A
pesar de que estamos a menos de un mes de las elecciones municipales y
autonómicas parece que lo que tenemos por delante son unas elecciones
generales. Los grandes partidos y los que a nivel nacional aspiran a serlo sólo
hablan de su libro y los medios de comunicación así lo reflejan. Unos nos
cuentan cómo quieren reformar el IVA y los demás lo critican, otros nos hablan
de lo bien que va la macroeconomía aunque todavía no se note mucho en la micro,
la del bolsillo del ciudadano, algunos, visto el escandaloso panorama (Rato,
Trillo, Griñán, Chaves, Pujol, Bankia, los “ERES”, los cursos de formación y la
larga ristra de charcutería del PPCV,…) se dedican a afear las conductas del
contrario y a esconder o justificar las propias. Pero, en definitiva, ninguno nos
habla a nivel nacional ni tan siquiera de los problemas generales de los
Ayuntamientos como los derivados de su financiación, de su endeudamiento o de
sus competencias.
Y
descendiendo a los problemas locales, en este caso los que afectan a los
vecinos de la ciudad de Alicante, yo sí quiero plantear uno que está pasando
desapercibido: el problema de 800 familias de Alicante que pueden perder la
propiedad de sus viviendas y ser demolidas si prospera el recurso de
inconstitucionalidad de en agosto de 2013 presentó el PSOE contra la reforma de
la Ley de Costas
y expresamente contra la disposición adicional que salvaba de la piqueta a
1.400 viviendas en la
Provincia de Alicante de las que algo más de 800 se
encuentran en Rocafel – La
Albufereta.
Estas
viviendas construidas en los años 60 y 70 al amparo de las leyes entonces
vigentes, ya fueron señaladas por los socialistas en la Ley de Costas de 1988 al
incluirlas dentro del dominio marítimo terrestre. Sufrieron dos deslindes en 1994 y en 2004 que fueron
recurridos por los vecinos quienes ganaron al darles la razón la Audiencia
Nacional. Gracias a la reforma de la Ley de Costas aprobada en 2013 parecía que
por fin la constante amenaza al derecho de propiedad de los vecinos se había
alejado, pero con el recurso del PSOE contra dicha reforma y, en especial,
contra la Disposición Adicional Séptima y contra el Anexo que menciona
expresamente la Zona de Serra Grossa como zona “libre de la piqueta”, esta
amenaza ha vuelto.
Aún
recuerdo que en 2012, en el Congreso Provincial del PP de Alicante, la ponencia
política que se iba a debatir no contemplaba, ni por asomo, el problema al que
se enfrentaban directamente más de 1.400 familias de la Provincia de Alicante.
Presenté una enmienda para que en el texto se incluyera un reconocimiento del
problema y una petición al Gobierno de España para buscase una solución al
mismo. Esta enmienda sólo prosperó finalmente cuando, tras consultar a Madrid,
los populares alicantinos recibieron permiso para hacerlo.
Ahora
que estamos casi en campaña electoral hay que volver a hablar del tema, hay que
sacarlo del cajón y que todos los candidatos a la Alcaldía se pronuncien y se
mojen. Es muy sencillo, con o sin permiso de Madrid, Barcelona o Valencia, los
candidatos a la Alcaldía tienen la obligación política de decir si están con el
derecho de propiedad más que consolidado de las casi 1.000 familias alicantinas
afectadas por el recurso socialista o si están con el PSOE. Y, como no, el
primero que tiene que decir algo, aunque en su día ya se pronunció apoyando el
recurso de su partido para arrebatar a los propietarios sus derechos sobre sus
viviendas, es el candidato socialista Echávarri. A ver qué dice, si es que dice
algo. Esperanza Ciudadana - Juntos por Alicante y yo, como su candidato, lo tenemos claro desde siempre, con los vecinos.
Santiago
de Munck Loyola
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