¿Llueve?... pues que dimita Rajoy (Cayo Lara y adjuntos)

Desde el minuto 0, desde el primer días que Mariano Rajoy pisó la Moncloa como Presidente de Gobierno, gran parte de la izquierda española, la que se sienta en las instituciones democráticas y la que no, está pidiendo la dimisión del mismo. Todo vale para esta estrategia permanente de descalificación y deslegitimación de un gobierno que goza de un amplio respaldo electoral. Y en este empeño cerril los socialistas siempre tienen como aliados a la variopinta amalgama de IU y a cualquier clase de movimiento antisistema. Los mismos que mintieron con el déficit público a los españoles y a la Unión Europea acusaban después al Gobierno de haber mentido en el programa electoral que, como es lógico, estaba previsto para una situación económica determinada y no para la encontrada tras descubrirse los engaños contables socialistas. Y a pesar de ello, la izquierda española se convirtió, de repente, en la mayor defensora del programa electoral del Partido Popular de noviembre de 2011, exigiendo su íntegro cumplimiento y la dimisión, como no, del Presidente Rajoy. Es decir, la súbita conversión a los postulados programáticos populares nos ha dejado una izquierda sedicente.

A esta izquierda le gustan las mareas y las concentraciones. La marea blanca, la marea verde, la marea roja,… y cada una con la guinda: una de concentraciones ante las sedes del PP y que dimita Rajoy. Una marea para cada reforma. Lo dejaron todo tan bien tras su paso por el Gobierno que, al parecer, cada iniciativa del nuevo gobierno es un sacrilegio, se rasgan las vestiduras y que dimita Rajoy.

Ahora, la izquierda cuenta con un nuevo profeta, un icono de la veracidad, Luis Bárcenas y ha caído rendida a sus pies. Bárcenas marca ahora el ritmo y la agenda de los socialistas y sus satélites. Cada palabra del ex tesorero popular provoca inmediatamente un indisimulado estímulo en las filas socialistas, cada frase del exportador de euros provoca corrientes de satisfacción y orgasmos, incluso golpistas, en buena parte de la izquierda española. Es tal la empatía con el Sr. Bárcenas que su credibilidad no es puesta en duda y sus revelaciones o sus mentiras marcan ya la agenda de la izquierda. Da lo mismo que ahora diga lo contrario a lo que hace unos meses afirmó, lo de ahora es lo que cuenta y que dimita Rajoy.

Ayer, sin ir más lejos, el Sr. Bárcenas sirvió de perfecta coartada para que los grupos de izquierdas se marcharan de la Comisión que estudia el proyecto de Ley de Transparencia. Los partidos, cuyos sindicatos no quieren someterse a esta Ley, encontraron en las revelaciones del Diario El Mundo del pasado lunes una buena excusa para abandonar la comisión. Tiene lo suyo que IU salga corriendo de esta Comisión y no esté dispuesta a abandonar al PSOE andaluz a pesar del asunto de los ERES. Se ve que tira más el dinero de Suiza que el de los parados andaluces.

Contrasta mucho esta actitud de la izquierda, sometiéndose a los dictados de un presunto delincuente y un comprobado mentiroso, a la que mantienen respecto a la Juez Alaya en el caso de los falsos ERES andaluces. En este caso, hasta el peinado de la Juez es cuestionable. Cualquier paso que de respeto a la instrucción de este enorme caso de corrupción es descalificado. No importa que se hayan esfumado más de 1.200 millones de euros destinados a los parados en un entramado organizado desde la Junta de Andalucía con el concurso de militantes socialistas, sindicalistas y empresarios afines. Allí nadie sabía nada. Y encima el inefable Óscar López tiene la cara dura de ir diciendo que la Junta fue la primera en investigar el asunto y que está colaborando con la Justicia justo cuando la Guardia Civil denuncia ante el Juzgado que dicha institución esta bloqueando las investigaciones al retrasar más de un año la entrega de determinados documentos.

La doble moral de esta izquierda es evidente: desprecio y acoso a la Juez Alaya y genuflexiones ante Bárcenas. Altavoz para el ex tesorero y sordina para la juez. Nadie, con un mínimo de imparcialidad, puede negar que el caso de los ERES falso es cualitativa y cuantitativamente mucho más grave que el caso Bárcenas y, sin embargo, no es ésa la percepción social y política existente. Esta irresponsable actitud de una buena parte de la izquierda sólo sirve consolidar la sensación de que todos son iguales y que lo que a muchos importa es únicamente que a los suyos no se les toque y poder utilizar la corrupción como una simple arma arrojadiza con la que desgastar al enemigo. Y como diría Cayo Lara, ese paladín de las libertades, “¿Llueve?... pues que dimita Rajoy”.

Santiago de Munck Loyola

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Democracia interna versus caciques.

La democracia, entendida como la forma de gobierno de una organización en función de la voluntad de la mayoría de sus miembros, es uno de los mayores logros del ser humano y su ejercicio auténtico constituye siempre un saludable y enriquecedor espectáculo. Es evidente que en las sociedades occidentales no todas las organizaciones o grupos humanos se organizan de forma democrática sino que su aplicación y alcance depende de los fines y naturaleza de cada entidad. Sin embargo, en un estado democrático lo que sí se espera y se exige es que los partidos políticos, es decir, los agentes y motores de las instituciones democráticas, tengan un funcionamiento interno democrático. Esta exigencia se eleva hasta tal punto que en nuestro caso la Constitución de 1978 la consagra en el propio texto constitucional y en un lugar privilegiado, en el Título preliminar, cuyo Artículo 6 señala que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Como puede apreciarse se trata de un mandato constitucional claro y sin matices que exige la democracia interna de los partidos políticos.

Sin embargo, la experiencia que se repite una y otra vez señala, sin lugar a dudas, que se trata de una asignatura más aún pendiente de nuestro sistema de partidos. Es cierto que todos ellos poseen formalmente unos Estatutos que pasan el filtro democrático, pero no es menos cierto de del papel a la práctica existe, en la mayoría de los casos y con mayor o menor intensidad, un buen trecho.

Desde que se celebraron las últimas elecciones autonómicas que otorgaron la mayoría simple al Partido Popular en Extremadura, los problemas para los dirigentes de IU de Extremadura no han cesado. La decisión de los militantes extremeños de IU, tomada en las diferentes asambleas, de no aliarse con el PSOE, el partido perdedor de los comicios regionales, para impedir el Gobierno del Sr. Monago ha desatado las iras del Sr. Cayo Lara que no admite que las bases de la organización extremeña hayan optado por una estrategia radicalmente opuesta a la suya. El pasado 14 de octubre, el coordinador general de IU en Extremadura, Pedro Escobar, fue reelegido por la Asamblea de la formación en contra del criterio y las directrices del Sr. Cayo Lara, poco creyente de las bondades de los procedimientos democráticos. La consecuencia inmediata ha sido que la Comisión de Garantías Federal de IU ha decidido anular esa Asamblea y ordenar su repetición a ver si, con un poco de suerte, los partidarios del Sr. Cayo Lara consiguen echar al recién elegido Coordinador extremeño. Siempre se puede encontrar cualquier excusa, cualquier formalismo para dinamitar una decisión de la mayoría en un partido político contraria a los intereses de los que mandan y, lo más paradójico, es que siempre se hará apelando a la necesidad de preservar la democracia interna.

Tras el desastre electoral de los socialistas gallegos en los recientes comicios regionales, el hasta ahora secretario general de los mismos y candidato a la Xunta, sin primarias, presentó ayer su dimisión. En la reunión de los dirigentes socialistas se sucedieron distintas  intervenciones analizando los resultados y planteando posibles salidas a la profunda crisis de los socialistas gallegos. En medio de esta reunión, intervino el inefable José Blanco, Pepiño, ex responsable de organización del PSOE y autor directo de destituciones y nombramientos internos “a dedo”, para reclamar, sorprendentemente, la necesidad de democracia interna en su partido. Sus palabras provocaron el abucheo y los pitidos de sus compañeros que no podían olvidar las consecuencias del talante antidemocrático del otrora todopoderosos secretario de organización socialista.

El Partido Popular, en la Provincia de Alicante, está inmerso de lleno en el proceso de renovación de sus Junta Locales. Los afiliados de cada pueblo o ciudad tienen ahora la oportunidad de elegir a quienes han de liderar al partido durante los próximos tres años. Todo afiliado tiene derecho a presentar su candidatura. Sin embargo, un proceso que debía ser ejemplar, transparente y participativo se convierte, en no pocas ocasiones, en una fuente de conflictos y de titulares más o menos escabrosos en la prensa. ¿La razón? El uso y abuso de las reglas de funcionamiento internas para favorecer o perjudicar a determinados candidatos en función de su afinidad con la dirección provincial. Desde la dirección provincial se emiten mensajes cuando menos preocupantes: que no hay más de un candidato a Presidente por localidad, que se negocien listas únicas para evitar votaciones,… ¿Por qué tanto miedo a que los afiliados decidan y elijan libremente? 

Ayer, sin ir más lejos, el Presidente Provincial, José Ciscar, manifestaba su apoyo público a la actual Presidenta y candidata, Mercedes Alonso, en detrimento de los demás filiados y candidatos, y recordaba la necesidad de cumplir los Estatutos Nacionales que establecen que para poder votar es preciso estar al corriente de pago de las cuotas de afiliación, caballo de batalla en no pocas Juntas Locales. No se trata de una cuestión menor. Lo cierto es que en la inmensa mayoría de las sedes nunca se ha pagado la cuota y que prácticamente ninguna tiene establecidos de forma reglamentaria las excepciones que pueden contemplarse: ser jubilado o desempleado, por ejemplo. En otras ocasiones, como en el caso de las elecciones a compromisarios a los Congresos regionales o nacionales, la dirección provincial no ha invocado esta norma, entonces también en vigor, sencillamente porque no le interesaba. Ahora sí, ahora conviene cumplir los estatutos. Claro, que habrá quien se pregunte desde cuando hay que estar al corriente de pago para poder votar: ¿desde que se afilió? ¿de las cuotas del último año? ¿del último mes? Y no será que este problema ha surgido de repente pillando de improviso a los responsables provinciales porque un servidor hace ya más de dos meses se lo planteó al Secretario General Provincial.

Tiene razón el Presidente Ciscar, hay que cumplir los Estatutos Nacionales del PP, pero todos y siempre. Por eso, es conveniente que recuerde que, según esos estatutos, el Comité Provincial que él preside debía haber resuelto las decenas de afiliaciones que desde el pasado mes de junio no han tramitado. Por eso, sería bueno que no se tomen decisiones en contra de esos estatutos como la de suprimir la Junta Local de Alicante para impedir elecciones a la misma porque no hay un solo artículo en los estatutos Nacionales que ampare semejante decisión y, si lo hay, le reto a que lo demuestre.

La democracia interna no es una simple proclama estatutaria, es y debe ser una realidad permanente una práctica diaria que pasa inexorablemente por el respeto a las reglas de juego y por dejar que el protagonismo y la palabra la tengan siempre sus legítimos titulares, los afiliados.

Santiago de Munck Loyola