Ellos despilfarran, nosotros lo pagamos.

“El dinero público no es de nadie”  dijo hace unos años la inefable ministra de Zapatero, Carmen Calvo, y aunque parezca mentira semejante estupidez parece que es compartida, aunque nunca lo admitirían, por una buena parte de la clase política española, a la luz de los resultados y la forma en que lo manejan. El despilfarro del dinero público, del dinero de todos, estos últimos años ha sido evidente y generalizado, a pesar de que el exministro Sebastián sólo lo admitiese como una excepción en algunos casos de los Planes E. La realidad es muy distinta a lo que la clase política está dispuesta admitir y la responsabilidad en estos despilfarros está muy repartida entre todos los colores de las formaciones políticas, aunque algunos son más responsables que otros por la sencilla razón de que han tenido la oportunidad de manejar más y mayores presupuestos públicos.

Hace tan sólo dos días Antena 3 emitió un programa en el que se daba cuenta de algunos de los despilfarros en obras públicas más escandalosos de estos últimos años: aeropuertos cerrados, aeropuertos con 9 pasajeros al día, autopistas sin vehículos, trenes ruinosos, estaciones para el AVE sin usar o completamente infrautilizadas, gigantescos complejos culturales inacabados y ruinosos y un largo etcétera de obras públicas sin sentido. En los últimos diez años, nuestros gobernantes han dilapidado más de 15.000 millones de euros en este tipo de obras que carecen de rentabilidad económica y social y que constituyen un pesado lastre pues al coste de su construcción hay ahora que sumar los gastos de mantenimiento.

Un pozo sin fondo al que las arcas públicas deben seguir suministrando millones de euros para que dichas obras se mantengan en pie, aunque nadie las utilice.

Los famosos Planes E no sirvieron al objetivo principal para el que fueron diseñados: reactivar la economía y crear empleo. Su puesta en marcha significó para muchas corporaciones locales la oportunidad de dotarse de infraestructuras necesarias pero que, ahora, en tiempos de crisis, hay que mantener lo que supone un incremento de los gastos corrientes de dichas corporaciones precisamente cuando los ingresos corrientes han caído en picado.

El error de aquellos Planes fue rápidamente imitado por muchas Comunidades Autónomas. Nada menos que 5.000 millones de euros destinó la Junta de Andalucía a su particular Plan E y 2.500 millones de euros destinó la Generalitat Valenciana al suyo, el Plan Confianza. Ahora recogemos lo sembrado: muchas obras del Plan Confianza están paralizadas por la sencilla razón de que la Generalitat Valenciana no paga a los promotores de las obras aprobadas. Y no son pocas las empresas las que están en situación de quiebra por culpa de los impagos de las administraciones públicas.

Da la sensación de que como “el dinero no es de nadie” se ha venido gastando sin el cuidado y la responsabilidad que cualquier persona normal pone cuando se trata de su propio dinero. ¿Se han hecho estudios de viabilidad para todas estas inversiones? ¿O se decide construir, por ejemplo, un aeropuerto sin los estudios económicos que avalen y justifiquen la inversión? ¿No deberíamos conocer el nombre de la empresa o de los técnicos que informaron favorablemente para la construcción de un aeropuerto en Huesca que cuenta con sólo 9 pasajeros al día? Y si se decidió en su día acometer estas millonarias inversiones sin los pertinentes estudios de viabilidad ¿no deberían incurrir en algún tipo de responsabilidad los políticos que adoptaron tales decisiones? Habrá quien sostenga que esa responsabilidad se determina en las urnas. Pero no, no basta. Además de la responsabilidad política hay una responsabilidad económica que debería ser depurada.

No conviene olvidar que el montante de estas inversiones ruinosas es muy superior, sin sumar el coste de su mantenimiento actual, a los recortes que el Gobierno de la Nació se vio obligado a adoptar el pasado 31 de diciembre. La clase política nos sube los impuestos porque ha despilfarrado, así de sencillo. Sin estos despilfarros no sería necesario ni subir los impuestos, ni congelar salarios a los funcionarios, ni recortar en educación, sanidad, defensa, … Y, hablando de recortes, llama la atención que haya dirigentes políticos que prefieran recortar en la sanidad de sus ciudadanos antes que suprimir seudo embajadas en el extranjero o antes de eliminar canales de TV ruinosos. Pero eso es harina de otro costal que habrá que analizar en otra ocasión.

Santiago de Munck Loyola

El Gobierno de Rajoy debe auxiliar urgentemente a los Ayuntamientos.

A la imperiosa necesidad de reducir las deudas de las administraciones públicas, cada una de ellas está respondiendo de diferente manera y usando distintos mecanismos. Entre ellas, las Comunidades Autónomas están acudiendo al mercado inmobiliario para hacer caja con la venta de su patrimonio inmobiliario y poder obtener así ingresos que palien su falta de liquidez. En unos casos se trata de la venta de terrenos, solares o edificios y en otros de la venta de participaciones de sus empresas públicas. http://www.elpais.com/articulo/economia/comunidades/venden/patrimonio/3000/millones/reducir/deficit/elpepueco/20111228elpepieco_4/Tes

Muy diferente es el caso de las Administraciones Locales, de los Ayuntamientos. Bien es cierto que en el conjunto de la deuda de las Administraciones públicas de deuda de los municipios, con ser grande, no constituye el eje del problema de las administraciones públicas. Sin embargo, el impacto social de las deudas municipales es enorme. La inmensa mayoría de los Ayuntamientos españoles se encuentra en situación de emergencia. La caída brusca de los ingresos corrientes ha hecho que muchos Ayuntamientos no puedan ya ni pagar con regularidad las nóminas de los empleados públicos. La adopción de planes de saneamiento y de recortes se ha impuesto, pero tarde. Hoy no se puede hacer frente a la mayoría de los gastos contraídos en los tiempos de bonanza. Y lo bancos no prestan la financiación necesaria ni siquiera en los municipios con capacidad de endeudamiento.

Miles de pequeñas y medianas empresas y de autónomos de todos y cada uno de los pueblos de España son acreedores de los Ayuntamientos. Éstos carecen en su inmensa mayoría de liquidez para poder pagar a sus proveedores, con lo que el pago de las deudas se va demorando mes tras mes causándoles enormes perjuicios y conduciéndoles, en un gran número de casos, al cierre directo de sus pequeños negocios. El impago de los Ayuntamientos a sus proveedores ha provocado, además, un efecto dominó: cuando cierra forzosamente un proveedor municipal suele arrastrar en su caída a muchos de sus propios proveedores.

Las medidas adoptadas hasta hora por el anterior gobierno socialista se han demostrado insuficientes, cuando no contraproducentes. No hay que olvidar que el llamado Plan Zapatero supuso la construcción en tiempos de crisis de miles de nuevos centros y dotaciones municipales que ahora deben funcionar y, por tanto, que han incrementado, en muchos casos, los gastos corrientes de Ayuntamientos que a penas podían hacer frente a sus anteriores gastos de funcionamiento. De otra parte los créditos ICO aprobados hace unos meses para que los Ayuntamientos pudieran hacer frente al pago de parte de su deuda con proveedores se han otorgado en condiciones de muy difícil cumplimiento para la mayoría de los pequeños y medianos Ayuntamientos que, en casos de demora de las amortizaciones mensuales, verían en peligro la periódica aportación del Estado con la que actualmente sostienen la mayor parte de sus gastos corrientes. Por último, las severas limitaciones establecidas por el Gobierno Zapatero a la concertación de operaciones de Tesorería no han hecho más que agravar la situación de caja de las entidades locales.

Resulta imperioso que el Gobierno de Rajoy arbitre medidas que alivien la difícil situación de los Ayuntamientos. Conjugar control del gasto, disminución del déficit, reducción de la deuda municipal y alivio de tesorería es posible, difícil pero posible. Junto a todas las limitaciones y restricciones necesarias en cuanto al gasto de los entes locales hay que facilitar financiación para que los Ayuntamientos puedan saldar sus deudas a proveedores y, con ello, salvar miles de puestos de trabajo. Y a tiempos excepcionales corresponden medidas excepcionales. No tiene sentido, ni lógica alguna que, mientras las Comunidades Autónomas pueden vender patrimonio para sanearse, no puedan hacerlo los Ayuntamientos salvo para reinvertir el producto obtenido en vivienda protegida o, en su caso, en nuevo patrimonio. Muchos Ayuntamientos podrían pagar a sus proveedores vendiendo parte de su patrimonio y aunque se trate de una medida excepcional debería autorizarse. De igual modo debería el Gobierno flexibilizar las condiciones de concertación de operaciones de tesorería y, sobre todo, los plazos de amortización de las mismas porque el actual sistema está imposibilitando en un gran número de casos la viabilidad de tales operaciones. Y, por último, el Gobierno debería habilitar fondos a través del ICO para la concertación de estas operaciones de tesorería que, al día de hoy, la banca privada no concede.

Con éstas y con otras medidas de urgencia y de carácter excepcional, el Gobierno de Rajoy puede aliviar en buen aparte la asfixiante situación de la mayoría de los municipios que, mientras tanto y como administración más cercana a los ciudadanos, deben seguir prestando servicios, incluso en muchos casos, supliendo las deficiencias de las manirrotas Comunidades Autónomas.

Santiago de Munck Loyola