Otra de viajes y de tomadura de pelo.

Hay que ver la que se ha organizado a cuenta de los viajes a las Islas Canarias del Sr. Monago, Presidente de la Junta de Extremadura, realizados cuando era senador y pagados por los sufridos contribuyentes. Y a cuenta también de los viajes a la misma isla y para estar con la misma señorita realizados también por el diputado popular por Teruel, Carlos Muñoz, quien, por cierto, ha anunciado que va a dimitir como diputado y como secretario provincial del Partido Popular. Por su parte el Sr. Monago ha pasado, entre lagrimita y homenaje, del yo no he hecho nada malo y puedo justificar “documentalmente” cada viaje que he hecho al pagaré los viajes y devolveré hasta el último céntimo de los que no se correspondan con las labores propias del cargo.

Esto de los viajes pagados por los contribuyentes no es nada nuevo, ni nada raro. Es posible que se haya armado tanto revuelo por cierta morbosidad que las coincidencias han levantado entre algunos comentaristas pero hay otros gastos de sus señorías mucho más escandalosos y que parecen pasar desapercibidos. Los viajes forman parte de la larga lista de abusos y privilegios que nuestra clase política se dota a si misma para hacer más llevadera su abnegada función de representarnos a los ciudadanos. Aunque esté mal citarse uno mismo, no queda más remedio que hacer referencia a dos artículos publicados en estas páginas ya en el año 2012 a cuenta de los viajecitos y los demás privilegios de sus señorías. http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2012/06/una-de-viajes.html

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2012/06/el-liston-de-divar-para-todos.html

En estos artículos, escritos a raíz de los viajes del Sr. Divar, se ponía en cuestión la práctica de abonar los viajes tanto públicos como privados de sus señorías y se demandaba que les fuera aplicados a todos el mismo rasero que entonces se aplicó al Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

Un servidor presentó un escrito al Congreso de los Diputados denunciando la inmoralidad de ciertas prácticas, entre ellas las de los viajes, y recibió como respuesta un escrito cuya copia se adjunta en el que tan sólo se señalaba que “la Cámara sufraga exclusivamente los viajes previstos en el Artículo 8.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados”. ¿Y qué dice ese artículo 8.2? Pues lo siguiente: Artículo 8.2. (los Diputados) Tendrán igualmente derecho a las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función. A lo que se ve, los viajes de los señores Monago y Muñoz a las islas Canarias eran indispensables para cumplir con sus funciones de senador y diputado respectivamente. Pero, no conviene cargar las tintas sobre estos dos ilustres parlamentarios porque si existiera la más mínima transparencia en las Cortes Generales y pudiéramos conocer la relación de viajes gratis total de sus señorías nos llevaríamos una tremenda sorpresa.

Parece mentira que en estos tiempos en los que se habla de regeneración, de ejemplaridad y de austeridad la página web del Congreso sea un ejemplo de burla a la transparencia. Sus señorías ni siquiera tienen la decencia de “colgar” el presupuesto detallado de la institución lo que, sin duda, constituye una prueba más de los múltiples privilegios en los que vive instalada nuestra clase política. Privilegios que pasan por:

- Sueldos muy por encima de la media. Un diputado cobra como mínimo 2.813,87 euros a los que hay que sumar dietas, ayudas y otra serie de complementos.

- Gastos por alojamiento. Todo diputado de una circunscripción fuera de Madrid recibe 1.823,86 euros en concepto de ayuda para pagar los gastos de hotel o alquiler en la capital y en comidas y los de Madrid 870,56 euros. Eso sí estas cantidades están exentas de tributación en el IRPF. Por cierto, cerca de 70 diputados cobran mensualmente los 1.823,86 euros pese a tener vivienda en propiedad en Madrid y aquí no pasa nada.

- Además de no pagar billetes de avión, tren o barco tienen 250 euros al mes para taxis. Si usan su propio coche se les paga el kilómetro a 0,25 euros previa justificación.

- El Congreso les sufraga además un plan de pensiones. La Cámara ingresa el 10% del sueldo base mensual de un diputado a un fondo de pensiones para que cuando se jubilen reciban un complemento de pensión.

- Los casi 3.000 euros de sueldo base se complementan con otras ayudas: los vicepresidentes del Congreso, portavoces, portavoces adjuntos, presidentes de comisión y otros altos cargos reciben un complemento de como mínimo 1.000 euros mensuales por gastos de representación y el Presidente del Congreso 3.327, 89 euros. También existe un complemento mensual por gastos de libre disposición que cobra el Presidente, el Vicepresidente, los Secretarios y Portavoces, entre otros,  ayuda que oscila entre los 600 y los 2.728 euros.

- Si viajan al extranjero en misión oficial reciben 150 euros por día y 120 euros si el viaje es dentro del territorio nacional.

- Además, sus señorías reciben un ‘kit tecnológico’ que les da derecho a que el Congreso les facilite, un teléfono, un Ipad y el pago de la conexión Adsl de su casa.

- Pueden además sus señorías compatibilizar varios sueldos públicos así como compatibilizar su escaño con algunas actividades privadas. Y todo ello sin control del absentismo laboral.

Todo ello parece indicar que el asunto de los viajecitos de marras puede que tan sólo sea “el chocolate del loro” o la punta del iceberg del coste de la casta. Lo cierto es que nuestros parlamentarios gozan de una situación de privilegio que pagamos todos los ciudadanos a los que nos han sometido a toda clase de recortes sin que ellos hayan sido capaces de hacer un mínimo ejercicio de austeridad y de ejemplaridad. Y visto lo visto, cuando sale a la palestra el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, para decir que los diputados y senadores pueden viajar, a cargo del contribuyente, por todo el territorio nacional y que cuando termina su jornada tienen el viaje pagado "al lugar donde tienen su vida privada ese fin de semana" da la sensación de que se está, sencillamente, burlando de los ciudadanos o tomándonos por tontos.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Democracia interna versus caciques.

La democracia, entendida como la forma de gobierno de una organización en función de la voluntad de la mayoría de sus miembros, es uno de los mayores logros del ser humano y su ejercicio auténtico constituye siempre un saludable y enriquecedor espectáculo. Es evidente que en las sociedades occidentales no todas las organizaciones o grupos humanos se organizan de forma democrática sino que su aplicación y alcance depende de los fines y naturaleza de cada entidad. Sin embargo, en un estado democrático lo que sí se espera y se exige es que los partidos políticos, es decir, los agentes y motores de las instituciones democráticas, tengan un funcionamiento interno democrático. Esta exigencia se eleva hasta tal punto que en nuestro caso la Constitución de 1978 la consagra en el propio texto constitucional y en un lugar privilegiado, en el Título preliminar, cuyo Artículo 6 señala que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Como puede apreciarse se trata de un mandato constitucional claro y sin matices que exige la democracia interna de los partidos políticos.

Sin embargo, la experiencia que se repite una y otra vez señala, sin lugar a dudas, que se trata de una asignatura más aún pendiente de nuestro sistema de partidos. Es cierto que todos ellos poseen formalmente unos Estatutos que pasan el filtro democrático, pero no es menos cierto de del papel a la práctica existe, en la mayoría de los casos y con mayor o menor intensidad, un buen trecho.

Desde que se celebraron las últimas elecciones autonómicas que otorgaron la mayoría simple al Partido Popular en Extremadura, los problemas para los dirigentes de IU de Extremadura no han cesado. La decisión de los militantes extremeños de IU, tomada en las diferentes asambleas, de no aliarse con el PSOE, el partido perdedor de los comicios regionales, para impedir el Gobierno del Sr. Monago ha desatado las iras del Sr. Cayo Lara que no admite que las bases de la organización extremeña hayan optado por una estrategia radicalmente opuesta a la suya. El pasado 14 de octubre, el coordinador general de IU en Extremadura, Pedro Escobar, fue reelegido por la Asamblea de la formación en contra del criterio y las directrices del Sr. Cayo Lara, poco creyente de las bondades de los procedimientos democráticos. La consecuencia inmediata ha sido que la Comisión de Garantías Federal de IU ha decidido anular esa Asamblea y ordenar su repetición a ver si, con un poco de suerte, los partidarios del Sr. Cayo Lara consiguen echar al recién elegido Coordinador extremeño. Siempre se puede encontrar cualquier excusa, cualquier formalismo para dinamitar una decisión de la mayoría en un partido político contraria a los intereses de los que mandan y, lo más paradójico, es que siempre se hará apelando a la necesidad de preservar la democracia interna.

Tras el desastre electoral de los socialistas gallegos en los recientes comicios regionales, el hasta ahora secretario general de los mismos y candidato a la Xunta, sin primarias, presentó ayer su dimisión. En la reunión de los dirigentes socialistas se sucedieron distintas  intervenciones analizando los resultados y planteando posibles salidas a la profunda crisis de los socialistas gallegos. En medio de esta reunión, intervino el inefable José Blanco, Pepiño, ex responsable de organización del PSOE y autor directo de destituciones y nombramientos internos “a dedo”, para reclamar, sorprendentemente, la necesidad de democracia interna en su partido. Sus palabras provocaron el abucheo y los pitidos de sus compañeros que no podían olvidar las consecuencias del talante antidemocrático del otrora todopoderosos secretario de organización socialista.

El Partido Popular, en la Provincia de Alicante, está inmerso de lleno en el proceso de renovación de sus Junta Locales. Los afiliados de cada pueblo o ciudad tienen ahora la oportunidad de elegir a quienes han de liderar al partido durante los próximos tres años. Todo afiliado tiene derecho a presentar su candidatura. Sin embargo, un proceso que debía ser ejemplar, transparente y participativo se convierte, en no pocas ocasiones, en una fuente de conflictos y de titulares más o menos escabrosos en la prensa. ¿La razón? El uso y abuso de las reglas de funcionamiento internas para favorecer o perjudicar a determinados candidatos en función de su afinidad con la dirección provincial. Desde la dirección provincial se emiten mensajes cuando menos preocupantes: que no hay más de un candidato a Presidente por localidad, que se negocien listas únicas para evitar votaciones,… ¿Por qué tanto miedo a que los afiliados decidan y elijan libremente? 

Ayer, sin ir más lejos, el Presidente Provincial, José Ciscar, manifestaba su apoyo público a la actual Presidenta y candidata, Mercedes Alonso, en detrimento de los demás filiados y candidatos, y recordaba la necesidad de cumplir los Estatutos Nacionales que establecen que para poder votar es preciso estar al corriente de pago de las cuotas de afiliación, caballo de batalla en no pocas Juntas Locales. No se trata de una cuestión menor. Lo cierto es que en la inmensa mayoría de las sedes nunca se ha pagado la cuota y que prácticamente ninguna tiene establecidos de forma reglamentaria las excepciones que pueden contemplarse: ser jubilado o desempleado, por ejemplo. En otras ocasiones, como en el caso de las elecciones a compromisarios a los Congresos regionales o nacionales, la dirección provincial no ha invocado esta norma, entonces también en vigor, sencillamente porque no le interesaba. Ahora sí, ahora conviene cumplir los estatutos. Claro, que habrá quien se pregunte desde cuando hay que estar al corriente de pago para poder votar: ¿desde que se afilió? ¿de las cuotas del último año? ¿del último mes? Y no será que este problema ha surgido de repente pillando de improviso a los responsables provinciales porque un servidor hace ya más de dos meses se lo planteó al Secretario General Provincial.

Tiene razón el Presidente Ciscar, hay que cumplir los Estatutos Nacionales del PP, pero todos y siempre. Por eso, es conveniente que recuerde que, según esos estatutos, el Comité Provincial que él preside debía haber resuelto las decenas de afiliaciones que desde el pasado mes de junio no han tramitado. Por eso, sería bueno que no se tomen decisiones en contra de esos estatutos como la de suprimir la Junta Local de Alicante para impedir elecciones a la misma porque no hay un solo artículo en los estatutos Nacionales que ampare semejante decisión y, si lo hay, le reto a que lo demuestre.

La democracia interna no es una simple proclama estatutaria, es y debe ser una realidad permanente una práctica diaria que pasa inexorablemente por el respeto a las reglas de juego y por dejar que el protagonismo y la palabra la tengan siempre sus legítimos titulares, los afiliados.

Santiago de Munck Loyola