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miércoles, 6 de junio de 2012

Una marea creciente.

En el día de hoy, el Portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando LLopis ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha subrayado el incremento de la mendicidad en las calles de Alicante y ha sugerido diferentes vías de actuación para atajar algunas de sus consecuencias. Ha mencionado la necesidad de que los servicios sociales y otras instituciones apoyen a las personas más necesitadas para que puedan acceder a recursos básicos de subsistencia y de que se actúe contra las mafias que al parecer recaudan dinero explotando a algunos mendigos. El activo Portavoz de UPyD (qué vitalidad política la suya si se compara con la otros grupos municipales) ha centrado buena parte de su mensaje, o al menos así lo han destacado algunos medios de comunicación, en la mala imagen que la mendicidad causa en una ciudad turística como la nuestra y en la necesidad, por tanto, de que la Policía aplique las normas existentes para erradicarla.

Es cierto que la mendicidad se ha multiplicado en los últimos años como consecuencia de la profunda crisis que vivimos, pero la mendicidad no es el problema, sino que es un síntoma y un reflejo del problema de fondo que no es otro que la enorme extensión de la pobreza en nuestra ciudad al igual que en tantas ciudades españolas. La crisis ha hecho mella, ha golpeado muy duramente en nuestra ciudad y se refleja en muchos otros aspectos, no sólo en la proliferación de la mendicidad.

No hace mucho, en un centro comercial cercano, una familia, el matrimonio y dos hijos pequeños, entraron por la mañana. Mientras la madre con los niños se dirigía al interior del establecimiento, el padre, muy azorado, se acercó a una de las cajeras y le dijo: “Disculpe señorita, mis hijos ayer no comieron nada, no tengo nada. Vamos a coger algo para que desayunen y no podemos pagarlo. Si quiere llame a la Policía”. Duro, pero real. Un reflejo de cómo están las cosas. ¿Qué hacer entonces?

La realidad de la calle, la que en muchas ocasiones no se quiere o no se puede ver desde los despachos es mucho más dura y grave que lo que pueda suponer la imagen de la mendicidad. Para hacerse una idea del contexto en el que nos movemos, el contexto del que surge la mendicidad hay que considerar algunos datos. En mayo, el número de parados en la Provincia de Alicante se situó en 223.591 personas, lo que significa 17.275 personas en desempleo más en relación al mismo periodo del año anterior. De estos 223.591 desempleados, solo están cobrando prestaciones 118.367 personas y de ellas más de 70.000 subsisten con una prestación asistencial que no llega ni a los 500 euros al mes. Los parados de la ciudad de Alicante superan los 36.000 y casi la mitad de ellos no percibe ningún subsidio.

Recientemente, el obispo de Orihuela-Alicante, Rafael Palmero, afirmó que unos 40.000 alicantinos se encontraban en una situación de extrema pobreza y que 360.000 más se hallaban en el umbral de la pobreza relativa. Los comedores sociales de la Iglesia están desbordados y la capacidad asistencial de su voluntariado al límite.

Según un comunicado de la Cruz Roja de Alicante, esta entidad atendió en el primer trimestre de 2012 a 1.490 personas sin hogar a través de diferentes proyectos. En la provincia de Alicante, se han puesto en marcha proyectos como el de Unidades Móviles de Emergencia Social (UMES) para la asistencia de personas que viven en las calles.

Café, comida, abrigo, materiales de aseo e higiene, atención sanitaria y escucha son algunas de las labores que prestan los voluntarios. En los primeros meses del año se han atendido a 1.004 personas sin hogar por ola de frío en 17 localidades de la provincia. A lo largo del año pasado casi 5.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas en la Provincia de Alicante y para este año esa cifra va a ser ampliamente superada.

Si estos datos no reflejan por si solos una situación de auténtica emergencia social que va mucho más allá de los daños que a la imagen de la ciudad la práctica de la mendicidad puede provocar, es que no es posible sintonizar con la clase política. Estamos ante una situación social excepcional que exige medidas excepcionales por parte de todas las administraciones y una auténtica movilización solidaria de la sociedad.

En este contexto social sorprende que algunos se irriten (y no se imagina el lector hasta qué punto) cuando se critica la existencia en el Ayuntamiento de más asesores y cargos de confianza que de concejales, o se cuestiona que los ediles cobren hasta 1.500 euros por asistir a Consejos de Administración de las Empresa Públicas o se dude la necesidad de gastar más de 500 euros diarios en la reposición de plantas ornamentales, por citar algunos ejemplos. Pero, en fin, la sensibilidad social es muy variable.

La mendicidad no es el problema. La mendicidad es un reflejo más, y no el único, del problema de fondo, la creciente pobreza de miles de familias de nuestro entorno. Y no deberíamos olvidar que en estas circunstancias no hay diques que nos mantengan a salvo de esta marea creciente.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 11 de mayo de 2012

Sobre el IBI, la Iglesia y la X.

IU y sus asociaciones satélites han estado recogiendo firmas para que la Iglesia Católica pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles entre otras cosas y las 35.000 recogidas las han entregado en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, algunos Ayuntamientos han hecho pública su intención igualmente de cobrar dicho impuesto a la Iglesia Católica. Una cosa es presentar firmas en el Congreso para que esta cámara proceda a la modificación, si la mayoría parlamentaria así lo entiende necesario, de las leyes vigentes para que se pueda cobrar el IBI o para que se deroguen los acuerdos con la Santa Sede y otra muy distinta es que algunos Ayuntamientos decidan por su cuenta cobrar ilegalmente dicho impuesto. Una cosa es evidente o los responsables de esos Ayuntamientos están engañando a los ciudadanos anunciando esa medida o están poniendo en marcha procedimientos recaudatorios ilegales que terminarán en los tribunales y que costarán mucho dinero a esos consistorios. La Ley de Haciendas locales regula claramente quienes están exentos de pagar el IBI y no se  puede cobrar dicho impuesto mientras esa Ley no se modificada parlamentariamente ni a la Iglesia, ni al Estado, ni a las Comunidades Autónomas, ni los de cualquier confesión religiosa legalmente reconocida, ni a la Cruz Roja, ni a embajadas u oficinas similares, ni a la RENFE o a Adif, ni a determinados bienes comunales, etc.
Parece que tras estas iniciativas no se esconde otra cosa que un odio y una animadversión profunda hacia la Iglesia Católica, sobre quien se centran todos los ataques, y no un sincero deseo de justicia fiscal. Desde una perspectiva laicista se olvida con frecuencia que nuestro Estado es aconfesional pero que la el Artículo 16.3 de la Constitución señala expresamente que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Las exenciones tributarias de la Iglesia, las ayudas o subvenciones públicas o la asignación tributaria de la discutida X del IRPF responden a ese reconocimiento constitucional expreso y, en definitiva, al reconocimiento del peso de una mayoría sociológica de los católicos en España.
Desde esas posiciones de IU y anticlericales se pretende acabar con la libertad de los contribuyentes para decidir si quieren o no aportar una pequeña parte de sus impuestos a la Iglesia y/o a otros fines sociales. Cada año son más los contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia y ese hecho excita paralelamente los deseos de una parte de la izquierda de acabar con una de las pocas libertades que los contribuyentes gozamos a la hora de opinar sobre el destino de nuestros impuestos. No podemos opinar ni decidir si queremos que nuestros impuestos se dediquen a armamento, a subvencionar artistas, a engordar a la SGAE, a financiar a los partidos y sindicatos por poner unos ejemplos y, al parecer, tampoco deberíamos poder opinar sobre si queremos o no destinar una pequeña parte de nuestros impuestos a la Iglesia. Curioso concepto el de algunos sobre la libertad.
Hoy, más que nunca, la Iglesia y sus organizaciones desarrollan una labor social ingente supliendo la incapacidad de las administraciones públicas para llegar y socorrer a los más necesitados. La Iglesia y sus organizaciones trabajan en el campo de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de la inmigración y extienden su labor incluso más allá de nuestras fronteras, usando sus recursos con muchísima más eficiencia que los entes públicos.
No son los sindicatos, ni los partidos políticos, ni todos los demás que están exentos de pagar el IBI quienes están junto a los más pobres, quienes atienden a enfermos y ancianos o quienes dan de comer a miles de personas diariamente, no, no son ellos. Y de eso no se habla cuando se critican los ingresos que percibe la Iglesia. De eso parece que no interesa hablar.
Por ejemplo, el programa de acogida de Caritas, uno de los más emblemáticos y por el que pasaban antes de la crisis unas 400.000 personas al año, atendió en el último ejercicio a un millón y medio. La mayoría de personas atendidas tenían cargas familiares y una media de edad de 40 años. Por otra parte, el 67% de las personas que acuden a Caritas vienen derivadas desde los servicios sociales públicos, incapaces de ofrecer respuestas rápidas y eficaces. Mientras el tiempo para concertar una primera cita o entrevista inicial en los servicios sociales públicos es, como media, de casi un mes (25,9 días), en los servicios de Acogida de Caritas la espera para concertar una primera cita o entrevista inicial es, por término medio, de 4 días. Otro tanto sucede con las respuestas, ya que si el plazo de tramitación y gestión de las respuestas efectivas es de algo más de dos meses en los servicios sociales públicos (65,3 días), en Caritas el tiempo medio entre la primera cita y la respuesta efectiva es de 7,3 días. En el campo de la Educación, otro de los campos de batalla, las Escuela católicas atienden a más de 1.200.000 alumnos, lo que supone el 16 % del total del sistema educativo. Y mientras el coste medio abonado por el Estado a los centros concertados es de 2.480 euros anuales, en la escuela pública es de 5.299 euros al año.
Y para qué hablar de los comedores, albergues, centros de asistencia sanitaria, hogares de acogida o residencias de ancianos de la Iglesia y sus organizaciones. Si no los pudieran sostener los católicos,  sería el estado quien tendría que asumir su coste. Dejando al margen cualquier posicionamiento ideológico y pensando de una manera fría y calculadora solo se puede concluir que la Iglesia, con las ayudas y beneficios que recibe, ahorra además miles de millones de euros al erario público. Según algunas fuentes, este ahorro para el estado se podría situar en torno a los 30.000 millones de euros anuales.
En fin, parece que las fobias ancestrales de algunos pueden más que la lógica y la racionalidad económica, sin mencionar la sensibilidad social y el respeto a las libertades individuales. Allá cada cual. Un servidor lo tiene claro, seguirá poniendo las X en el impreso del IRPF en favor de la Iglesia y de los fines sociales.
Santiago de Munck Loyola