La crisis energética no es compatible con los privilegios de la clase política.

Si hay algo que parece evidente es que la percepción que tenemos de la realidad es la que deciden los grandes medios de comunicación. Da la sensación de que existe un consenso o acuerdo oculto para bombardearnos de forma inmisericorde con algunas noticias escrupulosamente seleccionadas que centran nuestra atención y que lo hacen con tal rapidez que dejan poco espacio para hacer un análisis crítico sobre lo que nos cuentan y sobre todo sobre lo que no nos cuentan. Jerarquizan así su importancia y conducen nuestra atención hacia ideas y sentimientos que, quizás, no son tan relevantes, ni tan incontestables.

 

En pocos meses hemos pasado de la pandemia del Covid y sus variantes, y aunque sigue habiendo cientos de muertos diarios no se habla casi de ellos, a la fallida alarma por la viruela del mono, de la invasión rusa a Ucrania que abría los informativos y que ahora ya no es tan relevante a las amenazas de la China comunista a la China nacionalista, Taiwan, de la crisis energética al supuesto calentamiento global culpable ya no solo de los incendios, a pesar de que la inmensa mayoría se debe a acciones criminales de desalmados, sino también del aumento de cucarachas y roedores en algunos municipios. Nos bombardean durante meses con los crímenes de la Manada, pero nos ocultan casos gravísimos en los que los autores son extranjeros. Pasan de puntilla sobre la sentencia de los ERES, o sobre los cargos del gobierno imputados por la compra de mascarillas mientras que nos han saturado con el contrato de las mascarillas del hermano de la Presidenta Ayuso que finalmente no tenía nada de ilegal. Ya no hablamos de la traición presidencial a los saharauis a pesar de las gravísimas consecuencias que ha traído, pero afortunadamente tenemos la conspiración de los pinchazos para estar entretenidos. Hemos pasado de las “serpientes de verano” al culebrón del mes.  En definitiva, una vorágine informativa muy bien preseleccionada y diría que también planificada que es preciso coger con pinzas y observarla con un profundo sentido crítico. Porque lo que es una irresponsabilidad absoluta es seguir el consejo de los dirigentes sindicales como Pepe Álvarez de UGT que espetó a principios de julio “vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro” y que pidió a los trabajadores que “mandasen a hacer puñetas” a quienes vaticinan gravísimos problemas para el futuro inmediato.

 

Dos noticias ha fabricado recientemente la Moncloa que han dado mucho juego. La primera, la visita de Pedro Sánchez a las zonas incendiadas en Extremadura para declarar con su hueca solemnidad que “el cambio climático mata”. Por cierto, parece que se va extendiendo la idea de cambio climático y se está dejando a un lado la expresión calentamiento global. Pues bien, si hablamos de lo primero lo cierto es que siembre ha habido ”cambios climáticos” porque si una cualidad tiene el clima es la de ser cambiante. Y es probable que estemos en un período de transición, de cambio en el que las acciones u omisiones de la humanidad tengan poco que hacer para impedirlo o retrasarlo. 

Hace 700 años existió el óptimo climático medieval y el clima de entonces permitía que en Gran Bretaña florecieran los olivos y las viñas. Es posible que cuando uno está ante estos trágicos incendios, algunos de los cuales se han llevado vidas humanas por delante, se esté ante las consecuencias derivadas de una mala gestión de los montes que no se sanean como antes y que no se benefician del pastoreo tradicional, es posible que se esté ante una insuficiente dotación de medios humanos y materiales para prevenir y extinguir los incendios forestales porque ahora hay quien prefiere invertir el dinero público en otras cosas más rentables electoralmente, es posible que estemos ante unas legislaciones inadecuadas que dificultan una explotación realmente sostenible de los recursos naturales y es seguro que estamos, sobre todo, ante enfermos mentales que disfrutan placenteramente provocando y viendo arder los bosques y de irresponsables que no respetan las normas de prevención contra el fuego porque no podemos ignorar que hasta un 80 % de estos incendios han sido provocados por la mano de hombre, bien intencionadamente, bien por negligencia. Es posible que el cambio climático mate, pero en lo que respecta a los incendios lo que mata es la mano del hombre y la irresponsabilidad de algunos políticos.

 

Y la segunda noticia, por llamarla de alguna manera, fabricada por la Moncloa ha sido el comentario sobre las corbatas del Presidente Sánchez como medida para fomentar el ahorro energético. Lo cierto es que semejante estupidez ha dado mucho juego en toda España. No es posible que un Presidente del Gobierno pueda proponer algo así en serio ¿o sí? Da la sensación de que se ha tratado de una “boutade”, de una ocurrencia para tener entretenido al personal por unos días. En cualquiera de los casos es una auténtica frivolidad cuando estamos ante una crisis energética de consecuencias aún incalculables. Y no se puede obviar que a la crisis europea derivada de la guerra de Ucrania se añade en nuestro caso las consecuencias de romper uno de los pilares de la política exterior española como lo era nuestro apoyo a la soberanía de los saharauis con la consecuencia inmediata de enemistarnos con Argelia, nuestro principal proveedor de gas. Así no se contribuye a paliar una crisis energética sino todo lo contrario. Que hay que ahorrar energía lo asumimos todos los ciudadanos porque, entre otras cosas, cada día es más difícil poder pagarla. Pero aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y el gobierno las suyas. Cuando uno hace sus deberes está legitimado para exigir a los demás que hagan los suyos. Es lo que se conoce como legitimidad de ejercicio. Pero esta legitimidad se desgasta y se pierde cuando no hay ejemplaridad. 

Un Presidente del Gobierno que para ir a Extremadura a decir que el “cambio climático mata” tiene que usar un helicóptero Puma para ir allí, enviar al mismo tiempo el Falcon y el  Audi A8 vacíos, para que con el segundo le traslade al lugar del siniestro y le lleve de vuelta al aeropuerto donde el Falcon le trae de vuelta a Madrid donde le volverá a recoger el Puma, que junto con el Audi A8 ha vuelto vacío, para llevarle a la Moncloa, no es un Presidente ejemplar, no es un Presidente austero, no es un ejemplo de ahorro y no es creíble. Como no lo son Irene Montero que usa el Falcon para ir a Estados Unidos a enseñar feminismo a las norteamericanas o Yolanda Díaz que lo usa para ir a Roma a hacerse la foto con Bergoglio. Aquí y ahora los primeros que tienen que ponerse a ahorrar son el Gobierno y todas las administraciones públicas que los demás ya lo hacemos por pura supervivencia. Y el que quiera derrochar en lujos que lo pague de su bolsillo.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

 

 

Gobierno y oposición tiran con pólvora del rey.

Tras asistir la semana pasada a uno de los espectáculos parlamentarios más bochornosos de los últimos tiempos, la no convalidación en el pleno del Congreso del real decreto ley que regula la liberalización de los estibadores  que había aprobado el consejo de ministros del 24 de febrero, hoy se han reanudado las conversaciones en la mesa de negociación entre sindicatos, patronal y Gobierno.

Y sí, lo de la semana pasada fue un espectáculo bochornoso por parte de todos los partidos. De una parte un Gobierno débil que lleva a convalidar al Congreso un decreto con dos años de retraso. Un decreto que debía y podía haber aprobado cuando gozaba de mayoría absoluta para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 y que obligaba a España a liberalizar el sector portuario para acabar con una legislación que impide que las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus trabajadores, permitiendo, además, la entrada de estibadores de la Unión Europea en el mercado español.

De otra parte, una oposición que rechaza la convalidación de un decreto sin más objetivo que dar una patada al gobierno, pero en el trasero de todos los españoles. Lo que hicieron las llamadas fuerzas de progreso o del cambio fue, ni más ni menos, que apoyar a un monopolio laboral, a una casta privilegiada y bastante machista, por cierto, que se empeña en mantener unos privilegios económicos y sociales impensables para el resto de los trabajadores españoles. El rechazo al decreto supuso apostar por la continuidad de un sistema de contratación cerrado a la libertad de contratación y de circulación de trabajadores de la UE, así como apoyar la consiguiente falta de competitividad de nuestros puertos cuyos costes de carga y descarga son los más elevados de Europa. Y todo ello a costa del bolsillo del contribuyente. Y para guinda del pastel, la abstención de Ciudadanos que a pesar de haber comprometido con anterioridad su apoyo a la convalidación del decreto finalmente optó por no mojarse para evitar salpicarse en una derrota parlamentaria y, todo ello, a pesar de que seguramente este partido no comulga con actual sistema portuario.

Pero si bochornoso fue el espectáculo parlamentario con esa demostración plenaria de falta de patriotismo y de absoluto desprecio por el interés general, menos edificante es comprobar la ligereza con la que nuestros políticos manejan el dinero de todos los contribuyentes. A unos les importa muy poco que España deba pagar 134.000 euros diarios de multa por no liberalizar el sector de los estibadores portuarios y a otros parece que les importa también muy poco el agravio comparativo y el desprecio al contribuyente que conlleva realizar ofertas increíbles a la casta de los estibadores con tal de que no hagan huelga y paralicen los puertos españoles. Todos disparan con pólvora del rey. Y los demás a pagar.

Es moralmente inaceptable que el Gobierno, y con él la oposición, negocie y ofrezca a este colectivo auténticos privilegios absolutamente inalcanzables para el resto de los ciudadanos españoles:  Un plan de prejubilaciones voluntarias al para los trabajadores que tengan al menos 50 años de edad, que se retirarán con el 70% del sueldo medio que hayan percibido por todos los conceptos de retribución en los seis meses anteriores a su baja (hay que recordar que el sueldo medio en este colectivo supera los 65.000 euros anuales) o la garantía de mantenimiento del empleo del colectivo de 6.150 estibadores.

Que los estibadores luchen por el mantenimiento de su privilegiada situación es comprensible y lógico. Pero no lo es que nuestra clase política ofrezca mantener, en contra de la legislación europea, una situación de privilegio que no está al alcance del resto de los ciudadanos y que cargue su coste precisamente sobre ellos. Gobierno y oposición merecen un rotundo suspenso por su actuación irresponsable en la gestión de este conflicto.

Santiago de Munck Loyola

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Clase, casta y regeneración política.

Mucho se está usando y escribiendo sobre el concepto de “Casta política” desde que la gente de “Podemos” lo sacase del armario en la extensa y servil red de medios de comunicación que se ha puesto a su servicio. No hay que olvidar que dichos medios tienen propietarios y que, como en todas partes, hay empresarios dispuestos a todo con tal de obtener beneficios, incluso a suicidarse. Y tan de modo está el concepto que sin ir muy lejos, el Secretario General del PSPV, que acumula cuatro cargos entre los que paradójicamente se encuentra el de flamante Secretario del PSOE para la Regeneración Democrática, el Sr. Ximo Puig, ha descalificado recientemente el discurso de esa formación y el uso que hace de la idea de “casta política” calificándolo de viejo y atribuyendo su paternidad intelectual al italiano Gaetano Mosca, añadiendo de paso que "Gaetano Mosca por otra parte fue uno de los intelectuales a los que Mussolini en su momento acudió con frecuencia". Se trata, sin duda, de un fallido intento de vincular ideológicamente a Podemos y a cuantos usan el concepto de casta política con el fascismo. Ni que decir tiene que los “ramalazos” autoritarios y totalitarios de Podemos son más que evidentes, pero hay que tener más rigor a la hora de encuadrar las ideologías. ETA, por ejemplo, no es una banda fascista por mucho que algunos se empeñen, porque ideológicamente está y siempre ha estado en el espectro de las ideologías totalitarias de la izquierda que las hay y muchas.

La casta política es una idea vieja que desde el siglo XIX ha salido a la luz cada vez que en una sociedad política se entraba en una fase de profunda degeneración del sistema y en España se ha venido usando con profusión desde entonces de forma cíclica.

Políticos, clase política, casta política e incluso castuza son expresiones frecuentes en estos tiempos que sobrevuelan los debates políticos, que se emplean como armas arrojadizas y que, en definitiva, se han hecho presentes con fuerza en medio de un amplio rechazo ciudadano hacia todo lo que tenga que ver con la política, como respuesta al grave daño social que la crisis económica ha generado en muchos españoles. La imprevisión de los políticos ante la crisis y la propia gestión de la misma han provocado una profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema político que ha entrado también en crisis.

Cada cual usa esos conceptos a su conveniencia e interés, pero no está de más recordar que las generalizaciones no son buenas y que cada uno de esos términos (políticos, clase política, casta política o castuza) es diferente y deberían ser usados con mucho más seriedad de lo que se viene haciendo. Hay quien como Felipe González se ufana de pertenecer a esa “casta política” que protagonizó la transición y quizás debería haber usado mejor el término de “clase política” al referirse al conjunto de políticos protagonistas de aquella época histórica pues, aunque él pertenezca a la “casta política”, no toda aquella clase política terminó transformándose en una casta.

Hace pocos días, ante la celebración de elecciones internas el próximo 20 de septiembre, un miembro de VOX escribió lo siguiente: “El futuro de este partido pasa sin ninguna duda por Santi Abascal. No es casta, tiene la cabeza bien amueblada, ideas claras, sabe expresarlas en el lenguaje que entiende la gente, se sabe rodear bien…”. Nótese la promoción a la defensiva: no es casta. Es evidente que para el defensor de Santiago Abascal como futuro líder de VOX éste no es casta. Sería interesante conocer su idea sobre su concepto de casta, pero a priori parece que dista mucho de la idea que tiene la mayor parte de la gente. Santiago Abascal, actual Secretario General de VOX, tiene 38 años. En 1999, con 23 años  ocupó su primer cargo público como concejal del PP en Llodio (Álava) y desde entonces ha ido saltando de cargo en cargo sin bajarse prácticamente de los presupuestos públicos hasta finales de 2013.

Nadie discute el valor, el sacrificio y el patriotismo de un joven de 23 años para en 1999 atreverse a ser concejal en el País Vasco, ni el suyo ni el de otros tantos miles de personas que allí y en otras partes de España se han jugado la vida por unos nobles ideales, sin que hayan tenido las mismas oportunidades de promoción y protección política gozando de iguales o mayores capacidades que él. Y tampoco se pone en tela de juicio su capacidad o no de liderazgo. Pero los hechos son tozudos por evidentes. Alguien que nunca ha sabido o querido ganarse la vida fuera del paraguas que proporciona un partido político es, se quiera o no, para bien o para mal, miembro de la llamada casta política. Como lo era el anterior Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que salvo un breve paréntesis de tres años como ayudante de cátedra universitaria, desde 1986 se dedicó plenamente a la política, es decir, se desarrolló personal y profesionalmente bajo el paraguas protector de un partido político a diferencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y como ellos muchos otros que resulta ocioso citar ahora. No se trata de juzgar aquí como buena o mala esa circunstancia, sino de subrayar lo que es evidente y de enlazarlo con la coherencia o no de enarbolar un discurso regenerador de la política como el que proclama VOX.

Hablamos de clase política porque muchos políticos han construido un sistema que les privilegia frente a los auténticos soberanos de la democracia, los ciudadanos. La clase política goza de privilegios que todos conocemos: fiscales, retributivos, judiciales, en materia de pensiones, etc. Y dentro de la clase política existe, además, la casta política que a los anteriores privilegios suma unos rasgos específicos como pueden ser la cooptación en el origen de sus cargos, la ausencia de experiencia y de actividades profesionales previas a su dedicación política, su dependencia y protección, en su caso, de las redes partidistas, su profesionalización en la subsistencia política (es distinto un profesional político, un político profesional y un profesional de la política) y en no pocos casos la ausencia de la formación específica que la política y la gestión de las administraciones públicas debería requerir. La regeneración es ya una exigencia social y su desarrollo requiere ideas nuevas y audaces, coherencia política y, sobre todo, políticos que sean conscientes de que su valor y credibilidad política depende de su trayectoria vital y del valor de su palabra que es la que habrán de comprometer para firmar un contrato para el cambio con el ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

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La clase política, la tercera preocupación de los españoles.

Durante las últimas semanas, la corrupción se ha situado en el primer plano de la agenda política y en titular permanente de los diferentes medios de comunicación. Este protagonismo, sin duda merecido, contrasta mucho con las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos según la última encuesta del CIS: el paro en primer lugar, la situación económica en segundo y la clase política en tercer lugar. A mucha distancia se sitúa la corrupción como principal preocupación para un 5 % de los ciudadanos. Es comprensible y saludable que los medios de comunicación conviertan a los diferentes casos de corrupción en titulares de sus portadas, pero no lo es tanto que los principales dirigentes de los partidos políticos, salvo excepciones, sigan el mismo camino. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de los partidos políticos, sino que existe en muy diferentes ámbitos de la actividad económica y social. La corrupción es, además, un problema que forma parte inseparable de la tercera preocupación de los españoles: el comportamiento de la clase política. El desapego y el hartazgo de muchos ciudadanos de la política y de los políticos no se debe únicamente por los casos de corrupción existentes, sino por actitudes y comportamientos de una parte de la clase política. Hay un desprestigio generalizado de la política y, por ello, la actuación de la clase política se ha convertido en la tercera preocupación de los españoles.

Proponer a estas alturas medidas concretas para luchar contra la corrupción no solamente es insuficiente, sino que, además, demuestra cierta ceguera o falta de perspectiva a la hora de abordar el problema de fondo. Es aplicar un tratamiento a sólo una parte del problema que es mucho mayor según percibe una buena parte de la población. El catálogo de medidas que recientemente ha propuesto el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, son, además de oportunistas, poco sinceras y bastante ineficaces porque no entran en el fondo del problema. Estamos viendo casos de corrupción imputables a la codicia de determinadas personas y casos de corrupción que responden a la necesidad de aplacar las insaciables maquinarias de los partidos políticos. Para los primeros, el mejor antídoto es la modificación de la Ley que rige las contrataciones de las administraciones públicas acabando con los criterios subjetivos de adjudicación existentes que permiten el uso de la discrecionalidad de políticos o técnicos. Para los segundos, además de lo anterior, es preciso reformar profundamente la ley de financiación de los partidos políticos para establecer una clara y pública contabilidad de los mismos, para acabar con las donaciones anónima y que todos podamos saber quién financia a quién y para eliminar cualquier subvención para los mismos. Los partidos deberían ser capaces de funcionar con las cuotas de sus afiliados y con las donaciones públicas recibidas y consecuentemente ajustar sus maquinarias y sus gastos a su propia capacidad de financiación. A lo mejor así, tendrían que volver a apelar al trabajo desinteresado de su militancia, al voluntariado y, con ello, se verían obligados a sustentarse en la democracia interna y en la participación de las bases.

Ha habido también quien en estos días ha ido más lejos en el problema que afecta a la imagen de la clase política, como Esperanza Aguirre. La Presidenta de los populares madrileños ha venido haciendo públicas algunas reflexiones que sí permiten aportar parte de las soluciones que habrían de impulsarse sino queremos que el sistema político se colapse. Algunas de estas ideas son interesantes y merecen ser desarrolladas. Ha hablado sobre la necesidad de que quien vaya a ocupar un cargo público haya cotizado previamente a la seguridad social, es decir, que sepa lo que es ganarse la vida por su cuenta, sin el paraguas del partido. Y tiene mucha razón. Todos conocemos a muchos cargos públicos, alcaldesa, concejales o diputados, que nunca han trabajado salvo en la política, que no saben lo que significa ganarse la vida en esta sociedad tan competitiva. No son políticos profesionales, algunos ni siquiera han sido capaces de terminar sus estudios, sino que son profesionales de la política. Sus méritos suelen ser la docilidad, el amiguismo o el parentesco. Empiezan con 23 ó 25 años a asesorar a un Ministro, como si supieran algo, y terminan sentándose en un escaño o dirigiendo un Ayuntamiento. Ahora bien, daña a la credibilidad de la propuesta cuando se formula teniendo a su lado al sonriente ex alcalde de Alcalá de Henares y diputado autonómico jugador de iPad en sesiones plenarias, Bartolomé González, que desde que tenía poco más de 20 años ha vivido siempre de la política.

Otra de las reflexiones lanzada por Esperanza Aguirre se refiere a la necesidad de implantar las listas abiertas para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes con más libertad y no mediante listas impuestas por los partidos. Sin embargo, de llevarse a cabo esta propuesta sin más no se cumpliría el objetivo deseado. Hoy tenemos listas abiertas en el senado y, sin embargo, los votantes señalamos con una cruz a unos candidatos impuestos por las cúpulas de los partidos políticos sin contar con la voluntad de sus propios militantes. Parece incongruente proponer más libertad al votante a la hora de elegir y no hacerlo en el ámbito interno de los propios partidos políticos. Una organización política con cientos de miles de afiliados a los que no deja pronunciarse sobre quiénes han de representarles en las instituciones públicas padece evidentemente de un déficit democrático. Sin abrir los cauces internos de participación previamente resulta insuficiente plantear las listas abiertas. Y lo mismo vales en cuanto al sistema vigente en la mayoría de los partidos para autoorganizarse: los procedimientos internos electorales van de arriba abajo y no a la inversa. Se eligen primero a los líderes nacionales, éstos después influyen para que resulten elegidos los regionales de su agrado y así hasta los locales. Con ello, todo el proceso electoral interno queda viciado.

Hay más cuestiones sobre las que se podría seguir hablando y que afectan a la mala imagen de la clase política: los privilegios fiscales, los beneficios en materia de pensiones, la falta de transparencia en sus gastos, el abuso de las instituciones públicas para la colocación de amigos o familiares, la falta de ejemplaridad de muchos, etc. Falta, en definitiva, un análisis más profundo sobre las causas que originan el desapego ciudadano hacia los políticos y la política en general. Hoy, más que nunca, cuando los problemas agobian a los ciudadanos volvemos nuestras miradas hacia quienes tienen en su mano la solución de nuestros problemas y, en muchas ocasiones, nos sentimos huérfanos porque percibimos que estamos en dos mundos, en dos realidades diferentes. Lo malo es que si no se corrigen a fondo esas causas, esos dos mundos terminarán por colisionar.

Santiago de Munck Loyola

Quo vadis, Cospedal?

El lanzamiento de algunos “globos sondas” sobre reformas, como la posible reducción de concejales para generar ahorros en las arcas públicas o la reducción del número de parlamentarios autonómicos, responde, sin ninguna duda, al deseo de una parte de la clase política de atenuar la creciente indignación que la diferencia de la repercusión de los costes de la crisis tiene entre la clase política y el resto de los ciudadanos. El último “globo sonda” lo soltó ayer la Presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien no sólo propuso reducir a la mitad el número de parlamentarios autonómicos, justo lo contrario de lo que ella promovió en su Comunidad, sino que además apostó por la supresión de los sueldos a los diputados “para que vivan de sus profesiones y no de la política”, según dijo.

Esta propuesta, relativamente novedosa, merece algunas consideraciones. En primer lugar, para valorar realmente el calado y la validez de la misma, no es posible ignorar la realidad política y personal de quien la formula.  María Dolores de Cospedal, hace poco más de un año, recibía dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, y como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibía otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Es decir, un auténtico dineral con origen en las arcas públicas. Por tanto, que cada uno saque sus conclusiones.

Por otra parte, lo que plantea Mª Dolores de Cospedal es que algunos políticos, en este caso parlamentarios, no cobren por hacer su trabajo y para ello se apela a los precedentes de la transición. Así, los parlamentarios vivirían de su profesión habitual y su dedicación parlamentaria vendría a ser algo así como una segunda actividad o una afición justificada por su carácter vocacional. Sin embargo, con esta propuesta se corre el riesgo de devaluar el carácter de una parte de la actividad política, la que desarrollan precisamente los representantes de los votantes. Tan vocacional es dedicarse a la política como puede ser el ejercicio de la medicina y, sin embargo, a nadie se le ocurre plantear que los médicos trabajen gratis por el carácter vocacional de la medicina. Bien es cierto que para ser político, para ser parlamentario o alcalde, no se exige una formación o preparación específica como en el caso de otros profesionales. Resulta paradójico que en España para ser peón en un Ayuntamiento, por ejemplo, haya que tener graduado escolar y aprobar una oposición y que para ser Alcalde o Diputado no se exija nada, ninguna titulación, salvo ser elegido. El problema es que el poder de las urnas no confiere unos conocimientos mínimos y así nos va.

Por último, todo parece indicar que buena parte de la clase política está equivocada respecto a las causas que generan la indignación ciudadana y su alejamiento de los políticos. Lo que causa indignación es que la inmensa mayoría de los recortes que la crisis generada por parte de la clase política está suponiendo duros sacrificios a los ciudadanos mientras que los políticos siguen instalados en una situación privilegiada. La mayor parte de los ciudadanos no pedimos que los políticos no cobren por su trabajo, pero queremos que sólo cobren de él y no de diversas fuentes públicas simultáneas. No queremos que cobren sueldos, pensiones o indemnizaciones a la vez. Los ciudadanos, en su mayoría, no pedimos que los políticos trabajen de forma altruista pero sí exigimos que no gocen de privilegios inadmisibles: queremos que paguen el IRPF como todos, que coticen lo mismo que los demás para cobrar una pensión de jubilación, que sus retribuciones sean absolutamente transparentes y que no se encubran con pagos en especie, que sus salarios estén perfectamente regulados y tasados de forma uniforme en todo el territorio nacional y en todas las administraciones públicas. Queremos, en definitiva, que los políticos que nos gobiernan y representan tengan una conducta austera y ejemplar lo que implica que renuncien a todos sus privilegios y que sean los primeros en aplicarse los sacrificios y recortes que sufrimos los ciudadanos. En medio de esta crisis generada y mal gestionada por la clase política que un diputado o la Presidenta del Parlamento Catalán se descuelguen con afirmaciones como las que han hecho recientemente denunciando que tienen dificultades para llegar a fin de mes con sus sueldos, dietas y privilegios constituye una auténtica burla a los ciudadanos. No es de extrañar que digan tales estupideces quienes para llegar a tan altos puestos no han tenido que acreditar formación alguna. Se les nota.

Santiago de Munck Loyola

El PSOE contra la Iglesia Católica.

Hoy, todos los medios de comunicación se hacen eco de la ofensiva anticlerical del PSOE emprendida bajo la excusa de que la Iglesia debe pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La dirección socialista ha cursado las instrucciones precisas para que sus grupos municipales debatan en los Plenos una moción tipo exigiendo dicho pago. D. Gaspar Zarrías, ese pulpo tramposo a la hora de votar, ha sido el encargado de remitir a sus grupos municipales esa moción tipo. Se trata de una antigua técnica socialista: usar los Plenos municipales como caja de resonancia de asuntos cuya resolución no corresponde a los Ayuntamientos, sino a instancias superiores. Saben de sobra que los Plenos municipales no pueden modificar la Ley de Haciendas Locales, ni la Ley de Bases del Régimen Local, ni la Ley del Mecenazgo y Fundaciones, ni los Acuerdos con la Santa Sede, requisitos previos e indispensables para que pueda prosperar esta propuesta, pero a la dirección socialista eso no le importa. Su intención evidentemente es volver a convertir los Plenos de los Ayuntamientos en caja de resonancia de sus iniciativas, en provocar debates que fracturan y enfrentan a los vecinos sin que de ello pueda derivarse la efectividad de sus propuestas. Esta técnica de usar los Plenos municipales ya la desarrollaron en tiempos de los gobiernos de Aznar. Cada vez que una mujer era asesinada presentaban mociones a los Plenos culpando al Gobierno de España y criminalizándolo por desarrollar unas políticas cuyos frutos, según ellos, eran esas muertes. Parecía que era Aznar el asesino. Se trataba de una miserable utilización de las víctimas de la violencia machista como se puso en evidencia con el hecho de que durante los Gobiernos de Zapatero no se repitieran mociones similares, a pesar de los cientos de mujeres asesinadas en este período.

Se plantean muchos interrogantes sobre las razones y la oportunidad de esta iniciativa socialista. La primera es ¿por qué no lo han regulado los socialistas durante sus casi ocho años de gobierno? ¿No ha tenido tiempo el PSOE para hacerlo bajo los mandatos del Sr. Zapatero? Y no será porque el PSOE no tuvo tiempo, ni porque el PSOE no abordase la cuestión de la financiación de la Iglesia ante otras prioridades, porque sí lo hizo. Es más, la regulación actual es la que la Vicepresidenta Fernández de la Vega negoció y acordó con la jerarquía eclesiástica. Por tanto ¿a qué viene ahora esta campaña? Todo parece indicar que se trata de poner en apuros al Gobierno al introducir en la agenda política un asunto que distraiga la atención sobre la grave situación económica que han legado y que, a pesar de que apesta a rancio anticlericalismo, debe ser considerado electoralmente rentable por los estrategas electorales socialistas. Claro que en esta ceremonia de la confusión, no han faltado a la cita algunos alcaldes del PP bastante indocumentados como D. Bartolomé González de Alcalá de Henares.

Sin ir más lejos, hoy el secretario de Organización del PSOE, D. Óscar López, ese brillante candidato que un mitin no recordaba que tres razones iba a esgrimir para votar al PSOE, ha pedido a la Iglesia que "haga un esfuerzo" como "hace todo el mundo en épocas" de crisis como ésta y que pague el IBI. La duda es ¿por qué mencionan sólo a la Iglesia? ¿Por qué se centran en la Iglesia cuando no se trata de la más beneficiada de la exención de este impuesto? Es verdad que la moción tipo habla de las diversas confesiones religiosas, pero en sus discursos y declaraciones los socialistas centran su mirada en la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa con las Fundaciones de los Partidos Políticos y de los Sindicatos? ¿No tienen también que hacer ese esfuerzo fiscal? ¿Y la Cruz Roja y las demás instituciones y fundaciones deportivas o culturales que no pagan el IBI? De esas ni palabra. No queda más remedio que deducir lo dicho anteriormente que estamos ante una campaña anticlerical y anticatólica, ante una campaña oportunista e ineficaz.

No se discute que todos debamos hacer un esfuerzo superior en tiempos de crisis, no. Pero resulta francamente impresentable que el Sr. Óscar López pida ese esfuerzo fiscal mientras él disfruta de unos privilegios fiscales que no tenemos el resto de los españoles. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura? ¿Van a hacer también ese esfuerzo nuestros parlamentarios y se van a someter al régimen fiscal general y al Régimen general de la Seguridad Social? El Sr. Óscar López, el Sr. Zarrías y todos lo demás parlamentarios viven a costa de los impuestos de todos los ciudadanos y amparados en un paraíso fiscal: las Cortes Españolas. Estos señores que piden esfuerzos fiscales y sacrificios a todos son los primeros que se benefician de un régimen fiscal escandaloso. Pagan a Hacienda, independientemente de sus retribuciones, como si fueran mileuristas y dejan la mayor parte de sus ingresos exentos de tributación, además de beneficiarse de toda clase de prebendas como las relativas a los períodos de cotización para cobrar la pensión de jubilación máxima. Pues así no se tiene legitimidad alguna para pedir esfuerzos ni a la Iglesia ni a nadie. El día que la clase política no tenga esos privilegios fiscales, el día que nuestra clase política tenga un comportamiento ejemplar en cuanto al uso y destino de los fondos públicos que ponemos en sus manos para que nos representen, ese día podrán tener alguna credibilidad sus propuestas. Mientras tanto, que nos dejen en paz y que no nos traten de engañar con fuegos de artificio.

Santiago de Munck Loyola

¡Qué morro tienen!

A continuación voy a reproducir un artículo que circula por Internet. Es posible que no sea conocido por mucha gente, pero lo cierto es que los que lo conocen, en su inmensa mayoría, lo suscriben. De su lectura pueden sacarse muchas conclusiones pero hay una indudable que debería hacernos reflexionar a los ciudadanos y, en consecuencia, movernos a actuar: nuestros políticos, sean del color que sean, no tienen ninguna legitimidad moral para seguir pidiéndonos sacrificios, ni para imponernos más recortes mientras ellos mismos no den ejemplo. Así de claro. Se valen de nuestra pasividad y tolerancia hacia unas prácticas abusivas y hacia unos privilegios inadmisibles para mantener su estatus. Ellos no se van a aplicar recortes, pero los ciudadanos sí que podemos poniendo en marcha una iniciativa legislativa popular. Mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos no reaccionemos, seguiremos teniendo lo que nos merecemos.

Santiago de Munck Loyola

¡Qué morro tienen!

Los RECORTES son NECESARIOS, no creas que no.

Así­ que si recortan la sanidad, educación, servicios en general es porque es muy necesario y no se puede gastar dinero en frivolidades. Sino, ahí­ tenéis a los diputados que se dedican a la política por su gran vocación de servicio a su país, a pesar de que les supone grandes sacrificios.



"Estamos pidiendo un sacrificio a todos los ciudadanos"
 (Alfredo Pérez Rubalcaba)   

Y si alguien no me cree, se lo explico:

¿Qué recibió un diputado tras resultar elegido el 20N?        

- Un iPhone 4S. Si ya tenía el iPhone de la anterior legislatura, se lo queda gratis.
- Un iPad. Si ya tenía el portátil de blablabla, se lo queda por 100 €.
- Un PC en el despacho.
- Modem 3G.
- Voz y datos pagados.
- ADSL en casa pagado.
- Si eres del PP o PSOE, un asistente para cada dos diputados. Si eres de otro partido, uno propio.
- Un despacho propio.  

Ah ¿Y para moverse?   
    

"Tendremos el Estado de bienestar que podamos"
(Mariano Rajoy Brey) 

      - Si usa su propio coche recibe 0.25€‚ por Km., o sea, 25 €‚ cada 100 Km. y
se te pagan los peajes.
- Si no tienes un coche oficial asignado, 3.000 €‚¬ anuales para taxis
(250€‚/mes).
- Billetes de primera clase para avión, tren y barco.     

Ah ¿Y el sueldo?                               

"Los sacrificios de hoy son la puerta al bienestar del mañana"
(José Luis Rodríguez Zapatero) 

- Sueldo base de 3.126,52 €‚ mensuales y dos pagas extras.
- Si formas parte de alguna comisión, recibes entre 775,15 €‚ y 1.590,34 €‚ más al mes.
- Si tienes algún cargo (Portavoz, Secretario, etc.) en el peor de los casos recibes 2.318,96 €, más al mes.  
- Los sueldos que cobres de tu partido, tampoco afectan en nada.
- Puedes tener trabajos y cargos fuera del congreso sin lí­mite ni perjuicio en el sueldo/ayuda.


Ah ¿Y las ayudas?   

                      

"Los españoles pueden estar seguros de que
 no habrá sacrificio ni esfuerzo que no estemos
 dispuestos a hacer" (María Dolores de Cospedal) 

- Si fuiste elegido fuera de Madrid, recibes 1.823,86 €‚ mensuales más para alojamiento y manutención.
- Si fuiste elegido en Madrid, recibes 870,56 €‚ mensuales más para alojamiento y manutención.
- Si viajas dentro de España, 120 €, diarios.
- Si viajas fuera de España, 150 €‚ diarios.    

Ah ¿Y los beneficios fiscales?                 

"La salida de la crisis, con el esfuerzo de todos"
(José Blanco)

- Las dietas relacionadas con transporte no tributan, no se declaran a Hacienda, vamos.
- Las dietas relacionadas con alojamiento y manutención no tributan.
- Los sueldos/dietas por tener un cargo en el Congreso, no tributan.
- Si dejas de ser diputado, percibes una paga mensual de 2.813,87 € hasta un máximo de dos años. No importa si tienes un sueldo privado.  

"Todos tenemos que hacer sacrificios"
(Esperanza Aguirre)

Ah ¿Y si se disuelven las cortes porque va a haber elecciones?                   
  
- Derecho a una indemnización consistente en el sueldo de los días
transcurridos hasta que se forma el nuevo Congreso (el sueldo de dos
meses aproximadamente), vuelvas al Congreso o no.          
- El Congreso te paga las cuotas de la Seguridad Social, Derecho pasivo y otras cosas durante ese tiempo. 
- El Congreso mantendrá tu póliza de accidentes durante ese tiempo.    
- El Congreso sigue pagando el ADSL, voz y datos durante ese tiempo. 
- La mudanza de tu despacho corre a cargo del Congreso. 

Ah ¿Y la jubilación?          

Si tienes 55 años y...         

- Has sido diputado once años: 100% de la pensión máxima (2.466,20 €,).        
- Has sido diputado entre nueve y once años: 90% de la pensión máxima.        
- Has sido diputado entre siete y nueve años: 80% de la pensión máxima.         
- Por el 10% del salario base, derecho a pensión privada a cargo del BBVA.

Como veis, son unas condiciones lamentables. Por eso los políticos son los más adecuados a la hora de hablar de recortes y sacrificios. Ellos ya se están apretando el cinturón y pasándolo muy mal.     

Por eso cuando un político hable de sacrificios ¡Aplaude! Cuando hable de recortes ¡Vitoréale! Sabe muy bien de lo que habla porque es un drama que conoce de primera mano.

Nuestra clase política vulnera permanentemente la Constitución.

“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” dice el artículo 14 de la Constitución Española. Más claro, el agua, ¿verdad? Pues nada, este artículo es una auténtica patraña, una mentira constitucional, papel mojado que sólo sirve para decorar la Constitución. La realidad es muy distinta. En España no existe la igualdad ante la Ley porque la clase política es la primera interesada en que así sea. Y su interés en vulnerar permanentemente este artículo obedece a su deseo de enriquecerse a costa de las arcas públicas. No hay otra explicación posible.

Me ha venido a la cabeza este artículo de la Constitución al conocer las noticias en torno a las magníficas pensiones que el Sr. Bono y el Sr. Rodríguez Zapatero van a recibir una vez que los votantes los han enviado a su casa.

El socialista José Bono, con un patrimonio personal no precisamente escaso, disfrutará de una jubilación durante los próximos dos años como ex presidente del Congreso de los Diputados: percibirá el 80% de su sueldo como presidente, 154.080,48 euros brutos, unos 11.000 euros mensuales, y tendrá, además, derecho a otros privilegios como un asistente y escolta de seguridad a cargo del presupuesto del Congreso durante cuatro años. Cabe preguntarse ¿si ha anunciado que se retira de la política para qué hay que pagarle un asistente? ¿Para que le asista en sus asuntos privados?

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero tendrá derecho a un sueldo vitalicio y recibirá 84.000 euros anuales, recibirá un segundo sueldo de más de 80.000 euros como consejero nato de Estado y el Estado le pagará además una oficina, secretaria, dos funcionarios -uno de ellos con rango de director general-, seguridad y coche oficial. En su caso no existe incompatibilidad alguna para cobrar simultáneamente una pensión y un sueldo.

Estos casos no son únicos ni excepcionales entre la clase política española pero vienen a poner de relieve, una vez más, el abismo que existe entre los privilegios que la clase política se otorga a si misma a costa del dinero de los contribuyentes y las angustiosas dificultados a las que se ven sometidos estos últimos.

Los españoles no somos iguales ante la Ley, no. Dice el Artículo 14 de la Constitución que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de… cualquier circunstancia personal. Y, sin embargo, aquí vemos como la condición personal, el cese en sus cargos, de estos dos políticos implica una clara discriminación con respecto a los demás ciudadanos españoles.

La dedicación política es un servicio a la comunidad pero nuestra clase política parece entenderlo como servirse de la comunidad. Nuestros dirigentes políticos no están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades para percibir más de un ingreso de las arcas públicas, ni deben cotizar los mismos años que los ciudadanos a los que representan para cobrar una pensión, ni tienen la misma limitación en cuanto a las cuantías máximas de las pensiones, ni cobran el desempleo en las mismas condiciones que los demás ciudadanos, ni tributan en el IRPF al igual que todos los españoles eludiendo, de forma legal, pagar los impuestos como todo el mundo. En definitiva, nuestros dirigentes políticos se pasan la igualdad ante la Ley por el arco del triunfo. Así de claro, así de evidente y así de irrefutable.

La igualdad ante la Ley no admite matizaciones ni excusas. Es un imperativo ético que nuestra clase política proceda a revisar de forma urgente esta escandalosa violación de la Constitución. Debe hacer autocrítica, pedir perdón a los ciudadanos y acabar de una vez con sus privilegios. Si los parlamentarios pueden tributar en el IRPF como si fueran mileuristas, a pesar de sus ingresos, ¿qué nos impide a los demás, invocando el Art. 14 de la Constitución, hacer lo mismo? Habrá que planteárselo.

Santiago de Munck Loyola

Con el dinero público, el que no corre vuela.

En estos días estamos presenciando algunas noticias sobre diferentes actitudes de políticos en torno al uso y destino de los fondos públicos. Algunas no son muy edificantes, como la de ese Alcalde que cargaba sus sesiones de “trabajo” en los lupanares a la tarjeta de crédito del Ayuntamiento o la de ese otro Alcalde que se dedicaba a enviar mensajes sms con el móvil del Ayuntamiento a un concurso para intentar ganar en sorteo un Porsche que como vehículo oficial seguro que mola un montón.

Y qué decir sobre todas las noticias que van apareciendo en torno a los magníficos negocios del yerno de Su Majestad el Rey, fraguados y alimentados con los presupuestos públicos. Algunos están empeñados en no reconocer el incuestionable papel del Sr. Urdangarín para reactivar el decaído sector inmobiliario. De los despachos en gasolineras, mejor no hablar de momento.

Y junto a estas noticias hay otras que en un sentido contrario suponen una nueva forma de enfocar el uso de los fondos públicos o, al menos, un intento de ello. Hemos conocido que dos diputados de IU, no todos como señalaban algunos medios de comunicación, los Sres. Cayo Lara y Alberto Garzón han sido los primeros en la historia de la Cámara que han renunciado al fondo de pensiones privado que paga el Congreso a los parlamentarios. Un buen gesto, pero tan sólo un gesto insuficiente respecto a los privilegios de la clase política y en concreto de los parlamentarios. ¿Van a seguir manteniendo sus señorías sus privilegios? ¿Van a seguir cotizando menos años que los demás para cobrar la pensión máxima a la jubilación? ¿Además del sueldo les tenemos que seguir pagando un portátil, un móvil y un iPad? ¿No alcanzan sus sueldos para comprarse los útiles necesarios para hacer su trabajo? ¿Van a seguir cotizando en el IRPF como si fuesen mileuristas? ¿Van a poder seguir cobrando de varias fuentes a la vez o van a aplicarse incompatibilidades rigurosas?

De otra parte, el Presidente de la Generalidad Valenciana, el Sr. Fabra, ha recomendado a los altos cargos que no gasten más de 20 € en la comida diaria. Buen gesto también pero no cabe más remedio que preguntarse ¿por qué los contribuyentes hemos de pagar la comida diaria de los altos cargos? ¿No llegan sus sueldos como para que se paguen de su bolsillo la comida al igual que hacen todos los funcionarios y empleados públicos a los que se ha venido recortando el sueldo? ¿A cuántos altos cargos paga la Generalidad la comida diariamente? ¿A cuánto asciende anualmente la nutrición pública de los altos cargos valencianos?

En otro alarde de supuesta ejemplaridad, el Sr. Arenas acaba de proponer también que se prohíban las tarjetas de crédito con cargo a las Administraciones Públicas. Buen gesto, pero, una vez más, insuficiente. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y es cierto. Con buenas intenciones como éstas no vamos a ningún sitio bueno. La clase política debe, de una vez, encarar y resolver los problemas que generan su mala imagen.

Los contribuyentes tenemos derecho a que los fondos públicos sean tratados con rigor y, sobre todo, con transparencia. Hoy en día la clase política se ha ocupado muy bien y solidariamente de que sea muy difícil conocer con exactitud sus ingresos reales, los privilegios de distinta índole que se vienen otorgando a si mismos, el número de coches oficiales existentes, el número, función y retribuciones de los miles de asesores que pululan por las administraciones públicas o, simplemente,  el número de teléfonos móviles repartidos a diestra y siniestra y pagados por los ciudadanos. Y mientras no se apruebe un Estatuto para los cargos públicos ejemplarizante vamos a seguir así, facilitando toda clase de abusos mientras el nivel de vida del conjunto de la población sigue descendiendo de forma alarmante. Con lo que hay, desde un modesto concejal de pueblo hasta el mismísimo yerno del Rey se sirven de los fondos públicos y, al parecer, no siempre de forma ejemplar.

Santiago de Munck Loyola