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martes, 21 de marzo de 2017

Gobierno y oposición tiran con pólvora del rey.


Tras asistir la semana pasada a uno de los espectáculos parlamentarios más bochornosos de los últimos tiempos, la no convalidación en el pleno del Congreso del real decreto ley que regula la liberalización de los estibadores  que había aprobado el consejo de ministros del 24 de febrero, hoy se han reanudado las conversaciones en la mesa de negociación entre sindicatos, patronal y Gobierno.

Y sí, lo de la semana pasada fue un espectáculo bochornoso por parte de todos los partidos. De una parte un Gobierno débil que lleva a convalidar al Congreso un decreto con dos años de retraso. Un decreto que debía y podía haber aprobado cuando gozaba de mayoría absoluta para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 y que obligaba a España a liberalizar el sector portuario para acabar con una legislación que impide que las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus trabajadores, permitiendo, además, la entrada de estibadores de la Unión Europea en el mercado español.

De otra parte, una oposición que rechaza la convalidación de un decreto sin más objetivo que dar una patada al gobierno, pero en el trasero de todos los españoles. Lo que hicieron las llamadas fuerzas de progreso o del cambio fue, ni más ni menos, que apoyar a un monopolio laboral, a una casta privilegiada y bastante machista, por cierto, que se empeña en mantener unos privilegios económicos y sociales impensables para el resto de los trabajadores españoles. El rechazo al decreto supuso apostar por la continuidad de un sistema de contratación cerrado a la libertad de contratación y de circulación de trabajadores de la UE, así como apoyar la consiguiente falta de competitividad de nuestros puertos cuyos costes de carga y descarga son los más elevados de Europa. Y todo ello a costa del bolsillo del contribuyente. Y para guinda del pastel, la abstención de Ciudadanos que a pesar de haber comprometido con anterioridad su apoyo a la convalidación del decreto finalmente optó por no mojarse para evitar salpicarse en una derrota parlamentaria y, todo ello, a pesar de que seguramente este partido no comulga con actual sistema portuario.

Pero si bochornoso fue el espectáculo parlamentario con esa demostración plenaria de falta de patriotismo y de absoluto desprecio por el interés general, menos edificante es comprobar la ligereza con la que nuestros políticos manejan el dinero de todos los contribuyentes. A unos les importa muy poco que España deba pagar 134.000 euros diarios de multa por no liberalizar el sector de los estibadores portuarios y a otros parece que les importa también muy poco el agravio comparativo y el desprecio al contribuyente que conlleva realizar ofertas increíbles a la casta de los estibadores con tal de que no hagan huelga y paralicen los puertos españoles. Todos disparan con pólvora del rey. Y los demás a pagar.

Es moralmente inaceptable que el Gobierno, y con él la oposición, negocie y ofrezca a este colectivo auténticos privilegios absolutamente inalcanzables para el resto de los ciudadanos españoles:  Un plan de prejubilaciones voluntarias al para los trabajadores que tengan al menos 50 años de edad, que se retirarán con el 70% del sueldo medio que hayan percibido por todos los conceptos de retribución en los seis meses anteriores a su baja (hay que recordar que el sueldo medio en este colectivo supera los 65.000 euros anuales) o la garantía de mantenimiento del empleo del colectivo de 6.150 estibadores.

Que los estibadores luchen por el mantenimiento de su privilegiada situación es comprensible y lógico. Pero no lo es que nuestra clase política ofrezca mantener, en contra de la legislación europea, una situación de privilegio que no está al alcance del resto de los ciudadanos y que cargue su coste precisamente sobre ellos. Gobierno y oposición merecen un rotundo suspenso por su actuación irresponsable en la gestión de este conflicto.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 10 de septiembre de 2015

La vuelta.


No resulta fácil retomar la actividad de este Blog tras el descanso veraniego. No ha sido un verano política e informativamente típico. Todo lo contrario. Ha sido tal la avalancha informativa que resulta difícil destacar algo. Haciendo memoria hemos presenciado el aterrizaje en los Ayuntamientos y Gobiernos regionales de los temidos “podemitas” y sus socios en forma de tripartitos, cuatripartitos y toda clase de fórmulas antipeperas. Y se han hecho visibles los peores rasgos políticos de estos patés gubernamentales: sus fobias a muchas tradiciones y su odio a los símbolos constitucionales, su incalificable nepotismo evidenciado a la hora de colocar en los Ayuntamientos a maridos, sobrinos y toda clase de parentelas, su doble discurso sobre la casta en la que se han integrado a las mil maravillas y, sobre todo, su falta de programa y de propuestas razonables sustituida con toda clase de peregrinas ocurrencias (mamás limpiando los coles, patrullas de chivatos para la limpieza viaria, etc.).

Hemos presenciado también una inusual actividad política debida sobre todo por tres hechos que van a marcar el final de este convulso 2015. De una parte, el Gobierno del Partido Popular no quiere despedirse sin dejar aprobados los próximos Presupuestos Generales del Estado, sin aprobar la infumable reforma de la Ley del aborto que constituye un auténtico insulto a los votantes populares y un flagrante incumplimiento, como tantos otros, de su programa electoral y, por último, la reforma exprés del Tribunal Constitucional para “poder” hacer cumplir sus sentencias. Que las sentencias, incluidas las del Tribunal Constitucional, están para cumplirse es indudable; que ya existen mecanismos legales para hacerlo es posible; que reforzar esos mecanismos solo perjudica a quienes no las cumplen o no tienen intención de cumplirlas es indiscutible; que la el Partido Popular ha promovido la reforma del Constitucional tarde y mal es cierto y que, ante el desafío independentista, al PSOE y al resto de la oposición les falta patriotismo y grandeza de miras es incuestionable.

De otra parte, la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas para el próximo 27 de septiembre está convulsionando a toda la sociedad por el carácter plebiscitario que los independentistas están promoviendo y por los planes de declaración unilateral de independencia hechos públicos. Tiene lo suyo que este proceso independentista esté liderado por el partido del 3%, un partido tan corrupto que tiene hasta sus sedes embargadas. No cabe ninguna duda de que el conjunto de los españoles tenemos por delante un grave problema de difícil solución si no se respetan las leyes. Sea cual fuere el resultado electoral, el 28 de septiembre tendremos ante nosotros una sociedad catalana más fracturada y enfrentada que nunca y no será tarea fácil ni rápida curar la fractura. Se trata de un problema generacional que empezó a crecer día a día y ante la pasividad general cuando el Estado decidió dejar en manos de los independentistas algo tan básico y elemental como la educación. Durante 30 años se ha cultivado el victimismo, el odio a lo español, se ha falseado la historia y se sigue falseando la actualidad con la inefable colaboración de unos medios de comunicación públicos que censuran al discrepante como recientemente acaban de hacer con el Sr. Borrell a propósito de su libro "Las cuentas y los cuentos de la independencia". Unos y otros, sobre todo otros, hablan unas veces de federalismo y otras de reconocer constitucionalmente la “singularidad” de Cataluña como soluciones al reto del independentismo, el golpismo en cámara lenta del Sr. Mas y compañía. Claro que ni concretan esa supuesta fórmula federal, ni desarrollan esa simpleza del reconocimiento de la “singularidad” catalana. Porque, vamos a ver, la sociedad catalana es singular lo reconozca o no la Constitución, es una realidad sociológica que no necesita tal reconocimiento, pero es que, además, la singularidad catalana es tan real y tan evidente como pueda serlo, por citar una, la singularidad alicantina y a nadie son sentido común se le ocurre exigir tal reconocimiento constitucional para resolver los graves problemas de discriminación que Alicante sufre por parte del Estado central y del periférico, la Generalidad Valenciana.

Y el último hecho que cerrará políticamente este año pero que ha estado diariamente presente durante este verano es la convocatoria de las próximas elecciones generales. Todos calentando motores. El Gobierno aflojando la soga presupuestaria para arañar votos, como debe ser aunque si hubiese sido más decente con sus votantes no tendría tan malas expectativas. Y la oposición descalificando al gobierno por todas estas medidas como si un gobierno solo debiera aprobar medidas que le resten votos. Ridículo.

Y en medio de esta vorágine informativa política ha irrumpido con fuerza el drama de los refugiados musulmanes provenientes principalmente de Siria. No se trata de algo nuevo, no. Hace años que vienen muriendo centenares de personas ahogadas en el Mediterráneo, hombres, mujeres y niños. Pero pocos les han hecho caso. No sólo es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Ahora el drama llama a la puerta de la Europa rica y políticos y medios de comunicación se han volcado para sacudir las conciencias de unos europeos cada vez más escépticos acerca de la honestidad, compromiso y eficacia de sus instituciones comunitarias. Pero éste, el drama de los refugiados, merece una reflexión a parte.

Santiago de Munck Loyola