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martes, 11 de octubre de 2016

¡Viva España y Viva la Hispanidad!


Parecía que no cabía un tonto más en el panorama político nacional, pero no es así. Cada vez que la españolidad se pone en juego, sea en su vertiente deportiva, histórica o política, salta a la palestra toda una recua de majaderos que vomitan su hispanofobia y exhiben sin vergüenza alguna su profunda ignorancia. La democracia tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes y uno de ellos, dadas las particularidades de nuestro sistema electoral, es que cuando votas a unas siglas te tragas la lista entera, mentecatos incluidos.

La caverna hispanofóbica izquierdista e independentista viene asomando la patita cada vez que puede y sus sectarios exabruptos históricos y políticos se traducen, cuando tiene la posibilidad de tomar decisiones desde un ejecutivo, en manifestaciones de odio como la prohibición de ver partidos de la Selección Nacional de fútbol en las calles de Barcelona o en desprecios institucionales hacia nuestros campeones olímpicos que se enorgullecen de su españolidad.

Ahora le ha tocado a nuestra Fiesta Nacional, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Toda una caterva de indocumentados se ha puesto en fila para ver quien dice la gilipoyez más grande y ofensiva buscando su minuto de gloria en el ranking de su cochiquera populista o independentista. Por segundo año consecutivo, Pablo Iglesias, líder de Podemos, no asistirá a ninguno de los actos conmemorativos del 12 de octubre, con lo que, por cierto, ganarán en categoría, pero su actitud denota un profundo desprecio a lo español mientras no tiene inconveniente alguno en asistir a actos y conmemoraciones separatistas, ni empacho alguno en apoyar consultas ilegales separatistas diseñadas con el único propósito de destruir la unidad de España. El Sr. Iglesias podrá dar las lecciones de patriotismo que quiera, pero su versión del mismo es tan incompatible con la idea de España como la de “los patriotas” que se llevan el dinero a los paraísos fiscales.

Y si se desciende al escalón de los Ayuntamientos, el panorama es desternillante. Los llamados “alcaldes del cambio” constituyen un conjunto digno de estudio. Cuentan que Churchill en los inicios de su carrera solo se preguntaba cómo hacer para alcanzar un escaño y que tras conseguirlo y observar la inteligencia y preparación de muchos de sus colegas solo se preguntaba cómo diantres lo habían conseguido éstos. Pues algo parecido ocurre con buena parte de esta colección de ediles del cambio. La Alcaldesa de Badalona gracias al PSC, Mª Dolores Sabater, de profesión docente, que sólo obtuvo 5 concejales frente a García Albiol (que obtuvo 10) encabezando la lista de “Guanyem Badalona en Comú”, candidatura transversal, alternativa, rupturista y soberanista (casi nada), ha alcanzado cierta notoriedad entre los hispanófobos al manifestar su intención de que la Fiesta Nacional fuese laboral en su sufrido Ayuntamiento al entender que el 12 de octubre es el Día de Franco y del racismo. Y no estaba sola con semejante estupidez ya que su teniente de alcalde de Hacienda y Recursos Humanos, Jose Téllez, militante de la CUP subrayó que "es una fecha que conmemora un genocidio, el de la ocupación de América, y tiene connotaciones franquistas, cuando se celebraba el Día de la Raza".

Y el pasado mes de septiembre, los colegas de la esta Alcaldesa en Barcelona, la CUP, presentaron una moción al Pleno para que se retirase la estatua de Colón por tratarse de un monumento “que enaltece el colonialismo y el esclavismo”. Claro que parece que la cosa es normal en la ciudad condal si tenemos en cuenta que en el mismo Ayuntamiento el Concejal de Arquitectura, el socialista Daniel Mòdol califica a la Sagrada Samilia de “pseudo obra de Gaudí”, de una “gran farsa que arrastramos desde hace tiempo” y como “una mona de pascua gigante que hace su camino de la mano de unos privados” y nadie le pone en su sitio.

Pues sí, es evidente que todavía caben muchos más tontos. Los majaderos están a la orden del día, están de moda y lo saben, por eso se afanan en destacar en fechas especialmente señaladas. La conquista de América fue un episodio histórico con sus luces y sus sombras, una proeza realizada hace más de 500 años que no es posible enjuiciar solo ni desde la perspectiva tan extendida de la leyenda negra bien tejida y mejor comprada por los enemigos de España, ni desde la perspectiva de un maniqueísmo simplista.

Quedémosnos con lo positivo, con el legado que supone una gran comunidad cultural de más de 600 millones de personas. El 12 de octubre es nuestra Fiesta Nacional, el Día de la Hispanidad, la conmemoración de una gesta que supuso una gran base para la construcción de España como Nación y de su proyección internacional durante siglos. Y, si a los que padecen hispanofobia les jode, que se jodan (y perdón por la expresión) en su caverna de odio e inquina. ¡Viva España y Viva la Hispanidad!

Santiago de Munck Loyola

domingo, 29 de mayo de 2016

Más España, garantía de libertad y de progreso.



Si nuestra democracia tiene una asignatura pendiente desde 1978 es precisamente la configuración del modelo territorial del Estado. El estado de las autonomías diseñado en la Constitución ha demostrado después de décadas que ha fracasado y es que no se pueden calificar de otra forma sus resultados: ineficiencias, duplicidades, despilfarros, ruptura de la solidaridad territorial o potenciación de las fuerzas disgregadoras contra la propia Nación. El modelo que se planteó como una respuesta integradora a las fuerzas nacionalistas sólo ha servido para que éstas adquieran más poder y para que la supervivencia del propio Estado esté en peligro. El modelo que se construyó con el objetivo de acercar más la administración a los administrados ha servido no sólo para descentralizar sino para crear nuevos centralismos periféricos y para fragmentar buena parte de la soberanía nacional a través de los parlamentos regionales. El modelo que se diseñó para incrementar la cohesión entre los españoles ha servido finalmente para que los españoles no gocemos de los mismos derechos y obligaciones según el territorio en el que vivamos. Un camino que se inició desde la perspectiva de la descentralización administrativa se transformó en descentralización política y ha desembocado en la disgregación del propio estado.

Los nacionalismos siempre han tenido claro su objetivo final, la destrucción de España como Nación y la independencia de sus territorios. Y para conseguirlo han desarrollado estrategias similares, paso a paso, con modulaciones en sus discursos, cobijados en el victimismo y envueltos en sus banderas territoriales como defensa ante cualquier denuncia contra sus abusos o corrupciones. Las continuas cesiones ante las permanentes reivindicaciones de los nacionalistas sólo han servido para alimentar a estos monstruos y para que sigan creciendo. Hoy los independentistas son más fuertes gracias a los débiles mecanismos del Estado, a la falta de visión de la clase política constitucionalista y, sobre todo, a la ausencia de un objetivo nacional compartido por los partidos políticos que dicen defender la unidad de España con su consecuente estrategia de desarrollo.

Hay que decir las cosas claras. Aquí sólo hay dos posiciones, dos objetivos antagónicos: la defensa de la unidad de España y la defensa de la independencia de partes de su territorio. No hay posiciones intermedias. No puede haber soluciones de compromiso entre ambas partes porque los nacionalistas-independentistas han demostrado hasta la saciedad que cada compromiso alcanzado sólo ha sido una cesión más en favor de su proyecto independentista, que no tienen lealtad constitucional porque no creen en ella y que no aceptan tan siquiera la existencia del pueblo español y de su soberanía. Cualquier idea es defendible democráticamente y, por tanto, del mismo modo que se ha venido aceptando la defensa de las tesis independentistas es hora de dejar de satanizar la defensa democrática y pacífica de las tesis contrarias, las que defienden la unidad de España y el reforzamiento del Estado español, las que defienden la soberanía única del pueblo español en su conjunto. Les guste o no a los independentistas, la Nación española existe y sólo ella puede decidir su futuro.

Frente a los objetivos de los independentistas, existe el objetivo de salvaguardar, proteger y seguir construyendo nuestra Nación. Una Nación sustentada en la soberanía de todos los españoles, en la que se promueva la igualdad de derechos y obligaciones de sus ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, con una Justicia, una Educación, una Sanidad, unas prestaciones Sociales o unas Fuerzas de Seguridad comunes a todos los españoles. Y para desarrollar este objetivo nacional es imprescindible romper con la estrategia que han venido desarrollando a lo largo de los últimos cuarenta años los partidos constitucionalistas y que sólo ha servido para alimentar y fortalecer a los partidos no constitucionalistas. La reforma del estado de las autonomías para corregir el rumbo disgregador seguido hasta ahora no puede pasar ni por más cesiones, ni por más autonomía, ni por el federalismo. Debe pasar, si no se quiere dinamitar definitivamente a España, por reivindicar y desarrollar la recuperación de todas las competencias en manos de las autonomías que quiebran el principio de unidad social o de mercado, de todas aquellas que limitan la igualdad entre los españoles o la solidaridad entre sus territorios. No hay otro camino. Desde el respeto a las reglas de la democracia, se puede y se debe defender la actualización del objetivo nacional de España y de una estrategia política coherente y decidida para lograrlo. Más España es más libertad y más progreso, no cabe ninguna duda.

Santiago de Munck Loyola





jueves, 31 de marzo de 2016

¿Comunidad Autónoma de Alicante? ¿Por qué no?


Cuando se menciona la posibilidad de que la Provincia de Alicante se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial no son pocos los que se rasgan las vestiduras y se oponen a esa idea sin ofrecer argumentos de peso para descartarla. Pero lo más preocupante es que, al mismo tiempo, son incapaces de presentar alternativas para acabar con una realidad que es una situación injusta y discriminatoria para los ciudadanos de la Provincia de Alicante. Plantear que nuestra provincia se constituya como Comunidad Autónoma no es un acto de victimismo frente a esa discriminación política, social y económica que, gobierne quien gobierne, se practica desde Valencia y desde Madrid, sino que es el ejercicio de un derecho constitucional para la plena autonomía de la gestión de los intereses de los alicantinos. La autonomía uniprovincial no tiene por qué suponer la ruptura de vínculos culturales o históricos con la Comunidad Valenciana, pero sí que puede suponer la recuperación y potenciación de similares vínculos existentes con otras comunidades vecinas que han sido hasta ahora ignorados desde Valencia.

La propuesta de una Comunidad Autónoma uniprovincial para Alicante tiene su sustento en los propios principios que inspiran la organización territorial del Estado en nuestra Constitución. La descentralización, la autonomía en la gestión, el acercamiento de los centros de toma de decisiones al ciudadano, la justicia distributiva y la solidaridad territorial son principios constitucionales cuyo ejercicio no puede estar constreñido a un modelo concreto que a lo largo de su corta existencia ha demostrado, y las estadísticas están ahí para demostrarlo, que es claramente perjudicial para los intereses de los ciudadanos de nuestra Provincia. Esos mismos principios constitucionales son los que avalan y fundamentan la legitimidad de la pretensión de constituir una nueva Comunidad Autónoma por y para la Provincia de Alicante. ¿Por qué no pueden los alicantinos gestionar sus propios intereses en el marco constitucional sin tener que pasar por Valencia?

¡Menudo lío! Pensarán algunos. Otros dirán que lo que sobran son autonomías. Y realmente lo que sobran son competencias duplicadas o triplicadas, lo que sobra es el despilfarro de los recursos públicos, lo que sobra es la sustitución del centralismo de Madrid por el de Valencia. En estos días venimos escuchando cómo algunos partidos pactan la desaparición de la Diputaciones Provinciales, una de las administraciones más cercanas a los ciudadanos, lo que en el fondo no es otra cosa que una involución política, una recentralización de carácter regional. Esa desaparición de las Diputaciones sería la puntilla para la defensa de los intereses de nuestra Provincia.

Imaginemos que Alicante se transforma en Comunidad Autónoma. Los ciudadanos de nuestra Provincia soportaríamos el peso de una administración menos sobre nuestras cabezas. La Diputación pasaría a ser el Gobierno Autónomo y absorbería determinadas competencias que hoy están en manos de la Generalidad Valenciana y podría devolver al Estado aquellas competencias cuyo coste sea excesivamente gravoso para los ciudadanos o que supongan un riesgo de quiebra del principio de igualdad entre todos los españoles. Las decisiones  que nos afectan y que son de competencia autonómica no se tomarían en Valencia, sino en Alicante. La cercanía política al ciudadano y la descentralización administrativa serían mucho mayores de lo que son hoy en día. La racionalización de la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos no puede ni debe pasar por una nueva recentralización en favor de las Comunidades Autónomas sino por dos ejes básicos: una nueva redistribución de competencias que favorezca el principio de igualdad de derechos y obligaciones de los españoles y un fortalecimiento de las administraciones más cercanas al ciudadano.

España no puede seguir soportando por mucho tiempo un modelo territorial caro y disgregador como el actual. La propuesta de constitución de una Comunidad Autónoma para nuestra Provincia responde, aunque a algunos no les parezca, a la necesidad de dar solución a las necesidades de los alicantinos desde una estructura más eficiente, más cercana y más comprometida con la idea de una España moderna, fuerte y plural. La quinta provincia española en población y en PIB tiene la entidad histórica y la capacidad suficientes para asumir esa propuesta. Sólo falta la voluntad de los alicantinos. Y no debemos olvidar que más Alicante es más España.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 16 de abril de 2014

Se puede si se quiere.


Si la política nunca ha sido una actividad especialmente apreciada por la mayoría de los ciudadanos hoy, desgraciadamente, lo es aún menos. Pocas cosas pueden resultar en nuestros días menos atractivas para mucha gente que la política. La conducta de buena parte de la clase política y los malos hábitos y vicios de los partidos y demás instituciones están en el origen de ello. Se palpa un absoluto desengaño y hastío hacia la política, los partidos, los políticos y las instituciones. Existe un hartazgo generalizado y, sin embargo, casi todo el mundo en un momento u otro del día habla de la situación política de nuestro país y opina sobre unos u otros. No es infrecuente escuchar frases como “todos son iguales”, “todo son mentiras” o “para qué molestarse, van a seguir haciendo lo que les dé la gana”. En los encuentros familiares, en las reuniones de amigos, en la compra o en el trabajo se escuchan estas frases que, en el fondo, no hacen otra cosa que expresar una desconfianza profunda hacia la política y sus actores. Mucha gente no quiere saber nada de la política, pero no puede sustraerse a sus efectos porque la política está presente, querámoslo o no, en todas las facetas de nuestra vida.

Y este estado anímico alcanza incluso a la gente más próxima de quienes aún creemos que la política, con todos sus defectos e imperfecciones, es una noble tarea por la que merece la pena luchar. Las advertencias o los consejos en los círculos más próximos se suceden: “no te esfuerces tanto que las cosas no van a cambiar”, “¿Para qué te molestas? ¿No has aprendido todavía que todos los partidos son iguales y que no quieren gente preparada y con iniciativa?”, “¿Para qué te esfuerzas? Sin padrinos o amigos no vas a llegar a ningún sitio…” Y me resisto a aceptarlo. Me resisto a tirar lo toalla a pesar de las muchas desilusiones que a lo largo de más de 30 años de activismo político he sufrido.

Es cierto que el mundo de la política y todo lo que en ocasiones le rodea no es muchas veces precisamente ejemplar, pero no es menos cierto que se diferencia muy poco del ambiente que puede existir en el mundo laboral, empresarial o sindical. El mundo de la política no es un mundo aislado, no es una burbuja desconectada de la realidad social, sino que se nutre de ella para lo bueno y para lo malo. Las lealtades personales cambiantes, la desconfianza, las meteóricas carreras de los medradores profesionales, las traiciones, el incumplimiento de los compromisos o de la palabra dada, el amiguismo, el favoritismo o el acoso son algunos de los comportamientos que, si bien se resaltan mucho cuando hablamos del mundo político, también están a la orden del día en el mundo de la empresa o en el de las relaciones personales. Se trata de conductas propias de la condición humana y sobre todo de conductas íntimamente relacionadas con los valores y principios rectores de las conductas individuales.

La corrupción, por ejemplo, no es un mal exclusivo de la política ni de los políticos, sino que se encuentra presente en todas las esferas de la vida social. Se tiende a magnificar y a subrayar sus manifestaciones en la política porque, al fin y al cabo, la política es una esfera pública y porque en un sistema democrático todos los ciudadanos somos o deberíamos ser los “dueños” de la política y, por tanto, estamos o deberíamos estar más que legitimados para denunciarla y exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. Los ciudadanos somos los accionistas de una gran empresa que se llama España y como tales tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que el accionariado de una empresa para exigir resultados y demandar responsabilidades.

Sin embargo, la política no es mala por si misma, son malos muchos de sus protagonistas y si conservan su protagonismo es porque la mayoría de los ciudadanos les dejan, por acción o por omisión. La política es una noble tarea, la única cuya razón de ser es la transformación pacífica de la sociedad. Es desde la acción política, desde el compromiso activo, donde el ciudadano puede invertir la situación. La vida política es patrimonio de todos los ciudadanos. Quejarse, lamentarse o conformarse dando por sentado que nada puede cambiar no conduce a nada, tan solo sirve para reforzar la situación de quienes con su conducta manchan diariamente la vida política. Abstenerse o votar a los de siempre tampoco servirá para que la política recupere la limpieza y el brillo que debería tener. Hoy más que nunca los ciudadanos disponemos de formación e información permanente para poder actuar, para poder influir de forma decisiva en la transformación de nuestro entorno. No hay sistemas políticos eternos, no hay poderes infranqueables, no existen partidos políticos imbatibles y los ciudadanos disponemos de más y mejores instrumentos para que nuestra voluntad sea la que haga de la política un bien al servicio exclusivamente de las personas. Si queremos, podemos.

Santiago de Munck Loyola



miércoles, 18 de septiembre de 2013

Por un nacionalismo español sin complejos.


Ha pasado una semana desde su celebración y aún no se han desvanecido los ecos de la Diada de Cataluña. Lo primero que destaca es el alcance de la manipulación histórica de los independentistas que se plasma en la incongruencia que supone que un patriota español como Casanova se haya convertido en símbolo central de las celebraciones de la Diada. Tras las valoraciones iniciales de unos y otros, no hay día que pase sin que se abra una nueva polémica en torno a esta celebración. Ayer, era Luis del Val el que levantaba su voz y su indignación, compartida por cualquier persona con sentido común, contra la manipulación de los niños en la Diada y su uso partidista en los medios informativos dependientes de la Generalidad catalana. Comparaba esta manipulación infantil con la que todos los partidos y regímenes totalitarios hacen desde siempre con los niños y jóvenes. La primera respuesta venía desde CiU alegando en su defensa que se trata de “pedagogía”, nada menos. La segunda respuesta y, por supuesto amenaza, vino del portavoz del gobierno catalán diciendo que no van a tolerar, como si en su boca tuviera algún significado la palabra tolerancia, que se realizasen semejantes comparaciones sobre la manipulación infantil, algo perfectamente legítimo para los independentistas.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que estamos viviendo una situación política tremendamente complicada y el panorama no es nada alentador. Buena parte de los políticos de una importante región española quieren la independencia de la misma, quieren romper España y llevan décadas poniendo todos los medios humanos y económicos necesarios y todo su empeño para conseguirlo. Lo que hoy vivimos no es un nuevo e improvisado problema, es el resultado de un largo proceso en el que políticos nacionales y regionales, los agentes sociales, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad tiene su cuota de responsabilidad. Los partidos nacionales no han tenido inconveniente alguno en realizar cesiones con el fin de asegurarse mayorías parlamentarias y han sido incapaces de pactar un modelo de estado estable o de reformar una Ley electoral que sobre representa a los independentistas mientras penaliza a otras fuerzas minoritarias de proyección nacional. Buena parte de la antaño izquierda solidaria y con vocación internacionalista se ha reconvertido en independentista renunciando a sus propias señas de identidad sociales. La sociedad española en su conjunto ha permanecido pasiva mientras durante años los independentistas han ido tejiendo una red clientelar y difundiendo una versión falseada y victimista de la historia española. Hace tiempo que los sindicatos debieron decidir que ésa no era su “guerra” obviando la progresiva desigualdad de derechos entre los ciudadanos españoles en función del territorio y los evidentes peligros para el sostenimiento del estado de bienestar, incluida la caja común de las pensiones o de las prestaciones sociales.

Cataluña es hoy la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos y como tal carece de viabilidad económica sin las ayuda del Estado. Sus dirigentes no son capaces ni tan siquiera de aprobar el presupuesto anual y todo ello pese a haber sido los pioneros en los recortes sociales. No tienen dinero para luchar contra la desnutrición infantil, pero sí para seguir alimentando numerosos canales de televisión, pseudo embajadas o cualquier organización independentista. El actual gobierno catalán heredó una administración arruinada por el tripartito uno de cuyos socios lo es hoy del nuevo gobierno a nivel parlamentario. La presión independentista de los políticos catalanes ha aumentado paralelamente a la evidencia de su incapacidad de poner orden en las cuentas y de gestionar racionalmente las instituciones. Y del mismo modo, el ruido independentista catalán ha aumentado, coincidencia o no, en perfecta sincronía con la disminución del ruido de los asesinos de la ETA. En su agenda política la independencia está muy por delante de la satisfacción de las necesidades y de la solución de los enormes problemas de sus ciudadanos, lo que ofrece una clara idea de la ética que mueve a muchos políticos.

Los mal llamados nacionalistas, pues siempre han sido independentistas y así habría que denominarlos, han ido apretando las tuercas a los partidos nacionales, dando pasos, poco a poco, siempre encaminados hacia un mismo fin. Cada pequeña cesión del estado ha supuesto contribuir con un ladrillo más al levantamiento del muro independentista. La cesión de determinadas competencias a las comunidades autónomas supuso un tremendo error sobre todo cuando con ello se quebraba el sagrado principio de igualdad entre todos los españoles o cuando se dejaba en manos de los independentistas el cultivo de nuevas generaciones educadas en falsos mitos históricos y en el odio a España. Los nacionalistas – independentistas nunca han sido leales con el estado democrático. La reivindicación de las peculiaridades propias, el victimismo permanente o el simple chantaje parlamentario han servido para separar y construir el camino de la independencia. Desde la admisión de aquel engendro gramatical de “regiones y nacionalidades” hasta la aprobación del último Estatuto catalán que no fue respaldado ni por la mitad de los electores de la Comunidad, ninguna cesión ha servido para aplacar la sed de los independentistas. Por cierto que hay que recordar que cuando entró en vigor este último Estatuto, los socialistas se apresuraron a acusar a los populares de fallidos adivinos proclamando que ya había Estatuto y que no se había roto España. Ya, pues si no está rota está a punto. También la aprobación de ese Estatuto evidenció que las prioridades de la clase política catalana no son exactamente las mismas que las prioridades de los ciudadanos que no lo respaldaron mayoritariamente.

El derecho a decidir y, por tanto, a celebrar un referéndum ilegal para proclamar la independencia de Cataluña es el eje del debate diario. Los independentistas no tienen ningún reparo en asumir la involución ideológica que supone sustituir el concepto de soberanía popular por el de soberanía nacional. Ya la Constitución Española supuso una sustitución de las reivindicaciones de descentralización administrativa por la descentralización política y las competencias legislativas de los parlamentos autonómicos han supuesto en la práctica una fragmentación escalonada de la soberanía del pueblo español. Las instituciones catalanas cuya legitimidad se asienta en la Constitución Española y que son parte inherente del Estado español están siendo utilizadas para quebrar la soberanía que les otorgó y otorga su legitimidad. El problema que se plantea en el fondo es decidir quién tiene derecho a decidir y dónde se establece ese límite. ¿Son los españoles en su conjunto como determina la Constitución? ¿Son los catalanes? ¿Podrían los habitantes de cualquier Provincia o Municipio ejercer ese derecho a decidir? ¿Por qué los independentistas catalanes niegan a los habitantes del Valle de Arán el ejercicio del derecho a decidir?

Lo peor es que frente al desafío de los secesionistas el gobierno ofrece diálogo y negociación, pero no señala ni avisa sobre lo que no se puede negociar. Incluso algún Ministro ha manifestado que habría que buscar un nuevo estatus par Cataluña, algo que desde hace tiempo vienen repitiendo los socialistas quienes no saben en qué consistiría. Todos parecen ignorar que modificar una vez más las normas en la dirección deseada por los independentistas no va a aplacar sus ansias. Proponer machaconamente que la solución se encuentra en una estructura federal del estado es una falacia más. Los independentistas tampoco quieren una España federal que supondría la misma estructura organizativa para todas las regiones. Una España federal acabaría con la cursilada del hecho diferencial como justificación de sus pretensiones. Y para qué hablar del federalismo asimétrico que viene a ser como el círculo cuadrado.

Todo parece indicar que se avecinan tiempos mucho más revueltos y que nuestra clase política no está a la altura por su mediocridad y por la ausencia de un verdadero sentido de estado. Lo que los políticos no quieren o no saben hacer puede ser suplido, aunque sea mínimamente, por la actitud y los gestos diarios de los que nos sentimos españoles. Tan legítimo es ser nacionalista catalán como nacionalista español y tan legítimo es reivindicar dentro de la ley sus postulados como defender sin complejos y con gestos concretos la necesidad de una España unida e íntegra.


Santiago de Munck Loyola

viernes, 5 de abril de 2013

La imputación de la Infanta, una cortina de humo.



La decisión del juez Castro de imputar a la Infanta Cristina ha provocado un infantil regocijo y algarabía en buena parte de la izquierda, de muchos comentaristas políticos y de amplios sectores de la población. Poco importa para ello que, al parecer, el auto de imputación dictado por su señoría peque de incoherencia e inconsistencia jurídica y que se base más en escasos indicios incriminatorias que en hechos relevantes. Buena parte de la opinión pública se alegra y se ensaña con la Infanta tal y como antes hizo con su esposo, el Sr. Urdangarin. Sin freno alguno y sin medir las negativas consecuencias de ello se cargan las tintas sobre ambos personajes como si los hechos que se les imputan y las responsabilidades que de ellos pudieran derivarse sólo les correspondieran a ellos. Parece como si el Sr. Urdangarín y su socio, con la complacencia, colaboración o complicidad de la Infanta Cristina hubiesen asaltado las cajas de las administraciones públicas y se hubiesen llevado el dinero. Y no es así, ni mucho menos.

A un servidor, que no es precisamente un fervoroso partidario de esta Monarquía tan poco ejemplar, sobre todo por la conducta frívola, indiscreta e irresponsable de su máximo representante, el Rey, este ensañamiento callejero de la Infanta y de su marido le parece más una cortina de humo y un espectáculo bien aderezado por los medios de comunicación que sólo sirve para alejar el punto de mira de quienes son los auténticos responsables del mal uso que se haya podido dar al dinero público. No cabe ninguna duda que el Sr. Urdangarin, con la colaboración de su ex socio y antiguo amigo, ha sido un pájaro de cuidado, un fresco y ambicioso que sabía que usando adecuadamente su relación familiar se le podían abrir muchas puertas para ganar dinero a espuertas. Pero tan cierto como lo anterior es que ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, han asaltado ninguna caja fuerte, ni han forzado a nadie a realizar negocios con ellos. Muy posiblemente se dedicaron a vender humo, a vender a precios desorbitados servicios que no lo valían o a facturar prestaciones que no se realizaron. Ellos pusieron precio a su humo y, lo peor, es que hubo quien lo compró y lo pagó con el dinero de los contribuyentes. Son precisamente los que compraron el humo del Sr. Urdangarín y quienes lo pagaron tirando del cajón público los verdaderos responsables de este escándalo. Son los que por mandato de las urnas tenían la obligación política, legal y ética de usar ese dinero público con la “diligencia de un buen padre de familia” y no lo hicieron. Compraron a lo tonto, a cualquier precio y sin comprobar la mercancía, todo por una buena foto. Son, ni más ni menos, los políticos que firmaron estos contratos y convenios con las Fundaciones o empresas del Sr. Urdangarín y los técnicos que debían haber fiscalizado esos gastos. ¿Y dónde están en los telediarios? ¿Dónde están los nombres de los políticos y de los técnicos responsables de velar por el dinero de los contribuyentes? ¿Por qué no los persigue la prensa?

Ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, ni la Infanta Cristina pudieron tener acceso a un solo céntimo público por si mismos, necesitaron que determinados políticos pagasen esas cantidades millonarias que ahora hemos conocido. Y, sin embargo, todos los focos están puestos en los primeros; la mayoría de la gente sólo carga sobre ellos las tintas al igual que la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Ni a la Infanta ni a su marido los hemos elegido los ciudadanos, están donde están por su parentesco, pero a quienes sí hemos elegido, a los que hemos votado es a los responsables políticos que debían gestionar escrupulosamente nuestro dinero y no lo han hecho y debería ser, por tanto, a quienes con mayor firmeza denunciásemos y exigiésemos las responsabilidades a que hubiese lugar. Y, sin embargo, hasta ahora están saliendo de “rositas” ya que casi nadie se fija en ellos. Si se dejaron engañar o si sabían que compraban a precio de oro lo que no lo valía, estos políticos y técnicos deberían irse a la calle y pagar con su patrimonio el agujero que por irresponsabilidad o ignorancia han dejado en las arcas públicas. Sólo así se hará justicia de verdad en este escándalo que tanto daño está haciendo a la imagen internacional de España.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 18 de noviembre de 2012

Un libro para sacudirse complejos históricos.




En ocasiones no se puede evitar cierta sensación de envidia al constatar la actitud de los ciudadanos británicos, franceses o alemanes, por citar sólo algunos, a la hora de expresar sus sentimientos de orgullo hacia sus respectivos países, su historia o sus símbolos representativos. Incluso los habitantes de Estados Unidos de América, que por no tener no tienen ni nombre propio como nación, con una historia más bien corta y no precisamente ejemplar, son un referente de patriotismo y de amor a su tierra. Y esta actitud contrata mucho con la mantenida por una gran parte de los españoles. La simple exhibición de la bandera de España, salvo en los momentos de fervor patrio futbolístico, tiene casi siempre connotaciones ideológicas y ha sido en no pocas ocasiones objeto de agrios debates partidistas. Recuérdese que cuando se instaló la monumental bandera española en la Plaza de Colón, en Madrid, algunos políticos nacionalistas hablaron de provocación. En una dinámica que no puede ser calificada más que como acomplejada llegamos, incluso, a cuestionar nuestra propia existencia como Nación desde las más altas instancias del Estado, a pesar de ser la más antigua de Europa. Hace muy pocos años, el mismo Presidente del Gobierno de la Nación, Rodríguez Zapatero, señalaba que la Nación era “un concepto discutido y discutible”, o sea, que él era el Presidente del Gobierno de un concepto discutido y discutible. Es cuando menos curioso que su Gobierno, quizás por fidelidad a esa inseguridad conceptual, suprimiese la palabra “nacional” en el nombre de organismos públicos españoles sustituyéndola por la palabra “estatal”. Y otro tanto ocurre a la ahora de abordar nuestra historia. Parece que hemos asumido como ciertas todas las lamentables falsedades que desde los países anglosajones y protestantes, sobre todo, se han ido lanzando contra España y los españoles.

Pues bien, un interesante libro puede ayudarnos, al menos, a poner en tela de juicio esa visión descalificadora de nuestro pasado, a examinar nuestra trayectoria como Nación desde una perspectiva diferente que seguramente a muchos les ayudará a sacudirse de encima algunos complejos históricos que tan bien vienen a nuestros vecinos europeos. Se trata del libro escrito por Juan Sánchez Galera y José María Sánchez Galera titulado “Vamos a contar mentiras”, un repaso a nuestros complejos históricos. Es un texto ameno y documentado que en 250 páginas desarrolla un análisis crítico de diferentes etapas y aspectos de nuestra historia, ofreciendo, sobre todo, los orígenes y las causas del nacimiento y extensión de las perspectivas históricas distorsionadas de nuestro pasado.

El libro aborda la famosa “Leyenda Negra”, el legado Andalusí y su “refinada civilización musulmana”, el episodio de la expulsión de los judíos, el nacimiento y desarrollo de la Inquisición, la conquista de América y un somero repaso a los nacionalismos. En el texto podemos encontrar numerosos datos y hechos históricos completamente desconocidos para la inmensa mayoría y que sorprenderán a más de uno, así como continuas referencias biográficas sobre las que se sustentan las afirmaciones de los autores. Es un libro de fácil lectura y que incita a buscar más datos y bibliografía sobre algunos de los datos que aporta. Es francamente recomendable para todo aquel que quiera replantearse muchas cuestiones que hasta ahora no habían sido cuestionadas. Y, sin duda, a más de uno le servirá para poderse quitar complejos y culpabilidades heredadas de encima. Eso sí, seguramente no agradará a los nacionalistas ni a quienes crean que España debe estar continuamente pidiendo perdón por su pasado o simplemente por el hecho de existir. Bueno es saber, como dato anecdótico recogido en este libro, que en 1719, Rafael Casanova, héroe de los independentistas catalanes, tras ser amnistiado por Felipe V, llamó a los barceloneses a luchar en defensa del “rey, la patria y la libertad de toda España”. ¿A que no nos lo cuentan en la Diada?

Santiago de Munck Loyola

domingo, 30 de septiembre de 2012

El PSOE tiene un problema y los demás también.




El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, el que no recordaba en campaña las tres razones por las que se debía votar al PSOE, afirmó hace un par de días que su partido "no está de acuerdo con el derecho a decidir", concepto incluido el jueves en una resolución impulsada por el PSC en el Parlamento catalán y que no prosperó. La que sí prosperó fue la resolución independentista de CiU con la abstención de los socialistas catalanes. 

Según el Sr. López "la posición de los socialistas de Cataluña es una posición que defiende la legalidad, la Constitución y que en España decidimos todos juntos". Debe ser por eso que los socialistas se han abstenido ante la resolución independentista del Sr. Mas. Auténticos malabares y toda clase de filigranas políticas están haciendo estos días los socialistas para tratar de explicar a los ciudadanos la posición de sus correligionarios en Cataluña.

Por su parte, el ex Presidente socialista extremeño se ha descolgado con una pintoresca propuesta: ha exigido a Cataluña que si se independiza devuelva a las 150.000 personas que "fueron sustraídas" de la comunidad, "más sus hijos y sus nietos". "El 'president' nos tendría que devolver antes lo que se llevó hace 30 o 40 años. No me refiero a las riquezas materiales, sino a seres humanos", ha escrito en su blog. Y se ha quedado tan ancho confirmando con ello lo que muchos sospechábamos  que cualquiera puede llegar a presidir una Comunidad Autónoma.

Más al sur, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, aseguró que “no entendía la posición del PSC en relación con la abstención sobre la convocatoria del referéndum aprobado por el Parlamento catalán”. Según él, “lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña es una huida muy peligrosa y un mensaje que no es de recibo en el momento que estamos viviendo y en el que está atravesando nuestro país”. El número dos del PSOE andaluz reclamó además una posición de los socialistas catalanes “más clara y más contundente en defensa de Cataluña, de España y de la Constitución” o sea, pedir peras al olmo. Esta petición responde, a todas luces, a la falacia permanentemente instalada en seno del PSOE de que sus colegas catalanes comparten criterios constitucionales. Sólo se engaña a si mismo quien desea permanecer en la ignorancia: el Estatuto catalán fue una muestra inequívoca de que los socialistas catalanes, con la bendición de Zapatero, no compartían los principios de cohesión territorial que tanto ha proclamado el PSOE. 

Y como para tapar estas vergüenzas propias no hay nada mejor que intentar señalar las ajenas, aunque para ello haya que inventárselas, el Sr. Rubalcaba, patriota donde los haya, y dispuesto a cerrar filas con el Gobierno de España ante un desafío independentista como éste se ha apresurado a equiparar la defensa de la Constitución que hace Rajoy con el desafío independentista de Mas. Para Rubalcaba, Mas es un irresponsable por promover la confrontación y Rajoy es otro irresponsable por defender la Constitución. ¡Toma ya!

Hay que recordar de paso que gracias a Rubalcaba y a Zapatero el Gobierno de España dispone de un instrumento menos para poner en su sitio a Mas. Fue el PSOE el que en 2005  anuló la ley que tipificaba como delito la convocatoria ilegal de referendos, aprobada por Aznar para parar los pies a Ibarretxe.

Hoy el PSOE tiene un problema y, además, grave. Ha dejado de ser un partido de ámbito nacional y sus principios no están representados en Cataluña. Los socialistas catalanes son un partido diferente al PSOE y como tal decidirá su propio rumbo. Pero si el PSOE se queda cojo en Cataluña es España la que tiene un problema añadido.

El desafío independentista constituye un gravísimo problema para todos los españoles y su solución no puede ser responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino de todos los partidos, de todas las entidades y de todos los ciudadanos que creen en la Constitución y en la igualdad entre todos los ciudadanos. Y toda nuestra clase política ha sido y es la responsable de la actual situación: por haber diseñado un inadecuado modelo territorial en la Constitución y no haber tenido la valentía política para perfeccionarlo, por haber cedido siempre a las pretensiones de los independentistas, camuflados de nacionalistas a secas, por mantener un sistema electoral que prima a los independentistas, por haber cedido la educación para que fueran cultivando durante décadas sentimientos antiespañoles sustentados en manipulaciones de la historia, por ceder tributos a cambio de votos o por hablar catalán en la intimidad para lo mismo, por vender toda una herencia histórica a cambio de míseras y coyunturales cuotas de poder. El PSOE tiene un problema y el PP y Cataluña y España. Un enorme problema para el que nuestra clase política no parece estar preparada.

Santiago de Munck Loyola


sábado, 20 de agosto de 2011

JMJ 2011: Un éxito.

No cabe la menor duda de que el desarrollo de las Jornadas Mundiales de la Juventud está siendo un verdadero éxito de sus organizadores y, como no, de los participantes en las mismas.  Más de un millón de jóvenes peregrinos, cientos de miles en todo caso, venidos de todos los rincones del mundo, inundan estos días las calles de Madrid soportando un calor asfixiante y algún que otro incidente promovidos por los intolerantes de siempre.
La noticia está ahí, en la participación y presencia de estos cientos de miles de peregrinos que en uso de su libertad de conciencia han acudido a la llamada de la Iglesia para desarrollar un encuentro de compromiso y de Fe. Los jóvenes católicos lo están haciendo en un clima de alegría desbordante, de simpatía, de valentía, de amistad y de camaradería que para si quisieran muchas otras organizaciones.
La noticia está también en el enorme poder de convocatoria de la Iglesia y en la indiscutible capacidad de movilización y en la incomparable capacidad de organización de la misma, sustentada sin ningún género de dudas en las aportaciones voluntarias materiales y humanas de los miembros de la Iglesia Católica. Decenas de actos desarrollados tras meses de preparación y ejecutados con una precisión asombrosa ponen de manifiesto una excelente planificación y una coordinación difícil de igualar.

Las JMJ han convertido a Madrid y a España, durante estos días, en el centro informativo de todo el Mundo, trasladando una imagen una imagen positiva de nuestra sociedad tan solo empañada por la actitud de los intolerantes que, a pesar de haber intentado convertirse en noticia, tan sólo han logrado ser anécdotas en un acontecimiento tan importante.

Estos cientos de miles de jóvenes de peregrinos que han pagado por inscribirse en las Jornadas entre 30 y 210 € son, con su mochila pagada que no regalada, un ejemplo de civismo y de comportamiento envidiables. Han sufrido insultos, vejaciones, agresiones y descalificaciones por el simple hecho de reunirse a compartir unos días y de ejercer uno de los derechos más elementales y básicos del ser humano, la libertad religiosa. Y han venido a hacerlo a una nación cuyo Estado garantiza constitucionalmente ese derecho y  cuya población está compuesta según señala el CIS en su última encuesta por un 72 % de ciudadanos que se declaran católicos. Es decir que han venido a una Nación cuyo Estado se sostiene principalmente con los tributos que los que se declaran Católicos pagan.

Quedan pocas horas para que las Jornadas Mundiales de la Juventud del año 2011 terminen y estas horas finales constituirán seguramente un broche de oro para este gran acontecimiento. Y para todos los organizadores y los participantes en las mismas mis mejores deseos y mi modesta gratitud por su ejemplaridad.

Santiago de Munck Loyola.