se le podrían deletrear a usted muchas palabras para que aprenda algo, por ejemplo, de-ma-go-go. El pueblo no ha pedido independencia, no. Una parte de él, sí, pero no todo, ni siquiera la mayoría. El pueblo catalán, en su inmensa mayoría, se quedó en su casa en la Diada. Al igual que cuando se trató de aprobar el vigente Estatuto de Cataluña. El 52% de lo catalanes no votó, se quedó en su casa o en la playa. Y un dato más, Sr. Bosch, los catalanes votan más cuando se trata de las elecciones generales que cuando se trata de las autonómicas. ¿Por qué será? Por cierto, los señores de ERC y algunos otros cuando atribuyen a un grupo más o menos numeroso de manifestantes la “voluntad del pueblo” recuerdan con nitidez a Franco que hacía exactamente lo mismo cada vez que la Secretaría General del Movimiento le llenaba la Plaza de Oriente. Ni entonces, ni ahora el pueblo manifestaba su voluntad soberana. Hoy por hoy sólo es posible expresarla en las urnas.

A propósito de la manifestación independentista hay que resaltar el doble lenguaje, una vez más, de los socialistas. A la manifestación independentista acudieron muchos dirigentes del PSC y hoy se ha podido ver a los mismos aplaudir al Sr. Rubalcaba al afirmar en la Fiesta de la Rosa que el Sr. Mas tendría enfrente a los socialistas si optaba por el camino independentista. ¿En qué quedamos? ¿A qué juegan los socialistas?

Y para interpretaciones paranoicas sobre asistentes a manifestaciones las de hoy a propósito del nuevo fracaso cosechado por los sindicatos con las manifestaciones de ayer. Con la que está cayendo, con todos los recortes que se están imponiendo como consecuencia de la herencia socialista, con el descontento social existente y con el tremendo esfuerzo y movilización que han llevado a cabo los sindicatos, el número de participantes ayer en Madrid en la convocatoria sindical sólo puede ser considerado de fracaso. Y lo cierto es que no faltan motivos para protestar y manifestarse, pero cuando quien convoca son los cómplices del desastre económico heredado, jaleados por los autores del desaguisado, lo más normal es que muchos ciudadanos decidan quedarse en casa. Unos sindicatos incapaces de subsistir sin el dinero de los contribuyentes, unos sindicatos inmóviles mientras se rebasaban los cuatro millones de parados, unos sindicatos que hasta el último momento apoyaron al anterior Gobierno no es que tengan mucha legitimidad para abanderar el descontento social y, menos aún, enarbolando lemas tan estúpidos como el de que “quieren arruinar el país” o “quieren acabar con todo”. Simplezas las justas, por favor. 

Y una vez más, el Sr. Rubalcaba, se descuelga con una interpretación, no por peregrina menos peligrosa desde una perspectiva democrática, afirmando que, visto el “éxito” de la manifestación de ayer, el Gobierno ha perdido la mayoría social. Sinceramente, cuando la AVT o la Iglesia inundaron de manifestantes la Castellana no le oímos al Sr. Rubalcaba decir que su partido había perdido la mayoría social ¿a que no? Las únicas mayorías que valen para gobernar nuestra Nación son las parlamentarias, le guste o no al Sr. Rubalcaba y a los sindicatos. Y todo lo que no pase por ahí sólo es golpìsmo.

Santiago de Munck Loyola