El 20
de julio de 2011 el Presidente de la Generalidad Valenciana ,
Francisco Camps, presentó su dimisión al frente de esta institución a
consecuencia de su procesamiento por el caso del presunto regalo de tres trajes
realizado por la trama corrupta Gürtel. En las últimas elecciones autonómicas
del 22 de mayo la inmensa mayoría de los votantes había preferido votar a un
político bajo sospecha de haber recibido regalos poco recomendables antes que
votar a cualquiera de los candidatos de la izquierda valenciana. No obstante,
con ese gesto necesario e inteligente allanó su camino para su defensa judicial
y despejó notablemente la agenda política. Fue juzgado y absuelto por un jurado
popular. Los socialistas valencianos, insatisfechos con el veredicto,
recurrieron y el Tribunal Supremo acaba de confirmar por cuatro votos contra
uno de los Magistrados dicho veredicto de inocencia. Francisco Camps y Ricardo
Costa han sido absueltos de nuevo y las reacciones a dicha resolución no se han
hecho esperar. La oposición, la izquierda valenciana, dice respetar dicha
sentencia pero no respaldarla. Es decir que, para los que acusaron falsamente
al ex presidente de unos delitos que no cometió, éste sigue siendo culpable,
digan lo que digan los Tribunales. Sin cortarse un pelo y haciendo gala de un
absoluto desprecio al Estado de Derecho, la diputada de Compromis en las Cortes
Valencianas Mireia Molla, ha afirmado que "para nosotros son culpables de
los delitos que se les acusaron". Entonces, no cabe más remedio que
preguntar ¿para qué sirven los Tribunales de Justicia? ¿Para qué sirven las
garantías procesales de nuestro sistema jurídico? Habrá que reformar las leyes.
Ya se sabe: un acusado de un delito es culpable si así lo deciden los presuntos
”demócratas” de Compromis. ¡Pues vamos listos con esta gente! Y los socialistas
igual, erre que erre. Ni siquiera se han dignado a pedir disculpas por haber
realizado unas acusaciones falsas que no han podido ser demostradas ni política
ni judicialmente. Y es a ellos a quien correspondía la carga de la prueba, no
al acusado.
Así
las cosas ¿y ahora qué? Nos encontramos con que el que fue el Presidente más
respaldado por los votantes de la Comunidad Valenciana
hubo de dimitir ante las múltiples presiones recibidas como consecuencia de
unas acusaciones que finalmente han resultado ser falsas. No vale ahora
intentar mezclar este asunto con todo el entramado Gürtel y demás casos en la
escenario judicial. Francisco Camps y Ricardo Costa dimitieron por unas
acusaciones concretas y han sido absueltos, no sólo por un jurado popular, sino
también por la máxima instancia judicial española. Es evidente y, sobre todo a
la vista de las manifestaciones de buena parte de la izquierda valenciana, que
su reputación y credibilidad han resultado dañadas para siempre y que no hay
forma de restaurarlas. Pero no es menos cierto que la razonable y elogiable
dimisión de hace casi dos años debe tener tras la absolución judicial una
compensación de carácter político.
Aquí
nadie se pone de acuerdo cuando debe o no dimitir un político imputado en una
causa judicial y en qué supuestos debería hacerlo. Cada partido tiene su vara
de medir y aplica cuando así le conviene la ley del embudo. No habiendo por
tanto ni norma escrita, ni hábito consensuado, parece que, en todo caso, la
lógica política exige que cuando alguien tiene la gallardía y honradez política
de dimitir ante una simple imputación debería ser repuesto en su cargo cuando
sale limpio del proceso judicial al que se ha sometido. Es muy posible que la
alegría oficial popular por el veredicto del Tribunal Supremo no se corresponda
con los verdaderos sentimientos que albergan quienes de un modo u otro
resultaron beneficiados políticamente con la dimisión de Francisco Camps. Ya se
sabe que en un partido político en cuanto te levantas de la silla alguien la
ocupará sin problemas y que será harto difícil que te la devuelva, aunque te la
hayas ganado en las urnas. ¡Difícil, miserable y desagradecido mundo el de la
militancia política!
Santiago
de Munck Loyola
