Translate

Mostrando entradas con la etiqueta reforma Ley Electoral. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta reforma Ley Electoral. Mostrar todas las entradas

lunes, 7 de agosto de 2023

PINCELADAS POSELECTORALES.

 

Creo que no me equivoco si afirmo que el resultado de las pasadas elecciones generales ha constituido una sorpresa para casi todo el mundo, fanáticos de uno y otro lado incluidos. Y tampoco creo equivocarme si califico el resultado como desastroso para la gobernabilidad de España que, con un sistema electoral necesitado de una profunda reforma, aboca, necesariamente, a la inestabilidad y a la compra y venta de voluntades para constituir un gobierno.

 

Aunque no lo parezca, a tenor de las celebraciones realizadas desde la misma noche electoral, las elecciones las ha ganado el Partido Popular y el centro derecha que en su conjunto pasa de 147 a 170 escaños y las ha perdido la coalición gubernamental que ha pasado de 155 escaños a 152. Por cierto, las formas son muy importantes, son indicativas del talante de los políticos, y hasta la fecha el Sr. Sánchez Castejón ni felicitó al partido ganador, el PP, en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, ni lo hizo en la noche electoral del 28 de julio. Todo un detalle que caracteriza al personaje que, incapaz de realizar la más mínima autocrítica para asumir y explicar su derrota a pesar del uso ilegítimo en la campaña de todos los recursos del estado, se ha lanzado a una carrera para reunir, a cambio de lo que haga falta, cuantos apoyos pueda de separatistas y filoterroristas, ésos a los que les une, según la Ministra de Hacienda y vocera ordinaria, Montero, el amor a España. El personaje carece no solo de convicciones democráticas, sino del más mínimo sentido de estado, el mismo sentido de estado que condujo a Felipe González en 1996 a no intentar siquiera repetir los pactos que mantenía con Convergencia i Unió y PNV para mantenerse en el poder. Había sacado menos escaños (141) que el Partido Popular (156), lo asumió y renunció desde el primer minuto, tras felicitar al ganador, a intentar volver a formar gobierno.

 

Como estamos viendo esta victoria no será suficiente para alcanzar el poder, ni aún sumando el escaño de UPN y, posiblemente, el de Coalición Canaria. Los partidos perdedores de las elecciones harán todo lo posible para amalgamar una mayoría por la mínima para impedir un gobierno, sólo o en compañía, del partido ganador. Ello exige una autocrítica y una corrección de rumbo para, ante todo, aprovechar las características de nuestra denostada Ley Electoral y convertir las debilidades en fortalezas de cara al futuro.

 

Los partidos de centro derecha han cometido errores de bulto antes y durante la campaña electoral siendo corresponsables de esta situación. Llevamos cinco años con un gobierno socialista en coalición con la ultraizquierda. Sí, con la ultraizquierda porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si se da por bueno que lo que está a la derecha del PP es la ultraderecha, habrá que concluir que lo que está a la izquierda del PSOE es la ultraizquierda. Sin embargo, pocos comunicadores asumen ese razonamiento y sustituyen el término “ultraizquierda” por “progresista”. Siempre había entendido que ultras eran todas aquellas formaciones políticas que rechazaban el sistema democrático y en su ideario proponían su sustitución por cualquier tipo de sistema autoritario y dictatorial, llámese democracia popular, democracia orgánica, corporativista o bolivariana. Ahora resulta que un partido democrático netamente conservador es calificado de ultra porque cuestiona, por ejemplo, la ideología de género o las teorías del calentamiento global. Y la realidad es que las ideologías no son dogmas que deban ser asumidos obligatoriamente en un sistema plenamente democrático, cuya base es precisamente la libertad de pensamiento y de expresión del mismo, como tampoco deben serlo las simples teorías. Pero como lo ultra suena mal, lo compran y dan por buenas las definiciones que la izquierda, con su habitual pretendida superioridad moral, difunde e imparte. Pero, lo peor es que el PP también compra esta mercancía adulterada. Y el problema de fondo que muchos dirigentes populares parecen ignorar es que Vox, en gran medida, es un hijo suyo. Sus dirigentes y sus votantes provienen de las filas populares expulsados de las mismas por las continuas traiciones en la era Rajoy a sus compromisos electorales. Cuando el PP se comportó como una derecha vergonzante, como una organización endogámica, encubridora de corruptos y escasamente democrática abrió la puerta para la fuga de votantes. Ahora existen dos organizaciones en el centro-derecha y aunque la lógica política sugiere que con el tiempo el pez grande comerá al chico, lo cierto es que no se puede asumir el discurso de la izquierda y tratar permanente de marcar diferencias ofendiendo a quienes antes habitaban en tu casa y a quienes puedes necesitar, en vez de plantar cara de una vez a tanto tópico interesado. Tan legítimo es que se llegue a acuerdos con Vox, como que el PSOE llegue a acuerdos con sus vecinos de SUMAR, antes Podemos. Y el PP no tiene por qué andar poniéndose estupendo, poniendo barreras y objeciones a sus excompañeros de partido cuando, además, los necesita. Las cuitas sobre los pactos en plena campaña, haciéndole el juego a la izquierda, han sido un verdadero desastre. Solo el PP de la Comunidad Valenciana, liderado por Carlos Mazón, ha seguido una estrategia eficaz e inteligente: discreción, seriedad, rapidez y claridad. Un pacto sin trampa ni cartón, un pacto concreto y preciso publicado de forma inmediata que satisface plenamente a los votantes de ambos partidos. ¿Qué no le gusta a la izquierda y a sus palmeros? Pues, evidentemente, mejor. Les faltó tiempo para recordar que el candidato autonómico de Vox, Carlos Flores, había sufrido una condena por malos tratos años atrás, rasgándose hipócritamente las vestiduras las ministras socialistas mientras durante años su partido ha protegido a su presidente en el País Vasco, el Sr. Eguiguren, condenado en 1992 por dar una paliza a su pareja.
A SUMAR se le escapó en su programa que pretendía acabar con la libertad de prensa, pero pasó desapercibido misteriosamente. Mientras la derecha no se sacuda los complejos y dé la batalla dialéctica y cultural marcando la agenda del debate será muy difícil desprenderse del yugo izquierdista.

 

No me resisto de dejar de señalar la falta de madurez política, en plena campaña, de quienes se ofendían y quejaban porque el PP apelase al voto útil, como si su cuota de votantes fuese fija y en propiedad. ¿En serio lo piensan? Los votantes de Vox son un caladero en el que el PP puede y debe intentar pescar, como lo hace Vox en el caladero de votantes populares. Perder un solo minuto en una campaña electoral en denunciar que te quieren quitar votos es de una simpleza y de una inmadurez impropia de un partido político serio. Como lo es quejarse que el PP, el rival, quiera ganar los suficientes escaños para poder gobernar en solitario. Pues claro, a eso es a lo que debe aspirar cualquier partido que se precie de serlo y no a conformarse con gobernar acompañado, a no ser que en el fondo se consideren un partido muleta.

 

Es muy probable, casi seguro y ojalá me equivoque, que el Partido Popular no alcance el gobierno esta vez. Lo habría alcanzado si no se hubiesen dejado enredar con los pactos autonómicos con Vox, si no hubiesen levantado el pie del acelerador confiados con las encuestas, si no hubiesen rehuido los debates tras el espectacular triunfo de Núñez Feijoó sobre un Sánchez descolocado, si hubiesen centrado su estrategia en exigir responsabilidades por la suelta de centenares de violadores durante los últimos meses, sobre la traición a los
saharauis o sobre los ataques del gobierno a las libertades públicas durante la pandemia por ejemplo. ¿Derogar el Sanchismo? ¿En serio?  El sanchismo es algo mucho más complejo que echar a Sánchez algo que probablemente no todos los votantes alcanzan a comprender. Y, por último, en la derecha deberían de una vez aprender a usar la Ley Electoral para maximizar los resultados y ello pasa necesariamente por cerrar acuerdos preelectorales que son mucho más beneficiosos que los poselectorales, además de transparentes para los votantes.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

jueves, 15 de febrero de 2018

La reforma de la Ley electoral.

El pasado jueves 9 de febrero dirigentes de Ciudadanos y Podemos se reunieron con el fin de llegar a acuerdos sobre la reforma de la Ley Electoral. Ciudadanos plantea propuestas como la doble vuelta, las listas abiertas o el fin del voto rogado, que no exigen una reforma constitucional y a estas ideas Podemos añade sustituir la actual ley D'Hont de reparto de escaños por la fórmula Saint-Lagüe que se aplica, por ejemplo, en Alemania lo que, según ellos, garantizaría una mayor proporcionalidad en la representación parlamentaria porque dicen “garantiza el principio de una persona, un voto”.

Hay que empezar por señalar que el principio “una persona, un voto” ya está plenamente garantizado en nuestro sistema democrático y que, en todo caso, lo que habría que garantizar es que ese voto tuviese igual valor con independencia del territorio donde se emita. O dicho de otra forma que el objetivo consiste en que cada diputado electo represente al mismo número de votantes independientemente de la circunscripción por la que haya resultado elegido.

¿Qué señala al respecto nuestra Constitución? Por una parte la Constitución establece la aplicación del sistema proporcional para la asignación de escaños en el Congreso y el mayoritario en el Senado. El sistema electoral (proporcional o mayoritario) es el conjunto de reglas que traduce el número de votos en escaños. Cuando se opta por el sistema mayoritario el objetivo es disminuir la fragmentación parlamentaria y la búsqueda de bloques estables que garanticen la gobernabilidad. Cuando se opta por el sistema proporcional el objetivo principal es que la cámara refleje lo más fielmente posible la fragmentación o la pluralidad electoral. Dentro de los sistemas proporcionales o distributivos hay distintas variantes: la variante Hare-Niemeyer, la variante Hare-Andrae, la variante d’Hont, la Variante Sainte-Laguë, la variante Imperiali, etc. La Constitución no impone una variante proporcional concreta. Lo hace la Ley Electoral. El Artículo 68 de la Constitución señala que  El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.  La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional”.

Por su parte, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su Artículo 162, determina que “1. El Congreso está formado por trescientos cincuenta Diputados. 2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado. 3. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:
a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares
b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.
c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.”

En las propuestas de reforma electoral de los distintos partidos lo que subyace no es cómo se distribuye mejor el número de escaños en las Provincias de forma más justa, sino qué variante del sistema proporcional se elige en lugar del actual que les atribuya más escaños. Porque en realidad el primer problema que afecta a la representatividad de nuestro sistema es el número de escaños asignado a cada circunscripción, a cada distrito electoral, a cada Provincia. Al desarrollar la previsión constitucional que dispone que la ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción, la LOREG cumple asignando en su Artículo 162 a  cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Esta asignación inicial, que por imperativo constitucional no tiene en cuenta la población, es el punto de arranque de la desigualdad electoral: a más diputados iniciales por provincia peor representatividad. Por tanto, el punto de partida habría de ser rebajar de dos a un Diputado la representación mínima inicial, pasando de los actuales 248 escaños a distribuir con criterios poblacionales a 300 escaños.

Estos 300 escaños divididos entre 46.572.000 habitantes suponen un diputado por cada 155.240 personas.


Nombre
Población
Porcentaje
Nº Diputados
(2 mínimo por
Provincia) LOREG
PROPUESTA
(1 mínimo por Provincia).
1
Madrid 
 6 507 184
13,97 %
36
1+42=43
2
Barcelona
5 576 037
11,97
31
1+36=37
3
Valencia
2 540 707
5,46 %
16
1+16=17
4
Sevilla  
1 939 527
4,16 %
12
1+12=13
5
Alicante
1 825 332
3,92 %
12
1+12=13
6
Málaga
1 630 615
3,50 %
10
1+10=11
7
Murcia 
1 470 273
3,16 %
10
1+9=10
8
Cádiz    
1 239 435
2,66 %
8
1+8=9
9
Vizcaya
1 148 302
2,47 %
8
1+7=8
10
La Coruña
1 120 294
2,41 %
8
1+7=8
11
Baleares
1 115 999
2,40 %
8
1+7=8
12
Las Palmas
1 100 480
2,36 %
8
1+7=8
13
Asturias
1 034 960
2,22 %
8
1+7=8
14
S. Cruz de T. 
1 007 641
2,16 %
7
1+6=7
15
Zaragoza
953 486
2,05 %
7
1+6=7
16
Pontevedra
942 731
2,02 %
7
1+6=7
17
Granada
912 938
1,96 %
7
1+6=7
18
Tarragona
791 693
1,70 %
6
1+5=6
19
Córdoba
788 219
1,69 %
6
1+5=6
20
Gerona
755 716
1,62 %
6
1+5=6
21
Guipúzcoa
719 282
1,54 %
6
1+5=6
22
Almería
        706 672
1,52 %
6
1+5=6
23
Toledo 
686 841
1,47 %
6
1+4=5
24
Badajoz
         679 884
1,46 %
6
1+4=5
25
Jaén      
643 484
1,38 %
6
1+4=5
26
Navarra
643 234
1,38 %
5
1+4=5
27
Cantabria
580 295
1,25 %
5
1+4=5
28
Castellón
575 470
1,24 %
5
1+4=5
29
Valladolid
521 130
1,12 %
5
1+3=4
30
Huelva 
518 930
1,11 %
5
1+3=4
31
Ciudad Real
502 578
1,08 %
5
1+3=4
32
León     
468 316
1,01 %
5
1+3=4
33
Lérida   
432 384
0,93 %
4
1+3=4
34
Cáceres
         400 036
0,86 %
4
1+3=4
35
Albacete
390 032
0,84 %
4
1+3=4
36
Burgos 
358 171
0,77 %
4
1+2=3
37
Lugo     
333 634
0,72 %
4
1+2=3
38
Salamanca
333 603
0,72 %
4
1+2=3
39
Álava    
326 574
0,70 %
4
1+2=3
40
La Rioja
315 381
0,68 %
4
1+2=3
41
Orense 
311 680
0,67 %
4
1+2=3
42
Guadalajara
253 310
0,54 %
3
1+2=3
43
Huesca 
219 702
0,47 %
3
1+1=2
44
Cuenca
         198 718
0,43 %
3
1+1=2
45
Zamora
177 404
0,38 %
3
1+1=2
46
Palencia
163 390
0,35 %
3
1+1=2
47
Ávila     
160 700
0,35 %
3
1+1=2
48
Segovia
154 184
0,33 %
3
1+1=2
49
Teruel  
135 562
0,29 %
3
1+1=2
50
Soria     
   88 903
0,19 %
3
1+1=2
51
Melilla  
   86 120
0,18 %
1
1+1=2
52
Ceuta   
   84 959
0,18 %
1
1+1=2

Total
46 572 132
100 %
350
350

Con esta pequeña modificación de la LOREG mejoraría notablemente la representatividad de cada Diputado y disminuirían sensiblemente las actuales diferencias. Con la Ley actual en Madrid hay un Diputado por cada 180.755 habitantes, en Toledo por cada 114.634, en Orense por cada 77.920 y en Soria por cada 29.634 habitantes. Modificando la LOREG disponiendo que la asignación mínima provincial pase de dos diputados a uno, el resultado sería un Diputado en Madrid por cada 151.329 habitantes, en Toledo por cada 137.368, en Orense por cada 103.893 y en Soria por cada 44.451. Las diferencias siguen siendo notables, pero sin tocar la constitución, se reducirían y en la mayor parte de las Provincias la distribución sería mucho más justa.

La mejora de la representatividad de los ciudadanos debería ser el objetivo prioritario de los partidos y no, como han demostrado, la mejora de la representatividad de sus propias formaciones políticas. Y, una vez hecho esto, que se pongan de acuerdo para poner el acento en la proporcionalidad en la traducción del voto en escaños o en la gobernabilidad eligiendo al efecto la variante proporcional oportuna.

Santiago de Munck Loyola