Translate

Mostrando entradas con la etiqueta Mª Dolores Cospedal. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Mª Dolores Cospedal. Mostrar todas las entradas

viernes, 29 de enero de 2016

La hipoteca valenciana de Rajoy y cía.


El afloramiento de parte de la escandalosa trama de corrupción organizada en torno al Partido Popular de la Comunidad Valenciana no podía haberse producido en peor momento para las aspiraciones de los populares de seguir en el Gobierno mediante acuerdos con otras formaciones políticas. Son muchos años seguidos de corrupción política y económica como para que al final no terminase por explotar la olla en la cara de los dirigentes nacionales del Partido Popular. A la trama Gürtel, hay que sumar ahora el asunto de Aquamed y el del Sr. Rus y su cuadrilla. Y no se trata sólo de que algunos desaprensivos utilizasen el poder para llenarse los bolsillos a costa de los contribuyentes, sino que, además, lo utilizaban para financiar al propio partido que los había encumbrado, sin el aval de los militantes, a esos puestos de poder. Muchos lo sabían y callaban. Muchísimos lo sospechaban, y salvo denuncias aisladas, también callaban. Y es que cuando un partido prescinde de la voluntad de sus afiliados a la hora de seleccionar a sus cargos públicos, cuando una maquinaria partidista endogámica y pesetera se nutre y nutre en parte a las instituciones públicas de amigotes, familiares, chulos, golfos, indocumentados, advenedizos, medradores e incompetentes pasa lo que pasa. No es un secreto que muchos han usado los cargos públicos para su beneficio personal y también para el beneficio político de la cúpula del Partido Popular. De lo primero estamos viendo estos días un pequeño botón de muestra. De lo segundo, se pudo ver y comprobar cómo se usaron los presupuestos de la Generalidad Valenciana para presionar a Alcaldes y Concejales populares para que avalasen la candidatura de Rajoy en 2008.

Señalan algunos medios de comunicación que en Génova están sorprendidos y escandalizados por las noticias que están apareciendo estos días sobre la corrupción en el PPCV. Pues será porque quieren o será una simple y obligada pose porque lo cierto es que mientras el PPCV era poderoso y aportaba avales y votos ignoraron, hasta la vulneración de sus propios estatutos, las denuncias y las firmas que algunos militantes de la Provincia de Alicante les hicimos llegar. Es más, la Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, ni siquiera se dignó a contestar a los escritos en los que se denunciaba la falta de democracia interna del PP alicantino, la mala imagen del mismo y la necesidad de una profunda regeneración. Y cuando un pequeño grupo de militantes iniciamos un modesto movimiento en pro de la regeneración, cuando pedimos el examen de las cuentas electorales alicantinas del 2007 y 2011 y fuimos fulminantemente expulsados del PP, tras un expediente instruido por un diputado imputado por corrupción, ni siquiera tuvo la decencia de contestar a nuestro recurso el Comité Nacional de Garantías del Partido Popular del Sr. Rajoy. En Génova, desde el Presidente Nacional, pasando por la Secretaria General hasta la última secretaría, sabían o debían saber, porque denuncias no les faltaban, que algo olía a podrido en el PPCV y en el PP de Alicante. Así que ahora mejor que no se hagan los sorprendidos, que los demás no somos tontos. No tocaron al PPCV porque tenían una deuda política con él.

Los populares presumen de que a lo largo de la pasada legislatura aprobaron decenas de iniciativas para combatir la corrupción. Pero olvidaron lo básico: empezar por limpiar su propia casa. Como señalaba hace poco un periódico basta recordar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno fue defendida en el Congreso  por Pedro Gómez de la Serna, que ahora tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por cobrar comisiones ilegales presuntamente a empresas españolas para hacer negocios en el extranjero. Este señor dijo entonces desde la tribuna del Congreso: "con las 70 medidas que este Gobierno ha puesto en marcha habrá mucha menos corrupción en España de la que hubo después de que ustedes dejaran el Gobierno. No se trata señorías del y tú más, no se trata de ver qué partido ha padecido y ha sufrido más bochorno por hechos relacionados con la corrupción, pero sí se trata de ver quién cuando llega a las responsabilidades del Gobierno ha hecho más por combatirla. Y en ese tema, señores del Partido Socialista, lo digo con toda humildad, no nos llegan ustedes ni a la suela del zapato". Y se quedó tan fresco.

La corrupción no es un fenómeno exclusivo de gente del PP, ni ADN ni gaitas. Y, si no, que se lo digan a los socialistas y a los sindicatos de los ERES, a los convergentes catalanes y sus pujoles o a los nacionalistas vascos con el caso “De Miguel”. Pero es evidente que cúpula del PP no ha sabido ni querido reaccionar a tiempo en los casos que afectan al partido y que no ha dado ni un solo paso para democratizar internamente al partido y, con ello, legitimar el acceso y el control por las bases de sus militantes a los cargos públicos. Por negligencia y por omisión la cúpula del Partido Popular está tocada por estos casos de corrupción. Y deberá rendir cuenta por ello y, consecuentemente, por poner a España en una difícil situación de gobernabilidad.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 2 de julio de 2014

El “neuronazo” de Rajoy.


¿Se imagina alguien, sin que le de un ataque de risa, a Berlusconi anunciando propuestas para promover una mayor moralidad en la vida de los políticos? Impensable. Pues algo parecido ocurre cuando se escucha a Mariano Rajoy y a Mª Dolores de Cospedal anunciar, como acaban de hacer, la puesta en marcha en septiembre una serie de medidas de “regeneración democrática”. Rajoy acaba de  pedir el "esfuerzo de todos" para "intentar corregir los errores en el sistema" y ha citado entre sus objetivos la elección directa de los alcaldes, la revisión del número de aforados, cambios en el régimen económico de los partidos y en el estatuto de los altos cargos. Según el Presidente Rajoy, la "regeneración democrática" es una de las prioridades del país, junto con la "consolidación de la recuperación económica". En febrero de 2013 ya hizo Mariano Rajoy un anuncio similar sin que hasta el día de hoy se haya vuelto a tener noticias de la pretendida regeneración democrática. Ya se sabe que el líder popular es más bien lento tomando decisiones, pero dado el tiempo transcurrido y a la luz de los últimos resultados electorales parece que la resurrección de estas medidas regeneradoras obedece más a cierto susto por las recientes decisiones de los electores que a un impulso de conciencia política.

El anuncio de Mariano Rajoy no es creíble por varias razones. Está claro que Rajoy no entiende bien la idea y el alcance de la regeneración democrática o, si la entiende, quiere colarnos en realidad un simple maquillado del sistema. Rajoy anuncia una serie de medidas, muy limitadas e interesadas por cierto, que responden a una iniciativa personal o de su círculo inmediato de asesores. No se trata, ni muchos menos, de medidas propuestas por el Partido Popular como consecuencia de un debate ideológico abierto en su seno, entre los afiliados populares, no. Se trata de un “neuronazo” presidencial, de una ocurrencia particular y que todos acatarán disciplinadamente en la casa, como acatan siempre el “dedazo” presidencial. Quiebra, por tanto, el espíritu regenerador de estas medidas por su propio origen y es que sin democracia interna, sin debate y participación interna en los partidos, no hay regeneración democrática posible. Los tiempos del despotismo ilustrado hace tiempo que pasaron.

Otra razón que resta credibilidad al “neuronazo” presidencial es que una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. Para proponer medidas de regeneración democrática como respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos hay que empezar por ponerlas en práctica la propia casa de uno. El sistema político necesita medidas de regeneración o se derrumbará. Y las medidas regeneradoras las tienen que poner en práctica los partidos políticos, únicos agentes legitimados en una democracia para hacerlo. Son los partidos políticos los primeros que han de regenerarse y, antes de proponer medidas a los demás partidos, Rajoy debería empezar por ponerlas en práctica en su propia casa. Según el propio Partido Popular en la Comunidad Valenciana “proponer medidas de regeneración democrática es inadmisible” y constituye causa de expulsión de los afiliados. Que se lo pregunte el Sr. Rajoy a sus subordinados Alberto Fabra, José Ciscar, José Juan Zaplana o Felipe del Baño, por citar sólo a algunos de los liquidadores de afiliados molestos. Un partido político que no practica la democracia interna, que tiene doble contabilidad, que paga sobresueldos aunque sean legales, que vulnera los derechos de sus militantes a los que oculta sus cuentas, que ampara y protege a los corruptos como en la Provincia de Alicante, por citar solo una, no tiene autoridad moral o política alguna para ir proponiendo medidas regeneradoras. Debe empezar por limpiar su propia casa. Y no hace falta pactar con la oposición, por ejemplo, para que el propio Rajoy o Montoro renuncien al cobro de la dieta del congreso por vivienda, cuando tienen varias en Madrid, o para renunciar a pensiones superiores a las máximas permitidas al resto de los ciudadanos o para renunciar a los privilegios fiscales de los diputados o para establecer incompatibilidades y prohibir pluriempleos públicos de sus compañeros de partido.

Tampoco da credibilidad al “neuronazo” regenerador rajoyano el hecho de que se haya apresurado a proponer la elección directa de los alcaldes, designando al más votado, a menos de un año de las próximas elecciones municipales. Es evidente que esta propuesta renace a la vista de los pésimos resultados electorales de las elecciones europeas y responde no a una voluntad regeneradora sino al miedo de perder muchísimas alcaldías en los próximos comicios municipales, ante la posibilidad cierta de que los grupos municipales minoritarios que se formen lleguen a acuerdos para desalojar al PP de ciertos sillones consistoriales y poder limpiar los Ayuntamientos, como bien podría pasar en la ciudad de Alicante. En todo caso, esta propuesta requerirá el consenso, como mínimo, con el PSOE que posiblemente la asumirá, aunque sea con matices, ante sus negras perspectivas electorales.

Es hora de la regeneración democrática, a pesar de algunos, y el que no quiera entenderlo y asumirlo con sinceridad y honestidad terminará cavando su propia tumba política. Pero mientras los partidos no cambien internamente y dejen que las propuestas regeneradoras nazcan desde sus propias bases estaremos hablando de simples “neuronazos” de los “capos”, de maquillajes del sistema que terminarán embadurnando el rostro de nuestra democracia. Financiación de los partidos políticos, eliminación de aforamientos, democracia interna, primarias, eliminación de subvenciones a partidos, patronales y sindicatos, fin de los privilegios fiscales y sociales de los políticos, incompatibilidades rígidas, independencia judicial real, reforma de la ley electoral, de la ley de contratos de las administraciones públicas, estatutos de los cargos políticos, … son algunos de los temas que deben necesariamente figurar en una agenda auténticamente regeneracionista. Lo demás son brindis al sol o simples fuegos artificiales.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 2 de septiembre de 2013

Adiós agosto.


Tras un atípico mes de agosto, se reanuda la actividad normal en casi todos los ámbitos. Y es que este pasado mes de agosto ha sido bastante atípico en muchos aspectos, desde el climatológico hasta el político. Frente a la tradicional atonía con la que convivimos en el período estival, este agosto ha estado algo más movido de lo que suele ser habitual. Prácticamente la única “serpiente de verano” que nos ha visitado ha sido la de una posible remodelación en otoño aderezada con las correspondientes quinielas de ministrables y ex ministrables, serpiente que está aún por confirmar en las próximas semanas. Bueno, otra pequeña serpiente veraniega pero en este caso autonómica es la que ha circulado en algunos medios de comunicación sobre el destino como futuro candidato autonómico del Presidente Alberto Fabra y la suerte que habrán de correr sus más inmediatos colaboradores. Mientras tanto hemos ido conociendo durante el mes como se sigue fraccionando el centro derecha en la Comunidad Valenciana y en especial en la Provincia de Alicante gracias a la labor prepotente e incompetente de algunos mercenarios del propio Partido Popular.

Este agosto ha estado cargado de toda clase de noticias y algunas especialmente curiosas. El PSOE y sus satélites han estado, como no, agitando permanentemente el caso Bárcenas como si en España no existiese otro caso de corrupción y como si no formase parte de nuestro país Andalucía en la que día sí y día también se iban destapando detalles del mayor latrocinio de fondos públicos de nuestra historia. Los sindicalistas y socialistas de la UGT se dedicaban, al parecer, a falsear también facturas para esquilmar más fondos públicos que desde la Junta pagaban religiosamente sus conmilitones del PSOE en el gobierno andaluz. A lo largo del mes, la lista de imputados en el caso de los ERES ha seguido creciendo con más sindicalistas, también de CCOO, bajo sospecha. Griñán, que al parecer no se enteraba de nada o que no entendía bien el Interventor de la Junta, se ha marchado y se va a ir al Senado. Ya se sabe que en el Senado se está muy bien y, sobre todo, se está aforado, condición cada vez más valorada por algunos políticos.

Hemos conocido también este mes las declaraciones de varios dirigentes populares ante el Juez Ruz. Entre ellas fue especialmente significativa y muy comentada, por cierto, la de la Secretaria General Mª Dolores de Cospedal quien, al parecer, se despachó a gusto levantando más de una ampolla en las altas cúpulas populares. Y como el caso Bárcenas da para mucho hemos sabido también que el juez Ruz mandó que el Partido Popular le entregara los dos ordenadores que el Sr. Bárcenas manejaba en su despacho de Génova. Los responsables del PP hicieron entrega de los mismos, pero, sorpresa, más vacíos que la Caja de la Generalitat. Supimos por el Portavoz Popular ad hoc, Sr. Floriano, que en el Partido Popular, “como en cualquier empresa” (se nota que no ha debido trabajar en ninguna), es costumbre cuando un ordenador queda libre dárselo a otro empleado sin mirar los archivos que pudiera contener y formateándolo por si acaso. ¿Nadie tenía curiosidad “en la casa” por conocer lo que el Sr. Bárcenas guardaba en esos ordenadores? ¿De verdad? Es más, hemos podido saber gracias al Sr. Floriano que, careciendo dichos ordenadores de puerto usb, es imposible que nadie pudiera tener copia de los archivos de dichos ordenadores en un “pendrive”. Y lo dijo sin despeinarse. Lo cierto es que se aprende mucho escuchando las comparecencias veraniegas de ciertos políticos.

Hemos sabido en este mes de agosto que cerca de 50.000 niños en Cataluña padecen carencias alimentarias y que se han detectado 750 casos de grave desnutrición y todo ello mientras las autoridades catalanas se dedican a invertir más dinero público en su aventura separatista y ultiman sus detalles del numerito de la “cadena humana” por la independencia que fiel a las ansias imperialistas de estos sujetos hará su incursión en el territorio de la Comunidad Valenciana. Y en plena fiebre separatista, la Sra. Chacón, gran contribuyente a la espiral secesionista ha decidido poner tierra por medio y cruzar el charco para dar clases en una universidad privada de los imperialistas yanquis y colaborar en un programa televisivo de los anticastristas cubanos. Muy coherente la señora, pero qué le vamos a hacer, el dólar es el dólar venga de donde venga. Se aparta así de la hoguera independentista y de la debacle socialista que las encuestas auguran para las próximas elecciones europeas a ver si así la empiezan a echar de menos y las bases socialistas reclaman su regreso en plan salvadora del naufragio de Rubalcaba y su inefable equipo.

También han sido importantes algunas noticias sobre el importante crecimiento de la industria turística  en España y especialmente en la Comunidad Valenciana en lo que ha tenido bastante que ver la inestabilidad de Oriente Medio. Y de esta zona resuenan aún los ecos de las atrocidades de la guerra civil siria y la posible intervención militar norteamericana cuyo alcance y consecuencias aún están por delimitarse. Y Gibraltar, cómo poder olvidar nuestro Gibraltar al que hemos vendido piedras y arena para crecer. Gracias a los bloques de hormigón arrojados por los hijos adoptivos de la Gran Bretaña hemos podido descubrir muchas cosas sobre su capacidad creadora de empresas, sobre su número de automóviles, sobre lo barata que les sale la gasolina que nos compran o sobre sus estancias en nuestros hospitales. Lástima que se haya acabado agosto porque seguramente oiremos menos hablar de Gibraltar. En fin, que se ha ido un mes de agosto bastante atípico que no sólo nos ha dejado lo habitual, sino también una buena cantidad de acontecimientos cuyos efectos iremos notando en las próximas semanas. Se despierta ahora un nuevo curso político sin haberse dormido del todo el anterior.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 3 de marzo de 2013

Bárcenas interno, externo o mediopensionista.



Desconcertados, confusos, desconfiados y asombrados es como nos encontramos la mayoría de los votantes populares ante el asunto Bárcenas y, sobre todo, ante las explicaciones que sobre el mismo vienen ofreciendo los diferentes portavoces del Partido Popular. No tengo la menor duda de que Mariano Rajoy, al igual que la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Popular son personas honradas, como tampoco tengo ninguna duda de que hay posibles irregularidades en torno al Sr. Bárcenas, a su papel en el Partido Popular, a la financiación del mismo y a la forma con que se está gestionando la crisis desatada por el ex tesorero del PP.

El asunto Bárcenas no se podía gestionar peor de lo que se está haciendo y prueba de ello es que la respuesta de los populares no está convenciendo ni a los propios militantes del partido. Da la sensación de que aquí cada dirigente va por libre, de que no saben muy bien a qué se enfrentan y de que, sobre todo, no existe una respuesta coordinada sobre el asunto. Cada semana aparece una sorpresa y siempre hay algo que matizar, puntualizar o corregir sobre la respuesta ofrecida en la anterior sorpresa. Primero nos dicen que el Sr. Bárcenas dejó de trabajar para el partido popular a raíz de su imputación en el caso Gürtel. Después resulta que estaba cobrando 250.000 € anuales, el sueldo más alto pagado por el PP. Más tarde que no era un sueldo, sino una indemnización pactada. Posteriormente resulta que seguía contratado y fue despedido el 31 de enero de 2013. Hace pocas horas Pons insistía en una entrevista en ABC Punto Radio que la relación laboral con el ex tesorero terminó en 2010, lo que evidentemente no cuadra con que siguiera dado de alta hasta el 31 de enero de este año. Si seguía contratado, entonces no podía estar cobrando una indemnización. Y si se le estaba pagando de forma fraccionada una indemnización pactada tampoco podía seguir estando de alta y cotizando a la Seguridad Social, salvo que se tratase de un fraude a la misma.

Con Bárcenas pasa lo mismo que pasó con Sepúlveda: primero que no se le podía despedir porque era “funcionario” de la casa, según el Sr. Floriano, después porque sería un despido improcedente y, al día siguiente, a la calle que ya sí se podía despedirle. Así no hay quien se crea nada. No es posible que lo que hoy es blanco, mañana sea negro y pasado gris. Al día de hoy, no se sabe si Bárcenas estaba contratado, despedido o era mediopensionista popular. Las contradicciones, las constantes rectificaciones no contribuyen a poner luz sobre un asunto tan turbio, todo lo contrario, no hacen más que acrecentar las sospechas de que aquí hay algo o muy “gordo” o pésimamente gestionado.

Hay cosas absolutamente incomprensibles e inaceptables que exigen una explicación pública como lo es saber por qué se contrata como asesor a un ex alcalde que tiene que dimitir por estar imputado en el caso Gürtel o al Sr. Bárcenas tras dejar su escaño en el Senado tras ser imputado también. ¿Quién decidió contratarlos? ¿Quién decidió que había que pagar o indemnizar al Sr. Bárcenas con 250.000 € salidos en su mayoría de los contribuyentes? ¿Quién considera ético tomar estas decisiones? La verdad, uno empieza a pensar que los códigos éticos o los manuales de buenas prácticas deben estar en blanco porque sino no se entiende esta forma de proceder que, a la postre, sólo sirve para manchar el buen nombre de los miles de afiliados del Partido Popular que no tienen nada que ver, ni aprueban, estas prácticas.

Al margen del enriquecimiento personal de algunos, las informaciones periodísticas sustentadas en informes policiales, parecen señalar que los mismos se han llevado a cabo al amparo de operaciones irregulares en torno a la financiación del propio Partido Popular. Hay que ponerlo todo en cuarentena hasta que los procedimientos judiciales en curso lo aclaren, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, también nos sorprende a los votantes que algunas de estas informaciones sólo tengan el silencio por respuesta. Por ejemplo, el informe de la UDEF de 2008 que analiza la contabilidad de Orange Market en relación a las campañas de 2007 y 2008 en la Comunidad Valenciana, sacado a la luz nuevamente estos días, es más que preocupante y exige una aclaración cuando menos.

La opinión pública necesita saber exactamente qué ha pasado y quiénes son los responsables del asunto Bárcenas y de la financiación del Partido Popular en todos sus niveles. Y los militantes, a los que nos intentan sacar los colores con ello, también. Queremos y tenemos derecho a saber, a que se den explicaciones veraces y concretas, a que se exijan y se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar y, sobre todo, a que se acaben con unos modos y prácticas políticas indeseables. Queremos claridad y contundencia. Y no nos puede consolar lo que pase en otros partidos, que también pasa, queremos poder seguir sintiéndonos orgullosos de nuestro partido y no podemos seguir confiando en que mañana no aparezca ningún nuevo sobresalto, ninguna sorpresa que nos vuelva a hacer agachar la cabeza. No nos lo merecemos.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 20 de enero de 2013

Las cuentas del PP claras en Madrid y en Alicante también.



El revuelo organizado por las informaciones periodísticas sobre las cuentas suizas del ex tesorero del PP, Sr. Bárcenas, y sobre las acusaciones de pagos de sobresueldos entre miembros de la cúpula del Partido Popular mientras este señor se ocupaba de las cuentas del partido es más que evidente. Estas informaciones escandalizan a cualquiera y aunque es necesario mantener cierta prudencia sobre su veracidad porque tienen que ser probadas y porque están siendo difundidas por el entorno de Bárcenas dentro de su estrategia defensiva, no es menos cierto que su verosimilitud se deriva de la tradicional opacidad de los partidos políticos en torno a sus ingresos y sus gastos. Los partidos políticos se han organizado un sistema legal de fiscalización a su medida. Entregan sus cuentas al Tribunal de cuentas y éste emplea 4 o 5 años en revisarlas y si detecta cualquier anomalía en la financiación suele ser cuando la posible infracción ya ha prescrito.

Ayer, la Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal admitía, como no puede ser menos, que las informaciones de los últimos días sobre el caso Bárcenas “pueden provocar escándalo” y “son de tal de gravedad” que el Partido Popular ha decidido “revisar sus cuentas” de los últimos años. Afirmó, además, que “vamos a revisar la gestión, de ahora y de hace tiempo, para enseñársela a todos los españoles con las manos limpias y demostrar que la inmensísima mayoría de los cargos y militantes del PP son honrados”. Pues bien, no parece necesario, por obvio, demostrar que la inmensa mayoría de los cargos y militantes del PP son honrados. Lo que hace falta demostrar y denunciar ante la opinión pública y la Justicia quiénes son los cargos y militantes populares que no son honrados, hay que demostrar que las cuentas del Partido Popular están impolutas y que no hay financiación ilegal del partido.

Pero lo que de una vez deberían hacer es enseñar las cuentas del partido a los propios militantes y afiliados porque es impresentable que no tengamos acceso a las cuentas de nuestro partido. Es estupendo que se quieran enseñar a los españoles en general, pero ¿por qué se ocultan año tras año a los afiliados? En la inmensa mayoría de las asociaciones o en cualquier comunidad de vecinos, sus miembros reciben anualmente el balance con los ingresos y gastos detallados. Sin embargo, eso no ocurre en la inmensa mayoría de los partidos políticos y desde luego no ocurre en el Partido Popular. Y resulta más llamativa esta falta de transparencia cuando se supone que los ingresos de un partido político son, en su inmensa mayoría de origen público, vía subvenciones, y por tanto aportados por los contribuyentes. A estos ingresos hay que sumar los provenientes de las cuotas de afiliación y donaciones. Si sólo existen estas tres fuentes de financiación ¿por qué se ocultan a los afiliados? ¿Tenemos que esperar 4 o 5 años para acudir al Tribunal de Cuentas a ver si nos dicen en qué se ha gastado nuestro dinero nuestro propio partido político? Ridículo. No caben excusas, no pueden seguirse amparando en las especiales características de un partido político para ocultar sus cuentas a quienes forman parte del mismo o a los contribuyentes. Los partidos políticos son instrumentos de participación, cauces de canalización, de conformación de la voluntad política, son importantísimos instrumentos sobre los que se asienta la democracia, pero son también “empresas” que ingresan y gastan, que usan el dinero de los contribuyentes y de sus afiliados y deben rendir cuentas a los mismos.

Los afiliados queremos saber y lo exigimos. Se trata de un derecho estatutario, obtener información, y de un deber político de los dirigentes políticos. Y descendiendo al ámbito local de la organización popular, los afiliados, cuando leemos en la prensa que los dirigentes provinciales nos piden un euro por cabeza para saldar deudas de la organización provincial, también queremos saber por qué. No sólo no nos envían el balance correspondiente, sino que además tienen la poca vergüenza de pedírnoslo por la prensa, ni una carta explicando las razones. Y lo más sangrante es que nos lo pidan a los afiliados de la ciudad de Alicante que llevamos años pagando nuestras cuotas sin que ni tan siquiera dispongamos de una sede propia, ni de una simple página Web para ser informados. ¿En qué se han empleado nuestras cuotas? ¿Cuáles son las cuentas del PP de la ciudad de Alicante? ¿Quién es el tesorero? ¿Cuánto se debe? ¿A quién? Queremos saber y lo exigimos, sí, porque es nuestro derecho. Le moleste a quien le moleste.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 30 de noviembre de 2012

Carta de afiliados alicantinos del PP a Mª Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP.


Esta es la transcripción de la carta que afiliados del PP de Alicante han remitido esta semana a la Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal. ¿Responderá?

A/a Dª Mª Dolores de Cospedal. Secretaria General de Partido Popular.

Estimada Secretaria General:

Los abajo firmantes, afiliados del Partido Popular de la Ciudad de Alicante, queremos a través de la presente trasladarte nuestra profunda preocupación sobre la grave situación del Partido Popular en nuestra Comunidad, nuestra Provincia y nuestra ciudad.

1º Como afiliados del Partido Popular sentimos vergüenza y rechazo ante la continua aparición en los medios de comunicación de noticias denunciando actitudes y hechos presuntamente delictivos protagonizados por muchos cargos públicos del Partido Popular, sin que se haga efectiva la separación de todos los imputados de las responsabilidades públicas que ostentan que sólo en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas alcanzan once escaños.

2º Igualmente entendemos que es preciso adoptar de forma urgente medidas para terminar con el pluriempleo de muchos cargos políticos populares algunos de los cuales llegan simultanear hasta más de cuatro cargos públicos en detrimento de la atención que la ciudadanía exige especialmente en esta crisis. Creemos que la ejemplaridad pasa también por la exigencia del principio “una persona, un cargo, una función pública”. No es admisible seguir manteniendo la simultaneidad de tantas alcaldías con actas de diputados autonómicos. Los ciudadanos exigen una dedicación total que resulta incompatible con lo anterior.

3º Creemos que hay que poner límite a la utilización de las instituciones públicas en beneficio de los entornos próximos de los cargos electos (contrataciones, asesores, cargos de confianza,…) desterrando de una vez cualquier sospecha de nepotismo y favoritismo.

4º Reivindicamos la democracia interna y la participación, e igualmente rechazamos el continuo menosprecio a la desinteresada labor y a los derechos de los miles de militantes del Partido Popular de Alicante, utilizados únicamente para labores electorales, y sistemáticamente ignorados a la hora de participar en la política interna del partido. La Junta Local de Alicante ha sido durante años un claro ejemplo de coto cerrado, dominado por grupos y familias, que han hecho y desecho al margen de la militancia y cuyas consecuencias son hoy más que nunca visibles en el Ayuntamiento de la ciudad y en las causas judiciales abiertas.

5º Solicitamos el amparo de nuestros derechos de afiliados y el respeto a los Estatutos del Partido Popular por parte de todos los cargos orgánicos de la estructura territorial y, en especial, de la provincia de Alicante cuyo comité ejecutivo, con el fin de evitar las elecciones a la Presidencia Local de la Ciudad de Alicante, acordó el pasado día 11 del mes de octubre suprimir la Junta Local de la Ciudad y sustituirla por un número indeterminado de distritos. Dicha decisión fue inmediatamente impugnada por varios afiliados sin que, hasta el día de hoy, haya respondido ni el Comité Ejecutivo Provincial, ni el Secretario General del PPCV (se adjuntan copias de las impugnaciones). Más de 600 firmas de afiliados han sido ya recogidas en contra de esta arbitraria decisión que serán remitidas al Comité Nacional de Derechos y Garantías si fuere preciso incoar su intervención.

Por todo lo anterior, Secretaria General, solicitamos tu intervención con el fin de reconducir una situación gravemente perjudicial para la credibilidad y el futuro del proyecto popular en la Comunidad Valenciana y, en especial, para la Provincia de Alicante.

Atentamente, en Alicante a 27 de noviembre de 2012.

lunes, 5 de noviembre de 2012

Paro y desahucios: dos caras de la misma moneda.



Estos días se están cruzando dos noticias, dos datos íntimamente ligados que reflejan claramente la dramática situación por la que atraviesa nuestra sociedad: el aumento del paro y el incremento de los desahucios, causa y consecuencia, cara y cruz de esta crisis. Al respecto y en torno a las diferentes reacciones que ambos datos provocan, merece la pena hacer algunas reflexiones. 

El aumento del paro no da tregua alguna. Mes tras mes los datos siguen siendo malos, ya se analicen los de la EPA o los del paro registrado. Intentar vislumbrar signos esperanzadores en las ligeras variaciones que dichos datos puedan ofrecer no desvirtúa lo esencial, la persistencia de un auténtico drama social, la extensión de la pobreza, el mantenimiento de una tendencia destructora de las vidas de millones de españoles que han de afrontar el futuro en condiciones cada vez más penosas. En la Provincia de Alicante el paro ha subido un 1,51% durante el mes de octubre, 3.359 desempleados más lo que supone 225.796 personas sin empleo en la Provincia de Alicante. Son casi 44.000 los hogares alicantinos en los que no se percibe ningún ingreso, ningún subsidio o ayuda. La pobreza se sigue extendiendo inexorablemente. Y si utilizamos como dato de referencia la EPA las cifras aumentan notablemente. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios siguen creciendo de forma alarmante. Es verdad que un buque transatlántico, como la economía española, no se detiene, ni varía su rumbo de forma automática, sino que necesita un largo espacio para invertir el rumbo, pero no parece que las diferentes medidas adoptadas durante el último año hayan variado la inercia heredada, entre otras cosas, probablemente porque no están siendo todo lo correctas que debían haber sido. Una cosa está clara, las medidas hasta ahora tomadas no se corresponden con buena parte del programa y la filosofía política del PP. Más impuestos, supone menos consumo, más paro, más gasto social, más déficit y mayor deuda pública a acumular al inmenso agujero negro dejado por el PSOE.

Una de las consecuencias más dramáticas del creciente y prologado paro es la pérdida de la vivienda. Y en la inmensa mayoría de los casos no se trata sólo de que se pierda la vivienda, sino de que, además, el deudor permanece como tal durante años impidiéndole cualquier expectativa razonable para rehacer su vida. No está de más recordar que en el año 2011, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se opusieron en el Congreso a tramitar una proposición de ley para que la deuda hipotecaria de las familias que no pudiesen hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudieran ser saldada con la entrega de la vivienda, con la dación en pago. El nuevo Gobierno aprobó hace unos meses un código de buenas prácticas bancarias que sólo ha servido para paliar la situación de unas 800 familias mientras que han seguido su curso decenas de miles de procedimientos de ejecución bancaria. Este año, más de 150.000 familias habrán perdido su hogar y, además, seguirán endeudadas con el banco que se queda con su casa. Hace pocos días, un ciudadano se suicidó tras recibir la notificación del desahucio lo que ha servido desgraciadamente para poner el asunto en la agenda de los políticos.

Hoy, el PSOE, que el año pasado se opuso a la dación en pago “porque podría desestabilizar el sistema financiero”, ha anunciado a bombo y platillo una ofensiva publicitaria en toda España para presentar la iniciativa que ha planteado el Congreso para frenar los desahucios. La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha resaltado que la proposición de ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia pretende "cambiar la ley", porque "trata de mirar a las personas, se trata de un rescate de ciudadanos". Bonita frase, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Y, como ahí no puede quedar la cosa, los socialistas, fieles a sus costumbres, se van a dedicar a presentar mociones en los Plenos de los Ayuntamientos que no tienen competencia alguna en la materia para utilizarlos, sin ningún tipo de escrúpulos, como simples cajas de resonancia política.

Por su parte, también hoy, la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal ha subrayado que "hay que diferenciar" entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga por que los primeros den "un tratamiento distinto" a estas ejecuciones ya que "el dinero que les viene es público" y que hay "muchas cosas que se pueden hacer, no solo la dación en pago" para "limitar la sangría y el drama social" de los desahucios, y ha abogado por "trabajar en buscar vías que puedan flexibilizar esta situación". Pues bien, si hay que diferenciar entre los bancos que han recibido dinero público en el tema de los desahucios ¿por qué no extender esta “diferenciación” a otros ámbitos como el de las retribuciones de sus directivos? La realidad, al día de hoy, es que bancos sostenidos con dinero público, de los contribuyentes, están ejecutando las hipotecas de esos contribuyentes como cualquier banco y que sus directivos llegan a cobrar hasta 750.000 € anuales de ese dinero público. ¿Es moralmente aceptable? Claro que la dación en pago no es el único instrumento legal que puede ponerse en marcha, pero el tiempo sigue pasando y, hasta ahora, es la única propuesta socialmente aceptada encima de la mesa y ya está tardando el Gobierno en plantear soluciones rápidas y eficaces a este drama.

Se mire por donde se mire, los casi 500 desahucios diarios que se están produciendo en nuestro país son una drama colectivo y una inmoralidad absoluta, por muy legal que sean, que exigen una respuesta inmediata del conjunto de la clase política que no está, una vez más, a la altura de los retos de nuestra sociedad.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 7 de septiembre de 2012

Quo vadis, Cospedal?



El lanzamiento de algunos “globos sondas” sobre reformas, como la posible reducción de concejales para generar ahorros en las arcas públicas o la reducción del número de parlamentarios autonómicos, responde, sin ninguna duda, al deseo de una parte de la clase política de atenuar la creciente indignación que la diferencia de la repercusión de los costes de la crisis tiene entre la clase política y el resto de los ciudadanos. El último “globo sonda” lo soltó ayer la Presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien no sólo propuso reducir a la mitad el número de parlamentarios autonómicos, justo lo contrario de lo que ella promovió en su Comunidad, sino que además apostó por la supresión de los sueldos a los diputados “para que vivan de sus profesiones y no de la política”, según dijo.

Esta propuesta, relativamente novedosa, merece algunas consideraciones. En primer lugar, para valorar realmente el calado y la validez de la misma, no es posible ignorar la realidad política y personal de quien la formula.  María Dolores de Cospedal, hace poco más de un año, recibía dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, y como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibía otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Es decir, un auténtico dineral con origen en las arcas públicas. Por tanto, que cada uno saque sus conclusiones.

Por otra parte, lo que plantea Mª Dolores de Cospedal es que algunos políticos, en este caso parlamentarios, no cobren por hacer su trabajo y para ello se apela a los precedentes de la transición. Así, los parlamentarios vivirían de su profesión habitual y su dedicación parlamentaria vendría a ser algo así como una segunda actividad o una afición justificada por su carácter vocacional. Sin embargo, con esta propuesta se corre el riesgo de devaluar el carácter de una parte de la actividad política, la que desarrollan precisamente los representantes de los votantes. Tan vocacional es dedicarse a la política como puede ser el ejercicio de la medicina y, sin embargo, a nadie se le ocurre plantear que los médicos trabajen gratis por el carácter vocacional de la medicina. Bien es cierto que para ser político, para ser parlamentario o alcalde, no se exige una formación o preparación específica como en el caso de otros profesionales. Resulta paradójico que en España para ser peón en un Ayuntamiento, por ejemplo, haya que tener graduado escolar y aprobar una oposición y que para ser Alcalde o Diputado no se exija nada, ninguna titulación, salvo ser elegido. El problema es que el poder de las urnas no confiere unos conocimientos mínimos y así nos va.

Por último, todo parece indicar que buena parte de la clase política está equivocada respecto a las causas que generan la indignación ciudadana y su alejamiento de los políticos. Lo que causa indignación es que la inmensa mayoría de los recortes que la crisis generada por parte de la clase política está suponiendo duros sacrificios a los ciudadanos mientras que los políticos siguen instalados en una situación privilegiada. La mayor parte de los ciudadanos no pedimos que los políticos no cobren por su trabajo, pero queremos que sólo cobren de él y no de diversas fuentes públicas simultáneas. No queremos que cobren sueldos, pensiones o indemnizaciones a la vez. Los ciudadanos, en su mayoría, no pedimos que los políticos trabajen de forma altruista pero sí exigimos que no gocen de privilegios inadmisibles: queremos que paguen el IRPF como todos, que coticen lo mismo que los demás para cobrar una pensión de jubilación, que sus retribuciones sean absolutamente transparentes y que no se encubran con pagos en especie, que sus salarios estén perfectamente regulados y tasados de forma uniforme en todo el territorio nacional y en todas las administraciones públicas. Queremos, en definitiva, que los políticos que nos gobiernan y representan tengan una conducta austera y ejemplar lo que implica que renuncien a todos sus privilegios y que sean los primeros en aplicarse los sacrificios y recortes que sufrimos los ciudadanos. En medio de esta crisis generada y mal gestionada por la clase política que un diputado o la Presidenta del Parlamento Catalán se descuelguen con afirmaciones como las que han hecho recientemente denunciando que tienen dificultades para llegar a fin de mes con sus sueldos, dietas y privilegios constituye una auténtica burla a los ciudadanos. No es de extrañar que digan tales estupideces quienes para llegar a tan altos puestos no han tenido que acreditar formación alguna. Se les nota.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 26 de abril de 2012

El PP local de Alicante: un coto cerrado y antidemocrático.

Dicen que los trapos sucios hay que lavarlos en casa. Es un buen consejo pero los problemas surgen cuando la lavadora no funciona y cuando ni siquiera hay agua para realizar esa tarea. Y éso es lo que parece que pasa en la casa Popular: o no hay agua corriente, o la lavadora está rota o el encargado de la tarea ni está, ni se le espera. Así que no queda otra que sacar la colada fuera, a la lavandería.

En el pasado mes de febrero, los dirigentes del Partido Popular de la ciudad de Alicante se saltaron olímpicamente los estatutos del Partido y el Reglamento del Congreso Nacional al no remitir a los afiliados las normas y documentos necesarios para que pudieran presentarse como compromisarios al Congreso Nacional. Es decir, actuaron antidemocráticamente para evitar unas elecciones internas que se habrían producido en el caso que se hubiesen postulado más candidatos a compromisarios que el número de puestos asignados a Alicante y, con ello, se aseguraron dichos puestos para la camarilla dirigente. Se presentó una reclamación al Presidente local y éste no ha tenido aún ni la decencia y cortesía de responderla. Se denunció esta grave vulneración de la democracia interna a la Secretaria General del Partido, María Dolores de Cospedal, y al día de hoy ni ha respondido. Se comprende que la Presidencia de Castilla la Mancha absorba la mayor parte de su tiempo, pero si ello le impide cumplir con sus obligaciones y responsabilidades como Secretaria General debería ir planteándose su continuidad en las labores internas del Partido, porque los afiliados merecen un mínimo de respeto y la democracia interna es lo suficientemente importante como para que dedique un mínimo de atención.

Pues bien, ahora toca el Congreso regional del PPCV y los dirigentes alicantinos han vuelto a repetir la operación. Las Bases para la elección de compromisarios para el XIII Congreso Regional señalan:

c) La convocatoria para la elección de las Asambleas que han de elegir los compromisarios será realizada por escrito, por los Presidentes Provinciales con una antelación mínima de 10 días, es decir, que dicha convocatoria tendrá que estar en correos el día 20 de abril.

d) Las convocatorias se dirigirán a cada uno de los afiliados sin excepción, y deberán indicar lugar, fecha y hora del comienzo de la Asamblea, duración del período de votación, que no será superior a 6 horas, número de compromisarios a elegir y bases para presentación de candidatos.

Parece que estas normas están bastante claras y que ofrecen pocas dudas sobre su contenido. Sería bueno saber qué parte de las mismas no han entendido los dirigentes del PP alicantino porque, al día de hoy, los afiliados no han recibido carta alguna y el plazo para presentar candidaturas concluye el día 27 de abril a las 12 horas. Es evidente que se trata nuevamente de una grave irregularidad, de una clara vulneración de la democracia interna, y van dos, perpetrada por los dirigentes populares de la Ciudad de Alicante.

Pero esta vez la cosa no va a quedar así. Se ha impugnado el procedimiento y si no se invalida y se repite se va a abrir la vía jurisdiccional hasta sus últimas consecuencias. No son pocos los afiliados populares cansados de estas prácticas caciquiles y se va a constituir en breve una plataforma para la regeneración del partido, desde las bases, como debe ser. El PP de la ciudad de Alicante no puede seguir siendo un coto cerrado a los afiliados y a la sociedad alicantina. Unos dirigentes locales que no respetan a sus afiliados seguramente tampoco respetarán al resto de los ciudadanos. Eso tiene que acabar ya. Y a ver si arreglan la lavadora.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 30 de marzo de 2011

LA PERTURBADORA PRESENCIA DE COSPEDAL EN ELCHE.

La reciente visita de la Secretaria General de los Populares, Mª Dolores de Cospedal, a Elche para el acto de proclamación de la candidata popular a la alcaldía de esta localidad ha desatado toda clase de comentarios e interpretaciones, algunas con cierto fundamento y otras en la órbita de los acontecimientos planetarios socialistas.

Algunos comentaristas se han centrado en la interpretación de los gestos que pudiera tener Cospedal con el Presidente Camps ya hablan de la normalización de relaciones entre el Partido regional y el nacional o elaboran elucubraciones sobre posibles apoyos, alianzas internas o tratos.

Sin entrar en esas hipótesis difíciles de verificar, lo cierto es que sorprenden las reacciones de los distintos portavoces socialistas que se han apresurado a realizar declaraciones, la mayoría de ellas, más propias de ignorantes “maqueados” de políticos que de personas serias, responsables e inteligentes. Da la sensación que muchos de estas caricaturas parlantes de políticos nos toman por tontos al conjunto de los ciudadanos y despachan alegremente sus simplezas para fabricar titulares periodísticos tan vacíos de contenido político como lo deben estar sus propias cabezas.

Así, por citar dos ejemplos, la portavoz del Comité Electoral del PSPV, Carmen Ninet, ha denunciado hoy que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, "viene a avalar la corrupción en la Comunidad Valenciana como ya lo hizo el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, hace unas semanas". Supongo que esta “ingeniosa y sesuda” afirmación es fruto de un ingente esfuerzo intelectual de la citada portavoz, pero, sinceramente, es de una simpleza vergonzosa, es un argumento tan burdo y poco elaborado que bien se le puede volver en contra. Si ésa es su lógica política, es de suponer que nada objetará si alguien afirma que cuando viene Dª Leire o cualquiera de los miembros del gobierno socialista lo hace para importar el modelo socialista de corrupción de los ERES, la vulneración del Estado Derecho en la rendición ante ETA, la colaboración con ETA en el caso Faisán, el modelo destructor de empleo, o cualquiera de las perlas que adornan el collar zapateril.

El segundo ejemplo lo proporciona la portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE de Elche, Modesta Salazar, quien ha dicho que la presencia de María Dolores de Cospedal en Elche "no es grata" para esta ciudad y ha justificado su actitud de repulsa por tratarse de “una persona que se ha opuesto de manera sistemática al Trasvase Tajo-Segura porque su postura es totalmente contraria a los intereses del campo de Elche". No ha encontrado esta señora mejor argumento para comparecer antes los medios, qué se le va a hacer. Es de suponer que tan poderosa razón será aplicada por los socialistas ilicitanos a todos sus conmilitones por oponerse al trasvase del Ebro ¿no? ¡Vaya tropa!

Bien es cierto, dicho sea de paso, que el Partido Popular, si no quiere calcar el modelo de taifas socialista, debe de una vez por todas adoptar de una forma clara una posición nacional sobre los trasvases y el Plan Hidrológico Nacional, aunque ello pueda acarrear pérdidas de votos. Pero el discurso sobre el agua no puede ser distinto según la región de que se trate.

En todo caso, es evidente que la sola presencia de Cospedal en Elche ha agitado algunas neuronas de las portavocías socialistas. Ha sido el detonante para esta eclosión de simplezas primaverales. ¡Qué nerviosos se ponen algunos!

Santiago de Munck Loyola

sábado, 13 de noviembre de 2010

COSPEDAL Y PAJÍN: ¿DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA?


En estos días viene siendo noticia la polémica levantada por los ingresos de la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal. A los socialistas manchegos les parece escandaloso que acumule dos sueldos: uno público como senadora autonómica del PP y otro semipúblico como Secretaria General del Partido Popular. Su indignación es tal que incluso van a reformar una Ley autonómica para impedir que Cospedal pueda seguir percibiendo simultáneamente estas dos retribuciones. Es una iniciativa acertada e insuficiente, aunque también hay que decirlo es una medida hipócrita porque los proponentes, los socialistas castellano manchegos, a juzgar por su silencio, estaban muy contentos con que Leyre Pajín percibiera no dos, sino tres retribuciones simultáneas provenientes del erario público.

Cospedal recibe dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibe otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Pajín percibió durante mucho tiempo tres retribuciones: como secretaria de Organización del PSOE, como ex secretaria de Estado de Cooperación Internacional y como senadora por la Comunidad Valenciana, cerca de 240.000 euros anuales también. Aunque existe mucha más opacidad en su caso es de suponer que ahora percibirá dos retribuciones públicas simultáneas, como senadora y como ministra. Habrá quien argumente que las retribuciones percibidas de un partido político no son públicas, pero de todos es sabido que los ingresos económicos de los partidos políticos tienen en un 90 % su origen en las subvenciones públicas. Por tanto, hay que considerar estos ingresos a efectos prácticos y, sobre todo, éticos como de carácter público.

Pero éstos no son los únicos casos de cargos políticos con varias retribuciones públicas simultáneas. La lista puede ser interminable. Piénsese además el enorme número de empresas públicas, incluidas las financieras, en cuyos Consejos de Administración están sentados cargos políticos y que cobran sustanciosas dietas por asistencia a los órganos de representación de dichas entidades, dietas que se acumulan sin problema alguno a otras retribuciones salariales públicas. Es posible que los políticos españoles no estén entre los mejor pagados de la Unión Europea, pero muchos están pagados varias veces para compensar.

Del mismo modo que acumulan diferentes ingresos pero con un mismo origen, el erario público, bajo fórmulas distintas (sueldos, dietas, indemnizaciones, pensiones, etc.) también se produce otro fenómenos que distorsiona claramente el funcionamiento del sistema democrático, su limpieza y transparencia. Se trata de la acumulación de cargos institucionales que, además, están retribuidos. Es muy frecuente encontrarse con políticos que forman parte del poder ejecutivo, como alcaldes o concejales, y del poder legislativo, como diputados autonómicos, nacionales o senadores. Al margen del debate que podría abrirse sobre la independencia de los poderes y de su propia virtualidad en nuestra realidad, lo cierto es que se trata de una práctica cuando menos anómala. No existe incompatibilidad y, si bien es cierto que algunos partidos la establecen en sus reglamentos internos señalando excepciones, lo habitual es que la excepción se convierta en la norma. Es materialmente imposible desempeñar adecuadamente las funciones de Alcalde y, al mismo tiempo, las de Diputado y cuando se simultanean los dos puestos es evidente que uno de ellos no se desempeña con la dedicación, eficacia y responsabilidad que es exigible en puestos de esa relevancia. O la alcaldía está mal atendida o el escaño mal representado. Y lo que es indecente es cobrar íntegramente las retribuciones de los dos cargos porque se está percibiendo una retribución íntegra por un cargo que no se desempeña con dedicación absoluta.

El perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas exige la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la percepción que de las mismas tenemos los ciudadanos y, entre ellas, están el establecer unos criterios claros y ejemplarizantes sobre el uso del dinero de los contribuyentes en cuanto a las retribuciones de los cargos públicos y el delimitar muy claramente las incompatibilidades para el ejercicio de varios cargos públicos simultáneamente.

Es una cuestión de principios y de sentido común que debería ser asumida por todos los dirigentes políticos con independencia de su militancia. Los criterios son sencillos y fáciles de llevar a la práctica mediante las reformas legislativas precisas:

- Prohibir la percepción de más de una retribución proveniente del erario público sea en forma de sueldo, dieta, compensación o indemnización.

- Prohibir el desempeño de dos o más cargos públicos simultáneamente.

Con ello, nuestras instituciones y nuestros representantes ganarían credibilidad y respaldo social. Seguro.

Santiago de Munck Loyola