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jueves, 19 de julio de 2012

Los irresponsables socialistas.



Dice sin vergüenza alguna, la diputada socialista Elena Valenciano que ellos, los socialistas, no son responsables de la situación actual. Recuerda esta señora al valiente capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino que no admite ninguna responsabilidad en la catástrofe y que se cree una "víctima del sistema". Del mismo modo que el inefable Schettino se cayó accidentalmente en el bote salvavidas, la Sra. Valenciano y sus conmilitones han caído accidentalmente en el bote de la amnesia y piensa que con negar responsabilidades puede engañar, una vez más, al conjunto de los ciudadanos. Pero buena prueba de que los ciudadanos no comparten bote con los socialistas es que, a pesar del tremendo y rápido desgaste del Partido Popular, los socialistas, con discurso duro o blando, siguen muy por debajo de los primeros en los sondeos sobre intención de voto.

La clase política y sindical de nuestro país sigue enfrascada en pugnas pueriles que no ayudan en absoluto a transmitir una imagen sólida de España en los mercados internacionales, agravando así las dificultades de financiación y consecuentemente a promover la necesidad de más reducciones de gasto público para hacer frente a esa financiación.

Aquí nadie sume responsabilidades: ni partidos políticos, ni sindicatos, ni empresarios. Parece que los únicos responsables de la dramática situación económica y social que vivimos somos los ciudadanos a los que se nos imponen todas las cargas posibles para intentar salir del agujero. Y hay que hablar claro: las responsabilidades son compartidas. Todos son responsables, culpables, de que estemos como estamos: desde los amnésicos socialistas hasta los populares pasando por los pasivos sindicatos durante años y los empresarios especuladores o la banca española. Todos: unos porque gobernaban el Estado, otros las Comunidades o Ayuntamientos, unos porque permanecían complacientes ante el despilfarro mientras les llenaban los bolsillos con subvenciones millonarias y otros porque asentaron su riqueza en el pelotazo y la especulación. Son responsables los que el año pasado gastaron más de 90.000 millones de euros sobre lo que ingresaron en el Estado y que ahora hay que pagar con intereses al 7 %. Son responsables los que gestionaron comunidades autónomas como la Valenciana dejando su solvencia al nivel del bono basura. Son responsables los que gestionaron Ayuntamientos como el de Rivas, gobernado por IU, que ha rebajado un 30 % las nóminas de sus empleados en el pasado mes de junio. Son responsables los que gobiernan una Comunidad Autónoma que mantiene “embajadas” por todo el mundo o varios canales de TV mientras recorta a sus ciudadanos los servicios médicos. Son responsables los que se han llenado los bolsillos con subvenciones millonarias: partidos, sindicatos, empresarios o artistas.

Aquí la responsabilidad es compartida y tiene graduaciones, cómo no, pero compartida al fin y al cabo. Y va siendo hora de que haya un mínimo gesto de honestidad en la clase dirigente española asumiendo públicamente esa responsabilidad y pidiendo perdón a los ciudadanos por el daño causado.

En un estado de emergencia nacional como el que nos encontramos sería estimulante para todos que, en lugar de “escurrir el bulto”, en vez de criticar sin aportar soluciones alternativas se escuchase un discurso crítico, pero constructivo; sería positivo para la marcha del país que la demagogia cediera el paso al discurso inteligente. Pero, claro, pedir un mínimo de grandeza a esta clase dirigente, política, económica, sindical, social y cultural, es como pedir peras al olmo, salvo contadas excepciones.

Por mucho que uno esté en desacuerdo con determinadas medidas del Gobierno, por mucho que a uno personalmente le afecten, escuchar a algunos líderes sindicales hablar de “estado de guerra” produce náuseas. Escuchar simplezas sindicales como decir que “el PP quiere arruinar al país” da auténtica pena, primero por constatar que cualquier descerebrado puede dirigir un sindicato y, segundo, al comprender el nulo respeto de muchos sindicalistas a la inteligencia de los ciudadanos. Nadie, en su sano juicio, quiere arruinar al país. El país está arruinado y mientras se arruinaba los sindicatos miraban hacia otro lado. No son estos discursos los que España necesita ahora. No es ésta la imagen que España necesita proyectar al exterior. La insolvencia social, la fractura, el enfrentamiento y la agitación también se paga en los mercados que tienen que financiarnos. Puede que buena parte de la clase dirigente interese la tensión y la crispación porque con ello se neutralizarán los efectos económicos positivos que cualquier ajuste pueda producir. Más tensión, igual a más prima de riesgo, igual a más ajustes, igual a más tensión… hasta el rescate.

Claro que hay motivos para protestar. A nadie le gusta que le suban los impuestos o que le quiten el 7 % del sueldo, como tampoco gustó cuando el recorte socialista hace dos años fue del 5 % con la dócil resistencia sindical. Pero estos líderes sindicales son ahora los menos legitimados para hacer llamamientos a la protesta. Con un servidor, tan afectado como cualquiera por los recortes, que no cuenten porque un servidor no cuenta ni con los indecentes ni con los irresponsables.

Santiago de Munck Loyola

sábado, 17 de diciembre de 2011

Carta abierta a D. Juan Rosell, patrón de patronos.

Sr. Rossell:

Permítame, como empleado público y como contribuyente que con mis impuestos ayudo a mantener la asociación que usted preside, que le traslade mediante esta carta pública mi profunda gratitud por su persistente interés en torno al funcionamiento de las administraciones públicas y a la situación de los empleados públicos. Tanta dedicación a la “cosa pública” le supondrá, seguramente, una menor atención a la “cosa privada” que es la que usted representa. No obstante, he de decirle que no comparto en absoluto las peregrinas conclusiones a las que le conduce tanto interés y esfuerzo intelectual de su parte. Comprendo perfectamente que alguien como usted, que no ha conseguido acabar los estudios de ciencias políticas, confunda conceptos básicos y sea, por tanto, incapaz de establecer criterios elementales diferenciadores en torno a la función pública y a la iniciativa privada, que es la que usted representa, o que sea capaz de manifestarse en la calle contra las sentencias del mismo Tribunal Constitucional con gritos en contra de la unidad de España. Quizás esa propensión suya a mezclar conceptos y procedimientos privados con los públicos derive también de su propia condición profesional de cuasi funcionario empresarial ya que, aunque usted presida la mayor organización empresarial española, nunca ha sido capaz de crear su propia empresa arriesgando su patrimonio tal y como hacen cientos de miles de empresarios. Y no, Sr. Rosell, no es lo mismo acceder a un puesto de trabajo en una empresa mediante la recomendación de un amigo, como en su caso, que acceder a un puesto de trabajo en una administración pública mediante una prueba objetiva en la que se miden los conocimientos, los méritos y la capacidad.

Da la sensación, Sr. Rosell, que usted padece algún tipo de obsesión enfermiza hacia los empleados públicos como parece deducirse de sus periódicos y repetidos ataques hacia los mismos. Y en cada una de sus declaraciones se evidencia su profunda ignorancia en torno a la función pública. Sinceramente, los contribuyentes que anualmente le entregamos más de 400 millones de euros a la asociación que usted preside, no nos merecemos tantas impúdicas exhibiciones de fobias y, posiblemente, frustraciones personales. Que usted pueda padecer una vocación funcionarial frustrada no nos importa. Ahórrenos por favor sus obsesiones funcionariales.

Las generalizaciones son el refugio de los vagos o de los ignorantes. Y usted, con perdón, generaliza mucho. Afirmar sin más que en España sobran 900.000 funcionarios no es otra cosa que una generalización, Sr. Rosell. ¿Por qué no concreta un poco? Digo yo que con los 400 millones de euros que se ha embolsado de los contribuyentes en 2010 bien puede pagar algún estudio serio que permita cuantificar y determinar con precisión el número de funcionarios que, según usted, sobran y dónde sobran.

Díganos mejor Sr. Rosell cuántos médicos, ATS, profesores, policías, Guardias Civiles, militares, operarios de limpieza, administrativos, conserjes, asistentes sociales, funcionarios de prisiones, etc. sobran y dónde sobran. Ilumínenos Sr. Rosell, por favor, y precise con rigor y seriedad una afirmación tan importante como la que acaba de hacer.

Y dicho esto, Sr. Rosell, no voy a entrar sobre su disparate en torno a sus palabras sobre la posibilidad de despidos de los empleados públicos que, con tanta ligereza como ignorancia, ha proferido. Tan sólo le quiero recordar que las Administraciones Públicas no son empresas privadas; que sus funciones son radicalmente distintas y que mientras la obligación del empresario es procurarse el máximo beneficio sobre su inversión no ocurre lo mismo en el ámbito público en el que prima el concepto de rentabilidad social.

No obstante lo anterior, Sr. Rosell, si sus observaciones sobre los 900.000 funcionarios que a su juicio sobran obedecen a un deseo sincero de aligerar el gasto del Estado, permítame que le sugiera que empiece usted por predicar con el ejemplo y que renuncie a los 400 millones de euros que le regalamos anualmente los españoles. Y, hecho ésto, pida a sus colegas sindicales y a los partidos políticos que hagan lo mismo. Manténganse ustedes con las cuotas de sus afiliados exclusivamente porque se supone  que unos brillantes empresarios, unos empresarios de éxito como usted bien pueden costearse sus clubes y organizaciones. ¿O me va a decir que son tan malos empresarios que no ganan ni para éso? Y, cuando lo haya hecho, entreténgase si le parece en denunciar la evasión fiscal de algunos empresarios o los 11.000 euros mensuales de pensión del Sr. Bono. ¡A ver si tiene lo que hay que tener para hacerlo!

Un saludo.

Santiago de Munck Loyola.

martes, 6 de septiembre de 2011

La CEOE y la cara dura de su presidente.

Parece que el Presidente de la gran patronal española, D. Juan Rosell, la tiene tomada con los funcionarios, con los empleados públicos. El pasado 18 de julio de 2011, http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/18/economia/1310979738.html, el Sr. Rosell, se despachó a gusto y denunció, lo que él llama, funcionarios "prepotentes e incumplidores" y defendió la necesidad de "evaluar" a los empleados públicos. Añadió, además, que "hay que combatir a estos empleados públicos y decirles que no son dueños de sus puestos de trabajo, sino que trabajan para nosotros". El Sr. Rosell olvidó mencionar que para ser empleado público hay que haber sido evaluado previamente y haber aprobado el correspondiente proceso selectivo. Ningún funcionario que se precie se considera dueño de su puesto de trabajo y todos saben que son (somos) servidores públicos, que trabajamos para los ciudadanos. Que ¿hay funcionarios prepotentes e incumplidores? Pues seguramente, como empresarios o políticos, pero son una excepción y la Ley tiene ya los mecanismos suficientes para corregir cualquier abuso. Los empleados públicos se desenvuelven en un mundo muy regulado que no tiene nada que ver con el mundo del mercado, con la Ley de la selva en la que parece moverse el Sr. Rosell.



Ahora, el Sr. Rosell, que debe padecer algún tipo de fobia funcionarial, acaba de pedir "sacrificios" http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/06/economia/1315328815.html

a los funcionarios, incluidos los profesores, "como tributo a los que no tienen un contrato para toda la vida" y en compensación por las "ventajas y beneficios" de que disfrutan, según dice, los empleados públicos. "No es el momento de la queja constante, sino de la responsabilidad constante", ha dicho en referencia a la crisis económica. Desde 1982 hasta el año 2007 y sin contar los últimos recortes del Gobierno del Sr. Zapatero, los funcionarios han perdido más del 42 % de su poder adquisitivo, tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla:




AÑO
I.P.C.
INCREMENTO
PÉRDIDA SALARIAL

1982
14,00%
8,00%
-6,00%

1983
12,20%
9,00%
-3,20%

1984
11,90%
6,50%
-5,40%

1985
8,20%
6,50%
-1,70%

1986
8,30%
7,20%
-1,10%

1987
4,60%
5,00%
0,40%

1988
5,80%
4,00%
-1,80%

1989
6,90%
4,00%
-2,90%

1990
6,50%
6,00%
-0,50%

1991
5,50%
7,22%
1,72%

1992
5,30%
6,10%
0,80%

1993
4,90%
1,80%
-3,10%

1994
4,30%
0,00%
-4,30%

1995
4,30%
3,50%
-0,80%

1996
3,50%
3,50%
0,00%

1997
2,10%
0,00%
-2,10%

1998
2,10%
2,10%
0,00%

1999
2,40%
1,80%
-0,60%

2000
4,00%
2,00%
-2,00%

2001
3,10%
2,00%
-1,10%

2002
4,00%
2,00%
-2,00%

2003
2,60%
2,00%
-0,60%

2004
3,20%
2,00%
-1,20%

2005
3,70%
2,00%
-1,70%

2006
2,70%
2,00%
-0,70%

2007
4,20%
2,00%
-2,20%
TOTAL
25
140,30%
98,22%
-42,08%



¿No le parece el Sr. Rosell suficiente sacrificio? Pues debe ser que no y seguramente debe ser también la misma opinión de estos sindicatos de “clase”, que viven del pesebre estatal y que, cómplices de este desastroso gobierno, han tenido una respuesta más que tibia ante semejante sacrificio impuesto a los empleados públicos. ¡Claro! Hay que comprenderles. Si levantaban mucho la voz a lo mejor perdían las multimillonarias subvenciones que perciben.

Los funcionarios, los empleados públicos, no olvidan que sus sueldos son pagados por los contribuyentes, como tampoco deberían olvidar que ellos mismos son contribuyentes y que con parte de sus impuestos se pagan los 400 millones de euros que las organizaciones empresariales recibieron en el año 2010, http://www.publico.es/dinero/340792/la-ceoe-un-gran-negocio-engrasado-con-dinero-publico. Que las organizaciones de los empresarios, personas cuyo fin primordial es la obtención del máximo beneficio económico, reciban dinero público para poder funcionar es, sencillamente, escandaloso e inmoral. Repártanse un poco menos de beneficios y páguense sus edificios, sus cursos y sus saraos sin “chupar” de la caja pública. Sacrifíquense ustedes primero, Sr. Rosell, y después podrá tener alguna legitimidad para pedir sacrificios a los demás y, puesto a pedirlos, tenga un mínimo de decencia y de valor y solicite a sus colegas sindicales y a los dirigentes de los partidos políticos que se sostengan con las cuotas de sus afiliados y no con el dinero que detraen de los impuestos de todos los asalariados de España.

Menos cara dura, por favor y las fobias al diván del psiquiatra.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 15 de octubre de 2010

LA RECETA DE DÍAZ FERRÁN.

El presidente de la CEOE y ex dueño de Marsans ha afirmado que para salir de la crisis económica hay que "trabajar más y, desgraciadamente, ganar menos". Pues ¡qué bien! A tenor de sus palabras habrá que deducir que eso es precisamente lo que no hizo él mismo cuando dirigía su grupo de empresas, visto el resultado que obtuvo, es decir, la quiebra de las mismas. No sé si se habrá dado cuenta este señor, al igual que muchos políticos, que los trabajadores españoles ya no pueden cobrar menos de lo que cobran. Los salarios españoles están por debajo de la media europea mientras que el coste de la vida sigue subiendo y convergiendo con los precios de los países de nuestro entorno.

Hay millones de familias en España, afortunadas por tener trabajo e ingresos, a las que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes, a las que ya no se les puede rebajar más sus ingresos. Cada vez que se produce una subida de tasas o de impuestos indirectos, los políticos de turno nos vienen con el cuento chino de que tenemos que homologarnos con Europa y que la presión impositiva debe converger con la presión fiscal europea. Vale, pero ¿y los servicios públicos y las prestaciones sociales? ¿No deberían también homologarse? ¿Y los salarios y pensiones? ¿No deberían también homologarse?

Sinceramente me parece una desfachatez que el Sr. Díaz Ferrán nos venga ahora con esta receta “milagrosa” para salir de la crisis. A lo mejor habría que estudiar y considerar otras alternativas. En todo caso, parece evidente que no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, de ser más productivos y tratar así de reducir el diferencial cada vez mayor que nos separa de nuestros socios económicos. Sin una mejora de la productividad no podemos ser competitivos. Y para mejorar nuestra competitividad no es preciso trabajar más. A lo mejor hay que empezar por reducir los tremendos beneficios que obtienen las grandes empresas y reinvertirlos en investigación y en nuevas tecnologías. A lo mejor los empresarios deben dejar de vivir, muchos de ellos, de las subvenciones públicas y beneficios fiscales mientras están engordando sus cuentas de resultados. A lo mejor, los empresarios, los grandes empresarios, deben estimular la productividad mediante una progresiva participación de sus trabajadores en los beneficios de su empresa.

Que el Presidente de una Patronal que necesita de las subvenciones públicas para mantener la estructura de la CEOE venga ahora con esta receta parece una auténtica burla al sentido común. Que la Patronal en la que están integradas las mayores empresas de España, empresas cuyos directivos y propietarios disfrutan de una posición económica absolutamente privilegiada, se esté nutriendo de subvenciones públicas, es decir de dinero puesto por todos los contribuyentes incluidos los trabajadores a los que se pide trabajar más por menos salario, resulta de una desvergüenza imposible de justificar. Y que esta situación se mantenga mientras se congelan pensiones o se rebajan salarios a los empleados públicos es de una incongruencia total.


Santiago de Munck Loyola

jueves, 7 de octubre de 2010

LO QUE LOS CIUDADANOS NO DAN, QUE NO LO DÉ EL ESTADO.

La fortaleza y vitalidad de una sociedad democrática puede medirse por la variedad, independencia y fuerza del tejido asociativo que la compone. Hay una gran diferencia entre la pluralidad e independencia de los movimientos y asociaciones que se generan y desarrollan en las sociedades anglosajonas y el tejido asociativo que sobrevive en nuestra sociedad. Muchas veces, a lo largo de la historia, los movimientos asociativos en aquellas sociedades han servido de contrapeso al poder político, controlándolo y moderándolo gracias, fundamentalmente, a su enraizamiento social y a su independencia.

Sin embargo, en España, la tendencia que se manifiesta en la mayoría de las ocasiones es la inversa: es el poder político, en cualquiera de sus niveles, el que intenta moderar y controlar al movimiento asociativo. Y lo hace principalmente a través del control económico del mismo, a través de la subvención. La ausencia de una identificación fuerte entre las asociaciones y los ciudadanos, la tendencia al crecimiento burocrático de esas organizaciones y la falta de una auténtica conciencia social asociativa conduce a una evidente debilidad estructural de las mismas que les impide funcionar sin ayudas económicas externas y, por tanto, a depender económicamente del poder político para poder subsistir. Papá – Estado pone el dinero de los ciudadanos, que evidentemente no quieren voluntariamente asociarse, al servicio del funcionamiento de esas mismas asociaciones y movimientos ignorados por los contribuyentes. Y así cientos de millones de euros salen de las arcas públicas para subvencionar todo aquello que los contribuyentes no quieren mantener en su vida cotidiana.

Claro que quienes dirigen el Estado padecen el mismo problema. Lo mismo pasa con aquellas entidades que debían ser la columna vertebral de la participación y la democracia: los partidos políticos y los agentes sociales. Recién estrenada nuestra democracia y recién salidos de la clandestinidad podría considerarse no sólo normal, sino absolutamente necesario, que partidos políticos y agentes sociales recibiesen ayuda económica para funcionar y poder consolidar un régimen político participativo. Pero, transcurridos más de 30 años ¿sigue siendo necesario? Los partidos políticos han recibido del Estado en 2010 cerca de 84 millones de euros y en 2011 recibirán más de 131 millones de euros. A esas cantidades hay que sumar, además, las percibidas de las CCAA y de los Ayuntamientos que financian a los grupos municipales (y hay más de 8.000 ayuntamientos en España) ¿Cómo es posible que un Partido como el PP que dice contar con más de 700.000 afiliados necesite del dinero del contribuyente para sobrevivir? ¿Es que el PSOE, el PP, IU y los demás partidos no pueden vivir sin dinero público? Si después de 30 años, los ciudadanos no quieren mantenerlos voluntariamente es que algo se ha hecho muy mal en nuestra democracia. Sus lujosas sedes, sus desaforados gastos electorales, sus cientos o miles de empleados deberían ser sostenidos exclusivamente con el esfuerzo y el compromiso de sus afiliados. Y deberían ajustar sus estructuras y gastos a su capacidad de movilización de adhesiones y, por tanto, de financiación. Lo demás es una farsa a costa del contribuyente.

Y otro tanto cabe decir de sindicatos y organizaciones empresariales. UGT y CCOO, ellas solas, han manejado 193 millones de euros de fondos públicos en 2009. En el presente año, CEOE recibirá 13, 29 millones de euros de subvenciones para fines como el capítulo de formación; las ayudas destinadas a apoyar la promoción de las empresas en el exterior o en concepto de representación institucional de la patronal. ¿No deberían sostenerse con las cuotas de sus afiliados? Yo creo que sí. ¿Qué clase de empresarios tenemos que necesitan del dinero de los contribuyentes para mantener su asociación? Estos empresarios que se reparten miles de millones de euros de beneficios de sus empresas, que viajan en aviones privados, que disfrutan de enormes fortunas ¿necesitan del dinero recaudado a los asalariados para mantener sus lujosas sedes? ¿Qué clase de estado mantenemos que da dinero a los millonarios cuando hay tantas necesidades básicas sin cubrir?

Y qué decir de las mutimillonarias ayudas entregadas a las entidades financieras. Las cifras son tan escandalosas como la ausencia de transparencia sobre el procedimiento seguido.

Lo cierto es que partidos políticos y agentes sociales no cuentan con el respaldo popular suficiente como para autofinanciarse y usan el estado para hacerlo. La brecha entre su posición y la realidad social es cada vez mayor. Pero, claro, ahí no acaba la cosa. La regla imperante es que todo aquello que no es respaldado por el ciudadano recibe del Estado lo que los ciudadanos le niegan. Que la gente no ve películas españolas, pues no pasa nada, a tirar de subvenciones. Así, el 40 % de las películas que se ruedan en nuestro país no se estrenan o tienen menos de 100 espectadores. El Ministerio de Cultura en 2008 repartió 85 millones de euros, 87 en 2009 y en 2010 estaba previsto subir la cifra hasta los 89,4 millones de euros. Es decir, las entradas de cine que no pagan los ciudadanos porque el cine hecho no les gusta son pagadas con creces por el Estado. Ah, y 600.000 euros para los guionistas en 2010. Luego resulta que según la Inspección Tributaria el cuarto grupo de profesionales que más defrauda a Hacienda es el de los Artistas. ¿Por qué hay que subvencionar al cine que los ciudadanos no quieren ver? ¿Se subvenciona a los escritores, a los pintores, a los escultores o a los compositores? ¿Por qué unos sí y otros no?

Y hablando de subvenciones se podría seguir extendiendo la lista de beneficiarios. Hay muchos. Pero lo cierto es que los recursos son cada vez más escasos y que es preciso de una vez decir basta ya. No se puede seguir ordeñando más la vaca estatal porqué está exhausta. Y existen sectores sociales mucho más necesitados que los partidos políticos, los agentes sociales o los artistas. Es hora de que el Estado y los que lo dirigen sean de verdad solidarios y justos. Así no se puede seguir.

Santiago de Munck Loyola