Antena 3 ofende a la memoria de las víctimas.

No me voy a andar con paños calientes. Durante décadas una mafia como ETA ha regado de sangre de hombres, mujeres y niños las calles de España para doblegar al Estado y conseguir la independencia del País Vasco e implantar allí una dictadura marxista leninista. No nos confundamos, los etarras ni eran, ni son unos fascistas, son unos asesinos, unos delincuentes de la más baja estofa, unos terroristas de ultraizquierda marxista leninista y punto. Y lo más delirante de estas últimas décadas es que no han estado solos. No me refiero ya a la famosa frase del páter Arzallus “ETA mueve el árbol y nosotros recogemos los frutos”, sino a decenas de miles de personas, hombres y mujeres aparentemente normales, que votaban y votan a la rama política etarra, se llame Batasuna, Sortu o Bildu, sin que la foto de un niño con el cráneo destrozado o la de una mujer embarazada de siete meses asesinada, les conmoviera lo más mínimo y les mueva a cuestionarse lo más mínimo la moral de esos crímenes.

Había urnas pero preferían y prefieren las bombas, la extorsión, los secuestros y la bala en la nuca. Me resulta imposible comprender que una persona normal y corriente no se conmueva lo más mínimo ante las matanzas de inocentes y que encuentre toda clase de justificaciones para explicar que, a pesar de tanto dolor, se puede votar y defender a los representantes de los asesinos.

Más fácil de comprender es que una parte de los partidos políticos de la izquierda hayan mostrado en muchas ocasiones una gran complacencia y tolerancia con los representantes políticos de los asesinos. Incluso el PSOE en más de una institución ha sido capaz de llegar a acuerdos con esa chusma por una alcaldía o una diputación. Y para qué vamos a hablar de Izquierda Unida o de Podemos siempre prestos a ir de la mano con los bildutarras para una investidura o una moción de censura.

Hoy afortunadamente la ETA está vencida policialmente pero no políticamente y no lo está gracias a siete cobardes “magistrados” del Tribunal Constitucional que legalizaron a Bildu, la casa común de terroristas, filoterroristas y toda clase de cómplices con la violencia y el horror.

Si algo puede cimentar sólidamente la paz y la convivencia en una sociedad es la necesidad de que se haga justicia con los asesinos y con las víctimas. Y aún no se ha llegado a ello. Prueba de ello son los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Prueba de ello también es el empeño de los amigos de los terroristas en borrar el rastro y la memoria de las víctimas arrancando las placas que las recuerdan en las calles. Y prueba de ello, por último, es toda la piara de políticos, artistas y seudointelectuales que esporádicamente reclaman el acercamiento de los asesinos al País Vasco pero nunca han dicho ni dirán una sola palabra en favor de las víctimas.

Pero vivimos en un país donde las libertades sobreviven a pesar de la violencia indiscriminada ejercida por la ETA para acabar con ellas. Y estas libertades permiten que quienes defienden o se identifican con los asesinos puedan expresar su simpatía con ellos. La línea roja que debe delimitar el espacio y la relación con los filoetarras queda para la gente decente.

Ellos tienen libertad para expresar pacíficamente sus simpatías y pueden pedir lo que quieran o reclamar el acercamiento de los presos a su tierra y los demás tenemos la misma libertad para trazar esa línea roja y no querer saber nada de ellos. Y con la misma libertad que disfrutamos todos, pese a ETA, los ciudadanos podemos promover cualquier boicot contra cualquier partido, empresa o persona que colabore con los amigos de ETA. Se trata de promover cordones sanitarios para que algunos comprendan que la violencia no es justificable y que no habrá reconciliación sin justicia para todas y cada una de las víctimas, algo que aún no se ha alcanzado.

Por ello, me he sumado con gusto al boicot a la serie “La casa de papel” emitida en Antena 3 en la que una de sus protagonistas Itziar Ituño, defendió en un vídeo el acercamiento de los presos de la ETA al País Vasco y en marzo de 2016 fue una de las convocantes del acto de apoyo a la escoria humana llamada Arnaldo Otegui en el Velódromo de Anoeta, en San Sebastián. Es una cuestión de libertad, de conciencia y de compromiso con la justicia y la paz. Itziar Ituño es muy libre y no precisamente gracias a la ETA para expresar su simpatía con los asesinos y yo soy tan libre como ella como para decidir no ver su jeta en el televisor de mi casa. Así de simple y fácil. Y no quiero acabar estas líneas sin recordar a los accionistas de Antena 3 y La Secta que existe una línea roja de la decencia, que no todo vale por dinero y que su cuenta de resultados no debería estar manchada con la sangre del recuerdo de las víctimas de ETA.

Santiago de Munck Loyola

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ESPERANZA CIUDADANA PROPONE QUE OTEGI SEA DECLARADO “PERSONA NON GRATA” EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.

Nota de Prensa.

31-5--2016

Esperanza Ciudadana, partido político alicantino, propone que en los Plenos de los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante sean aprobadas mociones, tal y como se ha hecho en varios municipios españoles, declarando a Arnaldo Otegi persona non grata.

El objetivo de estas mociones es dignificar la vida política, tan ensuciada por la visitas tanto a las instituciones catalanas como europeas por parte de un sujeto que se niega a condenar la violencia terrorista, así como rendir homenaje a la memoria de las cerca de mil españoles asesinados por la banda asesina etarra.

Es necesario que los ayuntamientos alicantinos se pronuncien rotundamente a favor de que ninguna institución pública contribuya a la proyección mediática de los que han sido condenados por pertenecer a organizaciones terroristas y a favor de que se promuevan las reformas legislativas necesarias para que, tanto en España como en las instituciones europeas, se impidan las invitaciones y la asistencia de sujetos cuya presencia atenta contra la memoria y la dignidad de las víctimas y de las propias instituciones democráticas.

La izquierdona irredenta y Estrasburgo.

La sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot ha suscitado toda clase de reacciones entre la opinión pública y entre los dirigentes políticos españoles. Frente a la generalizada indignación que supone el hecho de que en virtud de esta sentencia muchos asesinos múltiples, violadores y terroristas sanguinarios vayan a salir de las prisiones y de que, por tanto, les haya salido muy barato el daño que han causado a sus víctimas se han alzado algunas voces, cuando no complacientes, sí profundamente satisfechas con el resultado de la sentencia. Y no, no se trata de la evidente satisfacción y alegría del entorno etarra tanto en su vertiente legalizada por el Constitucional como en su vertiente ilegal y clandestina, sino también de una parte de la izquierda española, la izquierdona irredenta a la que le ha faltado tiempo para congratularse por una sentencia que consagra una profunda injusticia y que propina un doloroso golpe a las víctimas, a sus familiares y a las personas decentes de nuestro país.

Los portavoces del PNV han sido más prudentes que otros a la hora de valorar esta sentencia y han pedido moderación al entorno etarra y le han recordado que no tienen motivos de orgullo que exhibir. No hay que olvidar que aunque excepcionalmente también gente próxima al nacionalismo moderado vasco ha sufrido en alguna ocasión los zarpazos de la banda asesina, pero es inevitable recordar igualmente la famosa frase del Sr. Arzallus “unos sacuden el árbol y otros recogemos las nueces”, para entender esa calculada ambigüedad que siempre ha caracterizado al nacionalismo vasco en relación a la violencia etarra. Las reacciones del mundo proetarra han sido más o menos las esperadas: satisfacción, alegría y ausencia absoluta de arrepentimiento.

Pero en el ámbito de la izquierda, una vez más, se han puesto al descubierto los verdaderos rostros y simpatías de algunos. Llama poderosamente la atención, sobre todo al que no conozca la auténtica trayectoria ideológica de ese furgón escoba que es Izquierda Unida, cómo muchos de sus dirigentes se han apresurado a aplaudir la sentencia de Estrasburgo subrayando su papel defensor de los derechos humanos y su supuesto triunfo sobre el anormal funcionamiento, a su juicio, de nuestro Estado de Derecho. El Diputado de IU, Alberto Garzón, se apresuró a escribir en su twitter lo siguiente “Buena noticia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado la condena a España por violar los derechos en la Doctrina Parot”. Ni una palabra del Sr. Diputado respecto a las víctimas, ni una línea sobre los derechos humanos de las mismas. Claro que lo de su jefe de filas, el Sr. Llamazares, es también de nota. El diputado comunista pidió lo obvio que el Gobierno acatase el fallo de Estrasburgo y que no buscase subterfugios, como "retenciones ilegales", que pudieran llevar a futuras condenas de Europa. Según él, la decisión de Estrasburgo era “justa” y "ajustada a derecho" y avergüenza al Gobierno y a las instituciones españolas, como el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, quienes han sufrido un gran "varapalo". Don Gaspar parece no saber distinguir entre una decisión legal, ajustada a derecho, y una decisión justa, ajustada a los cánones éticos y morales imperantes en una sociedad occidental. Al igual que su colega Garzón, Llamazares tampoco dedicó ni un minuto a valorar el dolor de las víctimas, ni el alcance y significado de la palabra Justicia para ellas. Aunque a alguien le pueda sorprender esta actitud no es nueva en Izquierda Unida, viene de lejos. En esta formación siempre ha existido una fuerte tendencia a posicionarse de forma extraña en relación al terrorismo y a su represión. Posición, en cierto modo, antisistema que termina por separarles de las víctimas y a acercarles, en nombre de su peculiar interpretación de la defensa de los derechos humanos, a la coincidencia con los planteamientos, supuestamente antirepresivos, de los defensores de los violentos. En perfecta sintonía con esa tendencia, allí donde gobierna IU, como en el caso de Rivas-Vaciamadrid, se emplea dinero público y se ceden espacios públicos para la organización de conciertos en los que los amigos y cómplices de los violentos encuentran acomodo. En ese municipio, año tras año, IU de Rivas abre las puertas del municipio a Fermín Muguruza, a Berri Txarrak, a Banda Bassotti o Riot Propaganda… ¿por qué será? Es lo de siempre, el mismo maniqueísmo que la izquierdona emplea a la hora de condenar unos regímenes totalitarios porque son de derechas y de bendecir otros porque son de izquierdas es el empleado a la hora de defender los derechos humanos de las víctimas o de los verdugos.

Y si examinamos la reacción socialista ante el varapalo judicial a la dignidad, la memoria y la justicia para las víctimas resalta sobre todo el profundo cinismo de algunos de sus dirigentes. No hay ninguna duda de que la derogación de la Doctrina Parot fue negociada con la banda asesina, así como la legalización del brazo político de la basura etarra. Hoy tenemos a terroristas sentados y subvencionados en las instituciones democráticas y el fin de la Doctrina Parot, fin en el que ha participado un juez designado por el Zapaterismo, el Sr. López Guerra. Aquella negociación, caso Faisán incluido, se hizo siendo Ministro del Interior el Sr. Rubalcaba quien entonces debía saber y haber previsto lo ahora está diciendo en relación a este asunto, que la sentencia va a tener “consecuencias muy dolorosas para mucha gente” y que el Estado “tendrá que estar atento para evitar y paliar el sufrimiento de la gente”. ¡A buenas horas, mangas verdes! Pero, al margen de la repetida simpleza sobre la necesidad de acatar la sentencia ¿alguien ha escuchado a Rubalcaba pronunciarse a favor o en contra de la Doctrina Parot?

Entre la izquierdona irredenta y la pastelera parecen olvidar que la defensa de los derechos humanos pasa, en primer lugar, por los de quienes con el sacrificio de su propia vida han conseguido que unos y otros puedan hoy expresarse con absoluta libertad y en los términos en los que lo hacen. Parece que muchos olvidan el tremendo precio que muchos españoles han tenido que pagar por la libertad y la democracia para todos. Y es que la gratitud no es una virtud al alcance de todo el mundo.

Santiago de Munck Loyola

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El vómito de Estrasburgo.

Hoy ha sido un día triste y amargo no sólo para las víctimas del terrorismo, sino para todas las personas decentes de España. El fallo del Tribunal de Estrasburgo derogando la Doctrina Parot puede que sea el culmen de las más sofisticadas técnicas y elaboraciones intelectuales jurídicas en torno a la retroactividad o no en la aplicación de los beneficios penitenciarios a algunos sanguinarios delincuentes, pero es, sin lugar a dudas, una auténtica bazofia en cuanto a la defensa de la dignidad y la justicia de las víctimas y de sus derechos fundamentales que, digo yo, alguno tendrán también. La exquisita sensibilidad de tan altos magistrados hacia los derechos humanos de esta auténtica hija de puta, Inés del Río, contrasta con la burla y desprecio que este fallo supone para los 24 asesinados por ella y para los derechos humanos de sus familiares. Los jueces de Estrasburgo, entre los que se encuentra el Sr. López Guerra por designación de Zapatero y que ha votado a favor de este inmundo fallo, vienen a decir que, al final y en virtud de sus exquisitas disquisiciones, en España ha sido muy barato asesinar, que da lo mismo asesinar a 1 que a 24 ciudadanos y que esta tipeja ha pagado su deuda con la sociedad con un precio de menos de un año de cárcel por vida arrebatada.

Y como era de esperar, los de Sortu, legalizados por una también vomitiva sentencia de otra cuadrilla de magistrados (éstos nuestros, de la casa), tan contentos. Ningún regalo mejor para la rama política de la mafia etarra que está cómodamente instalada en las instituciones democráticas, sostenida con nuestros impuestos, gracias a la política del Sr. Zapatero. Nunca he llegado a comprender qué es lo que les debía el Sr. Zapatero para plegarse tanto a sus exigencias. Y la derogación de la Doctrina Parot parece que fue objeto de negociación entre el Gobierno socialista y la banda etarra, según se publicó en las actas incautadas a los terroristas. Pero no, no están solos los filoetarras en su alegría, están acompañados por la honda satisfacción que por el fallo han expresado los cabecillas comunistas de IU, por la incomprensible comprensión de algunos dirigentes socialistas y por la indisimulada “recogida de nueces” de los nacionalistas del PNV.

Siempre se ha subrayado como uno de los grandes hitos de la civilización humana la creación del derecho penal, la superación de la venganza privada ante los crímenes y la entrega de la satisfacción de los daños y de las ofensas a un ente superior, al estado como único depositario del monopolio de la justicia y, por tanto, de la imposición de penas con el doble fin de castigar al culpable y de satisfacer a la víctima. Si el Estado no es capaz de articular los mecanismos legales necesarios para hacer justicia, para satisfacer a las víctimas y castigar al delincuente ¿qué puede entonces garantizar la paz social? ¿Cómo podrán las víctimas satisfacer su derecho a la Justicia?

Defensa de los derechos humanos, sí, por supuesto, pero en primer lugar los derechos humanos de las víctimas, no de los verdugos. Y los primeros derechos humanos que han sido vulnerados y además de forma irremediable son los de las víctimas, los derechos humanos de centenares de españoles asesinados de forma cobarde y rastrera por una banda de cobardes y fanáticos, jaleados y aplaudidos por muchos otros desaprensivos durante décadas. Nadie podrá devolver a la vida a tanta víctima inocente, nada podrá consolar su sus familias y amigos por tanto dolor sin sentido pero carece de la más mínima lógica que los verdugos paguen tan bajo precio por tanto daño. No tiene sentido alguno que salgan a la calle asesinos que no se han arrepentido, que no han colaborado en el esclarecimiento de decenas de asesinatos, que se jactan de su inmundo pasado y que no pierden ocasión para seguir causando humillación y dolor a las familias de las víctimas. Si algo es evidente es que la reinserción social ha cosechado un clamoroso fracaso con la mayoría de esos delincuentes. Y junto a la cuadrilla de terroristas veremos, desgraciadamente, cómo se irán excarcelando a muchos otros delincuentes culpables de crímenes horrendos. Estrasburgo ha dejado indefensa y humillada a la gente de bien.

Y si no queda más remedio que acatar esta decisión, que, al menos, el Gobierno y la Justicia pongan en juego todos los mecanismos disponibles y todos los recursos legales para entorpecer al máximo la salida de las cárceles de esta escoria, que se persiga de forma implacable cualquier homenaje o exaltación de la excarcelación de la misma, que paguen hasta el último céntimo de las indemnizaciones a las víctimas y, puestos a ello, que los Ayuntamientos con un mínimo de dignidad empiecen a declarar personas non gratas a los magistrados coautores de esta indigna sentencia.

Santiago de Munck Loyola

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¿Moción de censura con un acosador? Mal. ¿Moción de censura con los representantes de ETA? Bien.

Ha sido sorprendente el ruido mediático organizado por la moción de censura del pasado 8 de marzo en Ponferrada. Es cierto que la fecha elegida no era la más oportuna, pero también parece que el asunto no era tan grave, sobre todo si se compara con otras actuaciones similares recientemente llevadas a cabo por los socialistas. Claro que para mayor desgracia de los dirigentes socialistas la triunfante moción de censura de Ponferrada gracias al voto del grupo municipal liderado por un acosador sexual, elegido concejal por sus vecinos no obstante sus antecedentes, coincidía con el Día de la Mujer y con los habituales tópicos y simplezas de la número dos socialista, la inefable y morosa Sra. Valenciano. Después de afirmar que “la derecha española nunca ha movido un dedo por el conjunto de las mujeres” y que la derecha española supone “una losa” para la igualdad y para las mujeres, la Sra. Valenciano y su partido regalaban a todos los españoles y, en especial, a las mujeres la guinda de Ponferrada. 

Y para rematar la faena, el número tres del PSOE, el otrora desmemoriado Sr. Óscar López, se justificaba y asumía la responsabilidad del citado regalo afirmando “que le había cegado el deseo de apartar de la política al acosador”, parte del pacto de dicha moción de censura. Claro que con tan poca memoria y peor vista cualquiera se hubiese cegado por tan altruista objetivo. ¡Hay que tener cara dura!

Sin embargo, el cúmulo de torpezas socialista ha servido para el rechinar de dientes y el rasgado de vestiduras de algunos que, sin embargo, no han tenido inconveniente moral alguno durante años en servirse de los votos del acosador y de otros que de siempre guardan un sepulcral silencio mientras en sus filas ostenta un importante cargo orgánico un maltratador como Jesús Eguiguren o mientras su partido apoya repetidamente a los testaferros de ETA. El 12 de abril de 1992, su esposa Assunta Zubiarrain le denunció por malos tratos y a raíz de ello, el entonces vicepresidente del Parlamento vasco, fue condenado a 17 días de arresto menor. El dirigente socialista golpeó a su mujer con las manos, un paraguas y un zapato y ésta terminó cayendo por unas escaleras mientras discutían, al parecer, sobre presuntas infidelidades matrimoniales del Sr. Eguiguren. Jesús Eguiguren, produjo a su esposa hematomas y contusiones en las zonas parietal y occipital del cuero cabelludo, en los hombros, brazos, codos, manos, glúteo y muslos, lesiones que tardaron en curar un total de 20 días y que no dejaron secuelas. Puede que fuera su experiencia en el campo de la violencia la razón por la cual el Sr. Zapatero encargó a este valiente tipo negociar con los violentos asesinos de ETA. Semejante “machada”, por cierto, no ha provocado nunca la riada de improperios por la supuesta indignación entre las, también presuntas, mujeres progresistas, como la que recientemente causó unas desafortunadas declaraciones del actor y diputado Toni Cantó. Con lo que se muestra claramente dos cosas: que buena parte de la izquierda española, otorgadora de credenciales de pureza democrática, utiliza de forma innoble cualquier asunto sensible como el machismo o la violencia doméstica y que siempre aplica la Ley del Embudo.

Aún con ser inoportuno y grave el episodio de la moción de censura en Ponferrada es, con mucho, menos importante que otros episodios políticos protagonizados por los socialistas vascos o navarros. En esta última Comunidad Autónoma, los socialistas no han tenido el más mínimo escrúpulo moral y político en sumar sus votos a los de Bildu para arrebatar la alcaldía de  Egüés a UPN y situar a la cabeza del consistorio a Alfonso Etxeberria de NaBai. Y, sin ir muy lejos, tampoco han tenido los socialistas ningún problema de conciencia en facilitar a Bildu la gobernabilidad del Ayuntamiento de San Sebastián en minoría prestando sus votos para que saliesen adelante los presupuestos de 2013.

Si valerse del voto de un acosador para hacerse con la alcaldía de Ponferrada ha puesto el grito en el cielo de las representantes socialistas, no parece muy coherente aprobar con su permanente y cómplice silencio mociones de censura de la mano de los herederos o representantes de los asesinos de ETA o la gobernabilidad de los mismos en algunas instituciones. Ofenden con ello, y mucho, no sólo a la memoria de las víctimas de ETA, entre las que se encuentran muchos socialistas, sino a la sensibilidad democrática de los ciudadanos españoles decentes. ¡Hay que ser hipócritas!

Santiago de Munck Loyola

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La libertad de Bolinaga: una sentencia inacatable.

La decisión de la Audiencia Nacional de confirmar la libertad condicional del asesino y torturador Bolinaga será todo lo legal que se quiera, todo lo ajustada a derecho que se argumente, pero no por ello deja de molestar e indignar a las personas decentes. Es evidente que algo falla en nuestro sistema judicial y político cuando nuestra legalidad consagra que una persona condenada a más de 300 años de prisión por unos crímenes terribles e injustificables, en concreto por asesinar cobardemente y con ensañamiento a tres guardias civiles (y si descerrajar 18 tiros sobre una persona no es ensañamiento que venga Dios y lo vea) y por secuestrar y torturar a otra persona durante casi dos años estando dispuesto incluso a dejarla morir de hambre, puede salir de la cárcel y gozar de la libertad condicional por estar enferma sin haberse arrepentido, sin haber pedido perdón a las víctimas y animando a otros a practicar los mismos crímenes que a él le llevaron a prisión. Cuando eso es posible en nuestro sistema es que algo muy grave está mal. Cuando nuestro sistema de garantías legales favorece en la balanza el bienestar del asesino frente al dolor de las víctimas es que nuestro sistema está equivocado. Frente a la justicia con las víctimas, frente a la reparación del daño están prevaleciendo otras consideraciones que, siendo importantes, deberían tener una posición secundaria.

La inmensa mayoría de los dirigentes políticos se están apresurando a decir lo de siempre: que las sentencias hay que respetarlas y acatarlas aunque no las compartan. Es decir, lo que los cánones de lo “políticamente correcto” mandan. Es evidente que las sentencias deben ser cumplidas, no hay otra salida en un estado de derecho, pero una cosa es cumplir las sentencias cuando ya no cabe recurso alguno y otra muy distinta acatarlas. Según el diccionario de la Real Academia, acatar significa:

1. Tributar homenaje de sumisión y respeto.

2. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc.

3. Mirar con atención.

4. Considerar bien algo.

Desde esta consideración, un servidor no acata la sentencia de la Audiencia Nacional que deja en libertad a este individuo. Ni respeto, ni acato semejante sentencia. Para ella todo el desprecio y desconsideración posible. Así de sencillo y de claro.

Sorprende que, entre las declaraciones de los políticos, alguno como José Ignacio Wert, Ministro de Educación afirme que "hay que ser capaces de identificar que la fortaleza del estado de derecho está en que desconoce entre sus principios el de la venganza y también contempla el de la humanidad". Se trata de una obviedad pero no exenta de cierta “maldad” para justificar una sentencia judicial nacida de una decisión política del Gobierno. Traer a colación el concepto de venganza es un dardo envenenado dirigido, sobre todo, a las víctimas quienes han encabezado la oposición a la concesión de la libertad condicional del asesino etarra. Reclamar que no se suelte a Bolinaga no es cuestión de venganza, sino de simple y elemental justicia porque fue por Justicia por lo que fue condenado a una pena de prisión que ahora no va a cumplir. Y la justicia deja de ser digna de tal nombre cuando no puede ni siquiera satisfacer la reparación del daño moral a las víctimas y, menos aún, cuando acrecienta su dolor y desamparo.

No puede olvidarse que si la Audiencia Nacional ha terminado dictando una sentencia concediendo la libertad condicional es porque el Director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, es decir, el Gobierno, decidió conceder el tercer grado a Bolinaga, requisito indispensable para que el Juez de Vigilancia Penitenciaria pudiese posteriormente conceder la libertad condicional. Sin tercer grado no podía haber libertad condicional. Y el Gobierno podía o no conceder el tercer grado. Tan legal era adoptar una decisión como la contraria. No estaba el Gobierno obligado a conceder el tercer grado. Nadie habría prevaricado si no se hubiese concedido, algo evidente a pesar de la simpleza y demostración de ignorancia del Ministro de Interior afirmando lo contrario. Pero lo hizo. El Gobierno atendiendo a razones humanitarias e ignorando a las víctimas decidió conceder el tercer grado y esa decisión ha desembocado en la sentencia de la Audiencia Nacional. No es descabellado, por tanto, afirmar que el Gobierno ha adoptado una decisión claramente política que supone una ruptura con toda una trayectoria en relación al terrorismo y a las víctimas y que, como es natural, levantará muchas sospechas sobre el fondo de tal decisión. El Gobierno y no los jueces es el que ha allanado el camino para la libertad condicional de Bolinaga. Acertado o no, el tiempo lo dirá.

Hoy no queda más que intentar solidarizarse y compartir el profundo dolor de los familiares de las víctimas de Bolinaga que por desgracia nunca volverán, para los que nunca hubo ni compasión, ni trato humanitario y cuya ausencia seguramente será hoy más dolorosa que ayer.

Santiago de Munck Loyola