Translate

Mostrando entradas con la etiqueta procesados. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta procesados. Mostrar todas las entradas

martes, 25 de junio de 2013

¡Cuanta razón tienes Arantza!


Ayer, la nueva Presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga aseguró ante Mariano Rajoy que el “caso Bárcenas” le parecía “vomitivo” y que el Partido Popular, cuando pudiese, debería “afrontar la recuperación de la confianza perdida” por culpa de “algunos”. Quiroga afirmó con rotundidad que “todos los militantes del PP están asqueados” con el tema de Bárcenas y desean que la Justicia “actúe con rapidez”. De forma muy elocuente recordó que mientras que a algunos les temblaban las piernas cuando tenían que ir a un Pleno en el País Vasco, otros estaban a otra cosa, estaban dedicados a hacer “caja”. ¡Qué gran verdad! ¡Qué contraste entre el valor, la generosidad y el heroísmo de algunos y la miseria política y moral de otros!

No se equivoca un ápice Arantza Quiroga cuando afirma que todos los militantes del PP están asqueados por este asunto, pero se queda corta. La mayoría de los militantes del PP estamos asqueados por este y por otros asuntos que afectan a la trayectoria política y a la imagen de nuestro partido y no queremos consolarnos con la idea de que en todas partes cuecen habas. Hablamos de nuestra propia casa y lo que ocurra en ella será un grave condicionante de la credibilidad del discurso popular. No se puede señalar la paja en el ojo ajeno ignorando la viga que ciega el propio.

Asquea a cualquier militante el llamado caso Bárcenas y todo lo que en torno al mismo se va conociendo con cuentagotas. Asquea, no ya el simple hecho de que un señor se haya “forrado” durante años a costa de las cuentas del Partido Popular sin que nadie notase nada extraño, sino también que algunos dirigentes hayan estado cobrando sobresueldos, indemnizaciones o gratificaciones, legales o ilegales, porque parece que la suma de las retribuciones de los cargos públicos que desempeñaban más los sueldos de los cargos orgánicos suponen unas cifras más que dignas para vivir. Asquea saber que mientras que algunos teníamos que poner dinero de nuestro bolsillo hasta para comprar la cola de las pegadas de carteles o para pagar los autobuses con los que nos desplazábamos al país Vasco para apoyar a nuestros compañeros otros nadaban en la abundancia nacida de donativos, seguramente poco desinteresados.

Asquea a cualquier militante que el nombre de nuestro partido se asocie con tramas presuntamente corruptas y dadivosas hasta extremos increíbles. Asquea que se mantengan privilegios fiscales o en materia de pensiones a sus señorías mientras se imponen duras cargas al resto de los ciudadanos. Asquea el hecho de que la presencia de imputados y procesados en diferentes bancadas populares no se salde con la pública reprobación de los mismos o, al menos, con su apartamiento cautelar de la protección del paraguas de las siglas del partido. Asquea que diputados sean sorprendidos in fraganti conduciendo ebrios y no presenten su dimisión ante la absoluta irresponsabilidad y falta de ejemplaridad que su conducta implica. Asquea que haya cargos públicos ostentando muy altas responsabilidades habiendo mentido en su curriculum durante años y que el descubrimiento de esta circunstancia no suponga su cese inmediato. Asquea que los militantes sean ignorados en muchas ocasiones a la hora de designar a los líderes territoriales del partido o a la hora de informarles debidamente sobre las finanzas del Partido y que los incumplimientos sistemáticos de los Estatutos del Partido o del Código de Buenas Prácticas por parte de algunos dirigentes no reciba el reproche público de quienes tienen potestad para ello.

Da asco, en definitiva, que una vocación tan noble como la política esté siendo envilecida por algunos mercenarios, pocos, es verdad, pero muy significativos y estratégicamente situados no por la voluntad del militante sino del “dedazo” superior. Da asco que algunos, sin formación alguna y sin más mérito profesional que la especialización en el arte de hacer pasillo, en el del peloteo, o en el derivado de su parentesco o de sus amistades, hayan logrado ocupar escaños, concejalías o alcaldías, convirtiendo la política en un simple modus vivendi y no en un servicio al interés general y al ciudadano.

Bárcenas es algo más que un señor espabilado. Es la representación, la personificación de un peculiar modo de entender la política que desgraciadamente es, en su esencia, perfectamente asimilable a muchos otros comportamientos que, sin un componente económico tan claro, participan de todo lo contrario a lo que significan los valores y los nobles ideales de una vocación de servicio al bien común. Hay muchos motivos para sentir asco pero todo dependerá del grado de escrupulosidad de cada uno.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 17 de junio de 2013

Con AVE y con foto por los pelos.


Tal y como vaticinaban muchos comentaristas en los diferentes medios de comunicación, el trato protocolario que ha recibido hoy la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con ocasión de los actos de inauguración del nuevo AVE a Alicante, ha sido objeto de un detallado seguimiento y análisis. Todos los medios de comunicación, casi sin excepción, han coincidido en varias cosas: que la Alcaldesa de Alicante ha sido relegada en el protocolo oficial, que Mariano Rajoy la ha eludido cuanto ha podido y que la Alcaldesa ha conseguido finalmente “salir” en la foto, aunque fuera a costa de la Bellea del Foc y del Presidente de las Hogueras de San Juan. Incluso a última hora, la Presidenta de Castilla la Mancha y Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal, ha tenido que acudir a los medios para aclarar que ella no ha tratado de evitar a la Alcaldesa de Alicante durante la ceremonia. ¡Cómo habrá sido la cosa para tener que realizar esta aclaración!

Al ver las imágenes y leer las diferentes crónicas sobre este importante día para Alicante, como vecino, tengo cierta sensación de malestar y de vergüenza. Malestar porque cuando alguien evita a la Alcaldesa de nuestra ciudad porque está imputada por tres graves delitos o cuando se la margina en los actos protocolarios, con diferentes excusas, pero se la margina al fin y al cabo, a quien se está evitando o marginando es a la representante de todos los vecinos de Alicante, a la máxima autoridad de la ciudad de Alicante. Vergüenza por los intentos, aparentemente desesperados, de la máxima autoridad municipal por arrancar una foto con quienes no tienen muchas ganas de fotografiarse con ella.

Da la sensación de que hace tiempo que la dignidad política ha desaparecido de nuestro entorno próximo. Cuando se leen las transcripciones de las grabaciones de las conversaciones de toda una Alcaldesa con un proveedor municipal se siente bochorno por el tono cutre que se emplea. Cuando se leen determinadas declaraciones judiciales en las que se reconoce abiertamente que se usa el más alto cargo de la ciudad para pedir empleo para los amigos y conocidos, se siente bochorno. Cuando se conocen las informaciones sobre cómo se realizan determinadas adjudicaciones y a quien en una ciudad como la nuestra, se siente bochorno. Y cuando se ven determinadas escenas como las de hoy se siente también bochorno y vuelve la pregunta ¿dónde está la dignidad inherente al desempeño de un cargo político representativo?

Es francamente difícil entender la situación porque quienes deberían haber tomado determinadas decisiones no lo han hecho o lo han hecho de forma bastante tibia. Y ello sólo contribuye a aumentar el desconcierto de los ciudadanos. Es bastante difícil comprender que alguien que esté imputado no pueda ostentar ningún cargo interno en el PPCV, tal y como ha establecido el Presidente Fabra, y simultáneamente no exista inconveniente alguno para que siga perteneciendo al Grupo Popular en las Cortes Valencianas o en su Ayuntamiento. Es difícil de entender que el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante presida una cena de homenaje a la Alcaldesa organizada tras su imputación y el Presidente Nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, evite saludarla o fotografiarse con ella. Tiene poca lógica que los cargos de designación directa que resultan imputados sean cesados fulminantemente y que los cargos electos igualmente imputados no reciban la petición pública de dimisión, aunque dicha petición resulte inútil en la mayoría de las ocasiones. Era imprescindible trazar una línea roja como hizo el Presidente Fabra, pero resulta bastante desconcertante que esa línea roja sea discontinua. No es sencillo el problema, hay muchas variables a tener en cuenta, pero es imprescindible un criterio único y muy claro.

No es difícil lograr hoy en día que un cargo público sea imputado y, en muchas ocasiones, la imputación se ha convertido en un estigma y en un instrumento de la lucha partidista. Hay quienes tratan de ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas. Sin embargo, establecer un criterio en función de las circunstancias de cada caso parece bastante complicado. Habría que atender a la gravedad de las acusaciones, el origen de las mismas o a los indicios incriminatorias existentes lo que terminaría por promover unos juicios paralelos inaceptables. Más fácil parece el caso de los cargos públicos procesados porque en esos casos, el juez ya aprecia indicios racionales de criminalidad. Y no se trata de vulnerar, como algunos argumentan, la presunción de inocencia. Al día de hoy el Sr. Blesa es inocente de cualquier delito y, sin embargo, está en la cárcel de forma preventiva sin vulnerar su derecho a la presunción de inocencia.

Sin embargo y a pesar de las dificultades que entraña establecer un criterio claro y ejemplarizante, lo cierto es que cuando el egoísmo o la falta de altura de miras de los imputados dañan gravemente a la imagen de las instituciones a las que representan y a los partidos que los han aupado a esas responsabilidades, no queda más remedio que tomar una decisión que signifique públicamente que no se comparte su situación y que no se les protege. Y más vale una vez colorado que ciento amarillo.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 10 de junio de 2013

Sobre imputados y procesados.


Hace pocos días, Alfonso Rus, Presidente Provincial del PP de valencia, a propósito de la sesión de control en Las Cortes Valenciana que se convirtió casi en un monográfico sobre el diputado Rafael Blasco,  defendió, por un lado, la presunción de inocencia del parlamentario imputado en el “caso Cooperación” y, por otro, dejó caer que no era libre en el PP para decir lo que piensa al respecto. Así, manifestó que discrepa de los planteamientos del Presidente Regional con su doctrina sobre los imputados y dejo que “Creo en la presunción de inocencia y hasta que el juez no diga lo contrario creo que las personas son inocentes”.

Por su parte, hoy lunes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha señalado que es "fundamental" una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el consenso de todos los partidos, para establecer que ninguna persona con "indicios" de haber cometido "delitos pueda estar presente en ninguna institución". Según Fabra esta reforma debe garantizar que "esa necesaria tranquilidad pueda estar presente en la sociedad" ya que ha constatado "la desafección" que produce entre la ciudadanía con respecto a los políticos los casos de corrupción. Ha insistido en que manteniendo el derecho a la presunción de inocencia trata de establecer "una línea roja" en que la que "los imputados no tengan responsabilidades" en el partido. Y ha insistido en que "el tema de las imputaciones y de los procesados" debe abordarse "a nivel nacional".

Se mire por donde se mire, lo cierto es que pocas herencias más envenenadas habrá que la recibida por el Presidente Fabra. De una parte, una administración autonómica sumamente endeudada a la que la crisis ha cogido con los “deberes” sin hacer o mal hechos. De otra, un partido fracturado por viejas rencillas personalistas, aún hoy soterradas, y un pavoroso panorama de escándalos de corrupción repartidos entre distintas administraciones y empresas públicas que culminan en un grupo parlamentario con nueve miembros imputados y algunos incluso procesados. Es cierto que el Presidente Fabra está intentando abordar de forma directa ambos frentes, el de la administración regional y el del partido, pero no es menos cierto que estos esfuerzos no están encontrando el suficiente eco y el reconocimiento público por parte de la mayoría de los electores, tal y como señalan las encuestas.

No es un tema fácil de abordar el de los políticos imputados o procesados en casos de corrupción. Simplificar en exceso las soluciones supondría con seguridad un error y una injusticia. Ambos líderes, Rus y Fabra, abordan el problema principalmente desde una perspectiva jurídica. De una parte. Es indudable, de acuerdo con nuestro estado de derecho, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y, en sentido estricto, no le falta razón al Presidente Rus cuando afirma que hasta que no exista una sentencia firme es preciso sostener la presunción de inocencia. Pero, la aplicación de este principio equivaldría a sostener que hasta que no se agote el último recurso procesal no se podría exigir la renuncia, no ya de un imputado o procesado, sino de un condenado en primera instancia. Cabría objetar que incluso el delincuente sorprendido in fraganti es inocente hasta que no haya sentencia firme, aunque se le haya encontrado junto al cadáver y con el cuchillo en la mano.

De otra parte, el Presidente Fabra aboga por una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, consensuada entre todos los partidos, para delimitar el momento en que el imputado o procesado en un caso de corrupción debería abandonar sus responsabilidades institucionales. Nuevamente, se trata de una consideración de índole jurídica cuya resolución no se vislumbra, hoy por hoy, muy cercana y, menos aún, con un amplio respaldo parlamentario.

Sin embargo, no se trata de ofrecer hoy una respuesta jurídica porque lo que hay delante es un problema esencialmente político, no jurídico. La desafección que los ciudadanos muestran ante la clase política a causa de los casos de corrupción es un problema de carácter esencialmente político, no jurídico, y por ello requiere, en primer lugar, respuestas políticas. Y respuesta política es la que el Presidente Fabra ha venido sosteniendo, aunque de forma insuficiente, a este problema político al plantear el trazado de una “línea roja” en virtud de la cual un imputado no puede ostentar responsabilidades orgánicas dentro del Partido Popular. Sin embargo, esta respuesta política, que en si misma ya es positiva, parece insuficiente a la hora de “visualizar” ante los ciudadanos la persecución de conductas reprochables. No hace falta ninguna reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal para reforzar esa línea roja y ganar credibilidad. Se puede hacer excluyendo del los Grupos Populares municipales o de las Cortes a aquellos cargos públicos que estén imputados o procesados. No es fácil, pero hoy en día parece los más ejemplarizante que con las normas existentes en la mano se puede hacer. Si alguien por su situación procesal no es digno de ocupar un cargo orgánico del PP tampoco debería permanecer en un Grupo Municipal del PP. Eso sería lo coherente. Y hay que destacar que se hace un flaco favor a la política del Presidente Fabra hechos como condicionar la democracia interna del propio partido, es decir, los derechos de miles de militantes, a la situación judicial de personas concretas como ocurre en la ciudad de Alicante. Eso es dinamitar las líneas rojas.

Santiago de Munck Loyola