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domingo, 10 de marzo de 2013

Motivos para regenerar.



José Blanco, ex Ministro de Fomento, imputado por tráfico de influencias y sigue en su escaño. 38.000 millones de euros públicos inyectados a la banca en 2012 y ésta inicia más de 50.000 procedimientos de desahucio en el mismo año. Los diputados madrileños Bartlomé González e Isabel Redondo se dedican a jugar con sus iPad mientras se habla del paro en la Asamblea, el diputado autonómico valenciano Luis Díaz Alperi se hace la manicura en el Pleno mientras su compañera de escaño Milagrosa Martínez aprovecha para estudiar francés. Los ciudadanos deberán  tomar como referencia los últimos 25 años cotizados para obtener la cuantía de la pensión por jubilación, mientras que diputados y senadores pueden cobrar la pensión máxima con 11 años. Los sindicatos se rasgan las vestiduras por la reforma laboral y después se afanan en aplicarla en los despidos de sus propios empleados. Patrimonio Nacional se gastó más de 2 millones de euros en acondicionar la finca La Angorrilla en la que se alojó la entrañable amiga del Rey y éste nos habla de la necesidad de ejemplaridad sin inmutarse. La Alcaldesa de Novelda es procesada y ni dimite ni su Partido le pide públicamente que lo haga. Los españoles pagamos en cuatro viajes oficiales del Rey los gastos de su acompañante, la entrañable amiga de La Angorrilla. El PSOE, el día de la mujer, se hace con la Alcaldía de Ponferrada gracias a una moción de censura negociada con un acosador sexual. El ex Presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, en la cárcel. El Vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, acusado de pagar en negro a sus empleados, se jacta de deber dinero a la Seguridad Social y a Hacienda. 

IU de Madrid debe más de 1 millón de euros a hacienda al destinar a otros fines las retenciones a cuenta del IRPF de sus trabajadores. La Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tras ser imputada por cuatro delitos es homenajeada por la Dirección provincial del PP. El Secretario de Estado de la Seguridad Social falsea su curriculum afirmando ser médico sin serlo, en su ficha del Congreso no aparece la "Declaración de Actividades" ni tampoco "Declaración de Bienes y Rentas" a pesar de las 5 legislaturas que lleva de congresista y no dimite. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano es embargada por no cumplir sus obligaciones tributarias tanto por la Agencia Tributaria, como por la Diputación de Alicante y tampoco dimite. Carmen Vela hace campaña a favor de Rubalcaba y dos meses después es nombrada por Rajoy Secretaria de Estado de Investigación para desprecio de votantes y afiliados del PP. La Generalidad Catalana recorta en Sanidad mientras se gasta 33 millones de euros al año en embajadas ilegales. Desaparecen en 2008 más de 100 kgs. de cocaína de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y todavía no se sabe quienes son los culpables. Más de 1.400 millones de euros desaparecen en los EREs fraudulentos andaluces y no dimite ningún alto cargo andaluz. Jesús Sepúlveda fue contratado en Génova después de tener que dimitir de Alcalde y no se sabe aún quién y por qué le contrató. La  Fundación Ideas pagó 150.000 euros provenientes de subvenciones públicas  a Traducciones Políglota, la empresa de la hermana de Elena Valenciano, Paloma, por unos trabajos que nadie ha especificado en qué consistieron. Mientras falta dinero para el subsidio del paro, se siguen pagando sueldos con dinero público de 900.000 euros al año en Red Eléctrica, de 500.000 euros en bancos rescatados o de 150.000 euros en empresas públicas. Los partidos políticos recibieron en 2012 más de 64 millones de euros para sus gastos de funcionamiento. Urdangarín vendió humo a las administraciones públicas por varios millones de euros y los políticos que lo compraron siguen tan tranquilos. Bárcenas sigue chuleando al PP y éste no responde coordinadamente y con contundencia. La corrupción preocupa cada día más a los españoles según el CIS y el PSOE se abstiene en las resoluciones para combatirla aprobadas en el Congreso por el resto de los grupos parlamentarios. España está plagada de obras públicas millonarias y sin ningún uso y ningún político ha respondido por este despilfarro. Algunas televisiones privadas pagan a delincuentes para entrevistarlos. 

La pensión mínima de jubilación para un trabajador de 65 años es de  8.383,20 euros al año, mientras que Zapatero, tras arruinar al país, simultaneará una pensión vitalicia de 75.000 euros anuales con otros 80.000 euros al año como Consejero de Estado. Los Clubs de fútbol adeudan a Hacienda más de 750 millones de euros y a la seguridad social otros 11 millones. La familia del ex presidente Pujol se benefició durante años de las influencias del padre pero no se debe denunciar porque se podría interpretar como un ataque a Cataluña. El ex ministro socialista Julián García Valverde se va a llevar 335 millones de euros en comisiones por el Ave a La Meca gracias a las gestiones del ex ministro Blanco. Los españoles seguimos pagando la electricidad más cara de Europa. Un escaño por Soria cuesta 47.000 votos mientras que por Madrid 188.000 votos. Desde 2006 España dona a ONU mujeres 178 millones de euros y termina colocando a la ex Ministra Bibiana Aido con un sueldo de 6400 euros mensuales. Ana Mato se gasta 17.000 euros en un informe titulado “gobernando con amor”. El salto de Falete al agua rompe records de audiencia televisiva. Los madrileños sufrieron en 2012 una media de 10 manifestaciones diarias. El Tribunal de Cuentas tarda más de cinco años en fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Con más de 800.000 catalanes en paro, la prioridad de Mas es la independencia… El PSOE en San Sebastián vota a favor de galardonar a uno de los fundadores de ETA. Podría seguir escribiendo páginas y más páginas. ¿Todavía hay alguien que piense que España no necesita una regeneración?

Santiago de Munck Loyola

viernes, 18 de enero de 2013

Chorizos a granel.




¡Vaya semanitas que llevamos! Parece que ningún partido se libra de salir en los papeles de los trincones. Hace tan sólo unos meses se hablaba de los Gürtel, después de los ERES falsos andaluces, más tarde de Pepiño el campeón y sus entrevistas en gasolineras, hace unas semanas empezaron a correr noticias en torno a los cinco hijos millonarios de Pujol y sus aficiones a las montañas suizas y a los complejos hoteleros caribeños, hace unos días nos centrábamos en los independentistas de Durán y su amor a la formación remunerada con fondos europeos y ahora estamos en plena tormenta ocasionada por el Sr. Bárcenas, alias Luis “el cabrón” según las contabilidad gurteliana, y su pasión por el alpinismo suizo. 

Y seguiremos dentro de unas semanas con nuevos y jugosos casos protagonizados por parte de nuestra sacrificada clase dirigente. Aquí el que no corre vuela, desde el yerno del Rey hasta el ex presidente de los empresarios, pasando por políticos de distintos colores y jerarquías, desde independentistas a constitucionalistas. Todos ellos unidos por una misma “pasta”, todos ellos compartiendo afición al trinque de lo ajeno. Corrupción trasversal. Mal está que 30.000 ciudadanos cobren ilegalmente la dependencia de fallecidos, pero con el ejemplo que algunos dirigentes de este país ofrecen ¿qué menos se puede esperar? 

¡Ya está bien! Es hora de que los ciudadanos que nos las vemos y deseamos para cumplir con nuestras cargas familiares y con nuestras obligaciones tributarias, digamos ¡basta! Y nos posicionemos de forma clara y rotunda contras este estado de cosas. Nada de tibiezas porque con ellas no cambiarán, no reaccionarán quienes tienen la obligación de hacerlo. Con tanta tibieza lo que sí han conseguido es que la conducta inmoral de unos pocos manche el nombre de toda la clase política.

Es muy probable que el actual estado de cosas será aprovechado por los simples y por los manipuladores de siempre para decir que todo es culpa del año de gobierno del PP, como si no fuera más que evidente que la corrupción no nace de un día para otro. Están aflorando casos que durante años y bajo distintos gobiernos se han ido fraguando. Y ello ha sido posible porque los distintos gobiernos han carecido de la voluntad política necesaria para establecer mecanismos preventivos. Hay corrupción porque nuestras leyes otorgan un gran margen de discrecionalidad a los políticos a la hora de contratar con las administraciones públicas; hay corrupción porque se ha pervertido la independencia judicial; hay corrupción porque no se ha querido establecer una Ley de financiación de partidos políticos seria y transparente; hay corrupción porque se han aflojado los mecanismos de control que antes ejercían, por ejemplo, los habilitados nacionales en las corporaciones locales; hay corrupción porque nadie ha acometido una reforma sería de las normas que rigen los procedimientos judiciales para implantar criterios de sumariedad en las causas abiertas o hay corrupción porque los partidos políticos no permiten que sus militantes decidan quienes les representan en las instituciones y utilizan los cargos públicos como recompensa para los fieles, sea cual sea su preparación, a las cúpulas dirigentes. Son muchas las causas que propician la aparición de casos de corrupción pero pocas las inequívocas manifestaciones de voluntad política, traducida en hechos concretos, para acabar con ellas.

Hoy afirmaba el Presidente Fabra en relación a cargos populares imputados o procesados que el Partido Popular ha establecido una clara línea roja: los imputados o procesados no pueden ostentar cargos internos dentro del partido ni permanecer en puestos de designación directa, de confianza. Vale, muy bien. Pero eso quiere decir que quien está imputado o procesado, a pesar de la presunción de inocencia, no es apto para ese tipo de puesto, pero sí, al parecer, para seguir ostentando cargos electos. O sea que un imputado no puede ser secretario general del PPCV, por ejemplo, pero sí puede ser alcaldesa de Alicante. Es curioso que se considere necesario preservar de la presencia de un imputado un cargo de partido y no un cargo público. ¿Es lógico?

Por otra parte, hoy también, Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia, ha hecho un llamamiento para que "los más preparados, los más comprometidos y los más íntegros"  entren en política con el objetivo de que "no la copen los peores". ¡Perfecto! Pero a ver si la leen en Alicante porque bastó que en septiembre se anunciase a la Dirección Provincial la intención de un grupo de modestos militantes de base alicantinos (sin pretender presentarse como los más preparados, comprometidos e íntegros) de presentar una candidatura a la Junta Local del PP de Alicante por la regeneración del partido para que un mes después se suprimiese la Junta Local de Alicante con el fin de evitar elecciones a la misma.

Cada día se hace más evidente la necesidad de una reacción ciudadana en contra de todas estas tropelías, de los sinvergüenzas de cualquier color que han confundido las instituciones con una charcutería. Y es necesario no callar, condenar sin tibieza, marcar líneas rojas más claras aún y hacerlo con frecuencia porque si no lo hacemos así los escándalos de hoy serán simples anécdotas dentro de unos meses y serán sustituidas con normalidad por otras noticias similares. Nada hay peor que terminar por acostumbrarse al sonido atronador porque termina imponiéndose la sordera.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 11 de noviembre de 2012

Democracia interna versus caciques.



La democracia, entendida como la forma de gobierno de una organización en función de la voluntad de la mayoría de sus miembros, es uno de los mayores logros del ser humano y su ejercicio auténtico constituye siempre un saludable y enriquecedor espectáculo. Es evidente que en las sociedades occidentales no todas las organizaciones o grupos humanos se organizan de forma democrática sino que su aplicación y alcance depende de los fines y naturaleza de cada entidad. Sin embargo, en un estado democrático lo que sí se espera y se exige es que los partidos políticos, es decir, los agentes y motores de las instituciones democráticas, tengan un funcionamiento interno democrático. Esta exigencia se eleva hasta tal punto que en nuestro caso la Constitución de 1978 la consagra en el propio texto constitucional y en un lugar privilegiado, en el Título preliminar, cuyo Artículo 6 señala que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Como puede apreciarse se trata de un mandato constitucional claro y sin matices que exige la democracia interna de los partidos políticos.

Sin embargo, la experiencia que se repite una y otra vez señala, sin lugar a dudas, que se trata de una asignatura más aún pendiente de nuestro sistema de partidos. Es cierto que todos ellos poseen formalmente unos Estatutos que pasan el filtro democrático, pero no es menos cierto de del papel a la práctica existe, en la mayoría de los casos y con mayor o menor intensidad, un buen trecho.

Desde que se celebraron las últimas elecciones autonómicas que otorgaron la mayoría simple al Partido Popular en Extremadura, los problemas para los dirigentes de IU de Extremadura no han cesado. La decisión de los militantes extremeños de IU, tomada en las diferentes asambleas, de no aliarse con el PSOE, el partido perdedor de los comicios regionales, para impedir el Gobierno del Sr. Monago ha desatado las iras del Sr. Cayo Lara que no admite que las bases de la organización extremeña hayan optado por una estrategia radicalmente opuesta a la suya. El pasado 14 de octubre, el coordinador general de IU en Extremadura, Pedro Escobar, fue reelegido por la Asamblea de la formación en contra del criterio y las directrices del Sr. Cayo Lara, poco creyente de las bondades de los procedimientos democráticos. La consecuencia inmediata ha sido que la Comisión de Garantías Federal de IU ha decidido anular esa Asamblea y ordenar su repetición a ver si, con un poco de suerte, los partidarios del Sr. Cayo Lara consiguen echar al recién elegido Coordinador extremeño. Siempre se puede encontrar cualquier excusa, cualquier formalismo para dinamitar una decisión de la mayoría en un partido político contraria a los intereses de los que mandan y, lo más paradójico, es que siempre se hará apelando a la necesidad de preservar la democracia interna.

Tras el desastre electoral de los socialistas gallegos en los recientes comicios regionales, el hasta ahora secretario general de los mismos y candidato a la Xunta, sin primarias, presentó ayer su dimisión. En la reunión de los dirigentes socialistas se sucedieron distintas  intervenciones analizando los resultados y planteando posibles salidas a la profunda crisis de los socialistas gallegos. En medio de esta reunión, intervino el inefable José Blanco, Pepiño, ex responsable de organización del PSOE y autor directo de destituciones y nombramientos internos “a dedo”, para reclamar, sorprendentemente, la necesidad de democracia interna en su partido. Sus palabras provocaron el abucheo y los pitidos de sus compañeros que no podían olvidar las consecuencias del talante antidemocrático del otrora todopoderosos secretario de organización socialista.

El Partido Popular, en la Provincia de Alicante, está inmerso de lleno en el proceso de renovación de sus Junta Locales. Los afiliados de cada pueblo o ciudad tienen ahora la oportunidad de elegir a quienes han de liderar al partido durante los próximos tres años. Todo afiliado tiene derecho a presentar su candidatura. Sin embargo, un proceso que debía ser ejemplar, transparente y participativo se convierte, en no pocas ocasiones, en una fuente de conflictos y de titulares más o menos escabrosos en la prensa. ¿La razón? El uso y abuso de las reglas de funcionamiento internas para favorecer o perjudicar a determinados candidatos en función de su afinidad con la dirección provincial. Desde la dirección provincial se emiten mensajes cuando menos preocupantes: que no hay más de un candidato a Presidente por localidad, que se negocien listas únicas para evitar votaciones,… ¿Por qué tanto miedo a que los afiliados decidan y elijan libremente? 

Ayer, sin ir más lejos, el Presidente Provincial, José Ciscar, manifestaba su apoyo público a la actual Presidenta y candidata, Mercedes Alonso, en detrimento de los demás filiados y candidatos, y recordaba la necesidad de cumplir los Estatutos Nacionales que establecen que para poder votar es preciso estar al corriente de pago de las cuotas de afiliación, caballo de batalla en no pocas Juntas Locales. No se trata de una cuestión menor. Lo cierto es que en la inmensa mayoría de las sedes nunca se ha pagado la cuota y que prácticamente ninguna tiene establecidos de forma reglamentaria las excepciones que pueden contemplarse: ser jubilado o desempleado, por ejemplo. En otras ocasiones, como en el caso de las elecciones a compromisarios a los Congresos regionales o nacionales, la dirección provincial no ha invocado esta norma, entonces también en vigor, sencillamente porque no le interesaba. Ahora sí, ahora conviene cumplir los estatutos. Claro, que habrá quien se pregunte desde cuando hay que estar al corriente de pago para poder votar: ¿desde que se afilió? ¿de las cuotas del último año? ¿del último mes? Y no será que este problema ha surgido de repente pillando de improviso a los responsables provinciales porque un servidor hace ya más de dos meses se lo planteó al Secretario General Provincial.

Tiene razón el Presidente Ciscar, hay que cumplir los Estatutos Nacionales del PP, pero todos y siempre. Por eso, es conveniente que recuerde que, según esos estatutos, el Comité Provincial que él preside debía haber resuelto las decenas de afiliaciones que desde el pasado mes de junio no han tramitado. Por eso, sería bueno que no se tomen decisiones en contra de esos estatutos como la de suprimir la Junta Local de Alicante para impedir elecciones a la misma porque no hay un solo artículo en los estatutos Nacionales que ampare semejante decisión y, si lo hay, le reto a que lo demuestre.

La democracia interna no es una simple proclama estatutaria, es y debe ser una realidad permanente una práctica diaria que pasa inexorablemente por el respeto a las reglas de juego y por dejar que el protagonismo y la palabra la tengan siempre sus legítimos titulares, los afiliados.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 5 de octubre de 2011

Pepiño ¡campeón!

Hay que ver cómo se ponen algunos por nada o por casi nada. Enseguida saltan como fieras a la yugular del adversario y todo por una tontería como la copa de un pino. De pronto ha saltado a los medios de comunicación la denuncia de un empresario gallego que afirma que ha pagado sobornos a distintos políticos para que le ayudasen en la obtención de suculentas subvenciones y entre los presuntos beneficiarios de la generosidad de este señor figuran un diputado autonómico del Partido Popular, que ha presentado su dimisión, otro del BNG que también ha dimitido y el mismísimo Sr. Ministro de Fomento D. José Blanco, Pepiño para algunos, azote de la oposición y perpetrador de la pronunciación del idioma español.

Los presuntos beneficiarios de los sobornos se han apresurado no sólo a negar tales “untamientos”, sino también ¡cómo no! A anunciar la interposición de las correspondientes querellas contra el denunciante. Hasta ahí, lo normal en estos casos.

El Sr. Blanco ha negado las acusaciones y ha admitido que, a petición de un primo suyo, ordenó parar el coche oficial en el que viajaba cerca de la ciudad de Lugo para reunirse dentro del coche con este empresario quien le pidió que se interesase y agilizase las subvenciones pendientes lo que, según el Ministro, no se llevó a cabo.

Y van estos de la oposición y piden que el Ministro dimita. Pero, vamos a ver, ¿en qué país estamos? ¿Acaso no es lo más normal del mundo que los Ministros se citen en las gasolineras y se reúnan en los coches oficiales con aquellos empresarios que quieren pedirles algo especial? ¿No es lo más normal del mundo que se haga así? ¿Para qué están los coches oficiales si no es para reunirse con los empresarios necesitados de favores oficiales? ¿Para que están sino las gasolineras? ¿Y los primos? ¿Quién no tiene un primo o, en su caso, un hermano en Sevilla que se ocupa de concertar citas y encuentros con los Ministros del Gobierno de España?

Ya son ganas de sacar las cosas de quicio. La oposición no puede comprender que la cercanía a los ciudadanos consiste precisamente en éso, en ser tremendamente accesibles, en poder despachar la concesión de subvenciones en cualquier sitio, incluso, en el coche oficial, en una gasolinera a 600 kilómetros de la sede del ministerio de turno.

Mala leche es lo que tienen los de la oposición, una mente calenturienta y perturbada. Que a uno le pillen mintiendo como un bellaco en relación al colegio de sus hijos, vale. Pero que intenten convertir la campechanía, la amabilidad y la cercanía en algo sospechoso es de todo punto intolerable. ¡Que dimita la oposición por favor! ¡Animo, Pepiño! Blanco y en botella. Tú sí que eres un campeón.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 20 de abril de 2011

LA CABRA (SOCIALISTA) SIEMPRE TIRA AL MONTE.

A lo largo de la trayectoria de nuestra democracia constitucional, si hay algo que siempre ha resultado curioso, desde un punto de vista político, ha sido la actitud de los diferentes gobiernos socialistas respecto a la oposición parlamentaria. Una actitud que se ha venido plasmando de forma sistemática en los machacones y cansinos mensajes gubernamentales y del partido socialista sobre la oposición y sobre sus funciones. Parece que a los socialistas, sea en la época felipista o en la época zapateril, les incumbe, cuando están en el gobierno, no sólo calificar a la oposición, sino lo que es más preocupante, señalar qué debe hacer la oposición en cada momento y circunstancia. Es como si la determinación constitucional de las funciones de la oposición o las recogidas por la mayor parte de la doctrina política no existiesen o no importasen lo más mínimo. Para los socialistas en el gobierno la oposición debe hacer y comportarse tal y como ellos señalan y si no lo hace que se ande con cuidado. Siempre han olvidado que la oposición representa a un importante sector del electorado y que, en buena lógica, existe un compromiso electoral y programático entre la oposición y sus votantes que no puede ser adulterado para seguir las consignas y las directrices que desde el gobierno y su partido se lanzan indicando a la oposición qué debe y qué no debe hacer.

La oposición se debe a sus votantes a los que ofreció un programa y por el que fue votada. La oposición debe controlar y fiscalizar la acción del gobierno y, por último, la oposición ha de formular alternativas que deben ir construyendo el conjunto de propuestas que han de culminar en una nueva y mayor alianza con los votantes que les permita en el futuro alcanzar el Gobierno.

En los años 80 y principios de los 90 los socialistas repetían machaconamente que la oposición no tenía alternativa y que la única política posible era la suya. Daba igual que existiese un discurso alternativo, con negar su existencia parecía todo resuelto. ¡Y vaya si existía una política alternativa! Fue un hecho evidente a partir del 96.

Ahora, en la era de las conjunciones planetarias, repiten constantemente nuevas consignas que se suman a la anterior. Es verdad que desde el gobierno se sigue negando la existencia de políticas alternativas, como también se negaba hace tres años que existiese una crisis, pero a ello suman ahora la constante repetición de que la oposición no ayuda al Gobierno, que el Partido Popular “no arrima el hombro” para salir de la crisis. Es decir, que los socialistas siguen empeñados en decir qué tiene que hacer la oposición parlamentaria. Esta actitud sólo puede ser un síntoma o de que no se cree en los pilares básicos de la democracia parlamentaria, arrastrando las ancestrales tentaciones totalitarias del socialismo español, o que los ideólogos socialistas no dan más de si.

Es evidente que cuando la oposición lleva años avisando de que las decisiones económicas del gobierno son erróneas, de que las políticas del Gobierno conducen directamente al abismo y de que hay un camino distinto es, cuando menos un atrevimiento, pedir a la oposición que apoye esas desastrosas medidas. Para apoyar políticas equivocadas, teniendo bajo el brazo un programa alternativo, no está la oposición. Eso es de cajón y lo sabe cualquiera aunque lo ignore o finja ignorarlo el Sr. Pepiño Blanco. Apoyar a este gobierno en su política económica sí que es ser antipatriota.

Del mismo modo, criticar lo que hace este gobierno y poner en duda su capacidad para sacar a España de la crisis, no es, ni mucho menos, cuestionar la capacidad de España para salir adelante. Cualquiera podría pensar que la incapacidad manifiesta de los socialistas les está empujando, supongo que muy a su pesar, a envolverse con la bandera española para intentar protegerse de las críticas. Pero esa táctica típica de los nacionalistas no cuela.

Va siendo hora de que el socialismo español vaya abandonando estos instintos totalitarios y de que en lugar de decir a la oposición lo que debe hacer, aprendan, de una vez, lo que es Gobernar.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 9 de diciembre de 2010

LA HUELGA DE LOS CONTROLADORES (2).

Ya se ha pasado el caos aeroportuario del fin de semana causado por la huelga salvaje de los controladores y la ineptitud chulesca de este gobierno. Y toca ahora realizar toda clase de comentarios y debates en torno a dicha huelga. No hacía falta que el Sr. Zarrías, conocido como el pulpo multivoto, culpara al Partido Popular de este desastre. Conociendo su talla intelectual era de esperar tan fino diagnóstico por parte del reputado político socialista.

Hoy se ha celebrado Pleno en el Congreso para debatir sobre este asunto. Y, como no podía ser menos, desde las filas socialistas han vuelto a adjudicar responsabilidades a la oposición. Era de esperar que repitiesen, con menos zafiedad que la del Sr. Zarrías, los mismos argumentos. Todo menos asumir responsabilidades. El convenio colectivo suscrito por el Gobierno de Partido Popular con los controladores expiró en diciembre de 2004 y es normal, habida cuenta la brillante capacidad gestora delictual gobierno, que en seis años no haya tenido tiempo material de negociar uno nuevo, ni de reformar el sistema, ni de legislar lo necesario para evitar un desastre como éste. No señor, los socialistas no han tenido tiempo y toda la culpa es del Sr. Aznar que está compinchado con los controladores. Lo peor de todo es que seguramente ellos mismos y quizás alguno de sus votantes se lo creen.


Mariano Rajoy ha tenido hoy una buena intervención, responsable y crítica a la vez con este “desgobierno”, Pero quizás ha pecado de excesiva cortesía parlamentaria, una cortesía que los gobiernos del Partido Popular no recibieron nunca de la entonces oposición socialista. «El ministro de Fomento es un inútil total con dosis importantes de caradura porque siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades» ha recordado el líder de la oposición citando a Alfredo Pérez Rubalcaba quien dedicó esta frase en 1999 al Ministro de Fomento Arias Salgado por unos retrasos en el aeropuerto de Barajas. Rajoy ha añadido que no sería él quien se las dedicase al Ministro Blanco porque él no es así. Pues eso último creo que le ha sobrado, yo sí creo que el Sr. Blanco es, como Ministro de Fomento, un inútil total con dosis importantes de caradura porque siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades. Y en estos días ha dado importantes pruebas de ello al igual que sus conmilitones. El Sr. Blanco ha estado mintiendo a la sociedad al afirmar en agosto que los problemas con los controladores estaban resueltos y ha mentido en repetidas ocasiones al afirmar que ya existía la homologación para los controladores militares. Y ha sido un auténtico chapucero por acudir al decreto y a la imposición el pasado mes de febrero en lugar de a la negociación y al acuerdo. ¡Vaya con el gobierno del talante! Desde otras posiciones tanto Llamazares como Rosa Díez han tenido unas acertadas intervenciones.

Hay dudas más que fundadas sobre la legalidad del decreto de militarización y de la declaración del Estado de Alarma. El Gobierno ha acudido a estos instrumentos jurídicos excepcionales para resolver un conflicto laboral, no hay que olvidarlo. Se trata de una huelga tan salvaje como la de los empleados de Metro del pasado mes de julio tan aplaudida por la izquierda ya que el choque frontal era con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En ambas se vulnera la ley y se pisan claramente los derechos de los ciudadanos. La diferencia estriba en el volumen económico de los daños causados y en el estatus de los huelguistas, pero la esencia es la misma. En la huelga de Metro se impedía fundamentalmente a los trabajadores usar ese medio de transporte para ir a trabajar. En la de controladores el perjuicio principal ha sido para quienes no han podido usar los aviones, no para trabajar, sino para disfrutar de unas vacaciones. Dos varas de medir a la hora de analizar, justificar y solucionar conflictos laborales. Pero, desde luego, la solución a estos conflictos no pasa por esgrimir como una estaca los instrumentos constitucionales. No quiero ni pensar lo que habría ocurrido si fuese el Sr. Aznar el que hubiese decretado el estado de alarma. ¡Cuanta hipocresía!



Santiago de Munck Loyola

sábado, 4 de diciembre de 2010

LA HUELGA DE LOS CONTROLADORES.

¡Buena la han montado los controladores! Miles de ciudadanos tirados en los aeropuertos, vacaciones rotas, reservas de hoteles canceladas, el espacio aéreo de todo el país cerrado y decretado el estado de alarma. Todo un caos generado por una impresentable huelga salvaje que va a generar cientos de millones de euros de pérdidas en una economía cada vez más cerca de ingresar en la UVI con una intervención europea. Sin entrar a valorar las razones de los controladores que, posiblemente sean muy respetables, lo que no es admisible es el método elegido para hacer valer sus legítimos derechos. La responsabilidad de estos profesionales ha brillado por su ausencia. Han chocado frontalmente con el gobierno del talante y las consecuencias las sufren todos los ciudadanos, vuelen o no, porque la imagen y la economía española han salido gravemente dañadas.

Y si grave es la actitud de los controladores no lo es menos la del Gobierno. Preguntado el Ministro de Fomento, Sr. Blanco, sobre las razones que han impulsado al Gobierno a aprobar el decreto causante del conflicto la víspera de un puente, se ha limitado a decir que los controladores llevaban tiempo saltándose los acuerdos y que “no acetaban (sic) la ley”. Ha añadido el inefable Ministro que hacían barbaridades tales como “computar como jornada trabajada las bajas por enfermedad”. Ignoraba yo que el tiempo que uno está de baja enfermo haya que trabajarlo una vez dado de alta, pero en fin, lo dice el Sr. Ministro. Desde luego no sé si los controladores “acetan o no acetan” la normativa en vigor y me es completamente indiferente para poder saber por qué el Gobierno ha elegido precisamente estas fechas para su decretazo, cuestión a la que no ha querido responder el Sr. Blanco. Del mismo modo, ignoro el “ojeto esato” (sic) de las negociaciones entre AENA y los controladores, pero me preocupa saber por qué este Gobierno no previó las consecuencias que podían acarrear sus decisiones. ¿Cómo es posible que el Gobierno no supiese que se iba a montar este jaleo? Si lo sabía y no hizo nada, mal y si no lo sabía peor.
Que por primera vez en la Democracia un Gobierno haya tenido que acudir a decretar el estado de alarma suspendiendo así derechos constitucionales es tremendamente significativo del estado de deterioro de la situación. Y que el Sr. Rodríguez Zapatero no salga a dar la cara lo es aún más. Por primera vez un Gobierno suspende derechos constitucionales y ¿no tiene nada que decir a los ciudadanos el Presidente del Gobierno? Es absolutamente increíble. El Portavoz del Partido Popular, Sr. Pons ya se ha ocupado en el día de hoy de recordárselo a la ciudadanía.

Pero, claro, no cabría preguntarse lo mismo del Jefe de la Oposición. ¿Acaso la promulgación del estado de alarma por primera vez en nuestra democracia no exigía una comparecencia pública inmediata del Presidente del Partido Popular? Yo creo sinceramente que sí. Como creo que es un error achacar al Sr. Zapatero lo mismo que hace el Sr. Rajoy, aunque las responsabilidades sean distintas. Como decía el Conde de Romanones: ¡Vaya tropa!

Santiago de Munck Loyola