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domingo, 14 de septiembre de 2014

La reforma de la ley del aborto: el PP ni está ni se le espera.


No tomarse en serio al adversario político es uno de los peores errores que se puede cometer. Y otro grave error es no aprender del adversario, siempre hay algo en sus estrategias y sus tácticas que merece la pena ser tenido en cuenta. Ambos errores los ha venido cometiendo, una y otra vez, el Partido Popular. Desconozco las causas de esta forma de proceder, arrogancia, soberbia, prepotencia,… pero lo cierto es que se repite una y otra vez. Ocurrió cuando Rodríguez Zapatero se puso al frente del PSOE y no sólo fue menospreciado por los populares, sino que incluso en las filas socialistas hubo quien le llamaba “Bambi”. Pues bien, “Bambi” o “Pancartero” ganó contra muchos pronósticos las elecciones generales de 2004 y dejó noqueada durante años a la derecha española. Y a Zapatero no le tembló el pulso para ponerse de inmediato a cumplir lo que había ido prometiendo detrás de las pancartas y en su programa electoral.

El 16 de abril de 2004 Zapatero fue investido Presidente del Gobierno y a los 3 días, el 19 de abril, ordenó la retirada de las tropas española de Irak. A las pocas semanas de formar gobierno, el 18 de mayo de 2004, dejó en suspenso por decreto ley la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que había sido promulgada el 23 de diciembre de 2002 por el segundo gobierno de José María Aznar y que pretendía reformar y mejorar la educación en España. Ni tan siquiera llegó a aplicarse. Y a mediados de junio del mismo año su gobierno derogó el trasvase del Ebro recogido en el Plan Hidrológico Nacional. Como puede verse, no tardó ni dos meses en ejecutar tres de las principales promesas que había hecho a sus votantes.

Esta semana, casi tres años después de que el Partido Popular ganase las elecciones generales por mayoría absoluta hemos conocido por algunos medios de comunicación que el Gobierno está sopesando enterrar el anteproyecto de Ley sobre la modificación de la regulación del aborto. Hay que recordar que el programa electoral para las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular incluía la modificación de la ley del aborto, es decir, que se trata de uno de los compromisos electorales por los que fue elegido mayoritariamente (Página 108. Medida 6ª “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto…”).

Tres años han pasado y el Sr. Rajoy, su gobierno, su Grupo Parlamentario y sus cientos de miles de afiliados no han tenido tiempo para cumplir algo tan elemental que habían prometido: cambiar el modelo actual, cambiar el modelo establecido en la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se puede comprender que, entre tantas cabezas pensantes y sin un liderazgo político y moral evidente, no sean capaces de alumbrar una nueva regulación que aglutine a todas las supuestas “sensibilidades” existentes en el PP, pero bien que podían haber hecho algo muy simple para empezar a cumplir de una vez alguna de sus promesas, podían y pueden aún, imitar al Sr. Zapatero y suspender la aplicación de esta Ley o sencillamente derogarla dejando vigente la anterior regulación, un mal menor, la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985.

Hay quien se escuda diciendo que hacerlo ahora no sería conveniente desde un punto de vista electoral lo que vendría a corroborar la idea de que, al fin y al cabo, lo que cuenta es asegurarse la poltrona, no los principios, ni los compromisos. ¿Y por qué no lo han hecho antes? ¿Acaso se les ha votado para que se aseguren la poltrona o para que cumplan con lo prometido? Y ¿Dónde están las voces de las decenas de miles de cargos públicos del PP que asumieron ese programa electoral? Nunca antes un partido político se ha situado tan lejos y ha despreciado tanto a sus votantes como éste. La aparición de “Podemos” parece que les ha venido bien porque piensan que levantando ahora la bandera de que viene el coco recuperarán a sus votantes y, por eso, no tienen problemas en que los grandes grupos mediáticos den cancha a esta formación. Pero se equivocan, están alimentando a una fiera que terminará por comérselos.

Padecemos un partido de centro derecha hegemónico cobarde, soberbio y acomplejado que entiende la política como un medio y no como un fin. De los principios han pasado a lo “políticamente correcto” y de lo “políticamente correcto” han dado el salto a la “política sostenible” de la burocracia partidista y de la casta dirigente. Una pena.


Santiago de Munck Loyola

jueves, 28 de agosto de 2014

Clase, casta y regeneración política.


Mucho se está usando y escribiendo sobre el concepto de “Casta política” desde que la gente de “Podemos” lo sacase del armario en la extensa y servil red de medios de comunicación que se ha puesto a su servicio. No hay que olvidar que dichos medios tienen propietarios y que, como en todas partes, hay empresarios dispuestos a todo con tal de obtener beneficios, incluso a suicidarse. Y tan de modo está el concepto que sin ir muy lejos, el Secretario General del PSPV, que acumula cuatro cargos entre los que paradójicamente se encuentra el de flamante Secretario del PSOE para la Regeneración Democrática, el Sr. Ximo Puig, ha descalificado recientemente el discurso de esa formación y el uso que hace de la idea de “casta política” calificándolo de viejo y atribuyendo su paternidad intelectual al italiano Gaetano Mosca, añadiendo de paso que "Gaetano Mosca por otra parte fue uno de los intelectuales a los que Mussolini en su momento acudió con frecuencia". Se trata, sin duda, de un fallido intento de vincular ideológicamente a Podemos y a cuantos usan el concepto de casta política con el fascismo. Ni que decir tiene que los “ramalazos” autoritarios y totalitarios de Podemos son más que evidentes, pero hay que tener más rigor a la hora de encuadrar las ideologías. ETA, por ejemplo, no es una banda fascista por mucho que algunos se empeñen, porque ideológicamente está y siempre ha estado en el espectro de las ideologías totalitarias de la izquierda que las hay y muchas.

La casta política es una idea vieja que desde el siglo XIX ha salido a la luz cada vez que en una sociedad política se entraba en una fase de profunda degeneración del sistema y en España se ha venido usando con profusión desde entonces de forma cíclica.

Políticos, clase política, casta política e incluso castuza son expresiones frecuentes en estos tiempos que sobrevuelan los debates políticos, que se emplean como armas arrojadizas y que, en definitiva, se han hecho presentes con fuerza en medio de un amplio rechazo ciudadano hacia todo lo que tenga que ver con la política, como respuesta al grave daño social que la crisis económica ha generado en muchos españoles. La imprevisión de los políticos ante la crisis y la propia gestión de la misma han provocado una profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema político que ha entrado también en crisis.

Cada cual usa esos conceptos a su conveniencia e interés, pero no está de más recordar que las generalizaciones no son buenas y que cada uno de esos términos (políticos, clase política, casta política o castuza) es diferente y deberían ser usados con mucho más seriedad de lo que se viene haciendo. Hay quien como Felipe González se ufana de pertenecer a esa “casta política” que protagonizó la transición y quizás debería haber usado mejor el término de “clase política” al referirse al conjunto de políticos protagonistas de aquella época histórica pues, aunque él pertenezca a la “casta política”, no toda aquella clase política terminó transformándose en una casta.

Hace pocos días, ante la celebración de elecciones internas el próximo 20 de septiembre, un miembro de VOX escribió lo siguiente: “El futuro de este partido pasa sin ninguna duda por Santi Abascal. No es casta, tiene la cabeza bien amueblada, ideas claras, sabe expresarlas en el lenguaje que entiende la gente, se sabe rodear bien…”. Nótese la promoción a la defensiva: no es casta. Es evidente que para el defensor de Santiago Abascal como futuro líder de VOX éste no es casta. Sería interesante conocer su idea sobre su concepto de casta, pero a priori parece que dista mucho de la idea que tiene la mayor parte de la gente. Santiago Abascal, actual Secretario General de VOX, tiene 38 años. En 1999, con 23 años  ocupó su primer cargo público como concejal del PP en Llodio (Álava) y desde entonces ha ido saltando de cargo en cargo sin bajarse prácticamente de los presupuestos públicos hasta finales de 2013.

Nadie discute el valor, el sacrificio y el patriotismo de un joven de 23 años para en 1999 atreverse a ser concejal en el País Vasco, ni el suyo ni el de otros tantos miles de personas que allí y en otras partes de España se han jugado la vida por unos nobles ideales, sin que hayan tenido las mismas oportunidades de promoción y protección política gozando de iguales o mayores capacidades que él. Y tampoco se pone en tela de juicio su capacidad o no de liderazgo. Pero los hechos son tozudos por evidentes. Alguien que nunca ha sabido o querido ganarse la vida fuera del paraguas que proporciona un partido político es, se quiera o no, para bien o para mal, miembro de la llamada casta política. Como lo era el anterior Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que salvo un breve paréntesis de tres años como ayudante de cátedra universitaria, desde 1986 se dedicó plenamente a la política, es decir, se desarrolló personal y profesionalmente bajo el paraguas protector de un partido político a diferencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y como ellos muchos otros que resulta ocioso citar ahora. No se trata de juzgar aquí como buena o mala esa circunstancia, sino de subrayar lo que es evidente y de enlazarlo con la coherencia o no de enarbolar un discurso regenerador de la política como el que proclama VOX.

Hablamos de clase política porque muchos políticos han construido un sistema que les privilegia frente a los auténticos soberanos de la democracia, los ciudadanos. La clase política goza de privilegios que todos conocemos: fiscales, retributivos, judiciales, en materia de pensiones, etc. Y dentro de la clase política existe, además, la casta política que a los anteriores privilegios suma unos rasgos específicos como pueden ser la cooptación en el origen de sus cargos, la ausencia de experiencia y de actividades profesionales previas a su dedicación política, su dependencia y protección, en su caso, de las redes partidistas, su profesionalización en la subsistencia política (es distinto un profesional político, un político profesional y un profesional de la política) y en no pocos casos la ausencia de la formación específica que la política y la gestión de las administraciones públicas debería requerir. La regeneración es ya una exigencia social y su desarrollo requiere ideas nuevas y audaces, coherencia política y, sobre todo, políticos que sean conscientes de que su valor y credibilidad política depende de su trayectoria vital y del valor de su palabra que es la que habrán de comprometer para firmar un contrato para el cambio con el ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 21 de octubre de 2013

El vómito de Estrasburgo.


Hoy ha sido un día triste y amargo no sólo para las víctimas del terrorismo, sino para todas las personas decentes de España. El fallo del Tribunal de Estrasburgo derogando la Doctrina Parot puede que sea el culmen de las más sofisticadas técnicas y elaboraciones intelectuales jurídicas en torno a la retroactividad o no en la aplicación de los beneficios penitenciarios a algunos sanguinarios delincuentes, pero es, sin lugar a dudas, una auténtica bazofia en cuanto a la defensa de la dignidad y la justicia de las víctimas y de sus derechos fundamentales que, digo yo, alguno tendrán también. La exquisita sensibilidad de tan altos magistrados hacia los derechos humanos de esta auténtica hija de puta, Inés del Río, contrasta con la burla y desprecio que este fallo supone para los 24 asesinados por ella y para los derechos humanos de sus familiares. Los jueces de Estrasburgo, entre los que se encuentra el Sr. López Guerra por designación de Zapatero y que ha votado a favor de este inmundo fallo, vienen a decir que, al final y en virtud de sus exquisitas disquisiciones, en España ha sido muy barato asesinar, que da lo mismo asesinar a 1 que a 24 ciudadanos y que esta tipeja ha pagado su deuda con la sociedad con un precio de menos de un año de cárcel por vida arrebatada.

Y como era de esperar, los de Sortu, legalizados por una también vomitiva sentencia de otra cuadrilla de magistrados (éstos nuestros, de la casa), tan contentos. Ningún regalo mejor para la rama política de la mafia etarra que está cómodamente instalada en las instituciones democráticas, sostenida con nuestros impuestos, gracias a la política del Sr. Zapatero. Nunca he llegado a comprender qué es lo que les debía el Sr. Zapatero para plegarse tanto a sus exigencias. Y la derogación de la Doctrina Parot parece que fue objeto de negociación entre el Gobierno socialista y la banda etarra, según se publicó en las actas incautadas a los terroristas. Pero no, no están solos los filoetarras en su alegría, están acompañados por la honda satisfacción que por el fallo han expresado los cabecillas comunistas de IU, por la incomprensible comprensión de algunos dirigentes socialistas y por la indisimulada “recogida de nueces” de los nacionalistas del PNV.

Siempre se ha subrayado como uno de los grandes hitos de la civilización humana la creación del derecho penal, la superación de la venganza privada ante los crímenes y la entrega de la satisfacción de los daños y de las ofensas a un ente superior, al estado como único depositario del monopolio de la justicia y, por tanto, de la imposición de penas con el doble fin de castigar al culpable y de satisfacer a la víctima. Si el Estado no es capaz de articular los mecanismos legales necesarios para hacer justicia, para satisfacer a las víctimas y castigar al delincuente ¿qué puede entonces garantizar la paz social? ¿Cómo podrán las víctimas satisfacer su derecho a la Justicia?

Defensa de los derechos humanos, sí, por supuesto, pero en primer lugar los derechos humanos de las víctimas, no de los verdugos. Y los primeros derechos humanos que han sido vulnerados y además de forma irremediable son los de las víctimas, los derechos humanos de centenares de españoles asesinados de forma cobarde y rastrera por una banda de cobardes y fanáticos, jaleados y aplaudidos por muchos otros desaprensivos durante décadas. Nadie podrá devolver a la vida a tanta víctima inocente, nada podrá consolar su sus familias y amigos por tanto dolor sin sentido pero carece de la más mínima lógica que los verdugos paguen tan bajo precio por tanto daño. No tiene sentido alguno que salgan a la calle asesinos que no se han arrepentido, que no han colaborado en el esclarecimiento de decenas de asesinatos, que se jactan de su inmundo pasado y que no pierden ocasión para seguir causando humillación y dolor a las familias de las víctimas. Si algo es evidente es que la reinserción social ha cosechado un clamoroso fracaso con la mayoría de esos delincuentes. Y junto a la cuadrilla de terroristas veremos, desgraciadamente, cómo se irán excarcelando a muchos otros delincuentes culpables de crímenes horrendos. Estrasburgo ha dejado indefensa y humillada a la gente de bien.

Y si no queda más remedio que acatar esta decisión, que, al menos, el Gobierno y la Justicia pongan en juego todos los mecanismos disponibles y todos los recursos legales para entorpecer al máximo la salida de las cárceles de esta escoria, que se persiga de forma implacable cualquier homenaje o exaltación de la excarcelación de la misma, que paguen hasta el último céntimo de las indemnizaciones a las víctimas y, puestos a ello, que los Ayuntamientos con un mínimo de dignidad empiecen a declarar personas non gratas a los magistrados coautores de esta indigna sentencia.

Santiago de Munck Loyola

martes, 26 de marzo de 2013

El fin no justifica los medios.



Siempre me he manifestado desde estas páginas muy crítico con la actuación de la clase política en torno a la dación en pago de la vivienda, a su actitud ante a las entidades financieras y al drama de de los desahucios, Nuestra clase política ha reaccionado tarde y mal ante una situación que afecta gravemente a miles de ciudadanos españoles y no ha sabido ni prevenir, ni corregir a tiempo los graves problemas sociales que su propia ineptitud e insensibilidad ha venido generando durante los últimos años. Dicho esto no queda más remedio que denunciar también determinados comportamientos totalitarios promovidos por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y su representante mediática Dª Ada Colau.

Hace unos meses la Sra. Colau ya anunció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que su organización iba a hacer que sus Señorías se enterasen bien de lo que su organización pretendía, de sus objetivos, y que, para ello, les iban a “informar” detalladamente. ¡Y vaya que se están enterando! A nadie se le escapaba que ese anuncio no era otra cosa que la señal de partida de una campaña, no de información sino de coacción para intentar determinar el voto de los representantes de los ciudadanos en las instituciones. Y esta campaña informativa se ha convertido, como era de esperar, en la coacción sistemática y el acoso personal y familiar que están sufriendo los representantes del Partido Popular por parte de grupos de la Plataforma. Ahora bien, el desarrollo de esta campaña coactiva lo que plantea, en primer lugar, es el interrogante sobre su oportunidad. ¿Por qué ahora y no hace unos meses o unos años? ¿Simple casualidad? El 22 de febrero de 2011, con un Gobierno Socialista, el Pleno del Congreso rechazó por amplia mayoría la propuesta de IU e ICV para que las hipotecas pudieran ser saldadas mediante la entrega de la vivienda al banco ( http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/02/22/congreso-rechaza-saldar-hipoteca-entregando-piso/1098025.html ) y no queda más remedio que preguntarse dónde estaba la Sra. Colau y sus partidarios y por qué no iniciaron entonces una campaña de acoso y coacción sobre todos los diputados, incluidos los socialistas, que se opusieron a la dación en pago. ¿Movilizarse contra un gobierno “progresista”? Pues fue que no. En marzo del mismo año, el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero volvió a oponerse a la dación en pago (http://youtu.be/1jS637PH82Q) y en repetidas ocasiones manifestó que la aprobación de la misma en los términos defendidos por sus promotores pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero. ¿Y dónde estaba entonces la Sra. Colau y sus partidarios? ¿Se movilizaron para “informar” en los domicilios de los dirigentes socialistas? ¿Los acosaron con la misma violencia verbal con que acosan hoy a los diputados del PP? Evidentemente no.

En segundo lugar, cabe también preguntarse sobre la validez y la naturaleza democrática de estas “campañas informativas” promovidas por la Sra. Colau. Es evidente que la finalidad de estas campañas no es la de informar. Por más que lo repita la Sra. Colau es una burda mentira. Los diputados están sobradamente informados. El objetivo es señalarlos, criminalizarlos y coaccionarlos para que modifiquen su intención de voto en torno a las propuestas de la Plataforma, propuestas que, incluidas hace poco más de un año en el programa electoral de algunos partidos, no alcanzaron en las urnas el voto mayoritario de los ciudadanos españoles. Admitir la validez de estos métodos coactivos sería admitir que cualquier otra causa pudiera ser promovida y defendida con métodos idénticos para conseguir que los parlamentarios se dobleguen por miedo a las pretensiones de sus promotores. Por muy noble que pueda ser un determinado fin no se puede alcanzar a través de cualquier medio. Es un principio elemental que define la esencia de la democracia.

Hay quien defiende estas actitudes coactivas argumentando que no pasa nada, que la gente tiene que desahogarse, que los afectados sufren más violencia institucional y financiera que los diputados, etc. Pero son argumentos falaces. La violencia estructural, como ellos la definen, no se combate con otro tipo de violencia, ni la soberanía popular puede expresarse a través de otros medios distintos a los constitucionalmente señalados. No entran en el fondo del asunto que no es otro que el de admitir o no el uso de cualquier medio, incluido el uso de la coacción y de la violencia moral, para la consecución de un determinado fin. Admitirlo es abrir una peligrosa puerta para la ruptura de la convivencia y del estado de derecho. Y quien no quiera verlo así, creo, sinceramente, que se equivoca.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 10 de marzo de 2013

Motivos para regenerar.



José Blanco, ex Ministro de Fomento, imputado por tráfico de influencias y sigue en su escaño. 38.000 millones de euros públicos inyectados a la banca en 2012 y ésta inicia más de 50.000 procedimientos de desahucio en el mismo año. Los diputados madrileños Bartlomé González e Isabel Redondo se dedican a jugar con sus iPad mientras se habla del paro en la Asamblea, el diputado autonómico valenciano Luis Díaz Alperi se hace la manicura en el Pleno mientras su compañera de escaño Milagrosa Martínez aprovecha para estudiar francés. Los ciudadanos deberán  tomar como referencia los últimos 25 años cotizados para obtener la cuantía de la pensión por jubilación, mientras que diputados y senadores pueden cobrar la pensión máxima con 11 años. Los sindicatos se rasgan las vestiduras por la reforma laboral y después se afanan en aplicarla en los despidos de sus propios empleados. Patrimonio Nacional se gastó más de 2 millones de euros en acondicionar la finca La Angorrilla en la que se alojó la entrañable amiga del Rey y éste nos habla de la necesidad de ejemplaridad sin inmutarse. La Alcaldesa de Novelda es procesada y ni dimite ni su Partido le pide públicamente que lo haga. Los españoles pagamos en cuatro viajes oficiales del Rey los gastos de su acompañante, la entrañable amiga de La Angorrilla. El PSOE, el día de la mujer, se hace con la Alcaldía de Ponferrada gracias a una moción de censura negociada con un acosador sexual. El ex Presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, en la cárcel. El Vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, acusado de pagar en negro a sus empleados, se jacta de deber dinero a la Seguridad Social y a Hacienda. 

IU de Madrid debe más de 1 millón de euros a hacienda al destinar a otros fines las retenciones a cuenta del IRPF de sus trabajadores. La Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tras ser imputada por cuatro delitos es homenajeada por la Dirección provincial del PP. El Secretario de Estado de la Seguridad Social falsea su curriculum afirmando ser médico sin serlo, en su ficha del Congreso no aparece la "Declaración de Actividades" ni tampoco "Declaración de Bienes y Rentas" a pesar de las 5 legislaturas que lleva de congresista y no dimite. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano es embargada por no cumplir sus obligaciones tributarias tanto por la Agencia Tributaria, como por la Diputación de Alicante y tampoco dimite. Carmen Vela hace campaña a favor de Rubalcaba y dos meses después es nombrada por Rajoy Secretaria de Estado de Investigación para desprecio de votantes y afiliados del PP. La Generalidad Catalana recorta en Sanidad mientras se gasta 33 millones de euros al año en embajadas ilegales. Desaparecen en 2008 más de 100 kgs. de cocaína de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y todavía no se sabe quienes son los culpables. Más de 1.400 millones de euros desaparecen en los EREs fraudulentos andaluces y no dimite ningún alto cargo andaluz. Jesús Sepúlveda fue contratado en Génova después de tener que dimitir de Alcalde y no se sabe aún quién y por qué le contrató. La  Fundación Ideas pagó 150.000 euros provenientes de subvenciones públicas  a Traducciones Políglota, la empresa de la hermana de Elena Valenciano, Paloma, por unos trabajos que nadie ha especificado en qué consistieron. Mientras falta dinero para el subsidio del paro, se siguen pagando sueldos con dinero público de 900.000 euros al año en Red Eléctrica, de 500.000 euros en bancos rescatados o de 150.000 euros en empresas públicas. Los partidos políticos recibieron en 2012 más de 64 millones de euros para sus gastos de funcionamiento. Urdangarín vendió humo a las administraciones públicas por varios millones de euros y los políticos que lo compraron siguen tan tranquilos. Bárcenas sigue chuleando al PP y éste no responde coordinadamente y con contundencia. La corrupción preocupa cada día más a los españoles según el CIS y el PSOE se abstiene en las resoluciones para combatirla aprobadas en el Congreso por el resto de los grupos parlamentarios. España está plagada de obras públicas millonarias y sin ningún uso y ningún político ha respondido por este despilfarro. Algunas televisiones privadas pagan a delincuentes para entrevistarlos. 

La pensión mínima de jubilación para un trabajador de 65 años es de  8.383,20 euros al año, mientras que Zapatero, tras arruinar al país, simultaneará una pensión vitalicia de 75.000 euros anuales con otros 80.000 euros al año como Consejero de Estado. Los Clubs de fútbol adeudan a Hacienda más de 750 millones de euros y a la seguridad social otros 11 millones. La familia del ex presidente Pujol se benefició durante años de las influencias del padre pero no se debe denunciar porque se podría interpretar como un ataque a Cataluña. El ex ministro socialista Julián García Valverde se va a llevar 335 millones de euros en comisiones por el Ave a La Meca gracias a las gestiones del ex ministro Blanco. Los españoles seguimos pagando la electricidad más cara de Europa. Un escaño por Soria cuesta 47.000 votos mientras que por Madrid 188.000 votos. Desde 2006 España dona a ONU mujeres 178 millones de euros y termina colocando a la ex Ministra Bibiana Aido con un sueldo de 6400 euros mensuales. Ana Mato se gasta 17.000 euros en un informe titulado “gobernando con amor”. El salto de Falete al agua rompe records de audiencia televisiva. Los madrileños sufrieron en 2012 una media de 10 manifestaciones diarias. El Tribunal de Cuentas tarda más de cinco años en fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Con más de 800.000 catalanes en paro, la prioridad de Mas es la independencia… El PSOE en San Sebastián vota a favor de galardonar a uno de los fundadores de ETA. Podría seguir escribiendo páginas y más páginas. ¿Todavía hay alguien que piense que España no necesita una regeneración?

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 16 de enero de 2013

Coincidencia entre Leguina y Aguirre.



No cabe la menor duda de que cualquier movimiento o declaración de la Presidenta Popular madrileña, Esperanza Aguirre, no pasa inadvertido y provoca ríos de tinta. No se han apagado aún los ecos generados por su salto profesional a la empresa privada, cuando se extiende con fuerza la nueva propuesta que en un programa televisivo ha lanzado. Bueno, lo que se dice nueva, no, porque la misma idea la lanzó hace tiempo el ex presidente regional madrileño, Joaquin Leguina, a saber, que para ocupar un cargo público habría que exigir una experiencia profesional previa del interesado, ya sea en el ámbito privado o en el público. Es decir, que habría que establecer una limitación de modo que no pueda ser cargo público quien “no haya cotizado a la Seguridad Social en otra cosa, que no haya sido autónomo, empresario, que no haya hecho cosa distinta en su vida". Hace unos meses Joaquin Leguina afirmaba "el PSOE tiene un defecto en la selección de personal. No puedes tener en un partido a gente que no ha trabajado en su vida". Según él, la "inmensa mayoría" de los dirigentes socialistas se encuentran en esa situación. La situación es muy similar en ambos partidos y los resultados de la misma están a la vista de todos. Gran parte de la clase política de nuestro país está compuesta por personas que nunca han sabido ganarse la vida por su cuenta, sin el amparo de las siglas de su partido, por personas que no saben lo que es y lo que cuesta la vida laboral y cotidiana de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y que, en consecuencia, carece de la experiencia, de la profesionalidad y, sobre todo, de la sensibilidad social suficiente para desempeñar con eficacia y ejemplaridad los cargos públicos que ostentan. Se trata de un grave problema de cuya responsabilidad, hay que decirlo, no están exentos los máximos dirigentes políticos.

La política española y las administraciones públicas en todos sus niveles, desde el Congreso hasta los Ayuntamientos, están repletas de claros ejemplos de criaturas sin experiencia profesional o sin cualificación suficiente para el desempeño de sus tareas, pero que han llegado lejos porque se han criado en el seno de las organizaciones burocráticas sabiendo hacer pasillos, relacionándose con quien convenía, no exponiendo ni una sola idea propia y siendo fieles ejecutores de instrucciones superiores por perversas que fueran. Peones de partido elevados a los puestos de responsabilidad por su docilidad fundamentalmente. No se trata de una generalización, no, junto a ellos hay excelentes profesionales pero que lamentablemente no son noticia.

Quizás el más claro ejemplo del resultado de los colocados de los partidos lo tengamos en el ex Presidente Rodríguez Zapatero, pero hay muchos otros casos que sirven para ilustrar los métodos y mecanismos de selección de los partidos y las consecuencias de ello. Resulta inconcebible, por ejemplo, que un señor sin militancia en el Partido Popular por el simple hecho de ser vecino veraniego del Sr. Rato en Carabaña sea designado, nada menos que responsable de los 178 organizaciones del PP en los pueblos de la Comunidad de Madrid, que tres años después sea designado diputado autonómico y que aún siga disfrutando de su escaño sin la más mínima preparación política e intelectual. También resulta igualmente poco justificable que una señora como Gádor Ongil, sin cualificación profesional, por el simple hecho de haber sido una de las secretarias en la oficina de Adolfo Suárez y de saber pavonearse por los pasillos descalificando hábilmente a muchos compañeros pase a ser concejala por el PP en 1995, después diputada regional y luego en 2008 sea nombrada, nada menos, que Consejera del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y ahí tenemos también el caso del ex Alcalde de Alcalá de Henares, al que Esperanza Aguirre hizo diputado autonómico en las últimas elecciones y que se ha hecho famoso, junto con la diputada Isabel Redondo, por emplear el sueldo que le pagan los contribuyentes para jugar con su tablet mientras se discutían los problemas de la sanidad madrileña. Pues bien, Bartolo, sin estudios conocidos, era concejal a los 23 años y desde entonces no ha abandonado la moqueta oficial. ¿El resultado? Pues a la vista está.

La lista de colocados por las burocracias de los partidos, no por sus militantes, que carecen de cualificación profesional o de experiencia laboral “civil” o de ambas cosas a la vez es muy grande y el resultado de esta circunstancia no puede ser peor. También en Alicante tenemos buenos ejemplos de ello y pronto se pondrá aquí de manifiesto. Si a ello sumamos además la lista de los colocados por el poder de la genética nos podremos hacer una idea muy clara, aunque poco estimulante, del panorama con el que los partidos nos obligan a convivir.

Esta propuesta de Aguirre y de Leguina es buena pero manifiestamente mejorable y supone, cuando menos, un reconocimiento implícito de la parte de responsabilidad que les incumbe al haber consentido, impulsado o tolerado estas situaciones. ¿Experiencia laboral previa para acceder a cargos públicos? Sí, pero además, exigencia de cualificación y formación para su desempeño y aval de las bases de los partidos. Los cargos públicos no son premios para los fieles aunque así lo entiendan los partidos. Son puestos de servicio y responsabilidad hacia la sociedad y los dirigentes políticos deberían entenderlo y asumirlo de una vez.

Santiago de Munck Loyola

martes, 15 de enero de 2013

¡Bien por Esperanza!



Escuchando hoy a algunos comentaristas políticos, presuntamente progresistas, se deduce que según ellos para dedicarse a la política hay que ser funcionario o millonario. Muchos de ellos andan aún rasgándose las vestiduras porque Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, ha abandonado su puesto de funcionaria al que se había reincorporado tras su dimisión como Presidenta Regional para empezar a trabajar en una empresa privada, Seeliger y Conde. Y parece ser que a estos señores les parece muy mal que Esperanza Aguirre trabaje para una empresa privada que, por cierto, no está en absoluto relacionada con las administraciones públicas, mientras conserva su puesto de Presidenta del partido Popular de Madrid, un puesto de carácter interno. Y ¿por qué? Pues sinceramente se mire por donde se mire no parece haber ninguna razón que justifique este rechazo, no hay ni incompatibilidad legal ni ética, para ello y tan sólo se puede intuir con el fondo lo que subyace es una inquina y una fobia política tan furibunda como rancia. De este rechazo y condena habría que entender que sólo se puede ocupar un puesto de responsabilidad en una organización política si uno tiene aseguradas las lentejas o porque es rico y no necesita trabajar o porque su sustento está garantizado por un salario público. Increíble, pero cierto.

Y lo que más llama la atención de estos adalides de la moralidad progresista es su sepulcral silencio en torno a la tradicional práctica de nuestros políticos cesantes de situarse en consejos de administración de empresas privadas o públicas o en instituciones inoperantes como el Consejo de Estado para llevárselo “calentito”. A estos señores, visto su silencio, les debe parecer de perlas como muchos de nuestros políticos cesantes cobren astronómicas cuantías por sentarse en Consejos de Administración de empresas cuyos ingresos y desarrollo ha dependido en buena medida de las decisiones políticas que ellos adoptaban cuando ejercían el poder. Ahí no ven reparo, ni incompatibilidad ética o legal ninguna. Si Esperanza Aguirre hubiese querido ocupar el puesto que le correspondía en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid como ex presidenta regional, como Joaquín Leguina, y percibiese por tanto unos buenos ingresos por ello ¿les parecería bien a estos críticos? Pues no, Esperanza, no lo ha hecho ahorrando con ello unos cuantos millones a los contribuyentes.

Otros políticos optaron por caminos muy distintos, muchos de ellos han recalado en el Consejo de Estado, por ejemplo, y otros han terminado en Consejos de Administración de empresas que en su día fueron afectadas por sus decisiones políticas. Ahí tenemos el caso de Felipe González presente en los consejos de administración de las 35 mayores empresas españolas. José María Aznar fue contratado por Endesa (en su caso en calidad de asesor externo). 

Hay más de una decena de ex ministros que ocupan buenos sillones directivos: Marcelino Oreja  en FCC, Luis Carlos Croissier  en Repsol, Javier Gómez Navarro  en Técnicas Reunidas, Miguel Boyer y Ángeles Amador  en Red Eléctrica, Ángel Acebes  en Iberdrola, José Borrell en Abengoa etc. Y cualquiera puede preguntarse ¿por qué están en estas empresas? ¿Cómo pago de favores recibidos? ¿Por agradecimiento? ¿Para utilizar sus influencias ante las administraciones públicas? ¿O por sus excelentes y hasta hace poco desconocidas cualidades profesionales y empresariales?

No es creíble este doble discurso: el silencio ante estos casos y el grito en el cielo por la decisión de Esperanza Aguirre. Como en tantas ocasiones, se ha abierto una falsa polémica con poca base y más bien sustentada en fobias ideológicas que en argumentos sólidos e inteligentes. Bien por Esperanza. Ha tomado una sabia decisión, buena para ella y buena para los contribuyentes. Y ojala cunda su ejemplo.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 16 de diciembre de 2012

La izquierda incoherente y sin memoria reciente.


En los últimos tiempos y especialmente en la última semana buena parte de los dirigentes de la izquierda  nos están ofreciendo todo un recital de incoherencia, de amnesia selectiva y de cinismo político. Cuando uno escucha determinadas declaraciones y observa algunos comportamientos no tiene más remedio que preguntarse si estos dirigentes políticos se creen realmente lo que dicen y hacen o si creen que los ciudadanos somos tontos o desmemoriados. Cuanto más grandilocuentes son sus descalificaciones sobre las diferentes medidas que ha ido tomando el Gobierno de Rajoy más se pone en evidencia, de una parte, la urgencia de su adopción y, de otra, que los causantes de las mismas son sobre todo los solemnes vociferantes socialistas y sus satélites sindicalistas.

El actual aparato dirigente de lo que queda del PSOE tras el émulo de Atila, Zapatero, parece que ha hecho suyo el enunciado de Goebbels “una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad” y, por ello, se han lanzado a una frenética carrera para condenar la revalorización de las pensiones para el año 2013 aprobada por el Gobierno de Rajoy. Sin cortarse un pelo repiten mil y una vez que el Gobierno no sube las pensiones o que las ha congelado y poniéndose al frente de la manifestación, los socialistas, los únicos que en las historia de la democracia congelaron las pensiones en 2010, tratan con la complicidad de los amnésicos grupos parlamentarios de la oposición de utilizar como tercera cámara legislativa al Tribunal Constitucional. Y sin despeinarse. Hay que ser muy cínicos, tener mucha cara dura y despreciar mucho al ciudadano para enarbolar una falsedad semejante y presentar un recurso de inconstitucionalidad. Si presentan un recurso contra este incremento de las pensiones ¿por qué no lo presentan de paso contra la congelación del año 2010? Si por una de esas extrañas cosas que a veces pasan en el Tribunal Constitucional ganasen el recurso todos los pensionistas se lo agradecerían eternamente.

No ha habido ninguna congelación de las pensiones para el año 2013. El Gobierno ha aprobado una revalorización de las pensiones que, eso es cierto, no alcanza el incremento que el IPC ha sufrido en el último año pero que, en todo caso, sí supone una mejora de las pensiones superior desde luego a la que el tandem Zapatero-Rubalcaba aprobó en el año 2010. Seguramente el Gobierno habría deseado poder subir las pensiones incluso por encima del IPC pero no lo ha podido hacer, entre otras cosas, por el inmenso agujero en las cuentas públicas dejado por el Sr. Rubalcaba y sus conmilitones. Ni tenemos un Gobierno masoquista al que le encanta fastidiar a los votantes para perder votos, ni tenemos un Gobierno irresponsable subido en una nube fumando brotes verdes, ni tenemos, afortunadamente, un Gobierno de conjunciones planetarias. Se podría comprender que el incremento aprobado fuese discutido en cuanto a su distribución en función de la cuantía de las pensiones para reclamar más incremento para las mínimas y menor para las más altas, pero no a eso se han dignado los amnésicos pirómanos de las calles.

Otro de los aspectos en los que buena parte de la clase dirigente de la izquierda está dando sobradas muestras de su maestría en la incoherencia y el cinismo es de la sanidad pública y, en especial, la madrileña cuyo Gobierno Regional ha iniciado un plan de reformas que incluye la privatización de algunos servicios hospitalarios y de 23 centros de salud. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha venido insistiendo en que los centros sanitarios van a seguir siendo públicos y sólo va a privatizar determinados servicios complementarios. Algo que se parece mucho al modelo que se viene siguiendo en la Junta de Andalucía desde hace muchos años. El modelo de conciertos significa que centros sanitarios que son privados, "con gestión privada y actividad propia", realizan "alguna actividad programada que se encarga por parte del SSPA", afirmaba hace unos días  la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía. Puede, y aún no se sabe, que haya diferencias cuantitativamente en función de la cantidad de servicios complementarios a privatizar pero una cosas es cierta: cualitativamente parecen el mismo modelo.

Por último y por citar sólo un ejemplo más de la incoherencia y el cinismo de parte de esta izquierda poszapateril tenemos el caso de los ERE puestos en marcha por los sindicatos al amparo de la denostada reforma laboral y especialmente por CCOO. Tiene lo suyo que este sindicato, tan dócil y subvencionado con el Gobierno anterior, haya hecho un “casus belli” de la Reforma Laboral y que simultáneamente se apreste a aplicarla con devoción a centenares de sus propios empleados. ¿Cabe mayor prueba de incoherencia y de cinismo?

Mal camino es éste para que la credibilidad en la clase dirigente española pueda recuperarse. Cuando no es la derecha es la izquierda y cuando no las dos juntas. Los ciudadanos nos merecemos más respeto y algunos, que no todos, parecen empeñados en hacernos comulgar con ruedas de molino. Mal camino, sí señor.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 28 de noviembre de 2012

La paga extra para la ONG “políticos sin fronteras”.



A medida que se acercan las fiestas navideñas y se hacen más evidentes las consecuencias de la supresión de la paga extra para los empleados públicos crece la indignación, el cabreo y la impotencia de los afectados. Esta mañana, sin ir más lejos, charlando con dos compañeros la irritación y la indignación eran más que evidentes. El que más y el que menos contaba en su presupuesto personal y familiar con la paga extra y ahora su supresión borra de un plumazo muchas previsiones y desbarata las economías de millones de familias. Como es natural se lanzaban muchas preguntas al aire ¿por qué tienen que pagar los empleados públicos las consecuencias de la mala gestión de los políticos? ¿Por qué se rebaja el sueldo a los empleados públicos año tras año y ahora se elimina además la paga extra mientras que sigue habiendo gente que gana cientos de miles de euros con cargo a los presupuestos públicos? ¿Por qué se consiente que miles de políticos cobren de las arcas públicas más de un sueldo bajo el disfraz de dietas y complementos? ¿Por qué la clase política, responsable de esta crisis, sigue disfrutando de toda clase privilegios? ¿Por qué hay dinero público para rescatar a los bancos y no lo hay para pagar con justicia el trabajo de los empleados públicos? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que ayudar a los bancos hundidos por la pésima gestión consentida por los gobernantes? ¿En qué clase de país vivimos que unos empleados públicos se quedan sen paga y otros no según el territorio? La lista de preguntas era muy larga y el dedo acusador señalaba como culpable, curiosamente, al actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De poco valía intentar explicar que no era así porque el afectado sólo ve al que ha suprimido, en este caso, la paga extra y no ha quien nos ha conducido hasta aquí.

No me cabe la más mínima duda de que la supresión de la paga extra a los empleados públicos es profundamente injusta, sobre todo, porque no va acompañada de un sacrificio similar para toda la clase política cuya ejemplaridad vuelve a brillar por su ausencia. No basta con que los políticos hayan decidido aparentar ser solidarios prescindiendo ellos también de dicha retribución. No basta porque siguen conservando toda una clase de privilegios que se han otorgado ellos a si mismos tales como ventajas fiscales para los parlamentarios, coches oficiales, pagos en especie de toda clase, viajes gratis, comidas subvencionadas, cotizaciones privilegiadas para el cobro de sus pensiones, indemnizaciones injustas, percepciones retributivas públicas simultáneas de diferentes administraciones o empresas públicas, cuantías salariales inmorales e injustificables y todo un largo etcétera que define y caracteriza perfectamente la existencia de una casta superior que impone sacrificios a los demás mientras mantiene casi intacto su estatus. ¿Con qué cara se puede pedir a un empleado público que asuma este sacrificio mientras esa clase política permite que con dinero público se paguen sueldos de 100.000, 180.000, 750.000 ó 900.000 euros anuales? Porque estas cifras son ciertas y reales. No se trata sólo de sueldos de alcaldes o presidentes de comunidades autónomas, sino también de todos esos miembros de la casta partidista colocada en empresas públicas o en cajas y bancos sostenidos con ayudas públicas que se asignan tan estimulantes salarios. Ésa es una realidad incuestionable que ni éste ni ningún otro gobierno ha querido o ha podido abordar. Y que no nos cuenten que esas retribuciones tienen su justificación en las altas responsabilidades que sus trabajos conllevan porque es un cuento chino. Más responsabilidad tiene el Presidente del Gobierno o el Ministro de Hacienda y ganan diez veces menos que el Presidente de Bankia, entidad nacionalizada a la que van a parar miles de millones de euros públicos. Y para responsabilidad de verdad la de cualquier cirujano de la seguridad social, por poner un ejemplo, al que se le rebaja el sueldo y se le quita la paga extra en nombre de una austeridad y una solidaridad que en el fondo sirve también para que los intocables de la política se sigan forrando en nombre de España o de su sagrada autonomía.

¿No estábamos en la Champions League de las economías según Zapatero? ¿No teníamos el sistema financiero más sólido de Europa según este nefasto personaje? ¿No afirmaba sin el más mínimo rubor que hasta los franceses nos envidiaban? ¿No decía que esto no era una crisis sino unos simples desajustes temporales? ¿Y los brotes verdes? ¿Se los comió o se los fumó? Nada de nada. Y por dejarnos semejante herencia, en lugar de comparecer ante la justicia como en Islandia, ahí está, tan ricamente, cobrando 6.000 euros limpios al mes a costa de los españoles. Y como él muchos otros, todos tan tranquilos, sus cómplices sindicales y empresariales, sus palmeros subvencionados,  sus socios políticos y todos los que por acción u omisión nos han traído hasta aquí. Él fue el médico que no supo diagnosticar ni tratar adecuadamente la infección y ahora Rajoy es el médico que tiene que amputar y, por eso, se lleva la ira y el odio del paciente, entre otras cosas, porque no explica claramente  el parte médico. Una vez más, los fallos en comunicación son mortales.

Eliminar la paga de los empleados públicos es una chapuza con consecuencias inevitables en la caída del consumo y en la recaudación del IVA. Es un parche, un tratamiento sintomático poco eficaz porque sigue sin abordarse un tratamiento radical, ejemplar y profundo del uso del resto del dinero público que sigue siendo derrochado a manos llenas por una buena parte de la clase política, siempre instalada en el País de las Maravillas.

Santiago de Munck Loyola

martes, 12 de junio de 2012

La "fiesta" sigue... en las cárceles.

504 habitaciones individuales y 51 habitaciones dobles, todas ellas equipadas con televisores de plasma de última generación, edificios anexos para talleres formativos, módulo deportivo cultural con gimnasio, polideportivo, vestuarios, piscina climatizada, frontón, biblioteca, sala de audiovisuales con 36 ordenadores, aulas, despachos, auditorio, restaurante, enfermería… Un moderno centro con un equipamiento interior superior a los 3 millones de euros. No, no se trata de un nuevo complejo hotelero, ni de un resort de lujo. Se trata de la nueva prisión, recientemente inaugurada en la Loma de Santa Lucía, Pamplona, diseñada y ejecutada por el Gobierno de ZP. Es tan sólo un ejemplo más de cómo se ha venido empleando nuestro dinero, el de los contribuyentes, en las distintas inversiones públicas. Ahora resulta que la piscina climatizada de este centro no va a funcionar porque cuesta más de 50.000 euros anuales su mantenimiento. ¿Y nadie da la cara? ¿Quién fue el político que tomó la decisión de despilfarrar el dinero de esta manera? Deberíamos tener derecho a saberlo. Que nuestras prisiones tengan unas condiciones dignas no lo discute nadie pero de ahí a que se conviertan en centros de lujo existe un abismo. ¿Cuántos españoles tenemos acceso a una piscina climatizada gratis todo el año? ¿Sólo los pudientes y los delincuentes?

Al conocer la noticia me ha venido a la memoria el viejo chiste sobre un político al que el periodista le pregunta por qué invertía tan poco en escuelas y tanto dinero en prisiones. El político respondió: a la escuela sé que nunca volveré, pero a una prisión…Está visto que a veces la realidad supera la ficción.

Pues bien, puestos a ahorrar y a generar ingresos para el Estado aquí va una propuesta: conviertan este centro penitenciario en un hotel temático y verán como funciona. Seguro que, aunque sea por morbo, hay mucha gente dispuesta a pagar por alojarse en este centro de lujo. Y más si se repiten espectáculos de “striptease” como el organizado en la cárcel de Picassent en el año 2009. Es que lo cuentas fuera de España y no se lo creen.

Y a propósito de nuestro sistema penitenciario conviene poner sobre la mesa algunos datos, sobre todo, considerando esta época de recortes en todos los terrenos. Hoy hay en España más de 75.000 reclusos. La población reclusa se ha disparado un 70% en España en la última década, un crecimiento debido sobre todo en el gran aumento del número de presos extranjeros. De estos 75.000 presos cerca del 40 %, es decir, 30.000 reclusos no son españoles, son extranjeros. Es cuando menos significativo que siendo el 11,5 % el porcentaje de los extranjeros en España, el porcentaje de la población reclusa extranjera alcance casi el 40 % del total. El coste diario medio que supone para las arcas públicas el mantenimiento de cada preso es de 60 euros. Echando cuentas, el coste anual del mantenimiento de la población reclusa es de 1.642.500.000 euros, de los que 657 millones de euros corresponden a los presos extranjeros. ¡Casi nada!

El sindicato de los trabajadores de prisiones, Acaip, viene denunciando desde hace tiempo que nuestras prisiones están más que desbordadas y el sistema próximo al colapso. Siendo así, resulta bastante incomprensible que el anterior Gobierno optase por construir nuevos centros penitenciarios con presupuestos muy elevados en vez de ampliar el número de centros a construir haciéndolos más baratos, es decir, con menos lujos.

Pues bien en este período de restricciones y recortes en el que incluso a nuestros militares se les va a empezar a cobrar una pequeña cantidad por el rancho del cuartel no parece lógico dejar las cosas tal cual. No basta con que no se ponga en marcha una piscina climatizada, no. A lo mejor se debería ir pensando en adoptar otras medidas que alivien esta carga presupuestaria que se nos impone a todos los ciudadanos. ¿No sería lógico que los presos que tienen recursos económicos suficientes pagasen los gastos que su estancia en prisión origina? Por ejemplo, el Sr. Correa, del caso Gürtel, ¿no debería pagar los 65.700 euros que nos ha costado a todos su paso por prisión? Y Julián Muñoz ¿no debería pagar los 54.750 euros que nos ha costado a todos? La lista y la cuenta de delincuentes que podrían pagar sin dificultad su estancia en la cárcel puede ser interminable.

Igualmente podría reformarse la ley para que los extranjeros condenados, excepto los reos por delitos contra las personas, fueran expulsados de España y repatriados a su lugar de origen por el doble de tiempo de la condena que se les hubiese impuesto. Sería mucho menos gravoso para todos los contribuyentes.

Tenemos muchos problemas económicos y la política penitenciaria es también uno más de ellos. Con el “buenismo”, la complacencia y la benevolencia se está cometiendo un enorme agravio para con el resto de los ciudadanos cumplidores de la Ley y sostenedores del sistema. Algo habrá que hacer y, seguramente, en una dirección muy distinta a la seguida hasta ahora.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 8 de junio de 2012

Los jetas siguen malgastando nuestro dinero.

Lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en los últimos años y lo que sigue ocurriendo es alucinante. La crisis, los recortes y los apuros económicos están haciendo aflorar noticias diferentes sobre el uso del dinero público, sobre el uso de nuestro dinero por parte de la clase política que evidencian la extensión y magnitud de la desfachatez y la cara dura de muchísima gente. Habría que hablar de, más que de servidores públicos, de aprovechados públicos. En un país en el que tenemos serias dificultades para pagar los medicamentos, a los pequeños proveedores, a los parados, resulta que hay una buena parte de la clase dirigente absolutamente indigna que se aprovecha de nuestro dinero para pegarse una buena vida. En muchos casos se trata de perfectos incompetentes que en una empresa privada no durarían ni dos días y que, desde luego, nunca ganarían lo que ganan en el ámbito público. Pero ahí están por obra y gracia de las burocracias endogámicas de los partidos políticos.


No hace mucho, una ex ministra socialista, haciendo gala de una ignorancia y una jeta sin parangón, nos decía que “el dinero público no es de nadie”. No, claro, el dinero público es de todos y por tanto debería ser usado como si tuvieran que rendir cuenta de su uso a todos. Pero, no, en esta cultura de la fiesta permanente, de la orgía financiera, de la especulación y el despilfarro valía todo. Ahora que no hay un euro, relucen con más fuerza los casos de abusos que antes eran el pan nuestro de cada día.

El tema de estos días son los gastos en viajes difícilmente justificables desde un punto de vista político y ético del Sr. Dívar. Dicen algunos que el Sr. Dívar ha podido emplear 13.000 euros públicos en desplazamientos privados. El lo niega y aporta sus pruebas. Algunos diputados quieren que comparezca en el Congreso. La mayoría parlamentaria se niega a ello. La minoría, por boca de la Portavoz socialista, dice que el Sr. Dívar debe comparecer en el Congreso porque es la sede de la soberanía y que si no lo hace pedirán su dimisión. Olvida dicha Portavoz que la soberanía popular se expresa mediante las decisiones de la mayoría parlamentaria. Pero, claro, no se pueden pedir peras al Olmo.

Por su parte, un periodista pseudo progre, el Sr. Calleja, dispuesto a arremeter contra el Sr. Dívar, cueste lo que cueste, llega a insinuar, cobardemente por supuesto, que dichos gastos se han ocasionado como consecuencia de que el Sr. Dívar se “esta zumbando” a otro señor. Hay que ser miserable. Tan progre y tan miserable que tiene que destapar su homofobia para justificar su exigencia de la rendición de cuentas del Sr. Dívar. Tan miserable como gratuito este ataque.

A esta cacería inmisericorde se ha sumado una vocal del Consejo general, la Sra. Inmaculada Montalbán que se ha visto obligada a visitar con cargo a nuestro dinero Colombia, Brasil, Panamá, Nicaragua, Argentina y Marruecos en los últimos años. ¡Pobrecita!


Los 13.000 euros presuntamente malgastados en este asunto son una minúscula gota de agua en la pocilga política del despilfarro. Hemos sabido estos días que el defensor del pueblo de Cataluña se ha pegado 60 viajes por el mundo en tres años a costa de los contribuyentes. El pobre ha tenido que recorrer el planeta para ejercer sus innecesarias y duplicadas funciones de defensor del pueblo catalán. Claro que en este caso habrá que andarse con pies de plomo con las críticas porque enseguida te pueden tachar de anticatalán. Tanto sacrificio viajero, tanta abnegación turística a favor de los derechos del pueblo catalán me tiene profundamente conmovido. Deberían sustituir la estatua de Colón por la del Sr. Ribó. Quedaría la mar de mono y expresivo con su dedito señalando los destinos de sus expediciones turísticas.


No hace mucho, siendo Presidente el Sr. Zapatero, ya se organizaron diferentes polémicas por la costumbre del Sr. Zapatero de usar los medios públicos, un avión especial, para que su mujer y sus hijas fuesen a Londres de compras y por la de usar dicho avión para actos de su partido Político cada vez que acudía a los mítines. Este hábito contrastaba mucho con la actitud de la reina de España que se desplazaba por aquellas fechas, también a Londres y a otras ciudades, en líneas aéreas regulares de bajo coste.


En los años 90, el entonces Alcalde de Elche, se hizo nacionalmente famoso por su propensión a ejercer su alcaldía por diferentes países del mundo. Se ganó el apodo del Marco Polo Ilicitano. Es evidente que su ejemplo caló profundamente en la clase política, que creó escuela y que ahora nuestro país está saturado de nuevos Marcos Polos dispuestos a sacrificarse por todos nosotros y con nuestro dinero por todo el globo terráqueo. Y ya está bien ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar los viajes a todos estos señores? ¿Por qué tienen que desarrollar su trabajo fuera de sus despachos? Incluso ¿por qué puñetas tenemos que pagar a diputados y senadores sus viajes privados? Me gustaría conocer la razón, me gustaría que alguien diera una explicación. Han despilfarrado nuestro dinero en obras y equipamientos inútiles y carísimos, han gastado nuestro dinero a manos llenas en proyectos faraónicos que ni siquiera se pueden mantener para gloria de los egos de políticos incompetentes e incapaces. Y se han gastado y se siguen gastando nuestro dinero en darse una buena vida que la inmensa mayoría de ciudadanos no podemos. ¿Hasta cuando?

Santiago de Munck Loyola