LA ESTRAMBÓTICA CONTRARREFORMA LABORAL.

Para ese viaje no se necesitan alforjas. ¿Tanta protesta en su día, tantas críticas furibundas, tanta marea y contramareas, tantas promesas de derogación para esto? ¿Para acabar en una estrambótica votación? Los hiperbólicos de la política han terminado por poner negro sobre blanco su verdadera concepción de lo que entienden por interés general, por respeto a la soberanía nacional y por parlamentarismo. Sus compromisos de derogación de la reforma laboral del PP se han quedado en una contrarreforma descafeinada culminada con una dudosa aprobación in extremis que la deslegitima desde el minuto cero, pero que, eso sí, nos ha servido a los ciudadanos para comprobar en vivo cómo funciona nuestra clase política y sus satélites síndicoempresariales.

Es seguro que la mayoría de los ciudadanos que han seguido el camino de esta contrarreforma laboral no sabrían explicar en qué consiste, pero sí que han podido percibir con claridad las desmesuradas ambiciones de algunos protagonistas del sainete, los incumplimientos flagrantes de las promesas electorales de otros, el oportunismo de los de siempre o la falta de estrategias y de reflejos políticos de muchos. 

Han convertido al Parlamento, al congreso de los Diputados, en un simple ratificador de lo que sindicatos, patronales y la Ministra aspirante a sucesora presidencial han “legislado” por su cuenta, sin luz, ni taquígrafos. Dicho de otra forma, unas entidades con tan escasa implantación y representatividad que necesitan de las multimillonarias subvenciones del gobierno para subsistir y, en su caso, de las “mordidas” en los fondos públicos ya sean para formación o para ERE’s se permiten el lujo de negociar y pactar una contrarreforma legislativa con una Ministra que está encantada de haberse conocido y se la endosan al congreso para que sí o sí la apruebe sin tocar una sola coma. Y la inmensa mayoría del congreso traga con el tema como si un acuerdo entre paniaguados del gobierno fuera sagrado e intocable. Pero ¿de qué van unos y otros? Es el parlamento quien debe legislar, no los agentes sociales, y para ello es necesario debatir, negociar, transaccionar, llegar a acuerdos y votar. ¿O es que entre las cosas “chulísimas” de las que presume la ahora difunta heredera política del podemismo está ningunear a los representantes de la soberanía nacional?

Han evidenciado que algunos de nuestros diputados en lugar de dedicarse al trabajo por el que generosamente les pagamos se dedican a otros menesteres y para ello tienen que acudir al voto telemático que, por cierto, debería estar restringido para casos excepcionales. Se olvidan sus señorías que cobran no solo para votar, sino para participar en el proceso de elaboración legislativa y en el de control del poder ejecutivo. 

Lamentablemente el caso del diputado popular, por cierto, imputado tras su gestión como alcalde de Trujillo, que con su inicial ausencia y su erróneo, o no, voto telemático ha facilitado la aprobación de la contrarreforma laboral no es el único. Si en vez de andar enredando por ahí en nombre de su jefe el Sr. García Egea hubiera estado cumpliendo con sus obligaciones parlamentarias se habrían evitado el bochornoso espectáculo de ayer. ¡Vaya tropa, Señor!

Santiago de Munck Loyola

Otra de viajes y de tomadura de pelo.

Hay que ver la que se ha organizado a cuenta de los viajes a las Islas Canarias del Sr. Monago, Presidente de la Junta de Extremadura, realizados cuando era senador y pagados por los sufridos contribuyentes. Y a cuenta también de los viajes a la misma isla y para estar con la misma señorita realizados también por el diputado popular por Teruel, Carlos Muñoz, quien, por cierto, ha anunciado que va a dimitir como diputado y como secretario provincial del Partido Popular. Por su parte el Sr. Monago ha pasado, entre lagrimita y homenaje, del yo no he hecho nada malo y puedo justificar “documentalmente” cada viaje que he hecho al pagaré los viajes y devolveré hasta el último céntimo de los que no se correspondan con las labores propias del cargo.

Esto de los viajes pagados por los contribuyentes no es nada nuevo, ni nada raro. Es posible que se haya armado tanto revuelo por cierta morbosidad que las coincidencias han levantado entre algunos comentaristas pero hay otros gastos de sus señorías mucho más escandalosos y que parecen pasar desapercibidos. Los viajes forman parte de la larga lista de abusos y privilegios que nuestra clase política se dota a si misma para hacer más llevadera su abnegada función de representarnos a los ciudadanos. Aunque esté mal citarse uno mismo, no queda más remedio que hacer referencia a dos artículos publicados en estas páginas ya en el año 2012 a cuenta de los viajecitos y los demás privilegios de sus señorías. http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2012/06/una-de-viajes.html

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2012/06/el-liston-de-divar-para-todos.html

En estos artículos, escritos a raíz de los viajes del Sr. Divar, se ponía en cuestión la práctica de abonar los viajes tanto públicos como privados de sus señorías y se demandaba que les fuera aplicados a todos el mismo rasero que entonces se aplicó al Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

Un servidor presentó un escrito al Congreso de los Diputados denunciando la inmoralidad de ciertas prácticas, entre ellas las de los viajes, y recibió como respuesta un escrito cuya copia se adjunta en el que tan sólo se señalaba que “la Cámara sufraga exclusivamente los viajes previstos en el Artículo 8.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados”. ¿Y qué dice ese artículo 8.2? Pues lo siguiente: Artículo 8.2. (los Diputados) Tendrán igualmente derecho a las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función. A lo que se ve, los viajes de los señores Monago y Muñoz a las islas Canarias eran indispensables para cumplir con sus funciones de senador y diputado respectivamente. Pero, no conviene cargar las tintas sobre estos dos ilustres parlamentarios porque si existiera la más mínima transparencia en las Cortes Generales y pudiéramos conocer la relación de viajes gratis total de sus señorías nos llevaríamos una tremenda sorpresa.

Parece mentira que en estos tiempos en los que se habla de regeneración, de ejemplaridad y de austeridad la página web del Congreso sea un ejemplo de burla a la transparencia. Sus señorías ni siquiera tienen la decencia de “colgar” el presupuesto detallado de la institución lo que, sin duda, constituye una prueba más de los múltiples privilegios en los que vive instalada nuestra clase política. Privilegios que pasan por:

- Sueldos muy por encima de la media. Un diputado cobra como mínimo 2.813,87 euros a los que hay que sumar dietas, ayudas y otra serie de complementos.

- Gastos por alojamiento. Todo diputado de una circunscripción fuera de Madrid recibe 1.823,86 euros en concepto de ayuda para pagar los gastos de hotel o alquiler en la capital y en comidas y los de Madrid 870,56 euros. Eso sí estas cantidades están exentas de tributación en el IRPF. Por cierto, cerca de 70 diputados cobran mensualmente los 1.823,86 euros pese a tener vivienda en propiedad en Madrid y aquí no pasa nada.

- Además de no pagar billetes de avión, tren o barco tienen 250 euros al mes para taxis. Si usan su propio coche se les paga el kilómetro a 0,25 euros previa justificación.

- El Congreso les sufraga además un plan de pensiones. La Cámara ingresa el 10% del sueldo base mensual de un diputado a un fondo de pensiones para que cuando se jubilen reciban un complemento de pensión.

- Los casi 3.000 euros de sueldo base se complementan con otras ayudas: los vicepresidentes del Congreso, portavoces, portavoces adjuntos, presidentes de comisión y otros altos cargos reciben un complemento de como mínimo 1.000 euros mensuales por gastos de representación y el Presidente del Congreso 3.327, 89 euros. También existe un complemento mensual por gastos de libre disposición que cobra el Presidente, el Vicepresidente, los Secretarios y Portavoces, entre otros,  ayuda que oscila entre los 600 y los 2.728 euros.

- Si viajan al extranjero en misión oficial reciben 150 euros por día y 120 euros si el viaje es dentro del territorio nacional.

- Además, sus señorías reciben un ‘kit tecnológico’ que les da derecho a que el Congreso les facilite, un teléfono, un Ipad y el pago de la conexión Adsl de su casa.

- Pueden además sus señorías compatibilizar varios sueldos públicos así como compatibilizar su escaño con algunas actividades privadas. Y todo ello sin control del absentismo laboral.

Todo ello parece indicar que el asunto de los viajecitos de marras puede que tan sólo sea “el chocolate del loro” o la punta del iceberg del coste de la casta. Lo cierto es que nuestros parlamentarios gozan de una situación de privilegio que pagamos todos los ciudadanos a los que nos han sometido a toda clase de recortes sin que ellos hayan sido capaces de hacer un mínimo ejercicio de austeridad y de ejemplaridad. Y visto lo visto, cuando sale a la palestra el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, para decir que los diputados y senadores pueden viajar, a cargo del contribuyente, por todo el territorio nacional y que cuando termina su jornada tienen el viaje pagado "al lugar donde tienen su vida privada ese fin de semana" da la sensación de que se está, sencillamente, burlando de los ciudadanos o tomándonos por tontos.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Ellos se lo guisan, ellos se lo comen y los demás lo pagamos.

Al que madruga Dios le ayuda. Es lo que seguramente han pensado los diputados más despistados, los treinta primeros diputados que en los últimos nueve meses han “perdido” su iPad porque a partir de ahora la Mesa del Congreso ha decidido dejar de reponer las tabletas que pierdan sus señorías ya que en lo que llevamos de legislatura el Departamento de Informática del Congreso ha agotado las reservas que tenía para atender estas incidencias.

La austeridad ha asomado tímidamente su patita en el templo de la Democracia, el Congreso, y a partir de ahora no se van a reponer las tabletas que los sufridos diputados pierdan. Sus Señorías dicen haber perdido 30 de las 350 tabletas que recibieron al principio de legislatura y las 30 han sido repuestas a razón de 700 € por cada una. Se ve que algunos diputados no son muy cuidadosos con los bienes públicos que les confían y que, acabado su mandato, debían devolver y eso que en este caso se trata de bienes para su uso y disfrute personal, eso sí por exigencias patrióticas. Y es que como el sueldo de sus señorías es escasito, según parece, al ser elegidos, los diputados reciben un 'kit tecnológico', a saber, un móvil de última generación, tipo iPhone, línea ADSL en su domicilio para estar conectados a Internet y, desde esta legislatura, una tableta iPad. Hay que ser comprensivos, sus señorías no pueden desempeñar correctamente sus altas funciones sin Internet a costa del contribuyente, la democracia correría peligro si tuvieran que pagarse la línea con sus magros sueldos.

Pero como todo es poco para que sus señorías nos representen como nos merecemos nos gastamos 6.750.000 € al año en los desplazamientos de los diputados, es decir 19.285 € al año por cabeza en billetes de avión, dietas, taxis o aparcamientos pagados en los aeropuertos. Ah y otros 1.714 euros por diputado al año en concepto de kilometrajes. Y para hacer más llevadera su sacrificada labor, los españoles contribuyentes les subvencionamos la comida y la bebida que consumen en la cafetería del congreso con 850.000 € al año, es decir, que pagamos más de 2.400 € por diputado al año para subvencionarles comida, café y copa (se supone que el tabaco corre por cuenta del parlamentario). Para que luego se diga que no somos rumbosos los españoles a pesar de la crisis y del hambre existente en las calles. Y para el año que viene aumentaremos esa subvención en 42.500 €. ¿Para qué aumentar otras partidas sociales? ¿Acaso hay algo más social que subvencionar el sustento de los representantes de todo el pueblo? Claro que siempre hay quien se lo monta mejor porque sus correligionarios de la Asamblea de Madrid tienen el Menú a mitad de precio, a 4,25 €, más barato como bien han señalado muchos que el precio del menú de los escolares.

Pero volviendo a las Cortes Generales y a las nuevas tecnologías hay que subrayar la abnegada y nunca suficientemente reconocida labor del Senado. El Senado, reserva espiritual de la inutilidad institucional, “invierte en democracia” según sus máximos representantes. Eso es, al menos, lo que han manifestado para justificar los 437.000 € del ala que se han gastado en su nueva página web a la que, por cierto, todos los grupos parlamentarios han ensalzado por ser un "instrumento de transparencia e información". Conociendo los precios del mercado parece que esa cantidad es desorbitada, claro, que un servidor se reconoce desconocedor de la rentabilidad de las “inversiones en democracia” como la presente y confía plenamente en que no se encuentre al nivel del “bono basura” que últimamente es el que más se prodiga en las administraciones de nuestra sacrificada clase política.

Todo es poco para nuestros excelsos parlamentarios: kits tecnológicos, menús anticrisis, viajes gratis total, sueldos, dietas (y no la Dunkan precisamente), tributación en hacienda como mileuristas, cotizaciones privilegiadas para sus pensiones, etc. Todo a cargo del contribuyente, todo. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. ¿Sacrificios? Los justos. ¿Austeridad? Para los demás. ¿Ejemplaridad? ¿Ejem… qué? Visto lo visto, la Indecencia política ocupa el grupo parlamentario más grande de la democracia… casi 350 escaños.

Santiago de Munck Loyola

El listón de Dívar para todos.

Los pronósticos se han cumplido de forma inexorable y hoy el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo D. Carlos Dívar ha presentado su dimisión. Fue objeto de una falsa denuncia por malversación por parte de otro miembro del Consejo, D. José Manuel Gómez Benito, gran amigo del ex juez y delincuente D. Baltasar Garzón, denuncia que no prosperó, pese a lo cual no ha dimitido. Resulta paradójico que quien formula una falsa denuncia siga en su puesto y quien es objeto de la misma dimita. Pero hay que tener en cuenta que, al margen de lo anterior, los gastos en los que ha incurrido el Sr. Dívar en sus viajes y que ha cargado al erario público son legales, de acuerdo con las normas internas del propio Consejo, y no constituyen un delito, pero a todas luces cargar al presupuesto público parte de dichos gastos es éticamente reprobable e inaceptable para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ni ética, ni estéticamente resulta admisible que el máximo representante del Poder Judicial haga un uso tan pródigo de los fondos públicos, por lo que su dimisión está más que justificada.

Ahora bien, la dimisión por unos hechos legales, pero socialmente reprobables, supone establecer un listón alto, un nivel de exigencia ética que debe ser extensible a tota la clase política, Este caso no puede ser considerado como un hecho aislado sin repercusiones en todos los ámbitos de la vida pública española. Lo coherente es exigir lo mismo, es decir, la dimisión de cuantos haciendo un uso legal de fondos públicos su conducta suponga un beneficio particular, de cuantos aprovechan los fondos públicos para viajar y hacer turismo político a costa de los contribuyentes. Es muy probable que los viajes del Defensor del Pueblo de Cataluña, el ex comunista D. Rafael Ribó, a más de 50 países, entre ellos Las Bermudas, Colombia o Taiwán, en dos años y acompañado de un importante séquito hayan sido absolutamente legales, pero son ética y moralmente reprobables. Se mire por donde se mire no hay quien se crea que para desarrollar sus funciones como Defensor del Pueblo catalán tenga la necesidad de viajar a 50 países y pasar cerca de 200 días, en dos años, fuera de su despacho de trabajo. El Sr. Ribó debería haber sido el primero en aplicarse a si mismo y a sus 85 colaboradores la austeridad que se impone al resto de los ciudadanos. Por tanto, su dimisión es tan exigible como la del Sr. Dívar salvo que en este caso, por ser de izquierdas y catalán, goce de algún tipo de bula que le exima de esta exigencia ética.

Y no se puede pasar por alto, puestos a subrayar la generosidad con que algunos emplean a favor de si mismos los fondos públicos, el hecho de que nuestros Diputados y Senadores viajan gratis total aún cuando se trate de desplazamientos estrictamente privados. Es una práctica legal porque sus señorías se han dotado a si mismos de las normas que bendicen esta práctica, pero es, hoy más que nunca, un hábito tan reprobable como los anteriores. Como ya se destacó en estas páginas, el Congreso de los Diputados en el año 2011 pagó a Iberia y a Renfe más de 7 millones de euros por los viajes públicos y privados de sus señorías. Todo legal, pero repugnantemente inmoral y más con la que está cayendo.

Un servidor, harto de tanto abuso, quiere saber los nombres de los parlamentarios que cargan a la cuenta del Congreso sus viajes privados así como el importe de los mismos. Es un derecho elemental para conocer el destino de sus impuestos y la catadura moral de sus representantes. Para ello, el autor de este escrito envió una instancia al Congreso de los Diputados que a continuación se reproduce por si algún lector, tentado por la misma curiosidad, desea copiarla y remitirla. Es muy probable que no respondan, pero por intentarlo que no quede.

Santiago de Munck Loyola

INSTANCIA 

________________________, con DNI ----------, con domicilio en la C/ ______________ nº ____, C.P._________ de _________________,

EXPONE

Que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación (  http://www.larazon.es/noticia/8106-los-diputados-gastaron-mas-de-7-millones-en-aviones-y-trenes-en-2011 ) que el Congreso de los Diputados pagó en 2011 a las compañías Iberia y Renfe más de 7.200.000 euros por viajes de sus Señorías, tanto de carácter público como privado;

Que el pago de los viajes privados de los diputados puede que sea una práctica legal si así está establecido en las disposiciones aplicables y en el presupuesto del propio Congreso, pero constituye, de ser cierta la noticia, una práctica inmoral y carente de ética especialmente relevante en las actuales circunstancias económicas y sociales;

Que, en todo caso, si esta información es cierta, el compareciente desea conocer la cuantía exacta abonada a estas empresa o a otras en concepto de viajes privados de sus señorías, así como la cuantía exacta abonada en concepto de viajes privados de cada miembro del Congreso de los Diputados, en la seguridad de que dicha información debe ser pública y transparente y de que su conocimiento no supone ni un peligro para la seguridad del estado, ni una intromisión en la intimidad de sus señorías, por lo que

SOLICITA

Que, habiendo presentado este escrito, se sirva admitirlo y, a su vista, proceda a entregar al solicitante certificación comprensiva de los gastos abonados por el Congreso de los Diputados en concepto de viajes privados de los Diputados y la relación nominal de los Diputados que han cargado los gastos derivados de sus viajes privados con indicación de la cuantía correspondiente.

En ________, a _____ de __________ de 2012.

Fdo.___________________________

A/a Excmo. Sr. D. Jesús María Posada Moreno. Presidente del Congreso de los Diputados.

Con el dinero público, el que no corre vuela.

En estos días estamos presenciando algunas noticias sobre diferentes actitudes de políticos en torno al uso y destino de los fondos públicos. Algunas no son muy edificantes, como la de ese Alcalde que cargaba sus sesiones de “trabajo” en los lupanares a la tarjeta de crédito del Ayuntamiento o la de ese otro Alcalde que se dedicaba a enviar mensajes sms con el móvil del Ayuntamiento a un concurso para intentar ganar en sorteo un Porsche que como vehículo oficial seguro que mola un montón.

Y qué decir sobre todas las noticias que van apareciendo en torno a los magníficos negocios del yerno de Su Majestad el Rey, fraguados y alimentados con los presupuestos públicos. Algunos están empeñados en no reconocer el incuestionable papel del Sr. Urdangarín para reactivar el decaído sector inmobiliario. De los despachos en gasolineras, mejor no hablar de momento.

Y junto a estas noticias hay otras que en un sentido contrario suponen una nueva forma de enfocar el uso de los fondos públicos o, al menos, un intento de ello. Hemos conocido que dos diputados de IU, no todos como señalaban algunos medios de comunicación, los Sres. Cayo Lara y Alberto Garzón han sido los primeros en la historia de la Cámara que han renunciado al fondo de pensiones privado que paga el Congreso a los parlamentarios. Un buen gesto, pero tan sólo un gesto insuficiente respecto a los privilegios de la clase política y en concreto de los parlamentarios. ¿Van a seguir manteniendo sus señorías sus privilegios? ¿Van a seguir cotizando menos años que los demás para cobrar la pensión máxima a la jubilación? ¿Además del sueldo les tenemos que seguir pagando un portátil, un móvil y un iPad? ¿No alcanzan sus sueldos para comprarse los útiles necesarios para hacer su trabajo? ¿Van a seguir cotizando en el IRPF como si fuesen mileuristas? ¿Van a poder seguir cobrando de varias fuentes a la vez o van a aplicarse incompatibilidades rigurosas?

De otra parte, el Presidente de la Generalidad Valenciana, el Sr. Fabra, ha recomendado a los altos cargos que no gasten más de 20 € en la comida diaria. Buen gesto también pero no cabe más remedio que preguntarse ¿por qué los contribuyentes hemos de pagar la comida diaria de los altos cargos? ¿No llegan sus sueldos como para que se paguen de su bolsillo la comida al igual que hacen todos los funcionarios y empleados públicos a los que se ha venido recortando el sueldo? ¿A cuántos altos cargos paga la Generalidad la comida diariamente? ¿A cuánto asciende anualmente la nutrición pública de los altos cargos valencianos?

En otro alarde de supuesta ejemplaridad, el Sr. Arenas acaba de proponer también que se prohíban las tarjetas de crédito con cargo a las Administraciones Públicas. Buen gesto, pero, una vez más, insuficiente. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y es cierto. Con buenas intenciones como éstas no vamos a ningún sitio bueno. La clase política debe, de una vez, encarar y resolver los problemas que generan su mala imagen.

Los contribuyentes tenemos derecho a que los fondos públicos sean tratados con rigor y, sobre todo, con transparencia. Hoy en día la clase política se ha ocupado muy bien y solidariamente de que sea muy difícil conocer con exactitud sus ingresos reales, los privilegios de distinta índole que se vienen otorgando a si mismos, el número de coches oficiales existentes, el número, función y retribuciones de los miles de asesores que pululan por las administraciones públicas o, simplemente,  el número de teléfonos móviles repartidos a diestra y siniestra y pagados por los ciudadanos. Y mientras no se apruebe un Estatuto para los cargos públicos ejemplarizante vamos a seguir así, facilitando toda clase de abusos mientras el nivel de vida del conjunto de la población sigue descendiendo de forma alarmante. Con lo que hay, desde un modesto concejal de pueblo hasta el mismísimo yerno del Rey se sirven de los fondos públicos y, al parecer, no siempre de forma ejemplar.

Santiago de Munck Loyola

El pluriempleo de los políticos: un fraude a los electores.

La organización de todo estado y de las diferentes administraciones que lo componen conlleva la existencia de numerosos cargos públicos. Estos cargos van siendo ocupados por personas designadas por los partidos políticos en función de los resultados electorales. Cada puesto público de carácter electivo tiene asignadas de forma reglada una serie de funciones y competencias a desarrollar durante el mandato conferido por los ciudadanos. Por regla general, la inmensa mayoría de estos puestos tiene asignada una retribución para quien los desempeñe. Cuando elegimos a un alcalde, a un diputado regional o a un congresista o senador lo hacemos para que se dedique a ese cargo y, considerando las retribuciones generalmente asignadas, para que lo haga con plena dedicación. Sin embargo, las cúpulas de los partidos políticos españoles, a pesar de determinadas limitaciones estatutarias, no solamente consienten y toleran que muchos de sus cargos públicos simultaneen dichos cargos con actividades privadas, sino que además promueven que muchos puestos públicos electivos no estén siendo desempeñados con diligencia y dedicación al imponer que determinadas personas ocupen dos o más cargos públicos a la vez. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) es taxativa. En su artículo 157.2 establece que “el mandato de diputados y senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”. El espíritu de la norma es evidente. No se trata sólo de que no se pueda percibir más de un ingreso público (que se percibe usando variadas artimañas legales), sino de que los diputados y senadores se dediquen a aquello para lo que han resultado elegidos.

El sentido común señala que un diputado nacional debe dedicarse a su labor parlamentaria con exclusividad para poder ejercer sus funciones legislativas y poder representar a los ciudadanos de su provincia con eficacia y dignidad. Y lo mismo puede decirse de cualquier diputado regional o de cualquier alcalde. Sus puestos tienen asignadas retribuciones pensadas para una dedicación absoluta a las tareas encomendadas. Pero no parece que sea el sentido común lo que impera en las cúpulas de los partidos a la hora de fijar los criterios por los que se elaboran las diferentes candidaturas, ni tan siquiera parece imperar la búsqueda de la profesionalidad o de la excelencia. Lo que prima, sin ningún género de dudas, es el amiguismo, el tráfico de amistades y, sobre todo, la docilidad permanente. Por ello, no es raro ver cómo determinadas personas son alcaldes y diputados o senadores a la vez, cómo ocupan de forma simultánea varios cargos públicos, cada uno de los cuales requeriría una dedicación absoluta, como si en sus organizaciones no hubiese más gente capacitada para ello.

A la tendencia de la cúpula de los partidos a rodearse de peones dóciles se corresponde la existencia de “políticos orquesta”, personas ávidas de tocar muchos instrumentos a la vez, incapaces de especializarse en ninguno y con una gaseosa propensión a ocupar cualquier espacio libre a la menor indicación de arriba.

Examinemos un caso concreto de Alicante que no es, ni mucho menos, excepcional. D. ª María Adelaida Pedrosa Roldán, sin estudios superiores, ocupa los siguientes cargos públicos:

-          Diputada en el Congreso por la Provincia de Alicante.

-          Vicepresidenta Segunda de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.

-          Alcaldesa del Ayuntamiento de Elda.

-          Vicepresidenta de la Mancomunidad intermunicipal del Valle del Vinalopó.

-          Presidenta de la “Fundación Museo del Calzado”.

-          Presidenta de la Empresa Pública IDELSA.

-          Presidenta de la Empresa Pública EMUDESA.

-          Presidenta de la Empresa Pública EMIDESA.

-          Diputada Provincial de Alicante.

-          Vicepresidenta Primera de la Diputación de Alicante.

-      Diputada Responsable del Área de Recursos Humanos de la Diputación de Alicante.

Y, además, participante en tertulias y programas en medios públicos y privados de televisión o radiodifusión según el registro de intereses del Congreso.

Nadie, con el más mínimo sentido común y sin faltar a la verdad, puede afirmar que estos puestos públicos están siendo desempeñados con dedicación absoluta. Es materialmente imposible. ¿No se merecen los alicantinos que sus representantes en el Congreso los representen con eficacia? ¿No se merecen los vecinos de Elda que su alcaldesa tenga una dedicación absoluta para su ciudad? No nos engañemos, no estamos ante la presencia de una”super woman political” capaz de cumplir con todas las obligaciones de tan larga lista de cargos. Es un ejemplo más de “político orquesta”, de acaparamiento avaricioso de cargos promovido y consentido por los dirigentes del Partido Popular.

Casos como éste constituyen un grave fraude a la ciudadanía y una demostración de que los discursos sobre regeneración democrática, en muchos casos, no se traducen en hechos concretos, simples y ejemplificadores de lo que debería ser una sana dedicación a la res publica, a servir a los ciudadanos. Los hombres orquesta suelen terminar desafinando y los glotones reventando.

Santiago de Munck Loyola

Una indecencia más de nuestros parlamentarios.

En un país como el nuestro en el que cada vez hay más ciudadanos atravesando situaciones verdaderamente dramáticas por culpa de esta larga crisis tan mal gestionada por el incompetente Presidente del Gobierno y en el que los índices de aprobación a la labor de la clase política son cada vez más bajos, nuestros políticos siguen haciendo gala de una falta de sensibilidad y de ética que raya en lo indecente. Bueno, más bien es simple y llanamente indecente la actitud de la clase política.

A la larga lista de indecencias, en concreto de nuestros parlamentarios, nuestros representantes, hay ahora que sumar una más. Indecente es que nuestros parlamentarios no tengan que cotizar los mismos años que los contribuyentes para cobrar una pensión máxima. Indecente es que nuestros diputados y senadores no tengan que pagar el IRPF en las mismas condiciones que los ciudadanos a los que representan gracias a una serie de excepciones fiscales hechas a medida. Indecente es que nuestros parlamentarios puedan percibir más de un ingreso de las administraciones públicas a diferencia de sus representados. Indecente es que nuestros parlamentarios y políticos en general gocen, además de sus sustanciosas retribuciones, de coches oficiales, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, descuentos en los trasportes, etc. mientras a los pensionistas se les congelan sus míseras pensiones. Indecente es, en suma, que a los privilegios propios del parlamentarismo, como es la inmunidad,  añadan sin control alguno cuantas prebendas les vengan en gana mientras la mayoría de la población ve cómo los niveles de bienestar y su calidad de vida merman por culpa precisamente de una clase política cuyos errores no son jurídicamente sancionables.

No hace mucho, el Sr. Bono, con su “tuneado” capilar, realizaba unas de sus manifestaciones en “laj que ej ejpecilijta” y nos aleccionaba a los ciudadanos sobre lo transparentes que iban a ser sus señorías en cuanto a sus bienes y posesiones. Ahora, según señala hoy el País (http://politica.elpais.com/politica/2011/07/22/actualidad/1311365339_956889.html) sus señorías han decidido que al realizar sus declaraciones de bienes no tienen que hacer constar su valor y “han optado por una descripción de los pisos y fincas de los diputados y senadores al considerar que su valor catastral puede no ser muy significativo respecto al precio real de mercado que podría tener la vivienda” y en el caso de los coches particulares, tampoco figurará su valor de compra. O sea que para sus señorías el valor catastral de un bien inmueble no es significativo. Lo es para que los ciudadanos paguemos el IBI, pero no para que sus señorías hagan un ejercicio de transparencia. Si sus señorías tienen tan claro que el valor catastral no vale ¿por qué entonces no legislan al respecto? ¿Ignoran acaso que el valor catastral se usa en el IRPF, en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en otros tributos? No, seguramente no lo ignoran, pero cualquier excusa es buena para mantener un privilegio más, para seguir practicando la indecencia política como norma de salvaguarda de sus privilegios.

Éste no es camino a seguir para que los ciudadanos podamos recuperar la confianza en la clase política. Se equivocan y montañas más altas han caído. Están abriendo, posiblemente sin quererlo, el paso a nuevas opciones políticas que desde el radicalismo y el populismo podrían mandarlos a casa con el voto de los ciudadanos. Mal camino llevan.

Santiago de Munck Loyola

El Sr. Valeriano Gómez y sus impuestos especiales.

El verano es una época del año especialmente favorable para la aparición de noticias un tanto especiales. Muchos medios de comunicación aprovechan la sequía informativa para desempolvar viejas historias o para subrayar determinados eventos que en otro momento habrían pasado desapercibidos. En otros casos, son determinados políticos los que aprovechan el hueco para lograr cierta notoriedad lanzando propuestas, globos sondas o realizando intervenciones que carecen de calado y de rigor.

Parece un poco pronto para ello considerando las fechas en las que estamos, pero lo cierto es que la propuesta lanzada ayer por el ministro de trabajo Valeriano Gómez de crear un impuesto especial para directivos de banca parece encajar en las noticias propias del verano.

Cualquiera habría pensado que D. Valeriano, experto en liquidaciones y desguaces, encajaba perfectamente en el esquema zapateril sobre empleo y que su paso por el Ministerio de Trabajo aportaría un mínimo de rigor y seriedad, pero parece que no es así. Será cosa del calor o del color político del Ministro, no se sabe, pero su propuesta veraniega es un disparate, una tomadura de pelo y, quizás, un guiño a los ex-acampados del 15-M.

Puestos a poner impuestos especiales quebrando toda clase de principios jurídicos y de garantías legales de los contribuyentes ¿por qué no poner un impuesto especial a quienes perciben una pensión mensual de 24.000 € tras sacudir los bolsillos de los ciudadanos con el canon y la Ley Sinde? ¿Por qué no un impuesto especial a los agentes de bolsa, a los directivos de empresas constructoras, a los fabricantes de armas, a los directivos de RTVE, o simplemente a los notarios? ¿Qué criterio hay que usar para crear un impuesto especial? ¿No sirve ya el IRPF en el que los parlamentarios gozan de excelentes privilegios? ¿No sería mejor, más eficaz y más justo suprimir las SICAV?

La peregrina y ministerial idea es una tomadura de pelo, un engañabobos y una hipocresía. El mismo Gobierno que permite que los directivos de las Cajas de Ahorro perciban en estos tiempos de crisis escandalosas retribuciones como las del Sr. Rato (10,5 millones de euros anuales) propone ahora un impuesto especial para directivos. Lo cierto es que el Sr. Rato cuya preparación y solvencia política están fuera de duda se convierte en directivo de Caja Madrid y de Bankia merced no a su carrera profesional dentro de la entidad financiera, sino a su trayectoria política. Y no es el suyo el único caso de políticos en la cumbre del poder financiero. A la peculiaridad de sus méritos se une el hecho de que se trata de entidades con carácter público y nutridas de ayudas y fondos públicos, provenientes de los impuestos de los españoles. De ahí que esas millonarias retribuciones sean más que cuestionables y de ahí la necesidad de que el Gobierno, en lugar de andar lanzando propuestas pintorescas, legisle lo necesario para impedir que los directivos de entidades sostenidas con fondos públicos, sean bancos, cajas o entidades como la SGAE, perciban retribuciones propias del ámbito privado. No tiene lógica que la Ministra de Economía y Hacienda gane 30 ó 50 veces menos que los directivos de las entidades a las que debe sostener y regular. El dinero público, lo gestione la administración o un banco, sigue siendo de los contribuyentes y debe ser tratado con el mismo rigor en cualquier caso. Impidan que con dinero público se cometan estos abusos y sobrarán impuestos especiales, aunque con ello pierdan la ocasión de entretener al personal con majaderías.

El Sr. Valeriano Gómez no tiene precio como liquidador. Ha terminado por hacer desaparecer cualquier atisbo de rigor intelectual y de seriedad en su ministerio.

Santiago de Munck loyola

Bono insuficiente, Aguirre incoherente.

Hoy han hecho declaraciones dos importantes dirigentes políticos, José Bono Y esperanza Aguirre, que muchos medios informativos las han relacionado como respuestas a algunas de las demandas del movimiento 15-M.

Bono ha puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar mayor transparencia en cuanto a los ingresos y bienes de los cargos públicos, apuntando la conveniencia de publicar has el patrimonio de los mismos, de suprimir los complementos de las pensiones de los parlamentarios y de una mayor observancia de la ley de incompatibilidades. Se ha quedado muy corto el Sr. Bono. Estas propuestas son claramente insuficientes respecto a la demanda, no ya del movimiento 15-M, sino de una inmensa mayoría de los ciudadanos que considera a la clase política como uno de los mayores problemas de nuestro país. Si de verdad la clase política quiere recuperar el aprecio de los ciudadanos y mejorar su valoración, lo que debe hacer es acabar con todos los privilegios que a lo largo de los años ha ido sumando a su favor: sus señorías deberían someterse al régimen general de pensiones, como todo el mundo, tributar a hacienda como cualquier ciudadano, sin los enormes privilegios de los que goza. La clase política debería hacer realidad las incompatibilidades y no sólo en cuanto a la prohibición absoluta de percibir ingresos públicos de más de una fuente, cosa que no se hace, sino también en cuanto a la ocupación de más de un cargo institucional. Ya está bien de alcaldes que son a la vez diputados o senadores: un político, una sola función y un solo sueldo. Y al que no le convenga que vuelva al sector privado. Y no hace falta que vayan publicando elk patrimonio de los cargos públicos, con que esa información sea accesible y con que se cree una Unidad Inspectora específica en Hacienda sería suficiente. Lo que es evidente es que hoy más que nunca es necesario un Estatuto de los Cargos Públicos que regule todas estas cuestiones.

Por su parte, Esperanza Aguirre ha lanzado la idea de reformar la Ley electoral madrileña para implantar el sistema de listas abiertas que permita una mayor capacidad de decisión de los electores. Sin embargo, esta propuesta queda hueca si los partidos políticos no hacen realidad el mandato constitucional del funcionamiento interno democrático. ¿De qué sirve al elector poder tachar  nombres de una lista que responde a decisiones de designación antidemocrática y no es fruto de un proceso de participación interna? El elector podrá tachar algún nombre de la lista, pero todos los componentes de la misma responderán al mismo perfil, al de quien los ha designado. No resulta por tanto coherente mantener un discurso político presuntamente liberal y simultáneamente practicar o consentir el autoritarismo dentro de su propio partido político. El reciente proceso electoral ha puesto de manifiesto que en muchos municipios los afiliados del partido Popular han tenido poco o nada que ver con la designación de los candidatos. Desde la regional madrileña se han vulnerado, en no pocas ocasiones, los Estatutos del Partido, como en Rivas-Vaciamadrid, para imponer candidatos ajenos a la organización local con el resultado final de que, en este caso, de 7 concejales elegidos tan sólo dos viven en el municipio y están vinculados con la organización local. ¿Es esto democracia interna? No puede haber nada peor para la regeneración democrática que el uso de las instituciones representativas para colocar amiguetes o agradecer favores. Y lo mismo ha ocurrido en muchos otros puntos de España donde las cúpulas regionales o provinciales han ignorado a las bases del partido. Por tanto, la mejora de la calidad de nuestra democracia solo puede pasar por la mejora de la democracia interna de los partidos políticos. Todo lo que no sea así son brindis al sol destinados más bien a lavar la cara que a sanear, de verdad, nuestro sistema democrático.

Santiago de Munck Loyola.

EL ASQUEROSO PLUMERO DEL SR. DURAN I LLEIDA.

Me quedé de piedra al escuchar al Sr. Durán i Lleida en el telediario opinando a propósito de los privilegios de los parlamentarios en materia de pensiones: "Hay que defender la dignidad; si ustedes quieren que aquí venga, simplemente, gente que no tenga ni un... nada de propiedad y ustedes, no usted como periodista, sino como sociedad en general, pretenden que esta cámara sea al final una cámara de funcionarios y de gente pobre, vamos por el peor de los caminos". ¡Toma ya! Más tarde empezó a matizar estas tremendas palabras: señaló que debería haber utilizado la expresión de gente "con pocos recursos" y que "se trata de saber si queremos tener buenos políticos porque, de no ser así, a la política solo acudirían personas por razones económicas o porque saben que hacerlo no les comportará la pérdida del puesto de trabajo y el riesgo de volver a empezar cuando acaban esta actividad".

O sea que para el Sr. Durán i Lleida los parlamentarios deben ser ricos, gente con tantos recursos que una vez terminada su etapa política no tengan problemas para reincorporarse a sus ocupaciones habituales. Ni funcionarios, ni pobres. ¡Faltaría más!

Si es así, si lo mejor es que los parlamentarios sean ricos ¿para qué necesitan entonces tantos privilegios? ¿Para ser más ricos aún? ¿Por qué necesitan montarse un sistema de pensiones exclusivo a costa del bolsillo de los contribuyentes? ¿Por qué gozan de un sistema fiscal privilegiado que les permite tributar como mileuristas? ¿Por qué su teléfono o su ordenador personal se lo pagamos todos los ciudadanos?

El Sr. Durán se pegunta si de lo que se trata es de tener buenos políticos y la respuesta es obvia: pues claro. Y para ello no hacen falta privilegios, para tener buenos políticos, buenos parlamentarios no hace falta una buena cuenta corriente. Hace falta más honestidad, menos privilegios, más trasparencia y, sobre todo, una mayor identificación de los representantes con los representados.

Nadie se opone a que los señores parlamentarios gocen de unas retribuciones dignas, pero de ahí a abusar de su posición para legislar en provecho propio, como vienen haciendo desde hace décadas, hay un abismo. Y los privilegios de sus señorías existen. La constitución española en su artículo 71 sólo establece dos privilegios, dos garantías, para el correcto ejercicio de las funciones parlamentarias: la inmunidad y la inviolabilidad. Todos los demás privilegios de los que gozan sus señorías se los han concedido ellas mismas y no son, ni mucho menos, necesarios para el desempeño de sus tareas. Y frente a estos privilegios se alza, con preferencia, el principio constitucional de igualdad ante la Ley y eso, Sr. Durán i Lleida, incluye la Ley General Tributaria o la legislación sobre pensiones.

Claro que los ciudadanos queremos tener buenos políticos y ser funcionario o pobre no es un obstáculo para ello, diga lo que diga este lenguaraz nacionalista catalán. Al revés, el hecho de que en las Cortes se puedan sentar ciudadanos normales y corrientes que tengan presente, por ejemplo, lo que supone llegar a fin de mes sería seguramente mucho más saludable e higiénico desde un punto de vista democrático que mantener a toda una casta política absolutamente corporativista y endogámica. Tanto que se viene negando de forma sistemática a reformar una legislación electoral que permite a los partidos perpetuar en los escaños a miembros de esa misma casta, de modo que se impida una mayor vinculación entre los electores y sus representantes y, por tanto, la existencia de responsabilidad electoral con los ciudadanos.

Al Portavoz nacionalista se le ha visto el plumero y es francamente asqueroso, pero no ha hecho más que expresar en voz alta lo que con más prudencia piensan muchos de sus compañeros de escaño, sean del partido que sean.

Santiago de Munck Loyola