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martes, 8 de noviembre de 2022

¿Se acabó? Sólo en parte.

El pasado 3 de noviembre, a las 19 horas, miles de alicantinos acudimos a la concentración en la Montañeta convocada por los empresarios de la Provincia para protestar contra la discriminación de nuestra provincia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que relega a Alicante al último puesto en inversión en infraestructuras: 85 euros por cada alicantino mientras que le media nacional es de 283 euros. No es nada nuevo, año tras año el Gobierno de España, gobierne el PP o el PSOE, ha ido invirtiendo cada vez menos en nuestra Provincia; de hecho, desde 2008 a 2022, el déficit acumulado en inversiones asciende a 3.540 millones de euros, es decir, que los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez no invirtieron en carreteras, autovías, ferrocarriles, infraestructuras hídricas, puertos o aeropuerto por valor de 3.540 millones de euros que nos habrían correspondido atendiendo sólo al número de habitantes de nuestra Provincia. Y han tenido que ser los empresarios, no los políticos, los que se han atrevido a levantar la voz, bajo el lema ¡Se acabó! ¿Qué clase de políticos padecemos? ¿Por qué tanto pasotismo? Para tener cierta idea de la clase de políticos que nos representan basta recordar que en nuestra Provincia hay 1.669 concejales y decenas de diputados autonómicos y nacionales. Y en su inmensa mayoría no estaban el día 3 en la Montañeta y, lo cierto, es que muy pocos estaban allí defendiendo los derechos de los alicantinos. Los de izquierdas porque es evidente que se deben más a sus partidos que a los ciudadanos y por tanto no se van a manifestar contra una injusticia histórica cometida por los suyos y los demás, salvo la presencia de algunos, pues, quién sabe, por pereza, por falta de compromiso o por simple pasotismo tampoco estaban.

¡Se acabó! Fue el lema de la concentración, se acabó aguantar resignadamente más desprecios hacia los alicantinos, se acabó aguantar calladamente más discriminación, se acabó… ¿la injusticia? Evidentemente no y hay que decirlo claro. Seguirán discriminando a nuestra provincia tanto desde el Estado como desde la Generalidad Valenciana, aunque sería mejor llamarla Generalidad de Valencia porque lo que es de Alicante lo es solo nominalmente. La Generalidad de Valencia nos quiere tanto que sus políticas y sus inversiones durante 40 años han llevado a aumentar la brecha de la renta entre los alicantinos y los valencianos de modo que hoy somos más pobres con relación a los mismos que hace 40 años. Una institución política que lejos de propugnar la cohesión social entre sus territorios logra lo contrario es un fracaso institucional. Y Estado y Generalidad seguirán discriminando a los alicantinos por varias razones. En primer lugar, porque los políticos que nos representan no hacen valer su voto en las instituciones representativas y están sometidos a la disciplina centralista de sus partidos. En segundo lugar, porque da igual que la Generalidad de Valencia levante la voz pidiendo más financiación ya que en caso de obtenerla seguirá aplicando su propia política de reparto que no pasa por tener en cuenta nuestra población fija y flotante. En tercer lugar, porque la clase política alicantina no es capaz de construir un consenso básico sobre las necesidades de la provincia y su financiación. Solo utilizan la infrafinanciación que padecemos como arma arrojadiza, como argumento electoralista de desgaste del adversario. No hace ni cinco años que los socialistas y podemitas se quejaban de las raquíticas inversiones del Gobierno del PP en Alicante y los populares alicantinos lo negaban a pesar de las evidencias. Hoy ocurre exactamente lo contrario.

 

Lamentablemente lo único que se ha acabado es “sufrir en silencio” los insultos presupuestarios del Gobierno PSOE-Podemos. Y ya es algo, pero no es suficiente. No basta con protestar y pedir más. Lo que es imprescindible es articular un proyecto político, una propuesta institucional que blinde los derechos y las necesidades de los alicantinos ya sea mediante la reforma del Estatuto de Autonomía, ya sea promoviendo una reforma del mapa autonómico. Otras provincias lo han hecho o al menos lo están intentado. Su mera presencia electoral sirve de aviso para navegantes y está obligando al centralismo periférico a replantear sus estrategias de desarrollo regional. En medio del fragmentado panorama político y del delicado equilibrio de mayorías ¿se imagina alguien que con dos o tres diputados alicantinistas en el Congreso se atreverían a dejar a nuestra Provincia en el vagón de cola de las inversiones? Pues eso.

 

Ni las limosnas que Puig o de Baldoví pueden contentarnos en modo alguno. El Estado adeuda a nuestra Provincia 3.500 millones de euros y si otras Comunidades han exigido y obtenido el pago por parte del Estado de su deuda histórica Alicante también tiene derecho a lograr lo mismo. Debe ser un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas e innegociable. Lamentablemente, el único partido que así lo reclama es el Partido Alicantino Regionalista y hay que ser conscientes que 3.500 millones de euros en inversiones supondrán la conversión de Alicante en un territorio muy atractivo para la inversión y para la generación de riqueza y, por tanto, conllevarán un crecimiento exponencial de la renta de los alicantinos.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

domingo, 29 de abril de 2018

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DENUNCIA ANTE EL SÍNDIC LA NEGATIVA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA A TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DE LA ROMERIA DE SANTA FAZ.



26-4-2018
NOTA DE PRENSA

EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA DENUNCIA ANTE EL SÍNDIC LA NEGATIVA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA A TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL DE LA ROMERIA DE SANTA FAZ.

El Presidente del Partido Alicantino Regionalista – Esperanza Ciudadana, Santiago de Munck Loyola, ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges de la Generalidad Valenciana, que ha sido admitida a trámite, denunciando la reiterada negativa de la Generalidad Valenciana tanto en 2015 como en 2017 a tramitar la declaración de Bien de Interés Cultural inmaterial para la Romería de la Santa Faz.

En abril de 2015, el partido Esperanza Ciudadana promovió la apertura de un expediente para que esta expresión cultural alicantina  que  tiene un especial arraigo y sentimiento,  donde lo religioso y lo cívico  calan en la ciudadanía, fuera protegida y preservada, como es su obligación legal, por la Generalidad Valenciana. La Generalidad Valenciana ni se molestó, incumpliendo de forma flagrante la Ley, en responder a dicha solicitud.

En abril de 2017 se reiteró dicha solicitud con idéntico resultado poniendo una vez más en evidencia la discriminación hacia la provincia de Alicante y la ausencia de sensibilidad por parte del Gobierno Valenciano hacia las expresiones culturales, cívicas y religiosas netamente alicantinas.

Hay que señalar que ya se incoó un expediente administrativo a tal fin en el año 2002 sin que el mismo llegase a buen término y que dicho expediente fue solicitado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante de 9 de abril de 2002 al aprobar por unanimidad solicitar a la Generalidad Valenciana la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial a la Romería de la Santa Faz a partir del informe elaborado a instancias municipales por el Cronista Oficial de la Ciudad de Alicante D. Enrique Cutillas quien hizo entrega del mismo el 6 de junio de 2001.

martes, 7 de febrero de 2017

Alicante: de mal en peor.


No hay peor ciego que el que no quiere ver y eso es precisamente lo que le ocurre a muchos de nuestros conciudadanos de la Provincia de Alicante. Hay quien se empeña en no querer ver la realidad bien porque le da miedo, porque no le gusta o porque está más cómodo con sus propias fantasías.

Cada vez aparecen más voces de la sociedad civil que se suman a la denuncia del maltrato presupuestario que nuestra provincia viene sufriendo desde hace décadas por parte del Estado y, sobre todo, de la Generalidad Valenciana quien, en vez de cohesionar la población de su territorio, ha ido ensanchando la brecha de desigualdad entre sus habitantes en función de la provincia de que se trate. Los alicantinos siempre vienen recibiendo menos de lo que les corresponde y eso hace que, año tras año, la diferencia entre alicantinos y valencianos sea mayor, en perjuicio de los primeros. Pero con los políticos alicantinos no pasa lo mismo que con otros sectores de la vida alicantina. Han venido usando y usan esta anómala situación como arma arrojadiza pero han sido y son incapaces de ofrecer una respuesta política que suponga el fin de la misma. El Partido Popular tras gobernar 20 años la Generalidad Valenciana carece de legitimidad moral para denunciar una discriminación que él mismo ha practicado. Alzan ahora alguna tímida voz denunciando una discriminación que persiste con el tripartito de izquierdas, pero lo hacen sin mucha convicción y escasa credibilidad. Y lo mismo pasa con los políticos alicantinos de izquierdas. Son sus correligionarios los que ahora en la Generalidad Valenciana practican esa tradicional discriminación hacia nuestra Provincia y sus antiguas reivindicaciones provinciales han sido olvidadas.

Por si esto no fuera suficiente, desde hace año y medio hay que sumar al agravio comparativo un sistemático ataque a la propia identidad de nuestra Provincia y a las libertades básicas de los ciudadanos desarrollado desde el gobierno de izquierdas de la Generalidad Valenciana. El tripartito de Valencia no ejerce un gobierno de y para los alicantinos, ni siquiera para los valencianos o castellonenses. La Generalidad Valenciana se ha convertido en un apéndice de los proyectos pancatalanistas dispuesto a facilitar el desarrollo de una ficción política como lo es la fantasía de “los países catalanes”. Nada es casual. 

El tripartito está desarrollando todo un plan sistemático destinado a catalanizar a la Comunidad Valenciana. Los ataques continuos a la libertad en la educación, la política en medios de comunicación, los continuos ataques a la Diputación provincial, la importación de un proyecto de comarcalización ajeno a la tradición política alicantina, la progresiva imposición del catalán en las administraciones públicas, la persecución del uso del español, la imposición del catalán en la educación, los recortes a la libertad de elección de la lengua vehicular, las desaforadas subvenciones a entidades procatalanistas, separatistas e impulsoras de la ruptura de la unidad de España son solo un pequeño ejemplo, quizás el más visible, de este proceso de inmersión social al que someten a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y no queda más remedio que preguntarse ¿qué pinta la Provincia de Alicante en medio de todo esto? ¿Qué hace Alicante en una Comunidad Autónoma que además de perjudicarle económicamente pretende ahora borrar su propia identidad histórica?

Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña. Alicante tiene identidad propia, personalidad única y diferente. La Provincia de Alicante tiene entidad política propia, anterior a la artificial Generalidad Valenciana y capacidad económica, social y cultural suficientes para ejercer su propia autonomía. ¿Qué ventaja obtienen los alicantinos del hecho de que las decisiones sobre la educación, la sanidad, el turismo o la política territorial se decidan en Valencia y no en Alicante? Ninguna.


Alicante, la quinta provincia española en población, con casi dos millones de habitantes censados, suma tanta población como las autonomías de Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra juntas. Y, sin embargo, está condenada a ser una provincia de segunda dentro de una autonomía sin tradición histórica que ni es leal con los alicantinos ni con el proyecto común que es España.

Es hora de abrir los ojos, de reconocer la realidad y de ofrecer soluciones antes de que sea demasiado tarde. Y una solución posible es que la Provincia de Alicante se separe de la Generalidad Valenciana y se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial. No se trata de una propuesta sencilla, pero jurídicamente es posible, económicamente es razonable, políticamente es deseable y socialmente necesaria. No hay otra fórmula para defender la identidad y personalidad propia de nuestra Provincia. No hay otra vía para reducir el enorme peso de la burocracia administrativa que costeamos los ciudadanos. No hay otro medio para que las decisiones que afectan a nuestra Provincia se tomen en Alicante y no en Valencia. No hay, en definitiva, otra posibilidad para evitar que Alicante sea incorporada a un proyecto político independentista y para impedir la importación de una fractura social que desde hace décadas crece en las provincias catalanas. Si se quiere, se puede.

Santiago de Munck Loyola


martes, 5 de enero de 2016

La autonomía uniprovincial: una solución para Alicante.


Padecer una situación de injusticia permanente, conocer las causas que la originan, reconocer el problema de fondo y no afrontarlo adoptando las medidas que están en nuestra mano para solucionarlo es bastante anormal. Esa situación puede darse en muchas circunstancias y ocasiones de cada persona pero cuando la elevamos a la categoría de lo público resulta, cuando menos, una anomalía social. Veamos.

Los ciudadanos que vivimos en la Provincia de Alicante padecemos desde hace décadas una situación de discriminación permanente por parte del estado y de la Generalidad Valenciana. No somos tratados ni económica, ni políticamente de acuerdo con la importancia económica y demográfica de nuestra provincia. Somos tratados de forma injusta y no como debería corresponder a la quinta provincia por volumen de su Producto Interior Bruto o por el volumen de su población. Todos los indicadores de los datos económicos y sociales así lo señalan y no son discutibles: rentas y pensiones por debajo de la media española, asistencia sanitaria, educativa o social por debajo de la media, inversiones públicas en el furgón de cola, etc. Son tantos años de discriminación negativa en las inversiones en nuestra Provincia que bien podemos hablar de la existencia de una enorme deuda histórica con Alicante, deuda del estado y deuda de la Generalidad Valenciana. Y esta injusta situación la sufrimos directamente, en nuestros bolsillos y en nuestro nivel de bienestar.

Cada vez son más las voces autorizadas las que desde distintos ámbitos de la Provincia se suman al reconocimiento y a la denuncia de una situación a todas luces injusta, la permanente discriminación de nuestra Provincia. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el ámbito de la vida política, pocos son los representantes políticos que denuncian esta situación, sobre todo porque se deben más a los aparatos de sus partidos, a sus jefes, que a los ciudadanos. Y cuando mencionan la discriminación de Alicante lo hacen sólo para usarla como arma arrojadiza contra el gobierno de turno, sea en Madrid o Valencia. Pero ¿alguno plantea una solución política? Porque lo cierto es que salvo esos lamentos ocasionales ninguno de nuestros representantes políticos ni ninguno de los partidos políticos con representación pone una solución encima de la mesa. Y haberlas las hay.

No hay ninguna razón económica, histórica, política o social que justifique el hecho de que los alicantinos tengamos que soportar sobre nuestras espaldas una administración pública más que los madrileños o nuestros vecinos murcianos, por poner un ejemplo. Sobre nuestras espaldas recae el peso de sostener con nuestros impuestos a los Ayuntamientos, a la Diputación, a la Generalidad Valenciana y al Estado. Costeamos cuatro administraciones españolas mientras que otros sólo tienen que sostener a tres administraciones. Si ello nos reportase ventajas mercería la pena, pero cuando se comprueba que la Generalidad Valenciana no cohesiona su territorio ni económica, ni socialmente, cuando se constata que lleva veinte años invirtiendo por habitante menos en Alicante que en las dos otras provincias y que las decisiones trascendentes para nuestra Provincia se toman en Valencia y no en Alicante, parece evidente que no merece la pena. La solución política a estos problemas pasa por tener voz propia en Madrid y por constituir una Comunidad Autónoma uniprovincial. Esperanza Ciudadana es el único partido que pone sobre la mesa una posible solución. No basta con lamentarse, no es suficiente con quejarse. Hay que ofrecer soluciones y ésta es una propuesta absolutamente constitucional que puede dar salida a un grave problema por todos reconocido.

Alicante tiene capacidad de sobra para administrar por si misma las competencias autonómicas que quiera asumir y eso también es una evidencia. Tenemos los argumentos y la capacidad para hacernos oír directamente en Madrid sin tener que pasar el filtro de Valencia. Tenemos la capacidad para tomar las decisiones competenciales aquí sin tener que someternos a las decisiones de Valencia. No se trata de romper los vínculos culturales que unen a parte de nuestra con Valencia, ni tienen por qué romperse con la Constitución en la mano. No se trata de enfrentar a nuestra Provincia con otras, ni de renunciar a la pluralidad y a la riqueza y variedad cultural de nuestra Provincia. Se trata de acercar a los alicantinos a la toma de decisiones políticas, de llevar directamente la voz de Alicante ante el Estado, de eliminar una carga administrativa de nuestras espaldas, de lograr una mayor eficiencia en la gestión pública, de eliminar innecesarias duplicidades, de hacer realidad la igualdad de derechos y de obligaciones entre todos los españoles y de hacer una realidad la tan manida como ignorada solidaridad territorial. Se trata, en definitiva, de aprovechar y usar en beneficio de Alicante los legítimos instrumentos que la Constitución pone a nuestra disposición. Podemos seguir quejándonos, lamentándonos y denunciando lo evidente, pero si no actuamos de nada servirá.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 22 de noviembre de 2015

Una candidatura de y para Alicante.

Esperanza Ciudadana, único partido político provincial alicantino, ha presentado candidatura al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales del 20 de diciembre tras reunir más de 1.400 avales en la Provincia. No ha sido una tarea fácil cumplimentar este requisito de recogidas de firmas establecido para dificultar la concurrencia a las elecciones de los partidos nuevos. Pero se ha conseguido gracias a la entrega y dedicación de numerosos voluntarios.


La Candidatura está encabezada por Santiago de Munck Loyola, Presidente de la formación y funcionario. En el nº 2 figura Manuel García- Serna Colomina, Secretario General de Esperanza Ciudadana y Registrador de la Propiedad de Novelda. El tercer lugar de la Candidatura lo ocupa la eldense Mª Dolores González Ruiz, Presidenta Local de Esperanza Ciudadana, graduada social y exconcejal popular de Elda. En el cuarto puesto se encuentra José Francisco Fernández Alegre, Secretario General adjunto de Esperanza Ciudadana, informático y vecino de San Vicente del Rapeig. Y cerrando los cinco primeros puestos la alicantina Eloina Garrido Bautista, comercial, autónoma y miembro de una de las familias gitanas con más arraigo en Alicante.

La candidatura se completa hasta el número doce con personas procedentes de diversos sectores sociales y diferentes ocupaciones: amas de casa, profesores, pensionistas, funcionarios, etc. Y cuenta con el apoyo de dos miembros de Los Verdes, Patricia Díaz Colmenar y Juan Calero Luna que, a título individual, han decidido prestar su apoyo a este nuevo proyecto provincial regenerador y alicantinista como es Esperanza Ciudadana que, a nivel nacional, forma parte de la Coalición Cívica 20D, de carácter centrista y reformista.

Esperanza Ciudadana reivindica y defiende los intereses de la Provincia de Alicante frente a la discriminación que sufre por parte del centralismo de la Generalidad Valenciana y el Estado, reclama el pago de la deuda histórica a Alicante, promueve una profunda regeneración de las instituciones y del propio sistema político y defiende una sociedad más justa, más participativa y menos intervenida. Menos Estado y más Sociedad.

Candidatura de Esperanza Ciudadana (Es.C.)



1. Santiago Domingo de Munck Loyola. 2. Manuel García Serna Colomina. 3. María Dolores González Ruiz. 4. José Francisco Fernandez Alegre. 5. Eloina Garrido Bautista. 6. José Miguel Compañ Molina. 7. María Tomasa García Cánovas. 8. María Luz Alegre Ponce. 9. Cristian Berná García. 10. Pascual Martínez Pujalte. 11. Vicente Molla Molina. 12. Maria Remedios Ruzafa Sanz. Suplentes: 1. Patricia Díaz Colmenar. 2. Juan Calero Luna. 3. Ignacio Gutiérrez Hernández.

miércoles, 4 de noviembre de 2015

La Generalidad Valenciana nos sigue discriminando.


Hace tan solo unos días la mayor parte de los medios de comunicación publicaban que el Gobierno tripartito de la Generalidad Valenciana se olvidaba de la provincia de Alicante en su proyecto de presupuesto de inversiones para infraestructuras para el año que viene. Como es evidente, la reiterada discriminación presupuestaria de nuestra provincia no era noticia, por habitual, sino que lo novedoso era que, habiendo cambiado de color el gobierno regional, Alicante seguía como siempre, es decir, discriminada. Nuestra provincia, con el PP, estaba a la cola de las inversiones de la Generalidad Valenciana y ahora con la izquierda en el Gobierno regional también.

Tanto el Estado, como la Generalidad se comportan de forma similar con Alicante que no recibe lo que le corresponde ni por población ni por riqueza. Y da igual quien gobierne en Madrid o en Valencia. Ambas administraciones han generado una deuda millonaria con los alicantinos que es preciso cuantificar exactamente y reivindicar su pago. No se puede seguir admitiendo que año tras año se produzca la misma situación. Alicante debe recibir lo que es justo y debe cobrar esa deuda histórica provincial de la que no quieren ni oír hablar los grandes partidos que solo usan los intereses de los alicantinos como arma arrojadiza.

Ayer mismo sin ir más lejos, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, que hasta mayo fue vicepresidente de la Generalidad Valenciana y responsable por tanto de la evidente discriminación económica sufrida durante los últimos años por nuestra Provincia dio buena muestra de ello. Sin el más mínimo asomo de autocrítica y con elevadas dosis de cinismo político señaló que los presupuestos presentados por el nuevo Gobierno Regional “no van a servir para resolver los problemas de la provincia de Alicante” y que no recogen “ningún proyecto relevante o que ilusione” para la provincia. Dice José Ciscar que la media de inversión por habitante será de 24,5 euros frente a la media valenciana de 27,5. Y no queda más remedio que recordarle que la media de inversión con él y el PP ha sido en 2015 de 25 euros por alicantino mientras que la media regional se situaba en 32 euros, que en los últimos 7 años la Generalidad ha dejado de invertir en Alicante 253 millones de euros que le correspondían por población y que Alicante figura en el puesto 40 en las inversiones del Estado y en el último lugar en las inversiones de la Generalidad. Habla por tanto el que más tiene que callar, quien menos legitimado moralmente para denunciar la discriminación de nuestra provincia.

Hoy, los alicantinos somos más pobres respecto a los valencianos que hace 20 años. Es un dato incuestionable. La política de la Generalidad Valenciana ha propiciado una divergencia, en lugar de convergencia, de las rentas provinciales en su territorio. Y tras 20 años la tendencia no ha quebrado, sino que se ha confirmado con el nuevo Gobierno de izquierdas en la Comunidad Valenciana. Una autonomía así no funciona bien, no sirve a los intereses de los alicantinos.

Es hora de plantearse con lógica, con racionalidad y sin apasionamientos de carácter sentimental si no ha llegado el momento de cuestionar el modelo territorial y de proponer un modelo alternativo que permita a nuestra provincia desplegar todo su potencial y toda su capacidad de progreso por su cuenta. Es hora de plantearse si es imprescindible que los alicantinos debamos soportar sobre nuestras cabezas y nuestras espaldas cuatro administraciones diferentes (local, provincial, autonómica y estatal) en lugar de tres como ocurre con otras provincias españolas. Es hora, en fin, de plantearse qué modelo territorial es menos costoso, más eficiente y más adecuado a los intereses de los ciudadanos de Alicante.

Santiago de Munck Loyola







sábado, 14 de marzo de 2015

Alicante maltratada: razones para un cambio.


Desde hace muchos años, los ciudadanos de Alicante sufrimos dos graves problemas cuyas consecuencias se notan en nuestra vida diaria: la discriminación que sufre nuestra provincia y la corrupción en las administraciones públicas. Estos dos problemas inciden directamente en nuestra vida porque son los responsables, en gran parte, de que el nivel de bienestar de los alicantinos esté por debajo de la media española. Ganamos menos que la media de los españoles y tenemos unos servicios públicos de calidad inferior a la media. ¿Por qué? Porque la discriminación provincial y la corrupción conllevan menos recursos públicos y privados para impulsar el desarrollo de nuestra provincia y, por tanto, del bienestar de todos los alicantinos.

Hay que recordar que Alicante es la quinta provincia española en población y en generación de riqueza. Nuestro Producto Interior Bruto es el quinto más elevado de España. Y, sin embargo, la renta media de los alicantinos está en el puesto 20 siendo 4.000 euros anuales por debajo de la media española y situándose en el último puesto de la Comunidad Autónoma. Hoy la renta media de un alicantino está más lejos de la renta de un valenciano de lo que estaba hace 20 años, lo que significa que las últimas dos décadas de política autonómica no han servido para favorecer una convergencia de las rentas provinciales sino para todo lo contrario. Y en el terreno de las rentas conviene recordar la pensión media en España es de 872 euros mientras que la de un alicantino es de 761, la más baja también de la Comunidad Valenciana.

Tanto el Estado como la Generalidad Valenciana no invierten en nuestra provincia lo que por población le corresponde. Nos discriminan y marginan y ello se traduce en malas infraestructuras, equipamientos deficitarios y prestaciones públicas deficientes. Alicante figura en el puesto 40 en las inversiones del Estado y en el último lugar en las inversiones de la Generalidad. En 2015, por ejemplo el Estado invertirá una media de 238 € por habitante, mientras que en Alicante solo invertirá 187 euros. Y la Generalidad hace lo mismo: invertirá 25 euros por alicantino mientras que la media regional será de 32 euros. Y no es la primera vez. En 7 años la Generalidad ha dejado de invertir en Alicante 253 millones de euros que le correspondían por población. Y lo mismo que en infraestructuras ocurre en las demás políticas públicas. Por ejemplo, mientras que en España hay una media de 45 médicos por cada 10.000 habitantes, en Alicante esa cifra se reduce a 32.

Estos son solo algunos ejemplos del maltrato que sufrimos los ciudadanos de Alicante. Y nuestros políticos, nuestros representantes calladitos. ¿Alguien ha escuchado a muchos diputados, senadores o alcaldes alzar la voz y denunciar esta injusticia? No lo hacen porque sus puestos dependen de Madrid o de Valencia y el que desafina sale del coro.

Y a esta discriminación hay que sumar la de la corrupción y el despilfarro que suponen no sólo una pérdida de recursos públicos, sino también privados. Es tal la mala fama que ha sembrado nuestra clase política que las inversiones huyen de nuestra ciudad y nuestra Provincia. Los que nos gobiernan han despilfarrado a manos llenas y han arruinado muchos ayuntamientos y a la propia Generalidad. Ahora cambian algunos nombres de cara a las elecciones pero detrás de los mismos siguen quienes han amparado, tolerado y protegido a los corruptos.

Discriminación provincial y corrupción conllevan menos recursos públicos y privados para el desarrollo y bienestar de los alicantinos. Es por tanto imprescindible combatir esos dos serios problemas.

Y, por eso, ha nacido Esperanza Ciudadana un partido provincial de y para Alicante. Un grupo de personas, normales y corrientes, sin cargos políticos, hartos e indignados con esta situación que queremos cambiar las cosas y que pretendemos, sobre todo, defender los intereses de los alicantinos, por encima de las disciplinas de los partidos, y regenerar la política. Sabemos que sin exigir los recursos que les pertenecen a los alicantinos y que se quedan en Madrid o en Valencia y sin limpiar a fondo las administraciones públicas no es posible atender lo único que importa en la política: el bienestar de las personas y de las familias.

Y, por eso, hemos decidido aunar esfuerzos constituyendo una coalición, “Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicante” con otros dos partidos para ofrecer a nuestros vecinos una alternativa diferente porque ninguna otra opción política defiende lo verdaderamente importante y esencial para garantizar el progreso de Alicante: el fin de la discriminación a la que nos somete Valencia y Madrid y la regeneración política. “Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicante” representa el cambio decente, un cambio profundo y radical para devolver a Alicante la importancia y el prestigio que le han robado. Y queremos hacerlo con la ayuda de todos, de la mano de la gente, desde abajo. Tenemos las ideas, los proyectos y los equipos para ello. Hay que pasar página, hay que romper con los grupos mafiosos que controlan buena parte de la política, con los moldes políticos caducos que lastran a nuestra provincia y a nuestra ciudad, hay que conseguir que no nos sigan ninguneando y estafando. Hay que decir ¡basta! Y exigir lo que nos corresponde. Los ciudadanos de Alicante no podemos seguir siendo tratados por el Estado y la Generalidad Valenciana como ciudadanos de segunda porque no lo somos. Hay que derrumbar los muros que impiden que se despliegue el enorme potencial que Alicante posee. Y entre todos podemos conseguirlo.

Santiago de Munck Loyola