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viernes, 23 de octubre de 2015

Consecuencias de los "dedazos" del PP.


Para entender muchas noticias que afectan al Partido Popular y a sus representantes institucionales es necesario saber cómo funciona internamente. La designación de quienes han de ser elegidos como parlamentarios o concejales no depende de los cientos de miles de afiliados del PP. Su designación como candidatos se hace a través de Comités Electorales nombrados desde arriba que se limitan prácticamente a designar a los que desde arriba les señalan. No cuenta el mérito, ni la capacidad, ni, por supuesto, el respaldo de las bases del partido. Cuentan las amistades, las influencias y, en no pocos casos, el servilismo. Existe un fuerte déficit de democracia interna que es el que termina generando problemas y, a veces, escándalos. Buena prueba de ello, es la trayectoria política de un diputado autonómico de Madrid con el que hace años colaboré, José Cabrera Orellana. Se podría decir que es prototipo del arribismo y del amiguismo en el Partido Popular.

Hace unos días, los medios de comunicación se han hecho eco de la renuncia al escaño del Diputado Popular en la Asamblea de Madrid, José Cabrera Orellana, tras 16 años como parlamentario, coincidiendo casualmente con la expiración del plazo dado a todos los diputados (el 15 de octubre) para que presentasen una declaración escrita describiendo todo el patrimonio que poseen. Según el Diario El País, Cabrera ha justificado su renuncia en que “no quiere poner en riesgo el vasto patrimonio que ha atesorado para él y sus hijos desde que arribó hace muchos años a Madrid procedente de su Extremadura natal” confesando que lo hizo “con una mano delante y otra detrás”.

El Diputado José Cabrera también fue objeto de atención por parte de los medios de comunicación en 2012 y no precisamente por su labor como parlamentario, prácticamente inexistente. En febrero de 2012, Metro de Madrid incorporó a su plantilla a un hijo del portavoz de Transportes del PP en la Asamblea de Madrid que casualmente era José Cabrera Orellana. Esta incorporación se hizo mediante un contrato "de relevo", como "subjefe de servicio" con un nivel salarial 3 y una retribución bruta anual de 46.000 euros. Y este fichaje tuvo lugar un mes después de que Metro redujera a la mitad su cúpula directiva y de que redujese a la mitad la composición de su Consejo de Administración dejando fuera a los representantes sindicales y de los usuarios.

También en 2012, José Cabrera fue objeto de críticas y denuncias por parte de grupos ecologistas por sus actuaciones en una parcela en Carabaña, junto al río Tajuña, en la que, ignorando la legislación, ajardinó toda la franja de policía y el dominio público hidráulico, arrasando el bosque y construyendo escolleras y un vallado para impedir el libre acceso al río.

¿Cómo llegó Cabrera a ser diputado autonómico del Partido Popular? Pues gracias al molino de la casa de Rodrigo Rato en Carabaña. En abril de 1994 Rodrigo Rato fue acusado por el alcalde de Carabaña, de Izquierda Unida, de haber desviado el agua del cauce del río Tajuña para llevarla al molino de su casa. A parte de muchas críticas, Rodrigo Rato recibió el apoyo de un vecino de Vallecas y veraneante en Carabaña que formaba parte del movimiento asociativo de la localidad, José Cabrera. Y este respaldo tuvo premio. En 1996, José Cabrera, comercial de venta de baterías, votante de izquierdas, sin experiencia ni formación política y recién afiliado al Partido Popular fue nombrado, nada menos, que Secretario de Pueblos del Partido Popular de Madrid.

Durante más de dos años colaboré, junto con dos concejales más de Rivas-Vaciamadrid, como asesor jurídico de los grupos municipales. Hay que destacar dos obsesiones de Cabrera en aquella época: de una parte que los miembros del equipo debíamos identificarnos como seguidores de Rato (“Cuanto mejor le vaya a Rodrigo mejor nos irá a nosotros”) y de otra que no debíamos poner el nombre del autor en los informes jurídicos que hacíamos, sino “Secretaría de Pueblos”. Eran épocas de etiquetas o te la ponías o te la ponían aunque no quisieras. Recuerdo que en una ocasión Cabrera me dijo “Santiago, no vales para la política porque eres un intelectual y aquí de lo que se trata es de vender”. Sin comentarios.

El caso es que en 1999, el converso Cabrera fue incluido en las listas del Partido Popular a la Asamblea de Madrid y así durante tres legislaturas más. Y de paso, Rodrigo le promovió para ser consejero de Bankia y de RTVE. Y en este tiempo pasó de ser comercial de venta de baterías a convertirse en “Técnico en Desarrollo Comercial y especialista en Mercado Internacional del Sector de Automoción”, ahí es nada, a ser dueño de seis empresas, por las que factura al año al menos 6,2 millones. Su esposa aparece además como administradora de las mercantiles Ecovega Máster y Mercabatería, cuyas ventas superaron entre 2011 y 2013 los ocho millones de euros. Las sociedades de Cabrera Orellana comparten domicilio social con las firmas de su mujer.

Es evidente, ante casos como éste, que el Partido Popular necesita una profunda reforma estatutaria para que los militantes tengan la capacidad de decidir quienes han de ser los candidatos en las instituciones y para controlar que su actividad parlamentaria y política sea la adecuada. Mientras siga primando el amiguismo, el compadreo, el padrinazgo y el nepotismo las instituciones públicas seguirán siendo un paraguas para medrar personalmente y un semillero de abusos. No es posible hablar de regeneración democrática de nuestro sistema si no se empieza por regenerar a los propios actores del mismo, es decir, a los partidos políticos. Y la mejor regeneración empieza por mayores dosis de democracia interna.

Santiago de Munck Loyola






domingo, 30 de diciembre de 2012

Los dipujetas.



Contaba el ex premier británico Winston Churchill que de joven su máxima aspiración era llegar a ser diputado y que no dejaba de preguntarse cómo poder llegar hasta un escaño. Una vez elegido diputado, al observar a sus nuevos colegas, lo que no dejaba de preguntarse es cómo demonios habían conseguido llegar a diputados algunos de los elementos allí sentados.

Seguramente es lo mismo que deben preguntarse muchos parlamentarios serios, decentes y responsables, que haberlos los hay, cuando contemplan las actitudes y comportamientos de algunos de sus colegas, como en el caso de los diputados de la Asamblea de Madrid, Bartolomé González e Isabel Redondo, cazados esta semana in fraganti jugando en sus escaños con sus “aparatitos” mientras que en la Asamblea se discutían temas tan poco relevantes para dichos parlamentarios como el de la externalización de servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid.

¿Cómo han llegado ser diputados Bartolomé González o Isabel Redondo? Es difícil precisar de forma exacta la manera en que han conseguido llegar a la Asamblea de Madrid pero lo que sí es indudable, para quienes los conocemos personalmente, es que ninguno de los dos ha llegado gracias a sus conocimientos jurídicos, ni al respaldo de los militantes populares para su inclusión en las listas electorales. En el caso de Bartolo, de estudios desconocidos, tras su paso y expulsión de la Alcaldía de Alcalá de Henares, el Alcalde más caro de la historia de la localidad, ha terminado recalando en la Asamblea de Madrid. Seguramente su larga trayectoria política, única profesión que ha ejercido aunque al abrigo de la misma se haya convertido en empresario según se acredita en su parco curriculum en la página web de la Asamblea, ha debido ser su aval para que el divino dedo superior le haya designado para figurar en la lista autonómica del PP en las últimas elecciones autonómicas. Ya de jovencito, allá por el año 1994, hizo gala de sus dotes conspiratorias y de sus malas artes para desbancar a la entonces Presidenta popular alcalaína, Rosalía, que aún debe estar sacándose dagas y puñales de la espalda. Por tanto, este cóctel de trepador, desmedida ambición y carencia de formación jurídica han debido ser cualidades más que suficientes para elevarle a tan altas instancias parlamentarias, con el resultado que esta semana todos hemos podido constatar.

En el caso de Isabel, historiadora de estudios y de profesión política, sólo existe coincidencia con el anterior en su ausencia de formación jurídica, algo que, al parecer, no importa nada para ocupar un escaño en el órgano legislativo de la Comunidad de Madrid, pero siempre se ha sabido mover muy bien por los pasillos de la Calle Génova. Con su talante antiliberal que la caracteriza, hace pocas semanas, recriminó duramente a una afiliada popular de Rivas-Vaciamadrid por haberse atrevido a escribir en su muro de Factbook una crítica sobre la supresión de la paga extra a los empleados públicos; según la parlamentaria, no se puede ejercer la libertad de expresión en las redes sociales. Claro, luego pasa lo que pasa, que como hay libertad de expresión te pillan “estafando” a los contribuyentes, es decir, usando el sueldo que te pagan para jugar, en vez de trabajar, y encima van y lo publican.

Claro que el caso de estos dos dipujetas no es el único. Hay por la Asamblea de Madrid un diputado popular al que sus compañeros han tenido en más de una ocasión que llamarle la atención para que hable más bajo con el móvil a la hora de hacer sus transacciones comerciales en el mundo de la automoción. En otras ocasiones han sido noticia diputados que son cazados mientras hacen crucigramas en sus escaños, juegan con la tablet o simplemente duermen. En febrero de 2008 Lola Gay, diputada del PSPV por Alicante, fue 'cazada' por los fotógrafos navegando por la web de 'Privalia.com', un club privado de compras, mientras elegía modelitos exclusivos en lugar de realizar su trabajo parlamentario. Con estos jetas ¿le extraña a alguien que la clase política pierda cada vez más prestigio?

Resulta inadmisible que el Director de la Razón, Sr. Marhuenda, rompa una lanza a favor de estos dipujetas madrileños y de cuantos siguen sus mismas prácticas, afirmando que se pueden hacer dos cosas a la vez, jugar y atender al debate parlamentario. Es posible que se pueda, que tengan esa capacidad, pero no se debe por una simple razón: se les paga para que atiendan a su trabajo parlamentario, no para que jueguen en su escaño. Así de claro y sencillo. Dipujetas como Bartolomé González e Isabel Redondo desprestigian la labor y el trabajo de muchos otros parlamentarios decentes y trabajadores y no se merecen estar en la misma categoría política. Una vez más falla la ejemplaridad.

Es evidente que a estos dipujetas les aburría su trabajo, que les aburría el debate sobre la sanidad madrileña y sobre los problemas de los ciudadanos de Madrid, que no tienen ningún escrúpulo moral en cobrar por un trabajo que no hacen y que carecen de legitimidad moral para seguir ni un solo día más sentados en el parlamento madrileño. Si les queda algo de vergüenza deberían dimitir e irse a la calle a ganarse la vida como cualquier ciudadano, aunque después de tantos años viviendo a costa de su partido y de los ciudadanos lo tengan francamente difícil.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 10 de abril de 2011

RIVAS: LA CAÑADA REAL GALIANA.

Nada puede haber peor para abordar un problema con rigor y seriedad que hacerlo en un período preelectoral en el que, lejos de buscar puntos de consenso, los intervinientes lo usarán, sin ninguna duda, como un arma arrojadiza. La Cañada Real Galiana constituye desde hace muchos años un auténtico problema social, urbanístico y medioambiental. En este contexto hablar hoy de culpas y responsabilidades por parte de los políticos constituye una simpleza y una estupidez. Señalar a éste o a aquél político como responsable de la grave situación que atraviesa la Cañada Real a su paso por los distintos municipios afectados no conduce a nada ni sirve para resolver los problemas y cualquier asignación concreta de responsabilidades será, sin ninguna duda, una tremenda mentira. Porque lo cierto es que la responsabilidad está absolutamente repartida entre los regidores de los municipios afectados y de los distintos Gobiernos de la Comunidad que se han venido sucediendo. Y esa responsabilidad alcanza a todos los partidos del arco parlamentario madrileño. Siempre han mirado hacia otra parte, dejando que el avispero creciera. Ninguno de ellos, a lo largo de los últimos 30 años ha tomado medida alguna efectiva en el ámbito de sus competencias para defender lo que constituía un patrimonio histórico y medioambiental de todos los ciudadanos. Si lo hubiesen hecho, hoy no estaría la Cañada Real como está y no se habría convertido en lo que es: un expolio consentido del patrimonio común y un gueto casi institucionalizado.

En 1999, el Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid elaboró junto con dirigentes de Covibar un proyecto que permitiría recuperar como espacio público más de 1,5 Km. de cañada a su paso por el municipio, realojando a los vecinos que lo necesitasen. El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid no quiso saber nada de la propuesta por la sencilla razón que provenía del PP. Pero también hay que señalar que tanto el Ayuntamiento de Madrid, como el Gobierno Regional si bien vieron con buenos ojos la propuesta, tampoco es que se volcaran para hacerla realidad.

Ahora, por primera vez, la Asamblea de Madrid ha tomado una decisión valiente, encaminada a resolver este grave problema, aunque quizás el momento elegido no haya sido el más oportuno, con la aprobación de la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana. Se podrá o no estar de acuerdo con la fórmula adoptada, se podrá discutir sobre la constitucionalidad o no de la Ley, pero, en todo caso, se trata de la demostración de la existencia de una voluntad política para solucionar una realidad que no hace más que deteriorarse día a día. Y, a partir de ahora, los Ayuntamientos afectados deberán demostrar, porque así lo prevé la Ley, su capacidad de gestión y su voluntad política para ordenar un territorio que, hasta ahora, era un territorio sin Ley.

Es hora de elaborar y desarrollar propuestas sociales, creíbles y justas. Es hora de consensos en cada municipio para lograr un resultado bueno para todos. De lo que no es hora es de apuntar con el dedo a los presuntos culpables de lo ocurrido porque además de correr el riesgo de equivocarse existe la posibilidad de que le pillen a uno la punta del dedito acusador.

Santiago de Munck Loyola.