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miércoles, 27 de enero de 2016

¿Cambio o timo?


Pasados ya seis meses de las elecciones municipales bien se puede ir esbozando un pequeño balance del cambio de gobierno producido en tantos y tantos ayuntamientos españoles. En mayo de 2015 muchos vecinos decidieron con su voto jubilar a partidos que llevaban años gobernando sus ayuntamientos y dar una oportunidad a otros que representaban un cambio de políticas y parecían satisfacer mejor las aspiraciones vecinales. En muchos municipios los vecinos apostaron por el cambio, a veces a través de dos o tres formaciones políticas diferentes que se vieron en la necesidad de llegar a acuerdos para poder formar los nuevos gobiernos municipales. Los Gobiernos de los perdedores. Es indudable que cuanto más pequeño es un municipio más fácil parece, salvo desencuentros familiares que tienen su peso en las localidades pequeñas, llegar a acuerdos de gobierno por encima de las divisiones ideológicas. Se suele anteponer el interés del pueblo a la política partidista y suele funcionar. Por ello, no es infrecuente encontrar ayuntamientos regidos por coaliciones variopintas que elevadas al ámbito nacional serían impensables.

En no pocos casos, esos deseos de cambio se están viendo frustrados por las actitudes y aptitudes de los nuevos gobiernos municipales. Muchos nuevos gobernantes han aterrizado en sus ayuntamientos haciendo gala de una escasa formación intelectual, de un pasmoso desconocimiento de la realidad de las instituciones que gobiernan y de su propio pueblo. Otros deben creer que el hecho de haber pasado la reválida de las urnas les confiere conocimientos técnicos suficientes, que por cierto se tardan años en ser adquiridos a través de estudios universitarios o de la experiencia, y se meten directamente a gestionar la cosa pública prescindiendo de la legalidad y hasta del sentido común. Al éxito electoral reciente le suele acompañar cierta soberbia y un peligroso exceso de confianza cuando lo que debería primar en su nueva singladura política es la humildad, la capacidad de escucha, el esfuerzo por sumar y por aprender para servir mejor a todos los vecinos y no solo a unos pocos. La sed de revancha, la desconfianza partidista y la altivez no son nunca buenas compañías y menos aún en los momentos iniciales porque marcarán una senda difícil de abandonar.

Muchos gobiernos municipales han perdido unos meses preciosos en los que deberían haber sentado los cimientos de un auténtico programa de cambio para toda la legislatura en, desde una perspectiva interna, reorganizar la administración a su gusto, sin criterios técnicos sino partidistas, en fiscalizar o perseguir (caza de brujas) a los empleados sospechosos de no ser adictos (en un pueblo se conoce todo el mundo), y, desde una perspectiva externa, en realizar gestos de cara a la galería que plasmen el cambio producido, es decir, mucho ruido y pocas nueces. Apelan a la herencia recibida para ir preparando al personal del previsible incumplimiento de sus promesas, intentan con esa supuesta herencia chantajear a la oposición para que no ejerza sus funciones y exhiben gestos (el uso de bicicletas, por ejemplo) o publicitan grandes logros (el cambio de nombre de calles) como ejemplos evidentes de que el cambio ha llegado. Y en no pocos lugares el supuesto cambio se ha traducido de forma inmediata en la colocación de amigos y familiares dentro y fuera de los ayuntamientos (“ya nos tocaba” dicen).

Seis meses deberían haber dado para mucho más. El supuesto cambio está empezando a ser más que decepcionante. El cambio profundo de políticas que tantos millones de ciudadanos respaldaron en las últimas elecciones municipales está, de momento, limitándose a un cambio de caras, de estilo, de proveedores o de discurso, muy plañidero por cierto. Y poco más. Desgraciadamente el cambio no se ha traducido en muchas localidades en el abandono y destierro de prácticas sectarias, en voluntad de integración, en vocación de servicio comunal o en la simple profesionalización de la administración para ponerla realmente al servicio de toda la ciudadanía. Muchos nuevos responsables siguen pensando que han sido elegidos para gestionar (algo para lo que no están preparados, ni tienen por qué estarlo) y olvidan que para lo que han sido elegidos es para hacer política, la política en la que sus vecinos han creído. Repiten los errores de sus antecesores y acabarán como ellos, sin duda.

Una sociedad como la nuestra, con tantos problemas pendientes de resolver necesita que también sus ayuntamientos se regeneren, algo imposible de conseguir sin voluntad política para ello. Nuestros Ayuntamientos, la administración pública más cercana al ciudadano, necesitan ese cambio real, no sólo de caras. Y es cierto que no todos los políticos son iguales pero cuando alcanzan el poder ¿a que se parecen?

Santiago de Munck Loyola




jueves, 5 de julio de 2012

¿Reforma profunda o cosmética de los Ayuntamientos?

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vuelto a insistir esta mañana durante una intervención en el Campus Faes en la voluntad del Gobierno de impulsar reformas de las Administraciones Públicas, empezando por las Administraciones Locales. No es la primera persona del Gobierno que anuncia cambios profundos en la Ley de Bases del Régimen Local. Hace unas semanas el Gobierno anunció también en el proyecto de reforma de esta Ley para racionalizar las competencias y los servicios que deberían asumir los entes locales. Y hace pocos días, desde el Ministerio de Hacienda se ha lanzado la idea de reformas que supondrían la obligación de evaluar los costes de los servicios municipales y de proceder a la privatización o al cierre de los que resulten deficitarios. En el caso de la intervención de hoy, los medios de comunicación han destacado la reforma para determinar los sueldos de Alcaldes y Concejales y la reducción del número de éstos.

Parece que el Gobierno está usando la técnica del globo sonda para ir espaciando en el tiempo diferentes aspectos del paquete de reformas de los entes locales que se van a aprobar en las próximas semanas. En cuanto a la modificación del sistema de asignación de los sueldos de los Alcaldes y Concejales parece que responde a una necesidad evidente de homogeneizar las cuantías y de acabar con los espectáculos bochornosos que se producen al inicio de cada legislatura cuando los Plenos de los Ayuntamientos proceden a fijar las retribuciones de sus componentes. Reformar el actual sistema de determinación de las retribuciones de Alcaldes y Concejales es una medida necesaria, pero es a la vez discriminatoria e insuficiente. Debe existir un mismo criterio y un mismo baremo a la hora de determinar cualquier retribución o cualquier salario que tenga su origen en el dinero público. No vale con aplicar un límite al escalón inferior de las administraciones públicas, los Ayuntamientos, sino que la norma, al igual que se ha hecho respecto a la jornada laboral, debe ser extensiva a todas las administraciones públicas y a cualquier entidad que se sostenga con ayudas públicas, sea cual sea su origen o denominación. El criterio es simple y de sentido común: con dinero público, tablas salariales públicas y nadie que perciba una retribución con origen en fondos públicos debe percibir un euro más de lo que perciba el Presidente del Gobierno. Si la máxima responsabilidad política está en la Presidencia del Gobierno, todos los salarios de los cargos públicos deberían ser inferiores al suyo. No tiene mucho sentido ni lógica que Alcaldes, Concejales, Parlamentarios nacionales y autonómicos, Presidentes o Consejeros de Comunidades Autónomas o directivos de entidades financieras intervenidas o ayudadas con fondos públicos ganen mucho más que el Presidente del Gobierno. Y junto a esta norma, otra de sentido común: ningún cargo público podrá cobrar de dos o más fuentes de ingresos públicos aunque se disfrace de dietas por asistencia a Consejos de Administración de Empresas Públicas, indemnizaciones, etc. Pero es que, además, este criterio debería ser aplicado al ámbito del sector privado, es decir, al ámbito de empresas o instituciones que sobreviven gracias a las subvenciones públicas. Por tanto, más que una reforma parcial en este campo de la Ley de Bases de Régimen Local lo que hace falta es una Ley sobre Retribuciones del Sector Público.

Es evidente que la Ley de Bases del Régimen Local necesita una profunda reforma. Pero esta reforma ha de partir de un serio análisis del modelo local que tenemos. No hay que olvidar que nuestro actual modelo tiene su origen y su consolidación en una época histórica concreta. La clase política de finales de los 70 y principios de los 80 partía de una profunda desconfianza hacia unas administraciones locales cuyas estructuras y hábitos provenían de 40 años de dictadura. Se articuló entonces un sistema municipal más preocupado en el control político y democrático de los entes locales que del desarrollo eficaz de la gestión de los mismos. Esa desconfianza inicial se tradujo en un desplazamiento de la gestión hacia el ámbito político reproduciéndose en los entes locales esquemas de funcionamiento que hoy por hoy necesitan una profunda reforma.

Hoy más que nunca es preciso que los políticos locales centren su actividad en desarrollar políticas más que en gestionar. No es lo mismo hacer política que gestionar. Las Administraciones Locales cuentan con excelentes profesionales cuyo papel debe ser potenciado en las próximas reformas legislativas.

Igualmente, es necesario abordar algunos aspectos importantes como son la delimitación de competencias de los entes locales, la financiación sostenible de los mismos, el papel de las Policías Locales en relación a la seguridad ciudadana, la coordinación y la cooperación entre las distintas administraciones públicas, etc. Son tantos los aspectos que podrían y deberían reformarse que sería una lástima que las urgencias presupuestarias terminaran centrando la reforma de los entes locales en simples recortes salariales o en la reducción de los cargos públicos. Ojala que no sea así, porque los Ayuntamientos son la base de la convivencia ciudadana y la primera puerta a la que todos accedemos para demandar atención y servicios.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 1 de julio de 2012

Los partidos políticos siguen "de fiesta" con nuestro dinero.

Un Diario publica hoy una noticia relativa a la financiación de los Partidos Políticos que teniendo en cuenta la escasez de dinero para todo llama bastante la atención. Según este diario, los partidos políticos reciben subvenciones hasta por dieciocho conceptos distintos y, entre ellos, destaca especialmente la cantidad que percibirán en el año 2012 para sus gastos de funcionamiento y seguridad y que ascenderá a 65 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta cantidad se refiere exclusivamente a la asignación que el Estado distribuye entre los partidos y que se reparte en su mayoría entre el PP y el PSOE. No hace falta subrayar que en esta cantidad no se incluye lo que, al margen de sus sueldos, perciben los parlamentarios en concepto de dietas, compensaciones, móviles, ordenadores, viajes, etc. ni otras asignaciones que las cámaras pudieran dedicar en sus presupuestos a los Grupos Parlamentarios. De igual modo, esta importante cantidad tampoco hace referencia a las cantidades que los partidos políticos reciben a través de los grupos institucionales en los diferentes parlamentos autonómicos o en las diputaciones provinciales, allí donde existen.

Al día de hoy es materialmente imposible conocer con exactitud las cantidades totales que los partidos políticos reciben, en dinero o en especie, de las diferentes administraciones públicas. La fiscalización que el Tribunal de Cuentas realiza sobre el dinero público percibido por los partidos políticos es absolutamente insuficiente y la legislación aplicable es lo suficientemente sesgada y ambigua como para permitir que los partidos políticos oculten de forma legal a los ciudadanos la cantidad total de dinero público que perciben y el destino que al mismo dan.

Sin embargo, existe además una importante fuente de financiación legal de los partidos políticos que casi siempre pasa desapercibida y que supone una impresionante cuantía en medios materiales, personales y económicos. Se trata de los Ayuntamientos. La Ley de Bases del Régimen Local señala que cada Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, deberá poner a disposición de los Grupos Municipales los medios personales y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta disposición se traduce en que los grupos municipales usan despachos, teléfonos, ordenadores y personal, en función de la capacidad de cada consistorio, y lo hacen teóricamente para el desempeño de su trabajo como representantes locales, pero que en la práctica se usan al servicio de cada partido político. A ello hay que añadir las asignaciones económicas a los grupos Municipales, es decir, la cantidad de dinero que mensualmente cada ayuntamiento entrega a los grupos y que se devide en dos partes: una fija igual para todos los grupos y otra variable en función del número de concejales con que cuenta cada grupo. El Artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que “el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”. En el mismo Artículo se añade que “los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” Esto significa que esta subvención no está sujeta a las mismas normas de control y fiscalización que las demás subvenciones que los Ayuntamientos conceden. Los grupos municipales, los partidos, sólo deben justificar el empleo de la subvención cuando así lo requiera el Pleno de la Corporación, algo que nunca ocurre, a diferencia de la justificación de las demás subvenciones que deben ser fiscalizadas por la Intervención municipal. Esto significa que estas subvenciones carecen de cualquier control técnico, ni pasan por el Tribunal de Cuentas, ni tan siquiera por la Intervención Municipal.

Y no se trata de cantidades pequeñas, no. Un Ayuntamiento como el de Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, con una población de  73.000 habitantes, dedica anualmente 590.000.- € a cargos de confianza, es decir, cargos de los partidos políticos, despachos y toda clases de medios para los grupos municipales y, además, 130.000.- € de subvención para los Grupos Municipales. Y estamos hablado de un municipio gobernado por IU, teóricos abanderados de la austeridad. Eso sí, al menos publican la cifra, no como en otros Ayuntamientos, como el de Alicante, en el que si se entra en su página web resulta imposible conocer la cuantía exacta dedicada a financiar a los Grupos Municipales. Por hacerse una idea aproximada de lo que puede suponer este gasto de los grupos municipales, si aplicásemos las cantidades que el Ayuntamiento de Rivas dedica a los grupos al conjunto de la población española nos saldría una cifra de 450 millones de euros, es decir, prácticamente lo que el Gobierno espera ahorrar con el “repago” de los medicamentos. Bien es cierto que es poco riguroso dar por buena esta hipótesis ya que hay muchos Ayuntamientos con escasos medios, pero la falta de transparencia de los partidos políticos y de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos no permite conocer la cifra exacta con que los españoles estamos financiando a los partidos.

En todo caso, la financiación anómala y descontrolada de los partidos a través de los entes locales es un hecho cierto e incontestable y supone una cantidad de dinero muy elevada. Es una exigencia de higiene democrática que la transparencia sea absoluta en torno al dinero que los partidos reciben. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto y cómo se gastan nuestro dinero los partidos. En tiempos de crisis y de austeridad, en medio de una penosa situación económica y social a la que nos han llevado los diferentes partidos, éstos deberían ser los primeros en ser austeros, en ser transparentes con el dinero público y en apretarse el cinturón en vez de exigirnoslo a los ciudadanos. Y, además, deberían autofinanciarse y, si no son viables, que cierren el chiringuito.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 14 de junio de 2012

Sobre competencias y privatizaciones municipales.

De acuerdo con una información publicada hoy por un Diario nacional, el Ministerio de Hacienda está preparando un borrador de reforma las competencias que desarrollan los municipios. El objetivo de esta reforma es eliminar duplicidades y asegurar la financiación de los servicios que prestan. Con ello, se podría lograr el ahorro por parte de los municipios de 3.500 millones de euros anuales. La reforma pasaría por una modificación del Art. 25 de la Ley de Bases del Régimen Local definiendo de una forma más clara y limitativa las competencias que deben y pueden desarrollar los entes locales.

Según el borrador de la reforma, al año de entrar en vigor los Ayuntamientos deberían someter a evaluación el conjunto de sus servicios para ajustarlos al principio de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades. Si tras la evaluación, el Ayuntamiento no pudiera mantener algunos servicios municipales, debería proceder a su supresión, cuando se trate de servicios no obligatorios; y podría privatizarlos, sin son servicios obligatorios que no conllevan el ejercicio de funciones públicas. Igualmente, el borrador prevé que las diputaciones puedan asumir algunas competencias de municipios de menos de 20.000 habitantes y la supresión de las competencias de Sanidad y Educación que hasta ahora ejercían algunos municipios.

Abordar una reforma de las competencias de las administraciones públicas venía siendo ya una exigencia del sentido común. Es preciso clarificar quién hace qué con el objetivo de evitar las duplicidades que existen en los distintos niveles administrativos. Y es cierto que en este campo, muchos Ayuntamientos, impulsados por las siempre crecientes demandas ciudadanas a su administración más próxima de más servicios y animados por los ingresos de las épocas de bonanza, han ido creciendo asumiendo competencias facultativas y, en ocasiones, impropias. Ahora, en época de escasez, no hay ingresos suficientes para mantener unas estructuras sobredimensionadas.

Admitiendo que esta reestructuración de las competencias es absolutamente necesaria hay que resaltar que, simultáneamente, debería abordarse el eterno problema de la financiación de los entes locales. Las reglas de juego deben ser absolutamente claras y no parece muy procedente reformar sólo una parte del reglamento. El recorte o la redefinición de competencias municipales es sólo una parte del problema o del conjunto de problemas que afectan al funcionamiento de los entes locales. Acometer el recorte de competencias y no abordar la reforma financiación de los entes locales es hacerse trampas al solitario.

Privatizar servicios públicos como medida de ahorro es una falacia. No sirve como regla general: privatizar no es sinónimo de ahorro. Hay servicios públicos que sí pueden ser objeto de privatización manteniendo o mejorando su calidad y disminuyendo sus costes, pero en muchos otros casos esa regla no funciona. Piénsese que a los costes que implica un determinado servicio prestado por un ente público hay que añadir el beneficio empresarial y el IVA, conceptos éstos no imputables en la gestión pública de ese servicio. Es muy posible que la solución para una prestación económica y eficiente de un determinado servicio público pase por la introducción de parámetros de control, de calidad y de productividad en el ámbito de los entes públicos. Es decir, por la introducción en el ámbito público de criterios de gestión privados. Hay cierta tendencia social a demonizar a los empleados públicos como los responsables de que los costes de los servicios que prestan sean superiores a los costes de los servicios prestados por el sector privado, pero, salvo excepciones, la responsabilidad en la gestión es de los políticos que, en vez de hacer política, se meten a gestores sin la adecuada preparación para ello y desplazan a los profesionales relegándoles a la función de ejecutores de decisiones adoptadas desde perspectivas puramente políticas.

A todo lo anterior hay que añadir algunos elementos más que impiden a los Ayuntamientos lograr una mayor eficiencia de los recursos públicos. Se trata de las contradicciones entre las leyes administrativas y las laborales. Supongamos que un Ayuntamiento tiene el servicio de limpieza viaria adjudicado mediante concurso a una empresa privada y que ese mismo Ayuntamiento puede reasignar a su propio personal a la limpieza viaria porque, como consecuencia de la crisis no necesita tantos en el departamento de obras y servicios. Pues bien, al vencimiento de la contrata, el Ayuntamiento no puede municipalizar el servicio de limpieza y asignárselo a sus propios operarios. Si quiere municipalizar el servicio debe absorber a los trabajadores de la contrata y debe hacerlo a pesar de la prohibición de contratar más personal porque así lo prevé la legislación laboral. Así pues no queda más remedio que volver a licitar la contrata y seguir con los operarios propios “a medio gas”. Otro ejemplo de las dificultades legales con las que se encuentran los Ayuntamientos se refiere a la posibilidad de dedicar ingresos patrimoniales a la cancelación de las deudas financieras. Hoy, si un Ayuntamiento consigue vender un solar, a pesar de la crisis, no puede dedicar el precio obtenido al pago de los préstamos que tenga concertados. Debe necesariamente reinvertir ese dinero en una inversión también patrimonial que, con seguridad, generará más gasto corriente y contribuirá así a asfixiar más a la tesorería municipal.

En definitiva, estamos ante una situación sumamente compleja y delicada para la inmensa mayoría de los Ayuntamientos, sobre todo los pequeños y la solución no pasa sólo por abordar una parte del conjunto de los problemas municipales. Ni la delimitación de competencias municipales, ni el impulso a privatizaciones, ni los recortes de servicios públicos por sí solos suponen la solución de esta situación. Es preciso un proyecto más amplio y ambicioso que reforme a la vez la financiación de los entes locales, la dirección y gestión de los mismos, las normas de contratación de personal, bienes y servicios, las competencias y los mecanismos de control y coordinación con las demás administraciones. Y si no se hace, seguiremos “parcheando”.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 28 de diciembre de 2011

El Gobierno de Rajoy debe auxiliar urgentemente a los Ayuntamientos.

A la imperiosa necesidad de reducir las deudas de las administraciones públicas, cada una de ellas está respondiendo de diferente manera y usando distintos mecanismos. Entre ellas, las Comunidades Autónomas están acudiendo al mercado inmobiliario para hacer caja con la venta de su patrimonio inmobiliario y poder obtener así ingresos que palien su falta de liquidez. En unos casos se trata de la venta de terrenos, solares o edificios y en otros de la venta de participaciones de sus empresas públicas. http://www.elpais.com/articulo/economia/comunidades/venden/patrimonio/3000/millones/reducir/deficit/elpepueco/20111228elpepieco_4/Tes

Muy diferente es el caso de las Administraciones Locales, de los Ayuntamientos. Bien es cierto que en el conjunto de la deuda de las Administraciones públicas de deuda de los municipios, con ser grande, no constituye el eje del problema de las administraciones públicas. Sin embargo, el impacto social de las deudas municipales es enorme. La inmensa mayoría de los Ayuntamientos españoles se encuentra en situación de emergencia. La caída brusca de los ingresos corrientes ha hecho que muchos Ayuntamientos no puedan ya ni pagar con regularidad las nóminas de los empleados públicos. La adopción de planes de saneamiento y de recortes se ha impuesto, pero tarde. Hoy no se puede hacer frente a la mayoría de los gastos contraídos en los tiempos de bonanza. Y lo bancos no prestan la financiación necesaria ni siquiera en los municipios con capacidad de endeudamiento.

Miles de pequeñas y medianas empresas y de autónomos de todos y cada uno de los pueblos de España son acreedores de los Ayuntamientos. Éstos carecen en su inmensa mayoría de liquidez para poder pagar a sus proveedores, con lo que el pago de las deudas se va demorando mes tras mes causándoles enormes perjuicios y conduciéndoles, en un gran número de casos, al cierre directo de sus pequeños negocios. El impago de los Ayuntamientos a sus proveedores ha provocado, además, un efecto dominó: cuando cierra forzosamente un proveedor municipal suele arrastrar en su caída a muchos de sus propios proveedores.

Las medidas adoptadas hasta hora por el anterior gobierno socialista se han demostrado insuficientes, cuando no contraproducentes. No hay que olvidar que el llamado Plan Zapatero supuso la construcción en tiempos de crisis de miles de nuevos centros y dotaciones municipales que ahora deben funcionar y, por tanto, que han incrementado, en muchos casos, los gastos corrientes de Ayuntamientos que a penas podían hacer frente a sus anteriores gastos de funcionamiento. De otra parte los créditos ICO aprobados hace unos meses para que los Ayuntamientos pudieran hacer frente al pago de parte de su deuda con proveedores se han otorgado en condiciones de muy difícil cumplimiento para la mayoría de los pequeños y medianos Ayuntamientos que, en casos de demora de las amortizaciones mensuales, verían en peligro la periódica aportación del Estado con la que actualmente sostienen la mayor parte de sus gastos corrientes. Por último, las severas limitaciones establecidas por el Gobierno Zapatero a la concertación de operaciones de Tesorería no han hecho más que agravar la situación de caja de las entidades locales.

Resulta imperioso que el Gobierno de Rajoy arbitre medidas que alivien la difícil situación de los Ayuntamientos. Conjugar control del gasto, disminución del déficit, reducción de la deuda municipal y alivio de tesorería es posible, difícil pero posible. Junto a todas las limitaciones y restricciones necesarias en cuanto al gasto de los entes locales hay que facilitar financiación para que los Ayuntamientos puedan saldar sus deudas a proveedores y, con ello, salvar miles de puestos de trabajo. Y a tiempos excepcionales corresponden medidas excepcionales. No tiene sentido, ni lógica alguna que, mientras las Comunidades Autónomas pueden vender patrimonio para sanearse, no puedan hacerlo los Ayuntamientos salvo para reinvertir el producto obtenido en vivienda protegida o, en su caso, en nuevo patrimonio. Muchos Ayuntamientos podrían pagar a sus proveedores vendiendo parte de su patrimonio y aunque se trate de una medida excepcional debería autorizarse. De igual modo debería el Gobierno flexibilizar las condiciones de concertación de operaciones de tesorería y, sobre todo, los plazos de amortización de las mismas porque el actual sistema está imposibilitando en un gran número de casos la viabilidad de tales operaciones. Y, por último, el Gobierno debería habilitar fondos a través del ICO para la concertación de estas operaciones de tesorería que, al día de hoy, la banca privada no concede.

Con éstas y con otras medidas de urgencia y de carácter excepcional, el Gobierno de Rajoy puede aliviar en buen aparte la asfixiante situación de la mayoría de los municipios que, mientras tanto y como administración más cercana a los ciudadanos, deben seguir prestando servicios, incluso en muchos casos, supliendo las deficiencias de las manirrotas Comunidades Autónomas.

Santiago de Munck Loyola




sábado, 8 de octubre de 2011

La crisis de los Ayuntamientos: manos a la obra.

La crisis económica afecta a todos los países y a todas las administraciones en mayor o menor medida. No hay dinero o como diría Esperanza Aguirre “no hay un puto duro”. Es época de poda o de recortes. Se suele empezar por los gastos superfluos y, a veces, sin eliminar éstos se sigue por otros gastos más importantes. Sin embargo, subsiste la necesidad de seguir prestando servicios básicos a los ciudadanos y las administraciones públicas se las ven y se las desean. La crisis hace que las administraciones recauden menos dinero y que aumenten los gastos de carácter social. Así que no queda más remedio que echar imaginación para salir adelante.

Hoy, algunos medios de comunicación se hacen eco de una noticia que, cuando menos, debe ser valorada con atención: el Gobierno belga en funciones está estudiando la posibilidad de sustituir las bajas laborales de los profesores con profesores voluntarios jubilados. Habrá quien se eche las manos a la cabeza rechazando de plano esa posibilidad porque impide la contratación de interinos para las sustituciones pero si no hay dinero para contratarlos ¿qué hay que hacer? ¿dejar a los escolares sin profesor?

Hace ya muchos años, en Rivas-Vaciamadrid, un grupo de voluntarios jubilados, tras recibir la oportuna formación, se dedicaban en las horas de entrada y de salida de los colegios a ordenar y a regular el tráfico en las inmediaciones de los mismos. Con ello, contribuían a mejorar no sólo el acceso a los centros escolares, sino también a destinar a la Policía local a otras funciones más relevantes.

Se acaba de conocer que el Alcalde de Esparraguera, en Barcelona, ha dictado un bando solicitando a los vecinos que colaboren con el Ayuntamiento limpiando sus tramos de acera ante la difícil situación económica del mismo. Hay quien rápidamente se niega argumentando que ya paga sus impuestos, pero también hay muchos vecinos que apoyan la iniciativa y se muestran dispuestos a ser solidarios.

Estos ejemplos evidencian que para ayudar a salir de la crisis hay que buscar fórmulas imaginativas y apelar al enorme potencial de solidaridad que existe en nuestro entorno. Los Ayuntamientos, especialmente los pequeños, atraviesan momentos muy malos. Con menos ingresos tienen que hacer frente a más gastos sociales quieran o no. Y cuanto más se apele a la solidaridad, cuanto más se delegue en el voluntariado más fácil será poder destinar recursos a quienes peor lo están pasando. No se trata sólo de eliminar gastos superfluos, de racionalizar y optimizar los recursos existentes, sino, también, de liberar recursos poniendo en pie y apoyándose en el enorme potencial que el voluntariado puede proporcionar.

Siempre habrá quien se niegue, pero en toda comunidad vecinal, en todo pueblo siempre habrá jóvenes, jubilados, desempleados y ciudadanos en activo dispuestos a regalar su tiempo y su esfuerzo en beneficio de la Comunidad. Todo dependerá de la capacidad de liderazgo y de la ejemplaridad de los líderes sociales del lugar.

Colaborar en las tareas de limpieza es un ejemplo, pero hay más. Nada impide por ejemplo que voluntarios puedan atender en una Biblioteca pública o que se delegue el cuidado de una pequeña zona ajardinada a los vecinos colindantes voluntarios o que voluntarios regulen el tráfico en los accesos de los colegios o que colaboren en la vigilancia de los cultivos o que se organicen talleres de formación para el empleo con monitores voluntarios o que vecinos con la preparación y vocación precisas lleven las escuelas deportivas municipales o que los miembros de una asociación juvenil regenten y organicen el centro juvenil o determinadas instalaciones deportivas. Las posibilidades y los beneficios para la comunidad vecinal pueden ser muchos y variarán en función de las características de cada pueblo. Todo lo que los voluntarios puedan hacer supondrá un ahorro de recursos en esas facetas y dichos recursos podrán ser destinados a paliar las situaciones de verdadera emergencia social que día a día se plantean en todas partes.

Esperar soluciones mágicas venidas del gobierno o simplemente a que escampe es la alternativa. A mi no me gusta.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 15 de agosto de 2011

El estado se come a la sociedad del bienestar.

El Diario El Mundo, en su edición de ayer 14 de agosto de 2011, se hacía eco de las drásticas reformas emprendidas en Italia con el fin de adelgazar sus administraciones públicas. De paso, subrayaba tres cuestiones: primera, que nuestro Estado es insostenible en las actuales circunstancias; segunda, que los dos Partidos mayoritarios coinciden en la necesidad de acometer reformas para reorganizar nuestras administraciones públicas y adaptarlas a la coyuntura actual y, tercera, que sorprendentemente ni el PP ni el PSOE se atreven a plantear soluciones programáticas concretas para conseguirlo.

Una vez más, esta situación pone de manifiesto la estrechez de miras, la cobardía política o la falta de sinceridad de los dirigentes de nuestra clase política a la hora de plantear soluciones, que son más que urgentes, ante una cita electoral cercana. Lo más probable es que los electores lleguemos al 20 N sin saber exactamente qué propone cada partido político para solucionar un problema que todos coinciden en diagnosticar: la inviabilidad de nuestra estructura política, de nuestro Estado. Lo que en tiempos de las vacas gordas podía funcionar a pesar del despilfarro permanente al que nos habíamos acostumbrado, hoy es una pesada losa que hace peligrar la sociedad del bienestar en la que vivimos.

El incremento paulatino y constante de las prestaciones sociales producido en las últimas décadas ha venido acompañado de un crecimiento proporcionalmente muy superior de las administraciones públicas encargadas de gestionarlas. La universalización y mejora de la educación, la sanidad, la justicia, las pensiones o las prestaciones por desempleo han conllevado un sustancial incremento de los aparatos administrativos y burocráticos que eran sostenibles mientras la economía se mantenía en sendas de crecimiento. Los ingresos públicos permitían sin grandes problemas afrontar los gastos generados. Sin embargo, la caída de los ingresos ha puesto en evidencia la imposibilidad de seguir así.

Simultáneamente, la descentralización política y administrativa desarrollada por el Estado de las autonomías no ha supuesto una racionalización de los gastos de la burocracia política y administrativa. Al contrario, todas las administraciones han crecido vertiginosamente. No se aplica el principio de a una competencia, una administración, sino que, en muchas ocasiones, nos encontramos hasta con cuatro administraciones para desarrollar lo que antes hacía una sola. Resulta cuando menos llamativo que esta explosión burocrática se ha producido en el mismo período en que se desarrollaban e implantaban las nuevas tecnologías, aquellas que precisamente iban a permitir mejorar e incrementar la productividad, la eficacia y la operatividad de sus usuarios.

Hoy más que nunca peligra la sociedad del bienestar porque los recursos necesarios para su sostenimiento se los está comiendo el Estado, también del bienestar. No es posible seguir así. Los ciudadanos debemos reflexionar y plantearnos cuáles son nuestras prioridades porque vamos a tener que poner en la balanza muchas opciones y decidir cuáles queremos conservar. Todo a la vez no se puede. ¿Queremos educación universal y gratuita? ¿Queremos una sanidad pública de calidad y gratis? ¿Queremos unas pensiones dignas? ¿Queremos en definitiva unas prestaciones sociales de calidad? O por el contrario ¿Queremos seguir triplicando competencias administrativas y, por tanto, multiplicando el número de funcionarios? ¿Preferimos mantener miles de Ayuntamientos minúsculos con escasa capacidad? ¿Queremos seguir financiando a Partidos Políticos, a Sindicatos y Patronales con el dinero que se quita a los pensionistas? ¿Queremos seguir manteniendo unas Fuerzas Armadas profesionalizadas? ¿Queremos mantener unas Diputaciones inoperantes e innecesarias? ¿Queremos seguir manteniendo 17 parlamentos, 17 gobiernos, miles de asesores y miles de coches oficiales? ¿Queremos seguir manteniendo los injustificables e inmorales privilegios fiscales y sociales de nuestra clase política?

Éstas son las disyuntivas o una cosa o la otra. Hoy por hoy, no cabe todo a la vez. O sociedad de bienestar o Estado de bienestar, pero las dos cosas juntas se han vuelto incompatibles. Y si nuestra clase política no quiere verlo, los ciudadanos tenemos que hacer que lo vea.

Santiago de Munck Loyola

martes, 26 de octubre de 2010

La crisis económica de los ayuntamientos.

La larga crisis económica que estamos viviendo afecta por igual a todas las administraciones públicas que han visto disminuidos sensiblemente sus ingresos, teniendo que mantener una extensa red de servicios de carácter público. Y esta crisis se hace especialmente evidente y perceptible en las corporaciones locales cuyos ingresos corrientes, sustentados en gran parte en el sector inmobiliario, han caído de forma espectacular. Su proximidad a los ciudadanos y su íntima conexión con el tejido económico inmediato del que se proveen hacen especialmente visibles los efectos de esa drástica reducción de los ingresos y, por tanto, de las negativas consecuencias de sus dificultades de tesorería y de liquidez. La salida inmediata de todas las administraciones públicas, incluidas las municipales, ha sido aumentar su endeudamiento.

Las Corporaciones Locales han venido aumentando su endeudamiento por encima de límites razonables, al igual que las demás Administraciones Públicas. Bien es cierto que la deuda de las Corporaciones Locales, fundamentalmente los Ayuntamientos, es relativamente pequeña si se compara con las deudas autonómicas o estatal. La media por habitantes es de 910 euros en el caso de las Corporaciones Locales, de 2.600 en el caso de las Comunidades Autónomas y de 12.500 euros en el caso del Estado. Sin embargo, con ser mucho más reducida es paradójicamente la más llamativa, la más perceptible por el conjunto de los ciudadanos, sobre todo, en los miles de municipios pequeños y medianos de España.

¿La razón? La proximidad, la cercanía de la administración al administrado. En los municipios pequeños y medianos, las dificultades de tesorería se perciben claramente en el entorno inmediato: retrasos en los pagos a proveedores, muchos de ellos del propio municipio, dificultades con las nóminas, reducciones de jornadas y salarios a empleados que en su mayoría residen en el propio municipio, eliminación o reducción de servicios, subidas de tasas e impuestos, etc. Por tanto, los efectos de la crisis son percibidos de forma directa y rápida por los ciudadanos quienes, en la mayoría de los casos, señalan como responsables a los gestores municipales de la situación. Y todo el mundo es consciente de lo que eso significa cuando las fechas de las elecciones municipales se aproximan.

Un informe reciente de la FEMP señalaba que un tercio de la deuda de los Ayuntamientos se debe principalmente a la prestación de servicios ajenos a las competencias municipales y a la ausencia de transferencias específicas para su desempeño. Es muy probable que se trate de bastante más que un tercio. Durante las últimas décadas, los Ayuntamientos han ido aumentando el catálogo de la prestación de servicios mucho más allá de las competencias que la Ley les otorga y sin dotarse de los mecanismos específicos de financiación para su sostenimiento. Los ingresos corrientes abultados por los provenientes de las tasas e impuestos urbanísticos servían para pagar todo o casi todo en un ejercicio de irresponsabilidad colectiva sin límites. Ahora, en plena sequía urbanística, la solución financiera propuesta por la mayoría pasa por pedir más dinero al Estado y a las Comunidades Autónomas a través de una reforma del sistema de financiación de los Ayuntamientos. Es como si el dinero y los recursos fuesen ilimitados. Y no es así. La solución pasa por un cambio radical de mentalidad. Hay que gastar menos y hay que gastar mejor. Y hay que hacerlo adaptándose a las circunstancias. No hay otra solución.

El deseo de todo regidor municipal de ofrecer a sus vecinos toda clase de servicios y prestaciones públicas choca con una realidad brutal: no hay dinero para todo. Y si se quiere hacer sólo queda incrementar los ingresos a través de la subida generalizada de tasas, precios públicos e impuestos, algo inaceptable para políticos y contribuyentes. Por tanto, hay que replantearse la situación y no queda más remedio que ajustar los gastos a los ingresos disponibles, salvo que se quiera hacer inviable el sistema. El café gratis para todos hoy no es una opción válida.

Al amparo de la Ley y con la vista siempre puesta en las urnas, los Ayuntamientos han aumentado sus prestaciones de forma progresiva sin un sustento sólido para su financiación regular. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local los Ayuntamientos tienen unas competencias obligatorias, unas prestaciones públicas que desarrollar, en función de su población. Un municipio, según el Artículo 25. 1. de esta Ley para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Según el art. 27 de la misma Ley pueden también desarrollar otras competencias delegadas por otras administraciones y según el art. 28 realizar otras actividades complementarias a las de otras administraciones. Pero hay un mínimo obligatorio de competencias establecido en el art. 26. Si se toma como ejemplo un municipio de 7.000 habitantes nos encontramos con que el art. 26 señala que las competencias mínimas de ese Ayuntamiento son: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas, parques públicos, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. Y no hay más. Fuera de estas competencias obligatorias, cualquier otra actividad o competencia que desarrolle tiene carácter voluntario o, en su caso, delegado teniendo, por tanto, que estar dotada de la correspondiente transferencia de recursos. Es evidente que gran parte de las competencias desarrolladas por los municipios de tamaño similar son voluntarias y que, por tanto, su financiación depende igualmente de la capacidad económica de la Corporación. Sin embargo, la irresponsabilidad de los gobiernos locales está ampliamente consolidada. Se asumen competencias voluntarias, se prestan nuevos servicios sin una base sólida de financiación y nadie pone freno a este disparate.

En la prestación de competencias voluntarias, de servicios no obligatorios ni delegados, deben regir, al menos, dos criterios fundamentales si no se quiere acabar con Ayuntamientos inviables:

- El principio de subsidiariedad. Una Administración no debe asumir una competencia o una prestación de servicios que ya esté siendo desarrollado satisfactoriamente por otra administración o por la propia iniciativa privada. Con ello se evitaría una innecesaria duplicidad de servicios, con su correspondiente coste, y una competencia desleal hacia los propios contribuyentes. ¿Qué hacen las Policías Locales asumiendo funciones que no les corresponden? ¿Qué pinta un Ayuntamiento proporcionando clases de tenis o de inglés cuando hay entidades privadas que lo hacen satisfactoriamente? No vale argumentar que así se garantiza el acceso a todo el mundo a esas actividades, pues se garantiza igual y a menor precio mediante otras fórmulas como las subvenciones o cheques escolares.

- El principio de progresividad fiscal. Es una práctica generalizada en la mayoría de los Ayuntamientos establecer precios públicos sin cumplir los requisitos legales para ello y prescindir de la capacidad contributiva del usuario. No es que sólo se cobren servicios municipales sin cubrir los costes de los mismos, sin memorias económicas, sin controles de eficiencia ni criterios económicos algunos, sino que, además, se hace sin tener en cuenta la capacidad económica del usuario. Café para todos y, si se apura, gratis es la fórmula habitual. Con unos recursos económicos limitados no tener en cuenta la capacidad contributiva de los usuarios resulta de todo punto profundamente injusto. Con ello, se acaban antes los recursos y no es posible atender verdaderas necesidades de muchos ciudadanos. Cobrar a todos los usuarios de una escuela infantil, por ejemplo, el mismo precio con independencia de su situación familiar y su capacidad económica es profundamente inmoral e injusto. Cobrar por debajo de coste clases de tenis a alguien que acude a tomarlas cómodamente en su coche de alta gama, lo mismo. Por ello, en tiempos de crisis, más que nunca es preciso aplicar criterios de progresividad fiscal.

Por último, hay que señalar que la ejecución del Plan E, como del Plan Confianza de la Comunidad Valenciana, lejos de mejorar la situación económica de los Ayuntamientos la van a empeorar. La puesta en funcionamiento de todas las nuevas infraestructuras va a requerir un enorme esfuerzo de los Ayuntamientos en el incremento del gasto corriente: más personal y nuevos gastos de mantenimiento. Ese no es el camino adecuado para reflotar los Ayuntamientos.

Santiago de Munck Loyola