Ni un euro más para la casta dirigente.

Aquí el que no corre vuela. Da la sensación de que aquella desafortunada frase de una ministra de Zapatero afirmando que “el dinero público no es de nadie” está perfectamente asumida entre quienes dirigiendo partidos, sindicatos o patronales viven precisamente del dinero público, de las jugosas subvenciones públicas que obtienen de nuestros impuestos. Es tal la falta de escrúpulos y la inmoralidad reinantes que no pasa un día o una semana sin que aparezca un nuevo escándalo relacionado con el abuso que algunos hacen de nuestro dinero público, que es de todos. La inmensa mayoría de los partidos políticos, sindicatos y patronales perciben por diferentes vías inmensas cantidades de dinero público para sostener no sólo unas inmensas y superfluas estructuras, sino también un nivel de vida de muchos de sus dirigentes al que no podrían aspirar sin la rica ubre de las administraciones públicas. Y lo que es más grave, a pesar de esas ingentes ayudas económicas, según el Tribunal de Cuentas, 17 de los 25 partidos políticos fiscalizados están en quiebra técnica.

Los partidos políticos tan sólo reciben de sus afiliados 1 de cada 5 euros que ingresan, es decir, que el 80 por ciento de sus ingresos proviene del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Y algo muy parecido ocurre con los sindicatos que, además, perciben sus cuotas de afiliación detrayéndolas de las nóminas directamente por los pagadores públicos. No hay ninguna razón lógica que justifique que todos los contribuyentes tengamos que poner dinero para que los partidos y sindicatos funcionen y menos aún para que lo hagan como lo hacen: despilfarrando y cometiendo toda clase de irregularidades. Lo que han logrado estas organizaciones con el dinero público es alejarse cada día más del ciudadano cuya solidaridad y adhesión ya no la necesitan pues su sostenimiento está garantizado a través de la exacción obligatoria de la caja pública.

Con nuestro dinero algunos pueden pagarse generosos sobresueldos, espectaculares campañas electorales, mariscadas, cursos en el Caribe y todo un sin fin de abusos que son especialmente sangrantes en medio de esta tremenda recesión. La clase dirigente de nuestro país, la política, la sindical y la empresarial, no ha sido, ni es ejemplar.

Con nuestro dinero, los sindicalistas de UGT han protagonizado uno de los espectáculos más bochornosos, más cutres y degradantes de nuestra democracia. No sólo montaron en Andalucía el expolio del dinero destinado a los desempleados con la trama de los falsos EREs, sino que además vamos conociendo día a día la existencia de un manual para realizar “mordidas” en las facturas del sindicato a las administraciones públicas y van saliendo a la luz las miserias humanas en forma de comilonas, viajes exóticos, bolsos falsificados, juergas en la Feria de Sevilla, sobresueldos, etc.

Y otro ejemplo destapado en las investigaciones judiciales es el protagonizado por el Partido Popular. El hecho de que en Alicante, la Dirección Provincial se gastase en el año 2011 35.000 euros en comilonas (o sea, 29.000 euros sacados directamente de los impuestos), no es nada si lo comparamos en la forma que la central de Génova 13 usa el dinero de los contribuyentes.

La Audiencia Nacional ha encontrado indicios de financiación ilegal del PP en las obras de remodelación de Génova 13, con reformas más que sorprendentes. Dejando al margen lo que pueda haber o no de financiación ilegal, lo cierto es que del examen de la documentación se desprende que los populares gastaron oficialmente casi 6 millones de euros en remodelar el edificio y que buena parte de dichas obras se hicieron con la crisis ya encima. Es decir, que el partido de la austeridad (para los demás) usó casi 4,8 millones de euros provenientes de nuestros impuestos en remodelar un edificio que, por cierto, estaba en muy buen estado y, por ejemplo, no tuvieron empacho alguno en gastar 28.121,37 euros en arreglar el “cuarto de la basura” (o tienen mucha basura o es basura de alto standing), 98.934,39 euros en la sala en la que se reúne la cúpula del Partido o  103.162,94 euros para el cuarto de seguridad y vestuarios (y se les escapa Bárcenas con los papeles bajo el brazo).

Cuatro de cada cinco euros que gastan los partidos son nuestros, de nuestros impuestos y lo cierto es que no los usan con decencia. Mientras que los ciudadanos tenemos que pagar cada vez más impuestos, mientras simultáneamente tenemos menos prestaciones sociales porque los recortes se imponen, la clase dirigente de España sigue tirando del cajón público para sostener unas estructuras de partidos y sindicatos que ni sus afiliados están dispuestos a sostener con sus cuotas. Han tratado de maquillar la situación haciéndose pequeños recortes pero lo cierto es que lo que dejan de percibir por un lado lo perciben por otro. Buena prueba de ello, ha sido el acuerdo entre PP y PSOE en la Diputación de Alicante para desviar el dinero de los Grupos Institucionales a sus propios partidos políticos. Y es que en cuestiones de dinero, siempre terminan por ponerse de acuerdo los grandes. Y siempre, los que finalmente pagan sus excesos, su despilfarro y sus lujos somos los sufridos contribuyentes. La regeneración del sistema pasa también por cortarles el grifo. Ni un euro público más para partidos, sindicatos y patronal.

Santiago de Munck Loyola

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Los partidos políticos y nuestro dinero.

El pasado 29 de abril, el Consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellanos, anunció que la cantidad con que la Generalidad subvencionaba a los partidos políticos iba a ser reducida en un 30 %. Es decir, que el millón setecientos mil euros al año que hasta ahora, y a pesar de estar arruinada la administración autonómica, se llevan los partidos políticos para mantenerse del dinero de los contribuyentes se reducía para este año a un millón doscientos mil euros. Esta decisión ha levantado ampollas en la oposición, sobre todo en el PSPV, que ha puesto el grito en el cielo al ver reducido el dinero que recibe del erario público y que en buena parte venía dedicando a interponer acciones judiciales que, además, pierde en muchos casos. Esta elogiable iniciativa del PPCV es, a su vez, criticable porque lo primero que hay preguntarse es ¿por qué una reducción del 30% de la subvención y no del 100%? ¿Por qué si no hay dinero para pagar la dependencia, a los farmacéuticos o a los colegios sí que hay 1.200.000 euros para sostener las estructuras de unos partidos políticos que deberían ser sostenidas únicamente con las cuotas de sus afiliados? ¿Son prioritarios los gastos de los partidos frente a las necesidades básicas vitales de miles de ciudadanos de la Comunidad? 

No existe ni una sólo razón económica, ética o política que justifique que en tiempos de profunda crisis, de miseria y desesperación en muchos casos, se dedique dinero público a financiar a los partidos políticos, a los sindicatos o a las organizaciones empresariales. Estas organizaciones que, indudablemente cumplen un papel esencial, deben ser capaces de autofinanciarse, de subsistir con las aportaciones de sus afiliados, de sus socios y sus simpatizantes y, para hacerlo, deberían ajustar sus modelos de organización y funcionamiento a sus ingresos reales o desaparecer en su forma actual. Si no lo consiguen, si no pueden mantenerse con el dinero de sus socios es porque los ciudadanos no las quieren y, por tanto, sustituir la falta de ingresos de su militancia con subvenciones detraídas de los impuestos de los mismos ciudadanos que voluntariamente no las quieren sostener es un fraude político en toda regla.

Sin embargo, esta reducción de las subvenciones a los partidos llevada a cabo a nivel autonómico contrasta poderosamente con las decisiones tomadas en el ámbito de Alicante por la Diputación Provincial. En efecto, el pasado 4 de abril, el Pleno de la Diputación alicantina presidido por Dª Luisa Pastor aprobó por vía de urgencia, fuera del orden del día y de tapadillo, una modificación del reglamento para la gestión de las subvenciones que reciben los grupos políticos que conforman la Diputación. ¿Y en qué consistió esta reforma? Pues básicamente en poder desviar parte del dinero destinado al funcionamiento de cada grupo político de la Diputación a las cuentas corrientes de sus respectivos partidos políticos. Es decir, a subvencionar de forma encubierta a los partidos políticos, que tanto el PP como el PSPV podrán ingresar la cuantía que estimen conveniente de esa asignación a las arcas que nutren a sus direcciones provinciales. En el Artículo 9 del reglamento aprobado se dice que "Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial". El único requisito es que, posteriormente, justifiquen el destino definitivo de esos fondos. Y para ello no hubo gran problema. Tanto el Partido Popular como el PSOE se pusieron de acuerdo de inmediato. Y, por si fuera poco, tanto el PP como el PSOE acordaron también abrir la vía para incrementar la asignación que reciben todos los años de las arcas provinciales. Y todavía habrá quien hable de austeridad o de ejemplaridad sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Es esta la sintonía política que existe entre el Sr. Ciscar y el Presidente Fabra? ¿Aquí va cada uno por su lado?

Y hablando de dinero público y de grupos y partidos políticos, no queda más remedio que subrayar la actitud del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante que hace pocos días, sin dar ninguna explicación, se negó a aprobar una moción de UPyD para aprobar medidas que garantizaran la transparencia de la gestión de la asignación económica de los grupos políticos municipales, entre las que se incluía hacer públicas las cuentas de los partidos. Hay que precisar que según el Artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local el Pleno del Ayuntamiento puede asignar determinadas cantidades de dinero a los grupos políticos constituidos en su seno para su actuación corporativa. Esta dotación económica no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, ni a desviarse como aportación a los partidos políticos, salvo que así expresamente lo autorizase el Reglamento municipal correspondiente. La Ley prevé que los Grupos Políticos de la corporación lleven una contabilidad específica de esa dotación económica que habrá de ser puesta a disposición del Pleno cuando así se apruebe. Pues bien, lo que ha hecho el Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante es sencillamente impedir que los ciudadanos podamos conocer cómo y en qué se han gastado nuestro dinero todos los grupos municipales del Ayuntamiento. ¿Hay alguien que pueda decir que eso es transparencia? ¿Hay alguien que pueda explicar esa decisión? ¿Hay miserias o ilegalidades que esconder?

Bien, como se puede apreciar estamos ante tres actitudes diferentes, pero muy sintomáticas y elocuentes, sobre el uso del dinero de los contribuyentes, sobre la forma de financiar en tiempos de crisis y de austeridad a los partidos políticos. Podrán contarnos lo que quieran, podrán entonar bellos discursos con huecas palabras, pero no hay nada más elocuente que los hechos. Y por sus obras los conoceremos.

Santiago de Munck Loyola

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Los Premios Goya o la exhibición anual de la descortesía.

Uno pensaba que una regla de elemental cortesía y signo de buena educación era ser amable y considerado con el invitado que uno lleva a su casa. Sin embargo, a la vista del tratamiento que los actores y presuntos artistas dispensan a sus invitados debe ser un error o quizás sean ellos los que desconocen las elementales reglas de la buena educación y cortesía. Cada vez que tienen ocasión y siempre que sus invitados sean del Partido Popular, los promotores de la entrega de los premios Goya se comportan como el anfitrión que invita a cenar a un amigo musulmán y le ofrece un buen plato de jamón serrano, buen vino y se dedica a insultar y a criticar a Mahoma.

Y así ha vuelto a ser el pasado domingo en la gala de la entrega de los Premios Goya. El Ministro Wert aguantó como pudo la perorata de simplezas de algunos de los intervinientes, más preocupados de estampar su pose política que de realizar la más mínima autocrítica para conocer las causas de la razón por la cual los consumidores nos decantamos por los productos cinematográficos extranjeros que por las “obras maestras” de la farándula patria.

La propia presentadora del evento, Eva Hache, fue la primera en evidenciar su concepto sobre la buena educación con esa mezcla de humor escatológico y pretendida naturalidad que tanta gracia hace a algunos, eso sí, siempre que se trate de dar palos al PP. No se libraron tampoco de las simplezas de la presentadora ni el Rey, ni su familia. La verdad es que la presentadora fue poco original y bastante grosera.

El discurso del presidente de la Academia del Cine, Enrique González Macho, se centró en los recortes, en la subida del IVA y en la supuesta independencia del Cine Español. Podía haber hablado de los responsables últimos de los recortes de hoy, de los que durante años han despilfarrado el dinero público, pero no lo hizo y con ello perdían legitimidad y fuerza sus críticas. No obstante, cuando una actividad depende para su subsistencia de las subvenciones públicas parece que las reivindicaciones de independencia son más bien brindis al sol que un reflejo de la realidad.

Ahora bien la que se llevó la palma al mérito demagógico fue la ganadora del Goya a la mejor actriz, Candela Peña. La galardonada dijo: Hace tres años que no trabajaba. En estos tres años he visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparlo y le teníamos que llevar el agua. En estos tres años ha nacido un hijo de mis entrañas y no sé qué educación pública la espera. En estos tres años ha visto gente sin trabajo que se mata por no tener casas. Esta alegría no me la amarga nadie y os pido trabajo. Tengo un niño que alimentar. Muchos la criticarán por usar la plataforma del premio como atril político y de ser, por lo tanto, inoportuna, tal vez. Habrá a quien le parezca perfecto usar esta plataforma pública para pedir trabajo y de paso para hacer demagogia usando hasta la muerte del propio padre, a mi no. Hoy ha salido a la palestra el Director del Hospital público catalán, por cierto, en el que falleció el padre de la actriz negando que en dicho hospital no hubiese ni mantas ni agua para los enfermos, pero sobre todo poniendo en conocimiento de todo el mundo que ni la actriz, ni ningún allegado, presentó en su momento escrito o reclamación alguna denunciando algo tan grave. ¿Quién no presentaría una queja formal si a un enfermo en un hospital público no se le proporcionase manta y agua? Hay cosas que, por falsas y exageradas, no se deberían decir y menos aún cuando se usa la muerte de un ser querido simplemente para hacer política y de la mala. No cabe ninguna duda de que hay carencias en la sanidad y, sobre todo, en la sanidad catalana tras el paso del tripartito por la Generalidad de Cataluña, pero de ahí a lo que denuncia esta actriz hay un verdadero abismo.

Todos podemos ejercer la crítica política, pero cuando los miembros del mundo artístico se posicionan colectivamente y siempre en la misma dirección pierden credibilidad. Ni todos los artistas piensan igual ni están representados por las voces que siempre se arrogan la exclusividad de su representación. Pero, lamentablemente, ésa es la imagen que transmiten a la sociedad española. La beligerancia partidista de este colectivo es manifiesta, su sectarismo ideológico patente y su incapacidad para ganarse el favor del público en lo suyo, en la producción artística, también. Quizás necesitarían menos subvenciones y profundizar más en los males de fondo que atañen a su profesión en lugar de jugar a la política con minúscula y de hacer de palmeros de quienes no soportan perder las elecciones frente al Partido Popular.

Santiago de Munck Loyola

¡Peligro, cretinos sueltos!

A mediodía, mientras regresaba del trabajo, venía escuchando la radio y en los informativos locales relataban las movilizaciones promovidas por los sindicatos de Alicante que esta mañana, con muy poco seguimiento ciudadano, se han producido en algunos puntos de nuestra ciudad. Entrevistaban a los líderes sindicales y uno de ellos afirmaba que  "queremos que sea un final de verano muy caliente con un encuentro en Madrid para decir que las políticas de recortes nos llevan a la ruina social y nos llevan a los de siempre" y continuaba afirmando con una rotundidad absoluta que “el Gobierno del PP quiere acabar con todo, con el Estado del Bienestar y que va a arruinar al país”. Por último, para rematar sus palabras señalaba que su sindicato quiere que las medidas económicas que está adoptando el Gobierno sean sometidas a un referéndum "para que la ciudadanía pueda opinar sobre lo que está haciendo el Gobierno", "seguimos en pie de guerra y no vamos a dejar que arruinen el país y nos lleven a la pobreza como están haciendo".

Los líderes sindicales, en perfecta sintonía con el Partido Socialista, vienen repitiendo de forma machacona el mismo estribillo: “quieren acabar con todo, van a arruinar al país”. Y cada vez que repiten esta frase mienten y lo saben. Y si no lo saben deberían dedicarse a otra cosa.

Éste, como cualquier Gobierno, podrá adoptar medidas más o menos acertadas o equivocarse. Pero afirmar sin más que un gobierno quiere acabar con el estado de bienestar o con las prestaciones sociales que perciben los ciudadanos que mayoritariamente le votan es una estupidez y una simpleza impropia de quienes aspiran a ejercer cierto tipo de liderazgo y de quienes se arrogan una representación no otorgada por las urnas. Realizar tales afirmaciones es, sobre todo, atribuir intenciones a otros que no se corresponden con la realidad de la voluntad política de quienes se ven obligados a adoptar determinadas decisiones por muy impopulares que sean. Y proclamar tales asertos es, en definitiva, tomar por tontos al conjunto de los ciudadanos cuya capacidad de análisis y sentido común suele estar muy por encima de la media de la clase política y sindical. No es de recibo que tanto algunos políticos, como algunos sindicalitas, falten continuamente al respeto a la inteligencia de los ciudadanos repitiendo como cretinos consignas y proclamas dictadas por las cúpulas de sus organizaciones.

Y faltan a la verdad y mienten quienes afirman que este Gobierno y el partido que lo sustenta vaya a arruinar a “este país”, a España, por la sencilla razón de que es imposible: “este país”, España, ya estaba arruinado cuando el Gobierno del Partido Popular se constituyó en diciembre pasado. Este Gobierno está administrando una impresionante ruina económica y la miseria dejada por el anterior Gobierno cuya nefasta gestión fue avalada y apoyada con el cómplice silencio de los sindicatos que hoy se apresuran a mentir, una vez más, a la ciudadanía. Podrá cometer errores este Gobierno a la hora de gestionar la ruina heredada y desde estas páginas así se denuncia en muchas ocasiones y dichos errores podrán, seguramente, entorpecer la recuperación económica de la nación o supondrán, a veces, un injusto reparto de los costes de la crisis, pero de ahí a afirmar que va a arruinar lo que ya estaba arruinado existe un verdadero abismo.

Y el colmo del cinismo de algunos dirigentes sindicales se pone de manifiesto cuando piden que sean sometidas a referéndum las medidas económicas que el Gobierno se está viendo obligado a adoptar y para justificar tal pretensión alegan que estas medidas no estaban recogidas en el programa electoral que los ciudadanos españoles respaldaron mayoritariamente hace unos meses. Lo primero que cabe plantearse es ¿por qué los sindicatos no pidieron un referéndum similar cuando el Gobierno socialista adoptó medidas económicas y recortes que no había incluido en su programa electoral? ¿Por qué un referéndum ahora y no hace dos años cuando, por ejemplo, se bajó el sueldo a los empleados públicos? Y puestos a reclamar un referéndum ¿por qué no pedir que se nos pregunte a los ciudadanos si queremos seguir subvencionado a los sindicatos y a los partidos políticos?

Hay muchos políticos y sindicalistas en nuestra Nación cuya labor es ejemplar, que se merecen el reconocimiento social sin ninguna duda. Pero desgraciadamente su esencial papel se ve eclipsado por tanto cretino que anda suelto y cuyo afán de protagonismo diario rebasa con amplitud los límites del respeto a la inteligencia de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

¡Pobres banqueros! Sólo 500.000 € anuales de sueldo.

Mucho se ha hablado y escrito estos últimos días primero sobre la continuidad de la prestación de 400 € y después sobre su alcance y requisitos para su percepción. El Sr. Floriano, Portavoz Popular, hacía públicas sus reflexiones sobre la conveniencia de su concesión a desempleados que se ven obligados a vivir con la familia sin tener en cuenta la capacidad económica de dicha familia. Otros dirigentes gubernamentales han insistido en la conveniencia  o en la necesidad de vincular esta prestación de subsistencia a la consecución de un empleo. En fin, que como no hay dinero público se está mirando con lupa los pormenores y detalles de esta prestación excepcional que, por regla general, constituye para muchos ciudadanos el último y escaso salvavidas en medio de esta desoladora crisis económica.

Hoy hemos conocido que el Ejecutivo va a aprovechar la nueva norma sobre reestructuración y liquidación de entidades financieras con problemas para recortar otra vez las retribuciones de los directivos de bancos que perciben dinero público. Ya en febrero el Gobierno fijó el límite para la retribución fija anual, por todos los conceptos, de los directivos y consejeros con funciones ejecutivas, en 600.000 €, cifra nada desdeñable. Ahora se pretende rebajar esta cantidad en 100.000 € anuales y establecer el tope salarial en 500.000 €.

Hay que reconocer que se trata del primer Gobierno que se atreve a recortar los sueldos de los directivos de las entidades financieras que perciben ayudas públicas y que las rebajas impuestas son notables, pero no queda más remedio que preguntarse si esto es suficiente y, sobre todo, se esta decisión se moralmente aceptable cuando se está hablando de retribuciones que provienen de ayudas públicas, del dinero público que sale del bolsillo de los contribuyentes.

Es evidente que hay dos varas de medir a la hora de regular el uso salarial del dinero público y contrasta enormemente la minuciosidad y la preocupación de algunos dirigentes políticos a la hora de abordar la concesión de una prestación de subsistencia como la de los 400 € con su silencio y magnanimidad a la hora de regular las retribuciones de los directivos financieros que perciben dinero público para sostener las entidades bancarias que dirigen.

Ya en otras ocasiones desde estas mismas páginas se han puesto de relieve las anomalías que se detectan en el uso salarial del dinero público en nuestro país. Mientras que no hay dinero público para pagar, por ejemplo, la extra de Navidad a los empleados públicos o para extender la prestación de 400 €, resulta que sí hay dinero público para pagar retribuciones como las que aquí se detallan:

- Presidente del Red Eléctrica Española: 429.000 € de retribución fija + 199.000 € de retribución variable.

- Consejeros de Red Eléctrica Española: 1 consejero con 899.000 euros al año, 5 consejeros con 182.000 euros al año,  3 consejeros con 153.000 euros al año, 1 consejero con 170.000 euros al año,  1 consejeros con 165.000 euros al año.

- ADIF: 11 directivos con una media de 140.000 euros anuales.

- FEVE: director general 96.196,58 euros.

- Zapatero cobra 6.383 euros del Consejo de Estado por acudir a un pleno mensual e ingresa otros 6.515 € al mes como ex Presidente.

- RTVE: Presidente 220.000 euros al año. Las presentadoras Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana Pastor y María Casado tenían sueldos que oscilaban entre los 150.000 a los más de 200.000 euros brutos anuales en 2009.

- El alcalde de Sabadell, Manuel Bustos Garrido, cobra un sueldo público del Ayuntamiento de 81.576,04 euros brutos anuales.

- El presidente de la Diputación de La Coruña/A Coruña, Diego Calvo Pouso, del Partido Popular, tiene un sueldo de 71.593 euros brutos anuales.

- Trece directivos de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, 130.000 euros cada uno.

- El Alcalde de Leganés 103.000 euros anuales.

- Sueldo base de directivos de grandes empresas públicas, 105.000 euros anuales.

- Directivos de empresas públicas medianas un sueldo base máximo de 80.000 euros anuales.

- Y cuando entre en vigor la nueva reforma, los directivos de las entidades financieras intervenidas sólo podrán cobrar, los pobrecitos, 500.000 € al año. ¿Y no se cuestiona el Sr. Floriano que cobren 500.000 € al año sin considerar la renta familiar?

En una situación económica como la de nuestro país el destino retributivo del dinero público no puede tener tratamientos tan dispares ni tan injustos. El dinero usado para las anteriores retribuciones nace en todo o en gran parte de los contribuyentes y debería, por tanto, ser usado con criterios públicos y objetivos. Es preciso aplicar un principio claro y único: con dinero público, salarios públicos. Tanto en las empresas públicas, como en las empresas privadas que perciben ayudas públicas, las retribuciones no deberían establecerse siguiendo las mismas normas que rigen en la Administración Pública y, por tanto, no deberían superar las máximas retribuciones que se perciben en las administraciones públicas. Y al que no le convenga que deje el puesto que seguro que habrá alguien con, al menos, tanta preparación como la suya para desempeñarlo y dispuesto a hacerlo con un salario público.

El punto de partida es fácil de encontrar: nadie debería poder percibir en este país y en estas circunstancias un salario con origen en los fondos públicos superior al del Presidente del Gobierno. No es posible ni tolerable que los más débiles sigan siendo “los castigados” por la crisis. En vez de tanta “reforma” sectorial, de tanto parche legislativo, el Gobierno debería de una vez abordar una reforma global de los sistema retributivos cuando está por medio el dinero público y, para ello, debería elaborar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Por simple lógica y elemental justicia. Que haya dinero público para pagar sueldos de 500.000 € anuales a los directivos de los bancos intervenidos y que no lo haya para abonar la paga extra de los empleados públicos o los 400 € no lo entiende nadie.

Santiago de Munck Loyola

¿Hay dinero para las renovables y no para el carbón?

La decisión del Gobierno de España de reducir las ayudas directas a la industria del carbón ha puesto en pie a los mineros afectados y, de paso, ha resucitado a la farándula progre y a algunos atrevidos portavoces socialistas. Es compresible desde un punto de vista humano la lucha y las reivindicaciones de los mineros y de sus familias y hay que reconocer su tesón aunque no se puedan compartir el uso esporádico de medios violentos con que algunos han querido subrayar sus reclamaciones. También resulta comprensible, aunque por otros motivos, la resurrección de los zejateros que siempre andan a la caza de un motivo para lucir sus resabios decimonónicos y trasnochados para cargar contra el legítimo Gobierno de España siempre que éste lo ostente el Partido Popular. Poco les importó no hace mucho que el Gobierno anterior destruyese empleo, despilfarrase o mintiese impunemente, un día sí y otro también, a los ciudadanos y si les importaba lo disimularon bien no fuera que su subvencionado pesebre sufriese alguna merma. Lo que ya resulta menos comprensible es la impúdica exhibición de cinismo de diferentes dirigentes socialistas exigiendo en un tono  bastante desabrido que el Gobierno ponga para la minería el dinero que ellos se han “cepillado”.

El anuncio gubernamental de un recorte de 200 millones de euros a las subvenciones al carbón ha sido el detonante de estas movilizaciones. Según las cifras que estos días se vienen manejando en los medios de comunicación, el carbón español cuesta a los contribuyentes 620 millones de euros al año de los que 320 millones corresponden al pago de las prejubilaciones. ¿Por qué pagamos los contribuyentes los otros 300 millones de euros año en subvenciones al carbón? Porque el parecer la industria del carbón español no es rentable, hay que subvencionarla para que sigan abiertas las empresas explotadoras de las minas. Así que como estas empresas son deficitarias, los contribuyentes las sostenemos con nuestros impuestos. Este carbón se emplea fundamentalmente para generar electricidad en las centrales térmicas cuya producción supone el 7 % del conjunto de la electricidad producida en España y, simultáneamente, constituye la mayor fuente de emisión de gases tóxicos, de contaminación, de las industrias generadoras de electricidad.

Pero al mismo tiempo existe otra importante fuente generadora de electricidad que también es deficitaria en mucha mayor medida que las sustentadas en el carbón. Son las llamadas renovables. De ellas, la energía fotovoltaica, por ejemplo, supone el 3 % del conjunto de la producción eléctrica española. Siendo las energías renovables unas industrias también deficitarias, los contribuyentes, nos guste o no, también las subvencionamos con nuestros impuestos. ¿La razón? Pues que tenemos que cumplir con los compromisos internacionales de España sobre la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, hay que subvencionar a las empresas eléctricas para que generen electricidad no contaminante con unos sistemas que no son rentables y que sin dinero público serían empresas inviables en el mercado. De cada 100 euros que pagamos en el recibo de la luz, más de 22 euros son subvenciones a las energías renovables. Más de 6.000 millones de euros al año se van así a los bolsillos de las grandes empresas generadoras de electricidad.

No existe pues ningún criterio económico que justifique racionalmente el sostenimiento de empresas deficitarias. En una economía libre, en un mercado normal, no intervenido, sólo pueden subsistir aquellas empresas que por si mismas se sostienen, las que son rentables. Aquí no, aquí los contribuyentes nos vemos obligados a consumir la electricidad más cara de Europa porque, en primer lugar, no nos dejan comprarla a quien queramos, no podemos comprarla a una empresa francesa o alemana porque el Gobierno no quiere liberalizar la distribución y sostiene al oligopolio de las empresas eléctricas, y, en segundo lugar, porque nos vemos forzados a subvencionar a empresas deficitarias, a empresas ruinosas que sin la ayuda pública se hundirían rápidamente.

Este es desolador panorama para el consumidor español que se ve obligado a subvencionar anualmente de un lado a los productores de electricidad más contaminantes  y de otro a subvencionar a los productores de electricidad menos contaminantes para reducir los efectos de la contaminación de los primeros. ¿Usted lo entiende?

Partiendo del principio de que no se debe utilizar el dinero del contribuyente para subvencionar ninguna empresa ruinosa, pero aceptando desgraciadamente que nuestra realidad es la que es, uno no puede por menos preguntarse ¿por qué hay 6.000 millones para subvencionar a las renovables (Endesa, Hidroeléctrica, Unión Fenosa, etc.) y no hay 200 millones para subvencionar al carbón? O para todos o para ninguno. Y puestos a ello, a subvencionar a empresas deficitarias, con aumentarnos otro poco el recibo de la luz, la parte que se llevan las renovables, se tendría resuelto el problema del carbón.

Santiago de Munck Loyola

¿Reforma profunda o cosmética de los Ayuntamientos?

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vuelto a insistir esta mañana durante una intervención en el Campus Faes en la voluntad del Gobierno de impulsar reformas de las Administraciones Públicas, empezando por las Administraciones Locales. No es la primera persona del Gobierno que anuncia cambios profundos en la Ley de Bases del Régimen Local. Hace unas semanas el Gobierno anunció también en el proyecto de reforma de esta Ley para racionalizar las competencias y los servicios que deberían asumir los entes locales. Y hace pocos días, desde el Ministerio de Hacienda se ha lanzado la idea de reformas que supondrían la obligación de evaluar los costes de los servicios municipales y de proceder a la privatización o al cierre de los que resulten deficitarios. En el caso de la intervención de hoy, los medios de comunicación han destacado la reforma para determinar los sueldos de Alcaldes y Concejales y la reducción del número de éstos.

Parece que el Gobierno está usando la técnica del globo sonda para ir espaciando en el tiempo diferentes aspectos del paquete de reformas de los entes locales que se van a aprobar en las próximas semanas. En cuanto a la modificación del sistema de asignación de los sueldos de los Alcaldes y Concejales parece que responde a una necesidad evidente de homogeneizar las cuantías y de acabar con los espectáculos bochornosos que se producen al inicio de cada legislatura cuando los Plenos de los Ayuntamientos proceden a fijar las retribuciones de sus componentes. Reformar el actual sistema de determinación de las retribuciones de Alcaldes y Concejales es una medida necesaria, pero es a la vez discriminatoria e insuficiente. Debe existir un mismo criterio y un mismo baremo a la hora de determinar cualquier retribución o cualquier salario que tenga su origen en el dinero público. No vale con aplicar un límite al escalón inferior de las administraciones públicas, los Ayuntamientos, sino que la norma, al igual que se ha hecho respecto a la jornada laboral, debe ser extensiva a todas las administraciones públicas y a cualquier entidad que se sostenga con ayudas públicas, sea cual sea su origen o denominación. El criterio es simple y de sentido común: con dinero público, tablas salariales públicas y nadie que perciba una retribución con origen en fondos públicos debe percibir un euro más de lo que perciba el Presidente del Gobierno. Si la máxima responsabilidad política está en la Presidencia del Gobierno, todos los salarios de los cargos públicos deberían ser inferiores al suyo. No tiene mucho sentido ni lógica que Alcaldes, Concejales, Parlamentarios nacionales y autonómicos, Presidentes o Consejeros de Comunidades Autónomas o directivos de entidades financieras intervenidas o ayudadas con fondos públicos ganen mucho más que el Presidente del Gobierno. Y junto a esta norma, otra de sentido común: ningún cargo público podrá cobrar de dos o más fuentes de ingresos públicos aunque se disfrace de dietas por asistencia a Consejos de Administración de Empresas Públicas, indemnizaciones, etc. Pero es que, además, este criterio debería ser aplicado al ámbito del sector privado, es decir, al ámbito de empresas o instituciones que sobreviven gracias a las subvenciones públicas. Por tanto, más que una reforma parcial en este campo de la Ley de Bases de Régimen Local lo que hace falta es una Ley sobre Retribuciones del Sector Público.

Es evidente que la Ley de Bases del Régimen Local necesita una profunda reforma. Pero esta reforma ha de partir de un serio análisis del modelo local que tenemos. No hay que olvidar que nuestro actual modelo tiene su origen y su consolidación en una época histórica concreta. La clase política de finales de los 70 y principios de los 80 partía de una profunda desconfianza hacia unas administraciones locales cuyas estructuras y hábitos provenían de 40 años de dictadura. Se articuló entonces un sistema municipal más preocupado en el control político y democrático de los entes locales que del desarrollo eficaz de la gestión de los mismos. Esa desconfianza inicial se tradujo en un desplazamiento de la gestión hacia el ámbito político reproduciéndose en los entes locales esquemas de funcionamiento que hoy por hoy necesitan una profunda reforma.

Hoy más que nunca es preciso que los políticos locales centren su actividad en desarrollar políticas más que en gestionar. No es lo mismo hacer política que gestionar. Las Administraciones Locales cuentan con excelentes profesionales cuyo papel debe ser potenciado en las próximas reformas legislativas.

Igualmente, es necesario abordar algunos aspectos importantes como son la delimitación de competencias de los entes locales, la financiación sostenible de los mismos, el papel de las Policías Locales en relación a la seguridad ciudadana, la coordinación y la cooperación entre las distintas administraciones públicas, etc. Son tantos los aspectos que podrían y deberían reformarse que sería una lástima que las urgencias presupuestarias terminaran centrando la reforma de los entes locales en simples recortes salariales o en la reducción de los cargos públicos. Ojala que no sea así, porque los Ayuntamientos son la base de la convivencia ciudadana y la primera puerta a la que todos accedemos para demandar atención y servicios.

Santiago de Munck Loyola

Eléctricas 1 - Consumidores 0.

Hay cosas que parece que no cambian gobierne quien gobierne. Son hábitos, costumbres o políticas que se heredan de un gobierno a otro sin que, en la mayoría de las ocasiones, los ciudadanos cuestionemos esos comportamientos. Parece que es indiferente el color político de los gobiernos, estatales, autonómicos o locales, porque determinadas cuestiones que afectan muy directamente a los ciudadanos no cambian. Una de ellas que es padecida por todos los hogares españoles es la cuestión de la electricidad, el coste de la energía eléctrica y la política gubernamental al respecto. La cultura de “la subvención” forma parte íntima del recibo de la luz que todos pagamos. Cunado se produce un cambio de Gobierno siempre se anuncian profundos cambios respecto a la política energética, pero en el fondo estos cambios son más estéticos que de fondo y su traducción práctica siempre es la misma: los ciudadanos pagamos más y más cada año por el precio de la energía.

Da la impresión que estos cambios cosméticos se diseñan y ejecutan siempre a favor de las poderosas empresas eléctricas en cuyos consejos de administración siempre terminan sentándose, casualmente, ex presidentes y ex ministros de los Gobiernos salientes.

El pasado mes de mayo los precios de la electricidad en Europa registraron caídas del 12% respecto al mes anterior y en España nos han subido en lo que va de año un 11% la tarifa de último recurso, un 7 % en abril y un 4% en julio. Los consumidores españoles pagamos la electricidad más cara de Europa tanto en términos absolutos como relativos. Los datos son los siguientes:

País                 SAB    SPH       P      HTR

Dinamarca      48307  5,51     12,65   2,294

Noruega          47221  5,39     15,63   2,900

Reino Unido    44495  5,08     13,65   2,687

Luxemburgo   43621  4,98     14,51   2,914

Holanda          40800  4,66     13,0     2,791

Irlanda            40462   4,62     15,84   3,429

Alemania        39364  4,49     14,06   3,129

Bélgica            37674  4,3       15,72   3,655

Austria            36673  4,19     14,42   3,444

Suecia            35084  4,01     13,76   3,436

Finlandia         34080  3,89     10,81   2,779

Francia           31368  3,58     9,94     2,776

Italia                24116  2,75     14,15   5,140

España           21402  2,44     15,97   6,537

Grecia            17859   2,04     10,01   4,910

Portugal          14892  1,7       10,15   5,970 

• SAB. Sueldo Anual Bruto.

• H. Número de horas del año, 8760.

• SPH. Sueldo Por Hora. [SAB/H].

• P. Precio en euros de 100kWh.

• HTR. Horas de Trabajo Relativas. [P/SPH]

Como puede apreciarse, los españoles con salario medio sensiblemente inferior al de nuestros vecinos pagamos la electricidad más cara. Parece ser que de cada 100 euros del recibo que pagamos sólo 44,1 € corresponden al coste de la generación y del transporte de la energía, mientras que los 55,9 € restantes son primas (subvenciones para las eléctricas), déficits anteriores e impuestos. En el año 2010 de cada 100 €, 22,2 € se dedicaron a pagar primas a las renovables. ¡Y que siga la fiesta!

Así pues, los españoles que tenemos sueldos bastante inferiores a los de nuestros vecinos pagamos la electricidad más cara de Europa porque, como somos muy rumbosos, nos dedicamos a subvenciones fuentes de energía que no son rentables económicamente y que no serían negocio sin esos 22,2 euros de cada 100 que nos cobran para sostenerlas. ¿Por qué estamos obligados los consumidores a subvencionar sistemas de generación eléctrica no rentables de empresas que reparten enormes dividendos gracias a nuestro dinero? ¿Quién nos lo ha preguntado? ¿En qué programa electoral se anunció tal medida? Hay quien lo justifica por la necesidad de cumplir acuerdos internacionales sobre reducción de emisiones contaminantes. Vale, muy bien. ¿Por qué entonces no se subvenciona en la misma proporción, por ejemplo, a quienes desarrollen sus tareas agrícolas con mulas de tiro en lugar de usar tractores? También se reducirían las emisiones contaminantes ¿no?

Y ya que estamos en la Unión Europea para lo bueno y para lo malo, en esta Unión mercantilista en que bienes y personas circulan con relativa facilidad ¿por qué no se liberaliza absolutamente el sector y se nos permite a los consumidores contratar el suministro eléctrico de nuestros hogares con empresas extranjeras cuyas tarifas son considerablemente inferiores? ¿No apuesta el Gobierno del PP por las reformas liberalizadoras? ¿A qué espera el Gobierno para apostar por el consumidor en lugar de hacerlo por las poderosas compañías eléctricas?

No somos un país rico con capacidad para subvencionar tecnologías no rentables económicamente. Nuestra prioridad como nación debe ser preservar los niveles de bienestar que hemos ido alcanzando, eliminar las trabas y las dificultades que asfixian a los ciudadanos, hacer real la solidaridad y facilitar la generación de empleo. Mal podemos ser competitivos cuando los mayores generadores de empleo, las pequeñas empresas, los negocios familiares, tienen que pagar la electricidad más cara de Europa y subvencionar a los más poderosos. A veces pienso que va terminar por tener razón un tío mío que en la posguerra siempre decía que “mande el fascismo o mande el comunismo, siempre pagamos los mismos”.

Santiago de Munck Loyola

Los partidos políticos siguen "de fiesta" con nuestro dinero.

Un Diario publica hoy una noticia relativa a la financiación de los Partidos Políticos que teniendo en cuenta la escasez de dinero para todo llama bastante la atención. Según este diario, los partidos políticos reciben subvenciones hasta por dieciocho conceptos distintos y, entre ellos, destaca especialmente la cantidad que percibirán en el año 2012 para sus gastos de funcionamiento y seguridad y que ascenderá a 65 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta cantidad se refiere exclusivamente a la asignación que el Estado distribuye entre los partidos y que se reparte en su mayoría entre el PP y el PSOE. No hace falta subrayar que en esta cantidad no se incluye lo que, al margen de sus sueldos, perciben los parlamentarios en concepto de dietas, compensaciones, móviles, ordenadores, viajes, etc. ni otras asignaciones que las cámaras pudieran dedicar en sus presupuestos a los Grupos Parlamentarios. De igual modo, esta importante cantidad tampoco hace referencia a las cantidades que los partidos políticos reciben a través de los grupos institucionales en los diferentes parlamentos autonómicos o en las diputaciones provinciales, allí donde existen.

Al día de hoy es materialmente imposible conocer con exactitud las cantidades totales que los partidos políticos reciben, en dinero o en especie, de las diferentes administraciones públicas. La fiscalización que el Tribunal de Cuentas realiza sobre el dinero público percibido por los partidos políticos es absolutamente insuficiente y la legislación aplicable es lo suficientemente sesgada y ambigua como para permitir que los partidos políticos oculten de forma legal a los ciudadanos la cantidad total de dinero público que perciben y el destino que al mismo dan.

Sin embargo, existe además una importante fuente de financiación legal de los partidos políticos que casi siempre pasa desapercibida y que supone una impresionante cuantía en medios materiales, personales y económicos. Se trata de los Ayuntamientos. La Ley de Bases del Régimen Local señala que cada Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, deberá poner a disposición de los Grupos Municipales los medios personales y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta disposición se traduce en que los grupos municipales usan despachos, teléfonos, ordenadores y personal, en función de la capacidad de cada consistorio, y lo hacen teóricamente para el desempeño de su trabajo como representantes locales, pero que en la práctica se usan al servicio de cada partido político. A ello hay que añadir las asignaciones económicas a los grupos Municipales, es decir, la cantidad de dinero que mensualmente cada ayuntamiento entrega a los grupos y que se devide en dos partes: una fija igual para todos los grupos y otra variable en función del número de concejales con que cuenta cada grupo. El Artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que “el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”. En el mismo Artículo se añade que “los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” Esto significa que esta subvención no está sujeta a las mismas normas de control y fiscalización que las demás subvenciones que los Ayuntamientos conceden. Los grupos municipales, los partidos, sólo deben justificar el empleo de la subvención cuando así lo requiera el Pleno de la Corporación, algo que nunca ocurre, a diferencia de la justificación de las demás subvenciones que deben ser fiscalizadas por la Intervención municipal. Esto significa que estas subvenciones carecen de cualquier control técnico, ni pasan por el Tribunal de Cuentas, ni tan siquiera por la Intervención Municipal.

Y no se trata de cantidades pequeñas, no. Un Ayuntamiento como el de Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, con una población de  73.000 habitantes, dedica anualmente 590.000.- € a cargos de confianza, es decir, cargos de los partidos políticos, despachos y toda clases de medios para los grupos municipales y, además, 130.000.- € de subvención para los Grupos Municipales. Y estamos hablado de un municipio gobernado por IU, teóricos abanderados de la austeridad. Eso sí, al menos publican la cifra, no como en otros Ayuntamientos, como el de Alicante, en el que si se entra en su página web resulta imposible conocer la cuantía exacta dedicada a financiar a los Grupos Municipales. Por hacerse una idea aproximada de lo que puede suponer este gasto de los grupos municipales, si aplicásemos las cantidades que el Ayuntamiento de Rivas dedica a los grupos al conjunto de la población española nos saldría una cifra de 450 millones de euros, es decir, prácticamente lo que el Gobierno espera ahorrar con el “repago” de los medicamentos. Bien es cierto que es poco riguroso dar por buena esta hipótesis ya que hay muchos Ayuntamientos con escasos medios, pero la falta de transparencia de los partidos políticos y de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos no permite conocer la cifra exacta con que los españoles estamos financiando a los partidos.

En todo caso, la financiación anómala y descontrolada de los partidos a través de los entes locales es un hecho cierto e incontestable y supone una cantidad de dinero muy elevada. Es una exigencia de higiene democrática que la transparencia sea absoluta en torno al dinero que los partidos reciben. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto y cómo se gastan nuestro dinero los partidos. En tiempos de crisis y de austeridad, en medio de una penosa situación económica y social a la que nos han llevado los diferentes partidos, éstos deberían ser los primeros en ser austeros, en ser transparentes con el dinero público y en apretarse el cinturón en vez de exigirnoslo a los ciudadanos. Y, además, deberían autofinanciarse y, si no son viables, que cierren el chiringuito.

Santiago de Munck Loyola

La Ley de Transparencia: un antídoto errado contra la corrupción.

Hace pocos días, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha anunciado que en breve el Consejo de Ministros aprobará un nuevo Proyecto de Ley, la llamada Ley de Transparencia. Se trata, según el Gobierno, de uno de sus proyectos clave para regenerar la clase política y tratar, con ello, de limpiar la mala imagen de la misma a la hora de gestionar las entidades públicas percibidas por los ciudadanos como instrumentos de despilfarro el dinero de los contribuyentes. Este anteproyecto  obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos. Establecerá como delito el despilfarro de dinero público y regulará los sueldos de Alcaldes y concejales.

El secretario general del Grupo Popular del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha manifestado que  la nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es "muy positiva y necesaria" porque será el "mejor antídoto" contra la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. Y esta idea de que la nueva norma va a servir fundamentalmente para combatir la corrupción se ha extendido entre los comentaristas políticos y entre los medios de comunicación en general.

A falta de conocer con detalle el nuevo texto legislativo, lo cierto es que de los avances sobre el contenido del mismo no se puede deducir que vaya a ser una norma eficaz para desterrar la corrupción de la vida política, ni mucho menos. Una mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos es necesaria, eso es indudable. La nueva norma podrá servir para lograr esa finalidad si se articula de forma adecuada pero de ahí a afirmar que se va a convertir en un antídoto contra la corrupción hay un verdadero abismo. Es cierto que la falta de transparencia, la opacidad en la toma de decisiones, es consustancial a la existencia de corruptelas o casos mayores de corrupción. Cuando se delinque no se hace a la luz del día, con luz y taquígrafos, pero la falta de transparencia es un carácter accidental en los procesos de corrupción en el manejo de los fondos públicos.

Si se analizan los mayores casos de corrupción se puede apreciar perfectamente en qué ámbitos suelen producirse y encontrar, además, la causa por la que en un estado de derecho pueden producirse. Los principales casos de corrupción suelen estar encuadrados en tres esferas concretas de la actividad gestora de las administraciones: en el del urbanismo, en el de la contratación y en el de las transferencias o subvenciones de recursos públicos. Todos los casos de corrupción sin excepción se producen porque nuestras normas contienen posibilidades de toma de decisiones basadas en la discrecionalidad, en la adopción de decisiones dependientes de la voluntad de político sin necesidad de sujetarse a determinados criterios objetivos.

La Ley estatal y, por supuesto, las leyes autonómicas que regulan y ordenan el suelo contienen numerosas disposiciones que permiten a sus ejecutores adoptar decisiones con un amplio margen de discrecionalidad y que se traducen en la inmediata generación de enormes plusvalías. Recalificaciones y reclasificaciones de suelo no dependen de un elenco tasado y limitado de condiciones, sino de una serie de requisitos, más o menos objetivos, que finalmente sólo saldrán adelante por la voluntad del político de turno.

La contratación de obras, bienes o servicios por parte de las administraciones públicas es otro de los ámbitos en los que los casos de corrupción afloran. Si bien la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público supuso una mejora en la transparencia de dichos procedimientos, lo cierto es que creó un sistema y unos procedimientos mucho más complejos que los anteriores y dejó abiertas numerosas puertas al ejercicio de la discrecionalidad en la contratación pública.

Y un tercer ámbito en el que los casos de corrupción han venido aflorando últimamente es el de las subvenciones, el de las transferencias de recursos públicos al ámbito privado. En este campo, las subvenciones son otorgadas muchas veces en función de criterios absolutamente subjetivos y es evidente que, además, los mecanismos de autocontrol y fiscalización de las administraciones públicas no han funcionado correctamente.

Por tanto, otras virtudes podrán predicarse respecto a la nueva ley, pero no su capacidad para prevenir la corrupción. Acabar con la discrecionalidad en la toma de decisiones públicas y establecer modelos tasados y concretos para las mismas, reforzando además los mecanismos de fiscalización, es la única alternativa. Y en esa dirección, el Gobierno debería proponer reformas en las leyes sobre el territorio, en las Leyes sobre contratación y en las normas reguladoras sobre transferencias públicas. ¿Más transparencia? Sí, por supuesto. ¿Menos arbitrariedad en las decisiones de los gobernantes? Mejor. ¿Más fiscalización? Desde luego.

Santiago de Munck Loyola